Que el lector me pase la insistencia en dos grandes obviedades sobre la política española y catalana. Y es que, pese a la evidencia de los hechos, la retórica política cotidiana –diga discurso, llame relato–, cada vez nos vuelven a enredar en una telaraña de confusiones de la que cuesta mucho escaparse y que enturbia cualquier estrategia independentista. Y eso, tanto si se participa a conciencia como si uno queda atrapado en ella sin darse cuenta.
La primera obviedad es que el adversario del soberanismo es todo un Estado. No es un gobierno. Ni un parlamento. Los gobiernos tienen su poder y lo gestionan no tan ligados por unos principios inamovibles sino acomodados a los equilibrios para conservarlo. Y los parlamentos también están ligados a una Constitución que limita su acción. Puesto que, además, las mayorías y minorías están enfrentadas, la posibilidad de legislar para realizar cambios radicales es mínima. Por tanto, que el azar te haga imprescindible para completar una mayoría parlamentaria necesaria para hacer gobierno –te llames Sumar, ERC, Junts o, si fuera el caso como en Baleares o el País Valenciano, te digas Vox–, puede hacer que puedas forzar algún cambio legislativo, pero siempre estará dentro de los límites que impone el Estado.
Y ya sabemos que el Estado español responde a un proyecto de nación castellana colonial, unitarista, asimilacionista y homogeneizadora. De modo que por mucho que se pueda presionar a un gobierno o a una mayoría parlamentaria para hacer más suaves las constricciones de su proyecto nacional, en contra siempre estarán los aparatos de Estado que no están sometidos a resultado electoral alguno. Me refiero al aparato judicial, que es una casta estrechamente derivada del franquismo. Pero también al alto funcionariado, a los medios de comunicación que se consideran garantes del régimen, o a las organizaciones empresariales, sindicales, civiles y religiosas, cuyos intereses dependen de la protección del Estado. Unos aparatos que garantizan la fuerza de un nacionalismo naturalizado, cuya violencia coactiva queda invisibilizada y así puede ser ejercida con toda fuerza e impunidad. Éste es el verdadero adversario del soberanismo.
En cuanto a la segunda obviedad, es que desde el autonomismo no se puede realizar la independencia. Y las instituciones catalanas son autonómicas. Y lo son con independencia de cuáles sean las verdaderas aspiraciones de quienes las rigen. Si la fiscalidad no está en tus manos, si no tienes la judicatura, si no controlas las fronteras, si te tumban las leyes importantes, si no dispones de un sistema de defensa, si no formas parte de los clubes estatales…, no puedes hacer otra cosa que autonomismo. Y hay que darse cuenta de que gestionar lo mejor posible la autonomía no sólo no te acerca a la independencia, sino que objetivamente te hace más plenamente autonomista. Por tanto, el modelo queda mejor legitimado. Y, por cierto, si alguna nueva formación independentista entra en el Parlamento fruto de unas elecciones autonómicas, que se desengañe: su acción, también objetivamente, será autonomista o se le expulsará del sistema, como ya hemos comprobado repetidamente en los últimos tiempos.
Se puede entender que se piense que mientras no se alcanza la independencia, mejor gestionar bien la autonomía. O que merece la pena participar en la política española para conseguir ventajas para el país. Es un ‘ir tirando’ que obtendrá el aplauso de quienes deben atender las exigencias del día a día. Ahora bien, la contradicción a asumir es que cuanto mejor se gobierne en casa, cuantas más ventajas se arañen del Estado, el coste del riesgo de una ruptura independentista será mayor y, por tanto, más difícil de asumir. De hecho, éste es el cálculo que hace Pedro Sánchez: está convencido de que cuanto más mime la autonomía, cuanto más condescendiente sea con los independentistas, más difícil les será “volverlo a hacer”. El único obstáculo que tiene enfrente son unos aparatos de Estado poco proclives entender la jugada porque, debido a su cultura política iliberal, siguen confiando más en los resultados de una represión autoritaria que en los del ‘reencuentro’.
Y de estas dos obviedades se derivan dos epílogos. Uno, que si los catalanes no entendemos que el autonomismo no es un camino intermedio sino el mal menor que nos mantiene atrapados en un mal mucho mayor, nunca saldremos de la jaula estatal. Y dos, que hasta que España quede sacudida por la independencia de los catalanes, no dará su paso definitivo hacia una democracia liberal plena.
EL PUNT-AVUI
