¿ESTAMOS, realmente, en una nueva etapa política? Esta es una pregunta que recorre Euskal Herria. Con independencia de las ilusiones o desconfianzas que cada cual pueda tener en la nueva política de la izquierda abertzale, lo cierto es que ella ha reabierto el debate sobre las vías a la paz, a la democracia y al reconocimiento efectivo del derecho a decidir.
Entre las numerosas propuestas que hoy circulan, cabe referirse a la que acaba de lanzar Baketik: Propuesta de bases para enmarcar y promover de modo compartido un proceso de reconciliación, que se nos facilitó el pasado fin de semana en Arantzazu, en la mesa redonda ofrecida por Mario Zubiaga, Margarita Robles, Juan Pablo Fusi y Juan José Ibarretxe. Dicho documento está colgado en su web, por lo que sugiero a quien lea este artículo y se sienta interesado, que entre en ella para hacer las comprobaciones pertinentes.
Creo que en él hay ideas sugerentes, pero pienso que el concepto de reconciliación es más problemático de lo que nos sugiere Baketik en su documento, y que si no se puede llegar a esa situación idílica que nos describe, muchos de nosotros nos daríamos por satisfechos si del nuevo proceso político salimos con más democracia y con más derechos civiles de los que ahora tenemos.
Me llama la atención, sin embargo, que a los autores del documento se les haya escapado la importancia capital que ha tenido (y sigue teniendo) el alzamiento militar contra la República y los cuarenta años de dictadura posterior. En este terreno, relativizar sus efectos sociales y políticos y diluir las responsabilidades no es una ayuda en el camino de la reconciliación, sino un obstáculo que puede hacer descarrilar el proceso de paz que muchos quisiéramos abrir.
Por su propia naturaleza, una rebelión contra el orden democrático de un país y 40 años de dictadura posterior no pueden escamotearse del proceso como si de una anécdota se tratara, como si fuesen unos acontecimientos abiertos a interpretaciones; no pueden soslayarse para luego plantear que «En el caso vasco, el punto de partida podría situarse de un modo abierto y orientativo a principios de la década de los 60».Y no puede hacerse porque las ideologías nazis y fascistas del siglo XX, así como los regímenes dictatoriales que implantaron, fueron la negación a sangre y fuego de las libertades, de la democracia, y la perpetración de crímenes contra la humanidad, que no prescriben en el tiempo.
Por si lo anterior no fuera argumento suficiente, en nuestro caso, además, no se puede obviar ya que la lucha por las libertades durante la dictadura, incluida la de la libre autodeterminación de los pueblos, fue el impulso del que nació ETA. Este es un hecho incuestionable que no se debe olvidar por más críticos que seamos de la lucha armada realizada por ella desde el final del régimen franquista.
Y esto me lleva a señalar otro ángulo del poliedro. Todos sabemos cuál es la posición de la derecha española, extrema y no, respecto al franquismo y la dictadura: «Reparto de culpas entre ambos bandos» como máximo. También sabemos qué posición defienden los partidos españoles que negociaron la transición desde el bando antifranquista: «aquello ya pasó y hay que pasar página y ser generosos», aunque eso les lleve a bendecir la Ley de Amnistía de 1977 que consagraba la impunidad jurídica de todos los responsables políticos, jurídicos y militares de los crímenes, torturas, etc. del franquismo, permitiéndoles, además, seguir ejerciendo sus funciones y su poder, aunque con métodos diferentes. Pero ambos sectores tienen un problema: que ninguna de ambas posiciones satisface las ansias de verdad, de justicia y de reparación de muchos de los que lucharon contra el franquismo, ni de los familiares de los miles y miles de asesinados por él. Este clamor popular contra la impunidad franquista y por la recuperación de la memoria se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para ellos: para cada vez más personas no hay compartimentos estancos, no hay «borrón y cuenta nueva» a pesar de todos los esfuerzos que se han venido realizando desde los partidos de la transición para convencer a los pueblos del Estado de que «todo terminó… felizmente».
Ahora hay otra vertiente que me gustaría señalar ante la iniciativa de Baketik. Por mucho que ambas tendencias políticas lo silencien, cada una por sus motivaciones específicas, desde luego, es un hecho que una de las consecuencias de esa transición tan sui generis, la no depuración de los aparatos de la dictadura, nos sigue pasando factura treinta años después. Lo que internacionalmente es motivo de sonrojo democrático y mofa (el «bananerismo» de la política y de la clase política en este Estado: cierre de medios informativos, persecución y cárcel por motivos culturales, prohibición de partidos y encarcelamiento por motivos de conciencia y de expresión, tortura una y otra vez denunciada por organismos internacionales…), llega al paroxismo del ridículo con el encausamiento de un juez por pretender hurgar en la cloaca del régimen franquista; de un juez, además, que era miembro de un tribunal de excepción (Audiencia Nacional) y responsable directo de muchos de los atropellos sufridos por ciudadanos y ciudadanas vascas durante estos años. Y no digamos si tomamos como ejemplo el del torturador franquista Melitón Manzanas, muerto por ETA en 1968, condecorado por la democracia, mientras sus cientos de torturados no han conseguido aún que, por la misma democracia, sean declarados nulos sus juicios durante el franquismo.
Sabemos que a muchos les interesa que todo lo anterior sea «parte del pasado» para así hacer abstracción de las causas políticas del llamado «problema vasco» y circunscribirlo al terrorismo de ETA: si esta deja de matar, el problema se ha terminado. Esa lectura tergiversada de la historia, además de no explicar nada (y sin comprenderlo es imposible que se pueda solucionar el problema), cierra la vía a cualquier proceso de reconciliación y de construcción de una paz estable y duradera. Sin la recuperación de la memoria histórica, el cese de la impunidad de los franquistas y el tratamiento de las víctimas que generaron, al menos con el mismo interés y solicitud que se dedica a las otras víctimas, a las oficiales, no habrá justicia verdadera y sin ella, difícilmente habrá reconciliación. Así como sería difícil confiar en unos intentos de reconciliación sin una revisión autocrítica del activismo militar de ETA (política de socialización de las consecuencias del conflicto, atentados, muertes elegidas y colaterales…), también lo sería si se mantiene el intento de escamotear la guerra y la dictadura franquista como una de las causas fundamentales del problema y a las víctimas como uno de los deberes pendientes del Estado español y sus respectivas administraciones. No creo que Baketik deba caer en ese error en su intento de ser un facilitador real del proceso de reconciliación. Y espero que no lo haga porque van a hacer falta los esfuerzos de todas las personas amantes de la justicia y de la paz para avanzar con paso seguro hacia un futuro de libertad, justicia social y convivencia que todos deseamos.
* Sabin Arana Bilbao. Exmilitante de ETA
