He aquí un tema que me garantiza el quedar mal con casi todas y todos. Pero tenemos edad para ello.
La devolución a Navarra de las competencias en materia de tráfico, que originariamente le eran propias y le fueron arrebatadas por la fuerza en 1953, ha enardecido a la caverna. “Ladran luego cabalgamos”, dice el viejo refrán latino. La derecha vociferante no defiende a los funcionarios rasos de la Guardia Civil, sino al carácter y dirección militar de una institución, cuyos condicionamientos impidieron en parte en tiempos de la reforma y siguen dificultando en la democracia cambios democráticamente imprescindibles. Si alguien duda de lo dicho, recomiendo que lea el escrito de JI Del Burgo de 18-07-20 (de nada, colega) publicado en no hace falta decir dónde y titulado Desmilitarización de la Guardia Civil (sic), en el cual se posiciona por la no-desmilitarización, claro.
Sin embargo, yo estoy convencido de que si se sometiese a votación entre los/las guardias civiles rasos y rasas, si dicho cuerpo debería dejar de ser militar y pasar a ser civil, ganaría, sin género de dudas, la opción de la civilización. Solo dicho cambio implicaría la disolución de la Guardia Civil como instituto militar y conllevaría el reconocimiento de derechos básicos como el de sindicación, huelga, opinión, reunión, etcétera.
También estoy convencido de que la trasformación de la Guardia Civil en institución no-militar hubiera hecho posibles algunos cambios que el bunker no permitió en tiempos de la reforma y sigue impidiendo ahora, como es la democráticamente indispensable derogación de la ley franquista de secretos oficiales. El PSOE no ha tenido el coraje de derogar dicha norma, que ha impedido la luz en muchos aspectos de la memoria histórica, como es el caso Zabalza o el emblemático caso de Rodríguez Medel, el primero de los fusilados en el genocidio del 36 o el imprescindible esclarecimiento de la tortura aplicada como sistema en el franquismo y en la reforma. La indiscutible implicación histórica de la Guardia Civil en la preparación de la guerra, en el mantenimiento de la dictadura y en la subsistencia de la estructura dictatorial en la reforma, tiene unas connotaciones que no deben quedar ocultadas bajo la losa de los secretos oficiales, mucho más pesada que la losa de la tumba de Franco en Los Caídos. Por eso lo del imperativo democrático.
Cuando allá en la primera época de la reforma, los números rasos de la Guardia Civil empezaron a reivindicar el derecho de sindicación y la conversión del cuerpo en una institución civil, estaban tocando un tema fundamental en el que no contaron con la debida cobertura democrática. En un episodio de aquella época, fui llamado como defensor por un numeroso conjunto de guardias civiles rasos que habían hecho un plante y se habían declarado en huelga, por sentirse sometidos a unas condiciones laborales vejatorias… Eran los tiempos en que reivindicaban el elemental derecho de sindicación y la voluntad de ser funcionarios civiles. Yo ya era cargo electo de Herri Batasuna, y cuando me encontré en el calabozo de la comandancia con todos aquellos detenidos, que estaban descorreados, sin cinturones y con las botas desabrochadas, llamé urgentemente al entonces decano de abogados de Pamplona, Ángel Ruiz de Erenchun para que asumiese su defensa. A ambos nos costó trabajo convencerles de que su hipotética defensa por parte de un letrado políticamente así significado podría perjudicarles y de que el camino de la negociación tenía que evitar el riesgo de acusaciones por delitos militares.
Además, esta reivindicación no constituye ninguna novedad. Así, por ejemplo, en el propio programa electoral del PSOE de 1982, ya se preveía la unificación de los tres cuerpos policiales heredados del franquismo (ahora reconvertidos en dos). Lo que ocurrió fue que los Barrionuevo, Guerra, González y cía “descubrieron la Guardia Civil” (según expresión literal de Barrionuevo), igual que lo hicieron con la monarquía, la OTAN y ahora lo están haciendo con el pueblo del Sahara.
Lo cierto es que aquellas aparentemente básicas reivindicaciones de sindicación, derecho de huelga, etcétera, hubiesen originado la desaparición del Generalato, que es como se denomina a la cúpula militar de la Guardia Civil, ocupada por centenares de altos militares, que siguen ascendiendo.
Ahora el problema se ha recrudecido, cuando la derecha cavernícola se empeña en que la Guardia Civil “siga regulando el tráfico en las carreteras de Navarra”. En realidad, defienden el Generalato; no a los guardias rasos y rasas. Y lo mismo hacen cuando se inventan la vergonzante e ilegal pasarela. ¿Cómo van a pasar, con carácter civil o con carácter militar? Y si quieren volver a la Guardia Civil, ¿qué? Un posicionamiento a favor de los guardias rasos y rasas les debería llevar a reclamar primero que nada su desmilitarización o civilización. La pasarela no cumpliría ninguna de las tres condiciones legales imprescindibles de acceso a la función pública. Lo paradójico es que esta cuestión no se haya planteado en las transferencias de tráfico ya efectuadas por ejemplo a Cataluña y a la CAV. Navarra vuelve a ser degradada a “cuestión de estado” y sometida a caso especial, precisamente por impulso de quienes de boquilla presumen de navarristas y de hecho actúan como quintacolumnistas del centralismo, que ha sido y es el único enemigo de las libertades y competencias de Navarra. Son los hechos los que demuestran que nadie defiende mejor que los independentistas los derechos de las navarras/os; y correlativamente que los problemas de UPN y del navarrismo no son tácticos ni coyunturales, sino de modelo, lo cual le condena a un escisionismo endémico.
Ciertamente, el balance del Gobierno de Chivite en el ámbito de las transferencias no ha sido satisfactorio ni mucho menos en la legislatura pasada. La transferencia importante, que podría haberse efectuado en dicha legislatura, y que no se llevó a cabo incomprensiblemente, es la de gestión penitenciaria. Era una oportunidad óptima el negociarla junto con la CAV. Aunque, como es sabido, se trata de una transferencia de poco lucimiento político porque se refiere a personas condenadas penalmente. Pero precisamente eso la convierte en una cuestión que atañe a la solidaridad más elemental y constituye una obligación política básica. Mal también con el Convenio Económico, negociado por expilatos en Hacienda y subiendo y subiendo el cupo…
Y va y ahora en el tema de las transferencias de tráfico se enreda en una cuestión envenenada por UPN-PP y demás corifeos del centralismo es una verdadera trampa –ilegal, vergonzosa y degradante para Navarra– como es la pasarela. He aquí un humilde desafío (por supuesto super- legal, hiper-democrático y constitucionalísimo: Que se haga una encuesta oficial de todos los funcionarios/as rasos y rasas de la GC sobre la posibilidad de su desmilitarización. Y una sugerencia: Que se reconozca a D. José Rodríguez Medel como símbolo de la defensa de la seguridad.
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