«En 1841 comienza el poder central a olvidar los derechos de las cuatro provincias, los compromisos adquiridos en el Convenio de Vergara y a extender abusivamente la interpretación de la unidad constitucional… Entonces eligió (el Gobierno) con acierto el concluir con Navarra el arreglo foral proyectado… Sus representantes y su Diputación ayudaron al Gobierno a separar los intereses de Navarra de los de las provincias Vascongadas… facilitándose con esto la tarea unificadora que tanto preocupaba al Gobierno».
Garrán y Moso, Lafuente y, sobre todo, Pirala, nos presentan la partida de nacimiento del navarrismo político; una ideología nacida a impulso del poder español para ayudar al Gobierno a dividir a Hego-Euskalerria; ayudarle a dividir y a mantener nuestra división y, así, conseguir la unidad del Estado español de la única forma que ha sido capaz de concebirlo el imperialismo castellano y su heredero; el jacobinismo español. Una ideología a la que se le va conociendo también como cuarentayunismo, calificativo oportuno porque evidencia su exaltación de la Ley de 1841 a la que parecen haber convertido en su Biblia y Constitución. Hoy, en vísperas de los acontecimientos de 1512, y a la vista del trabajo de los historiadores, no parece que quepa ninguna duda de que esos acontecimientos de 1841 no tienen nada que ver con esa «feliz incorporación a Castilla» que pretenden seguir vendiéndonos los buenos navarros que diría la señora Barcina sino, más bien, con la «reducción a la voluntad del Rey Católico» de que hablaron nuestras Cortes de Sangüesa de 1561.
Mucho se ha pretendido, incluso está grabado en nuestro monumento a los Fueros, que la incorporación a Castilla después de la conquista fue por vía de «unión principal, reteniendo cada reino su naturaleza antigua, así en leyes como territorio y gobierno». También algunos malos navarros lo han defendido y lo siguen defendiendo; unos porque, como diría Serafín Olave, parece como que quieren consolarse de la pérdida de la independencia; otros, ingenuos, parece que quisieran amansar al centralismo hispano. Pero la dura realidad fue (como sigue siendo) muy otra.
Mª Puy Huici señala cómo la Cámara y consejos de Castilla empezaron a intervenir en el Gobierno de Navarra desde el día siguiente a la conquista. Ahí están Cisneros, el duque de Nájera, el coronel Villalba y todas sus fechorías. Hoy, después de siglos de dominación, basta repasar los Cuadernos de las Cortes de Navarra y sus reparos de agravios para dar la razón a Ilarregui cuando afirma que las leyes o se cumplían a voluntad de la Corona o no se cumplían. Casi tres siglos para llegar a Godoy, durante cuyo mandato el ataque contra nuestras instituciones llegó a tal extremo que, para Rodríguez Garraza, de no ser porque la guerra de la independencia desvió las necesidades del Gobierno a otras prioridades, el Reyno hubiese seguido la suerte de Aragón, Valencia o Cataluña. Olave da un poco más de tiempo: «A dilatarse un poco la comparecencia de Fernando VII el deseado ante el tribunal de Dios, lo mismo hubiera destruido las libertades que aún restaban a Navarra». Su hija se encargó de rematar la obra. La hija y sus gobiernos; liberales o conservadores sin distinción y todos con la colaboración necesaria de nuestros cuarentayunistas.
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