Exploramos las luces y sombras de aquella decisión histórica que todavía tiene consecuencias para las tribus
Varios líderes de los blackfeet con John Collier, impulsor de la Ley de reorganización india Autor/a: Nationalia
El 2 de junio de 1924 entró en vigor una ley que convertía a los indígenas estadounidenses en ciudadanos de EEUU. En ese momento, la norma levantó mucho debate sobre si era conveniente o no, incluso entre los propios nativos. Exploramos las luces y sombras de aquella decisión histórica que todavía tiene consecuencias para las más de 500 comunidades de nativos estadounidenses oficialmente reconocidas como “tribus”, que se esfuerzan por mantener sus lenguas, culturas y autonomía.
Cuando los europeos llegaron a Norteamérica, se encontraron una tierra habitada por nativos desde hacía milenios. Sin embargo, la situación cambió rápidamente y los colonizadores se fueron expandiendo hacia el oeste y tomando el control de tierras y recursos. Los indios americanos pasaron a ser minoría y, ya antes de la guerra civil de EE.UU. (1861-1865), la mayoría de las naciones orientales habían sido fuertemente diezmadas, sometidas o directamente eliminadas. De millones de personas antes de la llegada de los europeos, se pasó a una población de poco más de un cuarto de millón a finales del siglo XIX.
Al principio, las tribus indias eran consideradas naciones independientes y, por tanto, con ciudadanía propia reconocida y capacidad de hacer tratados con el gobierno federal de EE.UU. La Ley de traslado india, de 1830, autorizaba a negociar la incorporación de las tierras ancestrales y la deportación de los pueblos indígenas al este del río Misisipi. Esto llevó a tratados como el de Dancing Rabbit Creek, con los choctaws, que daba la ciudadanía estadounidense a los indios que no quisieran marcharse. En otros casos, el control se tomaba directamente por la fuerza, como en la Segunda Guerra Seminola (1835-1842). Cuatro décadas más tarde, en 1871, se vira: se impone la visión de que las naciones indias son anacronismos y se legitima una política de asimilación cultural y erradicación de la vida tribal. La Ley de asignaciones indias de ese año impone la idea del Estado nación: no puede haber otras soberanías en suelo de EE.UU. y se prohíbe hacer nuevos tratados con las naciones indias, aunque no se anulan los que habían sido firmados hasta entonces.
Sin embargo, el Tribunal Supremo, en una decisión histórica, dictaminó, en el caso Elk v. Wlkins, en 1884, que un indio no se convertía en ciudadano de EEUU simplemente abandonando la tribu y estableciéndose entre los blancos, sino que debía naturalizarse como si fuera un extranjero, o con otras vías, como casándose con una persona estadounidense o sirviendo al ejército.
La incorporación acelerada en EE.UU. y la Ley de ciudadanía
La política fue dirigida, pues, a la asimilación y eliminación de las reservas y tierras comunales. Por ejemplo, el Territorio Indio, que formó parte de Oklahoma cuando se incorporó como estado federado en 1907, convirtió a todos los nativos en ciudadanos estadounidenses. En este proceso existe un hecho fundamental: la Primera Guerra Mundial. Unos 12.000 indios sirvieron al ejército y otros miles lo apoyaron trabajando en industrias bélicas y haciendo de voluntarios en la Cruz Roja. Los indios participaron en las misiones de mayor riesgo, muriendo alrededor del 5% de los soldados, frente al 1% global. También se utilizaron miembros de los choctaws y cherokees para transmitir mensajes de radio en sus lenguas nativas y evitar que fueran interceptados, un mecanismo que se amplió durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la mayoría no eran reconocidos como ciudadanos norteamericanos, y muchas tierras indígenas pasaron a manos del gobierno durante la guerra para destinarlas a la ganadería y la agricultura.
Como reconocimiento a su contribución y sacrificio, en 1919 se concedía la ciudadanía a los veteranos. Y cinco años más tarde se aprobaba la Ley de ciudadanía india, del Congreso de Estados Unidos, promulgada el 2 de junio, que daba la ciudadanía estadounidense a todos los indígenas nacidos en los límites territoriales de EEUU. Esto afectaba a unos 125.000 indígenas, mientras que otros 125.000 ya habían accedido a la ciudadanía por otros medios. En comparación, la población total en EE.UU. era de entre 106 y 123 millones de personas.
La ciudadanía no debía solicitarse y no era necesario renunciar a la ciudadanía tribal, lo que permitía seguir viviendo en una reserva. El Congreso Nacional de los Indios Americanos (National Congress of American Indians, NCAI) una organización para la defensa de los derechos de los amerindios, explica que “este acto fue un hito complejo y poliédrico. Por un lado, supuso un paso adelante en el reconocimiento de los derechos de los nativos americanos. Por otro, formaba parte de una agenda más amplia de políticas de asimilación destinadas a integrar a los pueblos nativos en la sociedad americana, a menudo a costa de sus identidades culturales y su soberanía”. Ya en ese momento fue recibida con división de opiniones. Buena parte de las naciones la veían como algo positivo —una mejora en derechos— pero otros, como la nación onondaga, pensaban que podía socavar la soberanía tribal y se opusieron porque les forzaba a ser ciudadanos de EE.UU. En otras palabras, representaba la prevalencia definitiva de EE.UU.: el Estado establecido en un principio por los colonizadores sobre las naciones indias.
La profesora emérita de Ciencia Política Jean Schroedel, especializada en el derecho de voto de los nativos americanos, es de un parecer similar, y cree que “la Ley de ciudadanía india de 1924 fue a la vez un paso adelante y un paso hacia la asimilación”. Explica que en Estados Unidos existen habitualmente dos ciudadanías: la estatal y la federal, con diferentes derechos protegidos y, por ejemplo, en algunos estados el aborto está permitido y en otros, prohibido. “Lo que es diferente para los nativos americanos es que quienes son miembros de las naciones nativas reconocidas federalmente tienen una tercera ciudadanía, con derechos distintos a este estatus. Y es aún más complicado, porque más de la mitad de los estadounidenses que dicen ser nativos no son miembros de tribus reconocidas federalmente”.
Un camino largo hacia la igualdad de derechos civiles
La Ley de ciudadanía, a pesar de ser un adelanto, no otorgó automáticamente la misma protección de derechos civiles, puesto que había estados que imponían sus propias restricciones. Así, muchos no otorgaban el derecho de voto a los nativos, argumentando que no los consideraban sus ciudadanos porque residían en reservas bajo tutela federal. En 1938 todavía había siete estados que se negaban a concederles el derecho de voto, y no fue hasta 1948 cuando se extendió por todas partes, siendo Arizona y Nuevo México los últimos estados en permitirlo. Esto significa que, de los 25.000 amerindios que combatieron en la Segunda Guerra Mundial, parte aún no tenían garantizado el derecho de voto.
Las discriminaciones formales en el voto no terminaron hasta la década de los setenta. En 1965 se aprueba la Ley de derechos de voto, para acabar con las trabas de los estados con una ley federal. Se prohibía cualquier procedimiento o calificación para poder votar. Aunque se impulsó principalmente para acabar con la discriminación contra los afroamericanos de los estados sudistas, muchas de las leyes que eliminaban se habían empleado para suprimir el voto de otras minorías, incluidos los nativos americanos.
Pese a la igualdad legal, la profesora Schroedel destaca que nunca se ha revocado la sentencia del Tribunal Supremo de Elk v. Wlkins de 1884, que decía que los nativos no eran ciudadanos, basándose en la decimocuarta enmienda de la Constitución, que excluye explícitamente a “los indios que no paguen impuestos”. Esto significa que la concesión de la ciudadanía tiene actualmente como única base una ley del congreso, fácilmente revocable, y no una ley fundamental. «Lo que me gustaría ver es una clara inversión de Elk contra Wilkins», afirma Schroedel.
También existen todavía otras limitaciones evidentes respecto al voto. La participación de los nativos es todavía la menor entre las minorías y, de hecho, uno de cada tres no está ni registrado. En muchas reservas, deben recorrer muchos kilómetros para poder votar y con frecuencia los residentes tienen pocos recursos y no tienen acceso a vehículos.
¿Una igualdad real?
En el aspecto de la gestión de las reservas, el presidente Franklin Delano Roosevelt trató de acabar con las políticas asimilacionistas y restablecer la soberanía y el autogobierno de los nativos. La Ley de reorganización india, de 1934, llamada New Deal indio, devolvió a las naciones la gestión de sus activos -derechos de tierras y minerales- e incluyó partidas destinadas a crear una base económica para los residentes de las reservas. Sin embargo, no todos los gobiernos mantuvieron la misma política.
Mapa de las reservas nativas en EE.UU. Autor/a: National Atlas – USGS
El éxodo de las reservas se aceleró después de la Segunda Guerra Mundial y, de hecho, entre 1952 y 1972, los gobiernos federales promovieron una política llamada de «terminación». En ese período se rescindió el reconocimiento de 109 tribus como soberanas, aproximadamente 10.000 km2 de tierras perdieron el estatus que las protegía, se quiso acabar con los compromisos de ofrecer asistencia sanitaria y educación y se promovió que los nativos abandonaran las reservas y se extendieran por el país; todo ello facilitaba que perdieran la identidad y también significó un importante retroceso para la lengua y cultura de cada nación. Aún hoy, existe un número importante de nativos en ciudades como Los Ángeles o Cleveland.
Los retos actuales
El hecho de que aquella política principalmente se promoviera desde el Partido Republicano explica que los indios sean más favorables para con los demócratas, con un apoyo de cerca de dos tercios. Esa política no se abandonó hasta los años setenta. La Ley de autodeterminación india de 1975 y la Ley de asistencia a la educación cambiaron fundamentalmente el curso de la política de los pueblos nativos americanos y es la base del gobierno y soberanía tribales actuales.
Así, los gobiernos tribales tienen el poder de determinar las estructuras de gobierno y hacer cumplir las leyes con un departamento de policía y tribunales tribales. Establecen leyes civiles y penales, tienen competencia sobre impuestos y licencias y son responsables sobre la educación, la asistencia sanitaria, la protección del medio ambiente, la gestión de los recursos naturales y el desarrollo y mantenimiento de infraestructuras básicas como viviendas, carreteras , puentes o alcantarillado. En materia lingüística, hay cerca de 150 lenguas nativas que no provienen de una misma familia, sino que algunas no tienen relación entre sí. La mayoría tienen tradición principalmente oral y se encuentran en peligro de extinción.
Acto de reconocimiento a los hablantes de cherokee, 2023 Autor/a: Kituwah Preservation & Education Program
Unos 350.000 indios saben alguna de estas lenguas nativas, y la más hablada es sin duda la de los navajos, el diné, que es hablada por unas 170.000 personas. Sin embargo, también se encuentra en situación vulnerable y todavía arrastra una connotación negativa entre los propios indios, después de décadas de políticas de asimilación cultural, que prefieren priorizar el inglés. Esto provoca que exista una transmisión intergeneracional baja, que cada vez haya menos hablantes y que no queden hablantes monolingües jóvenes.
Sin embargo, se han extendido los cursos y se ha puesto de nuevo en valor el papel de la lengua. La nación navajo opera la escuela inmersiva Tséhootsooí Diné Bi’ólta’, en Arizona, y desde el año 2011 algunas guarderías (1) de Nuevo México. De hecho, encontramos que se ha creado un curso de este idioma en la aplicación Duolingo. La siguiente lengua nativa más hablada es el yupik, de Alaska, con casi 20.000 hablantes.
El Congreso Nacional de los Indios Americanos, sin embargo, resalta que la igualdad real es una lucha constante, que «las disparidades en salud, educación y desarrollo económico persisten» y que todavía hay mucho trabajo por aprobar legislación en este sentido. Sobre la aprobación de la Ley de ciudadanía, la organización de los nativos dice que la evaluación que se hace cien años más tarde es ambivalente, ya que “fue un paso crucial para reconocer a los nativos americanos como ciudadanos”, pero “ el acto en sí no resolvió los problemas muy arraigados de la desigualdad y la marginación. Es esencial seguir trabajando para hacer respetar a los tratados, apoyar la soberanía tribal y abordar los retos socioeconómicos a los que se enfrentan las comunidades nativas”.
Por su parte, la profesora Schroedel explica que todavía existen barreras importantes en el ámbito electoral, con el objetivo de que, aunque ya no se prohíbe el voto, se maniobra para que la voz de los nativos tenga un efecto mínimo. Schroedel pone como ejemplo una reserva del estado de Montana que se dividió en ocho distritos legislativos distintos para que el voto de los indios quedara totalmente diluido. En otro caso, explica que una tribu de Nevada debía recorrer 320 kilómetros para votar porque no había un colegio electoral más cerca.
Existen otras tendencias e indicadores preocupantes. Si, en 1970, el 38% de los indios vivían en zonas urbanas, en 2020 lo hacía ya el 60% y un 87% vivía fuera de las áreas tribales. De igual modo, los indios tienen una tasa de pobreza al doble de alta (24,1%) que la media de EEUU y una tasa de paro más alta (6,1%) que la media federal (3,7 %), que en zonas tribales aumenta hasta el 11,4%. Además, la esperanza de vida es de 65,2 años, igual que la de la población total en 1944, mientras que la del conjunto de la población estadounidense sube ahora hasta los 76,1 años.
Sin embargo, también hay datos que muestran una mejora. Si a finales del siglo XIX llegó a haber solo 250.000 indios, ahora hay más de tres millones y medio (según las declaraciones en el censo de 2020), y casi seis millones de personas dicen que son indias en combinación con otro grupo étnico.
Hay actualmente 574 naciones de nativos americanos y pueblos de Alaska reconocidos a nivel federal, cada una con una historia propia. No todas tienen una reserva: algunas tienen más de una y otras comparten. Las reservas ocupan 226.624 km2, el 2,3% del territorio estadounidense. El mayor porcentaje de nativos se encuentra en Alaska (21,9%), seguido de Oklahoma (16,0%), Nuevo México (12,4%), Dakota del Sur (11,1%), Montana (9 ,3%), Dakota del Norte (7,2%) y Arizona (6,3%).
En algunos estados, pueden marcar la diferencia en elecciones al Congreso o en las presidenciales, como en Arizona (300.000 personas), Wisconsin (55.000) o Carolina del Norte (120.000). Por naciones, la más grande es actualmente la navajo (399.567), seguida de la cherokee (292.555), choctaw (255.677), chippewa (214.026), sioux (207.684) y blackfeet (159.394)
Nationalia es el diario de las naciones y pueblos sin estado. Editado por el CIEMEN desde 2007, es una forma diferente de mirar al mundo y alejada de una visión hegemónica centrada en los estados como actores principales de la escena internacional.
(1) https://www.ccsdnm.org/BilingualandMulticulturalPrograms.aspx
