La actual situación del conflicto político que se vive en el País Vasco es consecuencia directa de una serie de violencias ejercidas sobre parte de éste pueblo desde tiempos muy lejanos.
Una parte implicada en el conflicto político ha optado, en repetidas ocasiones, por recurrir a la acción armada frente a lo que ha considerado su opresor, y/o ha manifestado su malestar mediante sabotajes, actos de guerrilla urbana, huelgas generales, manifestaciones, y un largo etcétera que llegaría hasta la convocatoria de festivales musicales o, incluso, de danzas tradicionales.
El malestar y la reivindicación como pueblo no es puntual, es algo que se arrastra al menos desde el nacimiento de la nación española, allá por las Cortes de 1812, donde en lugar de hablar del rey y su voluntad, se plasma el sentir del «pueblo español».
Desde entonces, por no remontar más la historia, el acercamiento y posterior rechazo de las ideas revolucionarias francesas por guipuzcoanos y navarros, acabaron con la creación de guerrillas frente al invasor francés (que España interpreta como apoyo al recién nacido nacionalismo español); las tres guerras carlistas dieron muestra de la defensa de la singularidad vasca frente al centralismo estatal; y, por fin, la llamada guerra civil española dio paso a una autonomía que no hacía sino encarnar las ansias de libertad de un pueblo que se consideraba y sigue considerándose oprimido dentro de las fronteras de los actuales estados español y francés.
El fascismo se instalo al sur y al norte de los Pirineos, y la lucha armada volvió a ser considerada como vía legítima en las reivindicaciones de libertad en ambas vertientes. En el norte se colaboró con la resistencia francesa, y se arrancó la promesa siempre incumplida por sus dirigentes, de respetar la peculiaridad del Pueblo Vasco. Y en el sur surgió una nueva organización, germen de otras expresiones de lucha política, social, y cultural que aún hoy tiene su sustento.
Frente a dichos anhelos de libertad, los estados español y francés han utilizado todas las armas que han estado a su alcance; desde los estados de sitio y de excepción de la época franquista, hasta la utilización de grupos paramilitares cercanos a los intereses de los gobernantes de turno, la colaboración policial, las torturas, encarcelamientos masivos, multas millonarias, ilegalización de ideas, y, por fin, el uso interesado de los estamentos judiciales. Medidas que no han logrado, hasta el momento, su objetivo final: borrar del mapa el foco de resistencia ante la imposición de instituciones ajenas al propio Pueblo Vasco.
El PNV-EAJ intentó, en su momento, crear grupos armados que se opusieran al franquismo y, a su vez, que contrarrestara la influencia de la nacida izquierda abertzale, a la vez que impulsó el surgimiento de partidos políticos cercanos y sometidos a sus intereses, que hicieran de contrapunto a los anteriores. El PNV-EAJ en ningún momento ha renegado de la utilización de la lucha armada en dichos supuestos; al menos no en una primera etapa.
El conglomerado ideológico próximo al franquismo más rancio, agrupado actualmente en las siglas del PP no ha rechazado, e incluso ha llegado a reivindicar últimamente, ni el alzamiento militar de 1936 ni el uso de fuerzas paramilitares a lo largo de los primeros años de la transición en contra de los intereses de la izquierda abertzale.
El PSOE no sólo se negó a oponerse al uso de la violencia terrorista, sino que alentó la creación, y aplaudió las acciones de miembros cercanos al fascismo, siempre y cuando sus acciones se realizaran en contra de la izquierda abertzale.
Y Francia colaboró activamente en dicha represión.
Ahora se le exige a la izquierda abertzale que renuncie y condene la práctica violenta opuesta a las imposiciones so pena de cerrar periódicos, encarcelar a sus dirigentes y disolver sus organizaciones.
Ante todo esto deberíamos exigir:
1º Que el PNV-EAJ reniegue de su pasado y dé explicaciones a sus militantes acerca de la inutilidad del uso de la fuerza (Euzko Gudarostea, y comandos bajo la dirección de «El Cabra») frente al poder impuesto.
2º Que el PP reniegue de su pasado y explique a sus militantes acerca de la ilegitimidad del alzamiento militar de 1936, de los actos de represión ejercidos por la Guardia Civil y otras Fuerzas Armadas, así como de la creación de grupos paramilitares vinculados a la extrema derecha.
3º Que el PSOE reniegue de su pasado y explique a sus bases las actuaciones de sus propios grupos paramilitares, y del seguidismo al PP en materia anti-terrorista.
Mientras los citados partidos no sean capaces de realizar el acto de contrición que desde aquí se les pide, no tienen capacidad moral para exigir a otros a que hagan lo propio.
Se puede -y quizás hasta se deba- pedir a la izquierda abertzale que abandone su cobertura al uso de la violencia política. Estamos en la obligación política actual de criticar dichas prácticas, de dar soluciones prácticas al conflicto mencionado. Pero, mientras nos neguemos a reconocer el sustrato social que subyace a dicho conflicto, toda condena no puede ser más que un brindis al sol. Ni el PNV-EAJ, ni el PP, ni el PSOE «condenan» el uso de la violencia, sólo el uso de «cierta» violencia, aquélla que está en contra de sus intereses.
Por cierto, «condenar» sólo puede hacerlo aquél que tiene potestad para hacerlo, y, que sepamos, sólo pueden ser o Dios, o los curas, o los jueces. Exigir a la izquierda abertzale que «condene» algo es tanto como erigirle en Dios, sacerdote o juez, algo que, evidentemente no lo son. Las «condenas» sin pena carecen absolutamente de sentido. Sólo queda el camino del arrepentimiento, del no «utilizar» la violencia política para conseguir fines políticos, pero, en ese caso, la exigencia de condena se queda en solicitud de recapacitación y crítica interna dentro de las organizaciones de la izquierda abertzale.
Pero la «recapacitación» y la «crítica» sólo se puede efectuar en tanto que los fines que se persiguen pueden ser logrados por otros medios; y aquí es donde recaen los gobiernos en su propia contradicción: se puede pedir la autodeterminación, siempre y cuando sea por medios pacíficos, a sabiendas de que nunca podrán lograrla (para eso están los gobernantes, los jueces y, en última instancia, el uso de la violencia armada -policía y ejército- que garantizan la unidad de los Estados). Es el propio Estado quien, negando la posibilidad democrática de solución, deja abierta y justifica el uso de la violencia armada. A nadie gusta dicha solución, -que implica el gasto en vidas y enseres-, ni a quien la sufre, ni a quien la ejerce. Ambos son víctimas de un mismo hecho (aunque unos sufran más que otros), pero, como diría Zapatero: «es lo que hay».
Como última recapacitación: ¿Cómo se puede exigir a alguien que reniegue de la lucha armada para lograr unos objetivos políticos desde la posición inamovible y de fuerza que le da una Constitución emanada del franquismo y que otorga al ejército (fuerza armada) el ser garante de la unidad del Estado? ¿Cómo exigir que se jure lealtad a una Constitución emanada del franquismo, y a un rey nombrado -frente a la propia sucesión monárquica- por el Generalísimo?
Que se entienda bien, no queremos justificar el uso de la lucha armada para la obtención de objetivos políticos. Ni lo queremos ni lo necesitamos. Toda acción armada debe ser valorada en su justo término desde el punto de vista político, y criticada ¡Cómo no! Podemos pensar que en la sociedad actual tales prácticas son obsoletas, fuera de lugar e, incluso contraproducentes, y criticarlas en tanto tales, pero ahí están y hay que analizarlas.
A día de hoy, el uso de la fuerza es contraproducente, sin duda: evita la unión de fuerzas, crea confusión, implica malestar, y un largo etcétera.
Pero ¿Qué diría el PNV-EAJ, o el PSOE, o cualquier otro partido si vieran peligrar lo que consideran «democracia»? Dejaremos para otro lugar tales consideraciones.
¡No a la lucha armada en las actuales circunstancias!
¡Basta de violencia! ¡Basta de sufrimientos! ¡Basta de muertes!
¡Por la unidad!
