«La mejor defensa es un buen ataque. Y el gobierno español tiene la mejor arma, la llave de la caja»
Marta Sierra
1,58%. Es una cifra nada sorprendente teniendo en cuenta que sólo dos días antes, la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, pedía al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, un techo de déficit de entre el 1,5 y el 1,7% para Cataluña. Con esta horquilla, los populares catalanes pueden alegar que la cifra se sitúa casi a la mitad de lo que ellos habían pedido.
Los objetivos de déficit dictados por Montoro hacen augurar un otoño caliente en el escenario de la política catalana. Aunque se prorroguen los presupuestos de 2013, se deberán abordar los del 2014 con un déficit del 1%. La elaboración de unas cuentas siempre es complicada, pero aún más cuando el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ya ha avisado reiteradamente que se ha tocado hueso y que no se puede recortar más. Serán los primeros que el Gobierno deberá pactar con ERC y, de alguna manera, se pondrán a prueba las relaciones entre los dos socios.
¿Por qué el gobierno español decide ahogar la economía catalana si esto revertirá negativamente en los intereses del conjunto de la economía española teniendo en cuenta que Cataluña es uno de sus principales motores? Una de las posibles respuestas es que desde el Ministerio interpreten que los efectos negativos que pueden suponer los recortes en Cataluña son simples daños colaterales de una guerra que va más allá. Una estrategia que no tiene nada de nuevo. Nicolás Maquiavelo ya hablaba en el siglo XVI, cuando en su obra ‘El Príncipe’ defendía que la moral debía quedar subordinada a los intereses y a las finalidades del Estado.
La mejor defensa es un buen ataque. Y el gobierno español tiene la mejor arma, la llave de la caja. El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, afirma en su libro ‘Parva memoria’ que «el dinero es el bálsamo racionalizador de Cataluña». Pero ni el gobierno español ni Pérez de los Cobos han entendido que, esta vez, quizá no bastará con abrir el grifo del dinero para detener la voluntad mayoritaria de convocar una consulta.
