La opresión nacional se basa siempre en una estructura legal, militar y administrativa con el objetivo de retener un territorio en un Estado que no es el suyo y no alterar sus fronteras. Además de la legitimación de la fuerza legal y policial, se mantiene un proceso estable de expolio económico y una acción constante de desdibujo de la identidad nacional oprimida para asimilarla. Cuando esto se logra, ha triunfado la alienación nacional y, por ello, se ha borrado toda diferencia con el pueblo que tiene la titularidad del Estado y así ya nadie cuestiona su situación de dependencia.
Si el marco legal es una camisa de fuerza que dificulta que haya descosidos, la constitución española, interpretada por la justicia del propio Estado, pende constantemente sobre las aspiraciones catalanas en cualquier ámbito: el bienestar, la cultura y la calidad democrática. La supremacía de la nación, la cultura y la lengua española sobre la catalana se establece claramente, ya que sólo éstas aparecen en ella. Desde la fuerza legal se rechaza, modifica o desfigura cada proyecto de Estatut que llegue de los Països Catalans, entre los que está prohibido federarse. Y la desproporción numérica existente entre los parlamentarios españoles y los catalanes hace imposible cualquier cambio legal, sin una presión ciudadana tan determinante que no pueda desoirse más. La calidad de la democracia se estropea cada día ya que la herencia del franquismo tiene un número importante de beneficiarios en la sociedad española del siglo XXI, no sólo en el aparato estatal, sino en la mentalidad y el sistema de valores de una parte no pequeña de la ciudadanía: “a por ellos, oé”, “en español, que estamos en España”, etc.
Sólo el rechazo, el estorbo, la necesidad de persecución que les provoca la simple existencia de una lengua nacional distinta a la suya, ya constituiría un motivo suficientemente sólido para querer dejar de pertenecer a un Estado que nos maltrata legalmente. Si España puede emplear aquí su lengua en todas partes, pero nosotros no podemos hacer lo mismo allá con la nuestra allá, no es extraño que buena parte de las agresiones al uso del catalán y de las prácticas supremacistas tengan como protagonistas a funcionarios públicos, de paisano, con bata blanca, con toga o uniformados. En un Estado democrático de verdad, la fiscalía debería actuar de oficio, combatiendo estas prácticas coloniales. Y no es creíble que el gobierno español reclame en Europa lo que él niega en España. Otro de los instrumentos de agresión es negar la unidad de la lengua y dividir conscientemente el idioma, para que la fragmentación nos debilite: “En Formentera no hablais catalán, hablais formenterés”… La minorización del catalán es un hecho, la sustitución idiomática avanza sin cesar y se impone al español como idioma no sólo de prestigio, sino como lengua de la normalidad cotidiana: desde TV3 hasta los juzgados, desde el cuartel de la Guardia Civil a Catalunya Ràdio, del CAP de no sé dónde a la información por megafonía en un vagón cualquiera del servicio de Renfe. Su éxito se produce cuando la población autóctona lo admite, con resignación o con naturalidad, dado que quienes deberían fijar un modelo de uso de la lengua, desde las instituciones y sus instrumentos, no lo hacen. Si hay tertulianos que no hablan catalán y personajes en las series que tampoco, ¿por qué es de extrañar que no se use el catalán en cualquier otro ámbito?
Por último, la agresión económica contra el bienestar de la sociedad catalana es permanente y creciente: expolio fiscal estratosférico, incumplimiento estructural de inversiones presupuestarias, estructura radial de los transportes y las comunicaciones para conectar con Madrid y desconectarnos entre nosotros. Y, mientras, allá bajan impuestos y mantienen planes de empleo sin trabajar porque pagar y trabajar ya lo hacemos nosotros, mientras aquí los sectores sociales más desfavorecidos las pasan canutas, hay familias que no llegan a fin de mes, jóvenes sin trabajo ni futuro y gente mayor dependiente sin la atención que necesitan. Y una minoría de catalanes que hacen negocio con la dependencia nacional. ¿Cuándo nos daremos cuenta de que seguir pagando para que nos maltraten no es más que masoquismo nacional y seremos capaces de decir basta?
EL PUNT-AVUI
