Orígenes del dinero: el sistema de endeudamiento
Alejandro Nadal
La teoría económica convencional tiene una idea absurda sobre los orígenes del dinero. En el fondo es un disparate, pero tiene muchas implicaciones en materia de regulación bancaria, reservas y política monetaria. Lo más grave es que la gran mayoría de los economistas creen en la explicación convencional de la ortodoxia sobre los orígenes del dinero.
La narrativa de la teoría dominante corre desde Adam Smith hasta nuestros días. La historia es sencilla: en el principio los seres humanos, por su propensión natural al intercambio, estuvieron involucrados en operaciones de trueque. Poco a poco se percataron que los costos de cada transacción eran muy elevados: el trueque requiere una doble coincidencia de necesidades y, cuando esta condición no se cumple, la transacción no se puede llevar a cabo. Por lo tanto, el trueque es una operación complicada y para facilitar los intercambios se introdujo el dinero. Al pasar el tiempo, el dinero evolucionó hasta llegar a las monedas acuñadas, el dinero fiduciario, las tarjetas de crédito y los cajeros automáticos.
Para la teoría económica el dinero siempre ha sido una tecnología de transacciones. En una magnífica pero equivocada metáfora, John Stuart Mill afirmó (en sus Principios de economía política) que el dinero es una máquina que permite realizar, de manera más cómoda, aquello que puede realizarse sin ella. Esto significa que el instrumento monetario es accesorio y no es esencial para realizar los intercambios: éstos pueden realizarse sin ella, aunque con mayores dificultades. En consecuencia, en su programa de investigación la teoría económica decidió que para analizar la esencia del proceso de mercado había que hacer a un lado el dinero.
Desde el punto de vista de la teoría económica, lo que siguió es un verdadero desastre: la introducción del dinero en la teoría económica no ha sido una tarea fácil. La mejor demostración de que el pensamiento económico neoclásico se perdió en un callejón sin salida al escoger este enfoque es que la teoría más sofisticada sobre el mercado, la teoría de equilibrio general, no tolera la presencia de la moneda. Este problema (planteado en 1965 por Frank Hahn) se debe a que el dinero fiduciario no tiene utilidad propia y para que funcione como medio de pago es necesario postular que siempre tendrá un precio positivo, lo que simplemente esconde el problema debajo de la alfombra.
Vale la pena señalar que la teoría de equilibrio general, con todos sus muy importantes defectos, ha sido el principal instrumento para defender los postulados del neoliberalismo. A la luz de lo que acabamos de señalar, eso es un escándalo: el principal instrumento para justificar la desregulación financiera es un modelo que describe (y muy mal) una ¡economía de trueque!
En 1971 se demostró algo sorprendente: en un modelo de trueque en el que las transacciones se llevan a cabo de manera descentralizada, los intercambios no necesariamente se llevan a cabo. La razón es la misma que hemos ya anunciado arriba, a saber que la doble coincidencia de necesidades no siempre se verifica y eso lleva a un bloqueo en los intercambios.
La narrativa dominante sobre el origen del dinero quedó hecha pedazos. Si el trueque generalizado y descentralizado no es posible, entonces no se puede afirmar que primero fue el trueque y después vino la moneda. Lo más importante es que quedó demostrado que el dinero no es una tecnología para agilizar transacciones, sino que es la condición de posibilidad de los intercambios. El análisis lógico demuestra que nunca hubo un mercado sin dinero. El análisis antropológico e histórico revela una historia mucho más interesante e inquietante.
En las obras de Michael Polanyi, de John Maynard Keynes y de L. Randall Wray encontramos otro tipo de análisis en el que el trueque no conduce al dinero. Polanyi explica con gran lucidez y elegancia cómo los intercambios sin dinero constituían operaciones en un mercado que no dominaba a la sociedad. Para Keynes el dinero como unidad de cuenta nace y se desarrolla de manera conjunta con el endeudamiento, no con los intercambios. Para Randall Wray las deudas privadas fueron acompañadas de instrumentos de crédito elementales que fueron cristalizando una unidad de cuenta social.
De este modo, la estandarización de la unidad de cuenta es una fase crucial en el surgimiento del dinero. El origen del dinero está en el surgimiento de un sistema de deudas privadas que son reconocidas en una unidad de cuenta que gradualmente adquiere reconocimiento social como una útil referencia para el pago puntual y preciso de las deudas. En consecuencia, el mercado es un espacio en el que los participantes buscan dotarse de medios de pago medidos en la unidad de cuenta de referencia para pagar deudas. Aquí encontramos el embrión de la acumulación capitalista: el mercado no es un espacio para el trueque sino para la obtención de los medios de pago de deudas. Se abre la puerta a una teoría monetaria de la producción.
De los mitos sobre los bancos
Alejandro Nadal
Hay dos mitos centrales sobre el funcionamiento de los bancos. El primero es que los bancos simple y sencillamente desempeñan una función de intermediación entre ahorradores y demandantes de fondos para invertir. De acuerdo con esta idea, en una economía existen agentes que depositan sus ahorros en los bancos. En esa misma economía existen agentes que están dispuestos a invertir en proyectos rentables y piden recursos prestados a los bancos. El banco paga intereses a los ahorradores, pero cobra intereses más altos a los inversionistas: la diferencia entre esas dos tasas es su fuente de ganancias.
El segundo mito concierne al papel de las reservas que obligatoriamente deben mantener los bancos. El banco central o las agencias regulatorias imponen el requerimiento de mantener en reserva un cierto nivel de los depósitos bancarios. Las reservas son necesarias porque el banco tiene la obligación de devolver a los ahorradores el dinero depositado. Se espera que no todos los depositantes acudan a retirar su dinero al mismo tiempo, de lo contrario ningún banco es viable.
Los recursos que le quedan al banco, una vez que hace a un lado las reserves, pueden ser prestados: es lo que se llama el sistema de reserva fraccionaria y da origen al multiplicador monetario o bancario. Por ejemplo, si un banco recibe un depósito de mil pesos y el nivel de reservas obligatorias que debe mantener es de 10 por ciento, eso quiere decir que puede prestar 900 pesos. Si el agente que recibe ese préstamo acude a otro banco y los deposita, ese banco debe conservar en reserva 90 pesos y ahora puede prestar 810 pesos y así sucesivamente. Si le quiere echar números verá que el multiplicador monetario es la inversa del coeficiente de reservas obligatorias, en este caso dicho multiplicador es igual a diez. Suponiendo que los prestamistas depositan todo en un banco, al final de la serie el depósito inicial de mil pesos habrá dado lugar a un aumento en la masa circulante equivalente a diez mil pesos.
Es simple, pero falso. En realidad, los bancos no realizan préstamos de recursos que previamente han sido depositados en ellos. Cuando se autoriza un crédito el gerente del banco no corre a la trastienda a ver si todavía quedan depósitos disponibles. Esa idea de que los bancos son intermediarios de los fondos prestables es una tontería y lo único que sorprende es por qué tanta gente, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, sigue creyendo en esta fábula.
Ahora viene lo mejor. Ese mito no es el único que rodea a la actividad bancaria. Ahora se ha derrumbado la siguiente fábula, la de la reserva fraccionaria. Hasta aquí hemos visto que los bancos realizan una actividad de creación monetaria que no está constreñida por la disponibilidad de fondos prestables. Pero esta crisis ha puesto al descubierto otra gran leyenda. Los bancos tampoco están restringidos por las reservas obligatorias.
Los datos reales demuestran que, en realidad, las reservas de los bancos están desconectadas de los préstamos. Por ejemplo, en el verano de 2007, poco antes de estallar la crisis financiera, las reservas en los bancos en Estados Unidos alcanzaban un total de 15 mil millones de dólares. Un año y medio más tarde, en diciembre 2008, las reservas de los bancos habían aumentado a 788 mil millones de dólares (mmdd). A pesar de este aumento espectacular en las reserves, la cantidad de dinero en circulación no presentaba el aumento que (de acuerdo con la fábula del multiplicador monetario o bancario) debería haber existido. Para colocar la cuestión de otro modo, las reservas se habían multiplicado por un factor de 50 pero el agregado monetario M2 había crecido apenas 8.5 por ciento (M2 es la medida de circulante más socorrida e incluye monedas y billetes, depósitos en cuentas de cheques y ahorro, mercado de dinero al menudeo y depósitos pequeños a plazo).
Lo que demuestra todo lo anterior es que la creación monetaria no está vinculada a las reservas y, por lo tanto, una política monetaria que busca incidir sobre el dinero en circulación a través de las reservas está destinada al fracaso. La idea de que existe un multiplicador que actúa como correa de transmisión de los efectos de la política monetaria es incorrecta. La generosa inyección de liquidez que la Reserva Federal ha puesto a disposición de los bancos a un costo nulo sólo está sirviendo para nutrir las arcas de bancos y grupos corporativos que tienen capacidad de invertir en el mundo entero. Esa liquidez no tiene salida en forma de crédito en Estados Unidos y no sirve para sacar a la economía de ese país a flote.
Lo que se comenta aquí no es privativo de los bancos estadunidenses. Con las adaptaciones del caso se aplica al sector bancario de todo el mundo. La conclusión no es que hay que incrementar las reserves, como afirman muchos, sino que hay que establecer un control político y social sobre el sector bancario. En suma, la facultad de creación monetaria no puede estar en manos de particulares: debe abolirse la propiedad privada de los bancos.
Euskal Herria y Països Catalans
Vicent Sanchis
Rajoy, el PP y el mismo PSOE pueden considerar que a partir de ahora hay que mirar todavía con mucha más atención el auge del nacionalismo autóctono en la Comunidad Valenciana o Baleares
Una de las ideas que más han sorprendido -a los alejados- en las últimas elecciones vascas ha sido la aparente tibieza de toda la izquierda abertzale a la hora de definir la estrategia soberanista para la próxima legislatura. Bildu no ha hecho una declaración de fe explícita sobre la necesidad de proclamar la independencia, ni siquiera de convocar un referéndum. Extrañamente, todos estos sectores, que suelen tener el nervio nacional muy alterado, han considerado prioritarias otras cuestiones. Como el proceso de paz -y esto ahora significa la situación de los presos de ETA- o la crisis económica. Alguna declaración de dirigentes de esta opción política -que ha obtenido tan buenos resultados electorales- aclara la incógnita. Pello Urízar, secretario general de Eusko Alkartasuna y número dos por las listas de la candidatura abertzale en Gipuzkoa, ha afirmado que el proceso soberanista es un objetivo necesariamente «compartido». Es decir, que se han de dirigir conjuntamente todos los territorios vascos. La «Comunidad Autónoma Vasca» -es así como los abertzales definen lo que desde fuera se ve como «Euskadi»-, Navarra e Iparralde, que significa el País Vasco bajo administración francesa. Urízar reconoce que ésta es una pretensión difícil, porque «cada territorio es una realidad diferente y mantiene un ritmo político y nacional propio». La observación es impecable. Pero la pretensión de que «todos los territorios» caminan con el paso acompasado puede alargar de manera indefinida el trayecto.
Esta es una diferencia más -entre tantas otras- que separa los dos procesos. En el País Vasco -en la «Comunidad Autónoma Vasca»- una parte determinante del soberanismo quiere hacer el viaje con todo «Euskal Herria». En Cataluña el soberanismo ha tirado por la directa. La apelación a los demás territorios que comparten la misma lengua y cultura -los Países Catalanes, en terminología fusteriana- se sigue haciendo con la ligereza habitual. Hay una parte más radical -más coherente- del independentismo que afirma, una y otra vez, que el proceso soberanista en que ha entrado el Principado estricto debe ser «compartido», pero todas estas declaraciones se hacen con la boca pequeña o son, sencillamente, grito de mitin. Forman parte de un ritual más aparente que sentido.
Porque los «Países Catalanes» -es decir, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, o más difícil todavía, también la Franja de Poniente, la Cataluña del Norte e incluso Alghero- no se han incorporado. Todos estos territorios contemplan el proceso que ha abierto Cataluña desde la curiosidad, la esperanza o la hostilidad. El catalanismo -el catalanismo más consecuente, es decir, el soberanismo- no puede pretender que los valencianos, los mallorquines o los catalanes del norte le acompañen, que se sumen. Esta pretensión podría retrasar tanto el proyecto como en el caso vasco. Pero al mismo tiempo el soberanismo no debería engañar. Debe dejar de apelar a una entelequia que nadie se cree sinceramente. La «transición» que vive Catalunya -en definición del presidente de la Generalitat- es un objetivo «solitario». Y a la vez se ha de ver también, aunque sea con cierta curiosidad, qué consecuencias se derivan en los otros territorios de lengua y cultura catalanas.
La verdad es que los teóricos de todo este momento han dedicado poca atención. Sólo algún político, algún periodista o algún analista ha insinuado que en una Cataluña independiente los «catalanes» -los catalanoparlantes- del País Valenciano, de las Islas Baleares o de la Cataluña Norte deberían tener el derecho a la doble nacionalidad -como ocurre en otras partes del mundo- o deberían poder ser cargos electos, por su condición «nacional», en el Principado. Dicho así, parece una broma. Bienintencionada, no hace falta decirlo. Esta es una posibilidad de futuro abierta, pero antes hay que hacer muchas otras consideraciones.
La primera gran incógnita es la reacción. A favor y en contra. ¿Cómo afectará al País Valenciano el proceso soberanista de Cataluña? Entre valencianos -al menos entre las encuestas de intención de voto- ahora parece posible que el PP pierda la hegemonía en todas las instituciones. El modelo económico, político, social y cultural que los populares han propagaddo en los últimos años ha fracasado. Y ahora parece posible sustituirlo por una alternativa donde esté también el valencianismo político. ¿Puede verse alterada esta pretensión por la «transición» catalana? No hace falta ser muy agudo para concluir que tanto en el País Valenciano, como en las Islas o Aragón, el españolismo hegemónico debe sentirse afectado por el síndrome del «contagio». Y esto puede tener consecuencias negativas. O positivas. De entrada, el Congreso de los Diputados votó la iniciativa legislativa popular impulsada por Acció Cultural para que TV3 se pueda volver a ver en Valencia el mismo 11 de septiembre. Cuando todo indicaba que podía prosperar, el PP se echó atrás. «Instrucciones directas desde arriba del todo», comentaban algunos de sus diputados. Alguien más concretó el origen: «Ha sido una decisión del propio Mariano Rajoy tras saber qué pasaba en Barcelona». Rajoy, el PP y el mismo PSOE pueden considerar que a partir de ahora hay que mirar todavía con mucha más atención el auge del nacionalismo autóctono en la Comunidad Valenciana o Baleares. Porque, «con una Cataluña ya tenemos suficiente», como comentaba un dirigente socialista en la misma Transición.
Y si en España lo miran y remiran porque saben lo qué se juegan, en Cataluña también estas reacciones deben valorarse. Aunque sea desde el más estricto egoísmo nacional -«regional», también en terminología de Fuster-, para aprovecharlas.
La implosión de España
Hèctor López Bofill
Aplastar un gesto democrático con violencia (como el que representaría una ruptura de Cataluña con España expresada por una amplia mayoría) es inviable en la actualidad
Tradicionalmente el Estado español había hecho frente a las amenazas de fractura territorial con la represión y la violencia. Esta es una variable a la que las autoridades centrales no pueden recurrir en esta ocasión y habrá que ver cómo son capaces de gestionar los retos secesionistas que se plantean en el horizonte en un contexto democrático. De momento las diversas declaraciones de los ministros del gobierno de Rajoy, y también del presidente del gobierno, han regalado una colección de gestos torpes que no hacen más que azuzar a la mayoría social dispuesta a plantear un nuevo marco político. Por otra parte, la pasividad oficial ante las encendidas declaraciones del estamento militar en activo o retirado, así como el énfasis en la voluntad de hacer cumplir la Constitución por todos los medios (incluido, se sobreentiende, el recurso a la fuerza) demuestra la completa huida de la realidad de los máximos responsables en la dirección del Estado y la persistencia de una cultura política anclada en los tiempos de cuando todo se resolvía con pronunciamientos, golpes de estado y guerras civiles.
Todavía no tenemos indicios claros sobre si la Cataluña independiente se integrará con más o menos celeridad en la Unión Europea (sobre esto, vale decir, también han sido proferidos varios disparates últimamente que algún día habrá que desmontar), pero sí hay que tener muy claro que la Unión Europea no permitirá un conflicto armado a gran escala en su seno. Aplastar un gesto democrático con violencia (como el que representaría una ruptura de Cataluña con España expresada por una amplia mayoría) es inviable en la actualidad. Esto significaría no sólo la demostración del fracaso de la España democrática y una grave crisis humanitaria en Cataluña sino también el fin de la Unión Europea. Desde España pueden delirar con reproducir un capítulo de agresiones contra el pueblo de Cataluña como la historia recuerda muchas veces (durante el siglo XVII, durante el siglo XVIII o los bombardeos cada cincuenta años de los siglos XIX y XX) pero ni Merkel, ni Hollande, ni Cameron permitirán que el rencor español ponga en peligro el sistema de paz y de seguridad tan arduamente ganado desde el fin de la II Guerra Mundial. Un ataque a la democracia y los derechos humanos de esta envergadura arruinaría el proyecto europeo para las próximas décadas y la actual crisis de deuda soberana sería una minucia comparado con la corrosión para el orden mundial que provocaría un estallido bélico en la Península Ibérica. De momento, hay que remarcar que el derecho de la Unión Europea se ha dotado de mecanismos para contener estas tentaciones funestas: el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea en su versión conferida por el texto de Lisboa prevé un procedimiento que puede acabar con la suspensión de los derechos que el tratado reconoce al Estado miembro que haya violado de forma grave y persistente, entre otros, los valores de la dignidad humana, la libertad, la democracia, el respeto de los derechos humanos y, asimismo, los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Insisto, no está claro que la Cataluña secesionista permaneciera en la Unión Europea pero sí es incuestionable que a España se le aplicarían estas sanciones si llevara su saña y su integrismo de estado a extremos desproporcionados. Una respuesta brutal a las demandas catalanas, o contra otro proceso de independencia impulsado en algún otro territorio peninsular, más bien lo que haría sería cuestionar la continuidad de España, o lo que quedara de ella, a las organizaciones europeas de integración.
Además del trasfondo internacional y del marco jurídico europeo, hay otro argumento que inhabilitaría las pretensiones imperiales mesetarias y que, pese a los antecedentes, convierte en agua de borrajas cualquier despropósito o cualquier amenaza verbal, a saber, que la administración española no puede pagar una ocupación militar en Cataluña. Como se ha puesto de manifiesto en estudios recientes, ni todos los efectivos ni toda la capacidad operativa del ejército español sería suficiente para mantener sostenidamente un asedio sobre el país, eso sin contar con la reacción de la policía de Cataluña que, como afirmó el consejero Felip Puig la semana pasada levantando las iras unionistas, quedarían junto a la Generalitat y la ciudadanía. En cualquier caso, de nuevo volviendo a Europa, no habría rescate dedicado a financiar la destrucción de los anhelos soberanistas.
En estas circunstancias, lo único que hay que temer es que las reacciones atávicas de una identidad nacional herida y amputada opten por atemorizar a la población a través de atentados selectivos y de violencia de baja intensidad. Este sí que es un riesgo que la administración catalana que surja de las próximas elecciones, si es que el envite independentista va en serio, debería calibrar cuidadosamente y con medios. Como acertadamente calificó Josep Ramoneda con la manifestación de la Diada de 2012 y con la vertiginosa sucesión de hechos posteriores nos encontramos ante una revolución encabezada por gente de orden. Esta característica, que sería sinónimo de virtud y de garantía en el éxito de la empresa, se podría traducir en un fracaso teniendo en cuenta que la gente de orden es muy sensible al discurso del miedo y España sabe que el empuje inicial se podría frenar si, más allá de la retórica, el aparato del Estado logra infundir miedo con hechos concretos, aunque sean aislados.
En el próximo ciclo político se terminará de confirmar si España podía evolucionar hacia una democracia consolidada o si no ha sido suficiente con la irrupción en la arena pública de generaciones educadas en libertad para fulminar una entidad que sólo habría encontrado la unidad a través de la dominación.
Actualizado (Miércoles, 24 de octubre de 2012 02:00)
