La doctrina shock vuelve a rentabilizar una catástrofe. Como ha destacado aqui en The Intercept Naomi Klein – que acuñó el término en su brillante libro- , las empresas de Silicon Valley ya están aprovechando el nuevo paradigma empresarial de la era de distanciamiento social y miedo escénico para estrenar productos y servicios en una economía distópica en la que los afortunados se atrincheran en sus espaciosas McMansiones dotadas de robots y realidad virtual. Mientras, una fuerza de trabajo precarizada de salario mínimo o menos, mayoritariamente moreno, negro y/o inmigrante, les proporciona servicios desde un mundo exterior peligroso sometido a sucesivas olas de contagio.
Tal y como indica la recuperación bursátil, las grandes corporaciones transnacionales – súper cotizadas pese a la depresión económica, gracias a la generosidad billonaria de los bancos centrales – han percibido oportunidades en un mundo en el que el cordón sanitario es una urbanización vallada, un jardín grande y un Range Rover.
Pero la vieja doctrina shock -mucho menos high tech que la nueva- ya saca beneficios de la pandemia. Y, de forma oculta, está abriendo espacios de negocio para las corporaciones multinacionales dentro de los mismos sistemas de sanidad públicos que los ciudadanos aplauden cada jueves a las ocho de la tarde.
Los gobiernos conservadores estatales y sub estatales aplauden al unísono pero, a puerta cerrada, las viejas políticas de privatización van ganando terreno.
Un buen ejemplo es el Reino Unido de Boris Johnson donde el nuevo programa de pruebas y seguimiento para contener el coronavirus se ha convertido en otro caballo de Troya para el capital privado en la National Health Service (NHS).
Según publica The Guardian la multinacional de subcontratación de servicios públicos Serco que ha sido contratada para gestionar este programa clave para la nueva fase post confinamiento, considera que “el programa servirá para cementar la posición de sector privado en la cadena de suministro del sector público” , según un email filtrado enviado por Rupert Soames, el consejero delegado de Serco.
Serco es una de las principales compañías contratadas para proporcionar el nuevo servicio de contact tracing -seguimiento de los contactos de gente contagiada-, responsable de reclutar a 10.000 de los 25.000 trabajadores encargados de hacer seguimiento de los individuos que han tenido relación con los británicos que dan positivo en las pruebas.
Estos trabajadores temporales de Serco ya cobran un salario mensual de unos 2000 euros en un contrato cuyo valor para Serco asciende a unos 50 millones de euros y que puede alcanzar 100 millones parte del enorme gasto público que ha anunciado el gobierno británico para enfrentar la crisis.
Serco gestionará el programa en colaboración con el consejero delegado del programa de la sanidad pública nacional Tony Prestedge que está a punto de ser asumir el puesto de vice consejero delegado del Banco Santander en el Reino Unido.
Prestedge fue seleccionando en tiempo relámpago – solo 72 horas- conforme el gobierno de Boris Johnson intentó desesperadamente recuperar tiempo perdido tras flirtear con la idea descabellada de la inmunidad de rebaño, para “coser” las diferentes elementos del programa que incluye una aplicación y equipos humanos de seguimientos de contacto.
Serco es un sospechoso habitual de la industria del outsourcing y las asociaciones privadas públicas tan desprestigiadas ya en la opinión publica desde Londres a Ciudad de México pasando por Madrid y Valencia. La empresa fue investigada por fraude en la gestión de cárceles privatizadas en el ReinoUnido y en violaciones de derechos humanos en la gestión de centros de detención de inmigrantes en Austrialia
El cuartel general de Serco es el Reino Unido donde sucesivos gobiernos -los laboristas de Tony Blair y los conservadores que ahora elogian la sanidad publica tras vender gran parte de ella- se han especializado en transferir miles de millones de libras desde los cofres públicos a sus amigos del la puerta giratoria y el negocio de externalización.
Pero para entender hasta donde puede llegar en su proyecto de rentabilizar el deseo de los gobiernos conservadores de deshacerse de la gestión de la sanidad publica sin reconocerlo, habría que mirar Australia donde logró hacerse con un contrato por 4.500 millones de euros en la privatización de la sanidad australiana. Tal vez no sea casualidad que Lynton Crosby, el asesor australiano del ultra conservador primer ministro de Australia, Scott Morrison, sea asesor también de Boris Johnson,
La multinacional tiene operaciones en España también. Al igual que ocurre con el Banco Santander, el Reino Unido siempre es la primera llamada telefónica de gobiernos como el de la Comunidad de Madrid cuando se busca asesoramiento anglo sajon para hacer un Public Private Partnership.
Pero, en un momento de manifestaciones masivas de apoyo a la sanidad pública, y oposición unánime a las privatizaciones, el uso del sector privado en la gestión de la crisis sanitaria del COVID-19 es extremadamente controvertido. (Cuando Jeremy Corbyn acusó a Johnson de tener una agenda oculta de privatización de la sanidad pública durante la campaña electoral el año pasado, Johnson se burló del entonces líder laborista por difundir teorías de conspiración “al estilo del Triangulo de Bermuda”)
Soames -nieto de Winston Churchillcuyo salario anual es de unos cinco millones de euros- se muestra preocupada en el citado e-mail de que la contratación de una empresa privada con animo de lucro para el programa de oruebas y seguimiento, puede dañar la imagen de la empresa. “Querrán que fracasemos porque somos una compañía privada y intentarán aprovechar la oportunidad para atacarnos” comentó . Al igual que el asesor todopoderoso de Johnson, Dominic Cummings, Soames fue pillado saltando el lockdown cuando visitó su finca en una isla en los Highland de Escocia .
Pero lo cierto es que hay muchos motivos para pensar que Serco sí va a fracasar en un plan que parece ya otro ejemplo de incompetencia en la gestión de esta pandemia por el gobierno británico y sus socios empresariales.
Después de dos semanas en las que el programa de pruebas y seguimiento debería estar allanando el camino para la recuperaciones la actividad economice, muchos trabajadores contratados y entrenados para realizar el seguimiento por teléfono y visita permanecen con los brazos cruzados.
Uno de estos trabajadores contratados por Serco para llamar a las personas contactadas por los contagiados y hacerles seguimiento hace un comentario demoledor una conversación con el citado diario: “La comunicación y el entrenamiento han sido terribles desde el principio yo todavía no conozco a nadie que haya hecho ni una solo llamada a un miembro del público, Nos están pagando por hacer nada y yo estoy teniendo días totalmente ociosos mientras me pagan con dinero público. He estado en el jardín tomando el sol y tomando cerveza y de vez en cuando echo un vistazo a mi ordenador para que no se apague” dijo cáusticamente el infrautilizado empleado de Serco. “Normalmente estaría feliz de hacer esto pero cuando la salud pública está en peligro la verdad es que es una verdadera tragedia.”
Prestedge, que se incorporara a la dirección del Banco Santander UK una vez montado el programa de pruebas y seguimiento -no se sabe cual es la remuneración que percibe el banquero por ese servicio a la nación- reconoció que la puesta en marcha del nuevo sistema había sido “clunky”.
LA VANGUARDIA
