Hoy se ha presentado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona el Colectivo Praga integrado por juristas favorables al Derecho de Decidir del pueblo catalán aunque personalmente prefiero hablar preferentemente de Derecho de Autodeterminación. Hasta ahora el mundo académico de los juristas, (entre los que proliferan los intelectuales orgánicos del nacionalismo español), ha sido refractario al catalanismo, ese colectivo puede marcar un cambio de tendencia. Esa es la declaración fundacional.

I. Presentación

El Colectivo Praga se constituye con el objetivo de contribuir con argumentos jurídicamente fundamentados al debate sobre el ejercicio del derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña sobre su estatus político colectivo.

El Colectivo está formado por juristas vinculados al mundo académico que vemos con preocupación la deriva que ha tomado este debate, en su dimensión jurídica y constitucional. Consideramos que es necesario contraponer los puntos de vista jurídicos dominantes con visiones más liberales y democráticas, que dan cabida jurídica a decidir como pueblo el futuro de la nación catalana.

Los miembros del Colectivo compartimos la convicción de que el pueblo de Cataluña puede ejercer el derecho a decidir su futuro político, sin necesidad de reformar previamente las normas de cabecera del ordenamiento jurídico del Estado. Más allá de esta convicción común, los miembros del Colectivo constituimos un grupo de personas políticamente plural y con opiniones diversas que actúa con independencia de cualesquiera instituciones públicas o privadas.

II. Objetivos

El Colectivo Praga quiere contribuir al debate sobre el derecho a decidir con rigor académico y desde una perspectiva de exigencia jurídica fundamentada en los valores éticos del constitucionalismo democrático.

El ámbito de intervención preferente del Colectivo Praga es el derecho público, especialmente, las ramas del derecho constitucional, el derecho administrativo y el derecho internacional.

Los miembros del Colectivo consideramos que el debate sobre el derecho a decidir está dominado, en su dimensión jurídica y constitucional, por el desequilibrio a favor de puntos de vista inmovilistas que responden a una visión centralista, mayoritaria en las élites jurídicas del Estado español y, hasta cierto punto, también presente en ciertos estamentos en Cataluña. Creemos que es prioritario intervenir en este debate y revertir esta situación de desequilibrio.

El objetivo principal del Colectivo Praga consiste, pues, en proporcionar a los partidarios del derecho a decidir argumentos jurídicamente fundamentados que permitan dar respuesta a las opiniones formuladas desde posiciones que niegan la capacidad de la ciudadanía de Cataluña de decidir sobre el su futuro político como nación.

Asimismo, nos proponemos seguir la actuación de las instituciones públicas y privadas que trabajan por el derecho a decidir y colaborar, en su caso, con otras iniciativas académicas o civiles impulsadas con objetivos coincidentes.

III. Vías de actuación

Para cumplir el objetivo expresado, el Colectivo se propone actuar principalmente a través de su web ya través de intervenciones en los medios de comunicación y las redes sociales.

La web www.praga.cat es el punto de encuentro del colectivo, donde se difunden argumentarios, artículos, análisis o intervenciones de nuestros miembros en medios de comunicación. Asimismo, en la web también se recogen documentos jurídicos relevantes relacionados con el proceso del derecho a decidir que nos parezcan de interés y que contribuyan, en definitiva, a poner a disposición de los ciudadanos los materiales para formarse libremente su opinión.

IV. ¿Por qué este nombre?

El Colectivo que constituimos toma el nombre de capital de la República Checa por dos razones. En primer lugar, Praga fue la capital de Checoslovaquia, estado creado en 1918, a la finalización de la Primera Guerra Mundial, en aplicación de la doctrina Wilson (en referencia al presidente norteamericano y premio Nobel de la Paz Woodrow Wilson), que rechazando el imperialismo promovía el ejercicio del derecho a la autodeterminación como herramienta para transformar el orden internacional para conformarlo «a la razón ya la justicia y los intereses comunes de la humanidad».

Y en segundo lugar, Praga es, desde 1992, la capital de la República Checa, uno de los estados resultantes de la separación pacífica y pactada de Checoslovaquia. Respondiendo a los anhelos democráticos de los ciudadanos checoslovacos, los líderes políticos buscaron y encontraron vías pacíficas y respetuosas para disolver su unión y dar lugar a nuevos estados de Chequia y Eslovaquia.

La separación ocurrió sin violencia, con respeto por los derechos fundamentales y por la voluntad democrática de los pueblos. Last but not least, los líderes políticos checos y eslovacos supieron resolver de forma racional cuestiones delicadas como la nacionalidad y el reparto de los activos federales (se asignaron con base en criterios objetivos, como el poblacional, infraestructuras, reservas de oro del banco federal, equipamientos militares, patrimonio y obras de arte, etc.). El proceso que dio lugar a los nuevos estados checo y eslovaco es conocido como ‘Divorcio de terciopelo’ y es históricamente contrapuesto a procesos de división violentos como los vividos, por ejemplo, en Yugoslavia. Ambos países forman parte de la Unión Europea desde 2004.

V. Los cinco puntos del Colectivo Praga

A los miembros del Colectivo Praga nos une la voluntad de contribuir al debate sobre el derecho a decidir desde una perspectiva de exigencia jurídica y abierta ideológicamente y doctrinalmente. Este punto de unión se refleja en los siguientes cinco puntos fundacionales:

1. Se ha producido una involución recentralizadora del Estado español

Las instituciones del Estado, en una dirección contraria a la evolución de la voluntad colectiva del pueblo catalán, han agudizado en los últimos años los posicionamientos centralistas y uniformizadores. Se ha acabado imponiendo una relectura restrictiva y excluyente de la Constitución de 1978, alejada de los principios constitucionales que hicieron viable el proceso constituyente.

La deslealtad hacia los principios constitucionales que podrían haber garantizado una convivencia común tiene como punto culminante la STC 31/2010, que deja en papel mojado el Estatuto de 2006, aprobado por el Parlamento y por las Cortes Generales y refrendado por el pueblo de Cataluña. Esta sentencia, sin embargo, es sólo una muestra del desprecio de las instituciones centrales hacia la voluntad de los catalanes, a la que hay que sumar el constante debilitamiento del autogobierno catalán a través de la laminación de competencias autonómicas, de la falta de respeto a la oficialidad plena del catalán, del ahogo económico o de la falta de inversiones.

2. El sistema autonómico ha convertido en inviable para el libre desarrollo de Cataluña como nación

La posibilidad de encajar políticamente a Cataluña dentro de un Estado español estructurado en base a una lectura autonomista de la Constitución española de 1978 y los Estatutos de 1979 y 2006 ha quedado descartada con la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010.

Constatamos que, por voluntad expresa de las principales instituciones centrales del Estado, la experiencia autonómica ha llegado a un punto muerto. El Estado español ha dejado de ser un instrumento efectivo para garantizar los derechos de los ciudadanos de Cataluña, su modelo de sociedad y su identidad colectiva.

3. En Cataluña hay una amplia mayoría favorable al ejercicio del derecho a decidir

Cataluña es una nación milenaria que el ordenamiento constitucional español ha configurado como comunidad autónoma, pero Cataluña como nación no nace en 1978 (con la Constitución) ni tiene cerrada democráticamente ninguna posibilidad de futuro.

El pueblo de Cataluña ha manifestado a lo largo de su historia una firme voluntad de autogobierno, acentuada en los últimos años a raíz de la involución centralista del Estado español. Las manifestaciones masivas del 10 de julio de 2010, con el lema «Somos una nación. Nosotros decidimos», y del 11 de septiembre de 2012, con el lema «Cataluña, nuevo Estado de Europa», los resultados electorales favorables a formaciones que incluyen en sus programas el derecho a decidir y todos los indicadores sociales muestran, sostenidamente, la existencia de una amplia mayoría social favorable al ejercicio del derecho a decidir.

4. Queremos y podemos decidir

La democracia no puede ignorar ni despreciar la voluntad del pueblo. Al contrario: debe ofrecer las vías jurídicas para que se exprese con libertad. El derecho no debe constituir ningún obstáculo ni impedimento para este proceso sino un medio para canalizar y hacer posible.

Otros pueblos han podido encaminar civilizadamente sus aspiraciones políticas: El Cantón de Jura se escindió del de Berna y se incorporó a la Confederación Helvética en 1979; Checoslovaquia se disolvió mediante la aprobación en 1992 por el Parlamento federal de una ley constitucional; en Canadá se ha convocado dos veces a los ciudadanos quebequenses para que se manifiesten sobre su voluntad de continuar formando parte de dicho Estado, y últimamente los gobiernos escocés y británico han acordado la realización de un referéndum en Escocia en 2014, por poner sólo unos ejemplos.

Si no se llega a consultar al pueblo de Cataluña no será para que esto sea jurídicamente inviable, sino por falta de voluntad política. Esto es, si políticamente se quiere, no hay ningún impedimento jurídico para consultar a la ciudadanía de Cataluña sobre su futuro político.

Por tanto, consideramos que el proceso democrático de ejercicio del derecho a decidir debe culminar en una consulta que permita expresar la voluntad de los ciudadanos de Cataluña sobre su estatus político colectivo.

5. El ejercicio del derecho a decidir nos interpela a todos

Consideramos que todos somos responsables a la hora de luchar por un futuro digno para nuestro pueblo. Asimismo, consideramos que nosotros, en tanto que juristas inmersos en la realidad social que nos rodea, también debemos ser coprotagonistas activos del proceso democrático de ejercicio del derecho a decidir.

En concreto, nosotros trabajaremos para que en el debate jurídico en torno a esta cuestión estén también los argumentos favorables a hacer posible la consulta y para que los ciudadanos tengan suficiente información para ejercer con plenitud democrática el derecho a decidir. Se trata, en definitiva, de contribuir a que los ciudadanos, a lo largo del proceso, puedan construir su propia opinión y la puedan expresar sin coacciones

Frente jurídico por el Derecho a decidir
Albert Ribas
EL SINGULAR DIGITAL

Nace el Colectivo Praga, formado por una cincuentena de juristas que quieren «contribuir con argumentos fundamentados» al debate soberanista

El proceso soberanista catalán ya tiene otra pata para sostener su argumentario. La de los expertos jurídicos. Estas tarde en la Facultad de Derecho de la UB se ha dado a conocer el Colectivo Praga, formado por una cincuentena de expertos juristas que tiene como objetivo «contribuir con argumentos jurídicamente fundamentados al debate sobre el ejercicio del derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña sobre su estatus político colectivo».

Los representantes del Colectivo Praga esta tarde en la UB han sido Mercè Barceló, catedrática de Derecho constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona; Josep Maria Vilajosana, catedrático de filosfia del Derecho y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra y Joaquim Ferret, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona. En su turno de palabra, Barceló ha querido dejar claro que «no podemos afirmar que la Constitución Española no contempla que una consulta sea plenamente constitucional» pero ha asegurado que «los elementos constitucionales y legales» para hacer la consulta «están». «Otra cosa es la voluntad política», afirmó. Vilajosana, por su parte, ha remarcado la necesidad del Colectivo Praga «para llegar a la ciudadanía con argumentos de rigor».

Entre los miembros del Colectivo Praga se pueden encontrar voces autorizadas del mundo del derecho y de prestigio reconocido como Enric Argullol, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra; Tomàs de Montagut, catedrático de Historia del Derecho en la misma universidad; Joan Lluís Pérez Francesch, catedrático acreditado de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona o el mismo Joaquim Ferret.

Sí a la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), pero «conscientes del peligro que supone»

Aunque los objetivo de los juristas que forman el Colectivo Praga se enmarcan alrededor del Derecho a decidir y a la consulta, Mercè Barceló, interrogada sobre un escenario donde ésta no fuera posible y apareciera la alternativa de una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) , aseguró que «es una opción que el mismo CATN ha puesto sobre la mesa» pero afirmó que «debemos ser conscientes del peligro que supone». Barceló, con la intención de delimitar los límites de hasta dónde puede llegar la función del Colectivo Praga y los juristas en general, ha afirmado que «el derecho llega hasta donde llega y dónde no llega, llega la política».

BLOG DE JAUME RENYER
http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/251315