Euskal Jai
Sarrera moduan Gaztetxe deitu izan arren horrelako gune bat gaztegune izateaz gain askoz ere gehiago dela esan nahi dut. Izan ere jende mota ezberdineko topagune izaten da eta hau oso aberatsa delakoan gaude gizarte kapitalistak pertsonen arteko zatiketa eta inkomunikazioa bultzatzen dituela kontutan hartuz.
Nafarroa berri baten aldeko lehenengo urratsak eman ziren Euskal Jai Gaztetxean. Kapitalismoaren aurkako baloreak hortxe lantzen ziren etengabe: elkartasuna, horizontalitatea, autojestioa, merkatuz gaindiko harremanak, ilusioz beteriko lan orduak, sexismoa eta lesbo-homofobia arbuiatzen zituzten jarrerak, kultur eskaintza independientea… Gure herriaren identitatearen ezaugarriak diren auzolanak eta batzarrak etengabe burutzen ziren Euskal Jai gaztetxean.
Eta joan den udan Euskal Jai plazaren eraikuntza eta plazaren atearen irekiera aurrerapauso politiko itzelak izan ziren. Euskal jai plazak publikoa izan behar zuen baina ez publiko-instituzionala, normalean ulertzen den bezala, baizik eta publikoa jendearen esku, hauxe da, auzokideek kudeatuta. Udaletxeak oso ongi ulertu zuen hasieratik ekintza honek izan zezakeen potentzial iraultzailea, eta Abuztuaren 16an polizia sartu zen Okupek Auzokidei Euskal Jai plazaren giltza eman behar zieten egunean hain zuzen ere urrats erabakior hori galerazteko.
Gertakizun honekin eztabaida berri bat zabaldu da eta bere oinarrian aurrerakoi eta herrikoi den eredu politiko bat antzematen da. Euskal Jai Gaztetxearen okupazioa bere identitatea gordeko duen Nafarroa berri baten lehenengo harria izan zela esatera ausartzen gara.
AUTOGESTION Y AUTODETERMINACIÓN
El significado político y el potencial revolucionario de un Gaztetxe son enormes y van mucho más allá de ser un lugar en el que unas personas pasan su tiempo libre en su transición a la madurez. Las autoridades «competentes» son bien conscientes de esto y es por ello por lo que se dedican a tirar casas ocupadas a diestro y siniestro para que junto con el espacio físico desaparezcan también de la faz de la tierra todo rastro de las actuaciones que tenían lugar dentro del recinto ocupado.
Desde la más tierna infancia se nos induce a evitar la toma de decisiones sobre los asuntos directamente relacionados con nuestras vidas. Siempre hay alguien mayor que piensa, decide y muchas veces actúa por nosotras y nosotros. De este modo, en lugar de aprender a ejercer nuestra responsabilidad nos acostumbramos a eludirla.
Cuando cumplimos los dieciocho años, adquirimos el derecho de votar para elegir a unos representantes políticos, que en el momento que se hagan con un número de votos estipulado, van a tener el poder de representarnos en las instituciones. A partir de entonces esas personas pensarán, decidirán y actuarán por nosotras y nosotros quienes habremos delegado en ellas el ejercicio de la gestión de nuestras vidas. A esto se le denomina la democracia representativa.
Vemos así que a pesar de ir acumulando años seguimos toda nuestra vida sumidas y sumidos en la más tierna infancia a nivel político. El engranaje de la delegación política prohíbe a las personas opinar, debatir, decidir y votar sobre cosas concretas aunque éstas tengan una incidencia directa en su día a día y en el futuro de su comunidad o pueblo. Los y las representantes elegidos por la gente harán y desharán, y durante el tiempo que dure su mandato no habrá ningún mecanismo legal que permita evaluar la actuación de las personas que ocupan los cargos políticos, tanto a nivel municipal, como comarcal y estatal. Por lo tanto, aunque la persona ocupando la poltrona no cumpla sus promesas electorales o realice algo demencial que no había anunciado previamente la gente que le ha votado no podrá destituirla hasta que hayan pasado cuatro años.
La cuestión relevante por lo tanto no es quién esté en el poder, ni si los políticos son buenos o malos. El procedimiento en sí convierte a toda aquella persona elegida en déspota potencial, el proceso político es virtualmente despótico y el sujeto individual y colectivo se ve anulado en medio de un despotismo ilustrado del tipo de «todo para el pueblo pero sin el pueblo». En este contexto las mayorías mandan, las minorías se vuelven invisibles y el ejercicio del poder popular es una quimera.
Las instituciones administran el erario público, es decir, el dinero pagado como impuestos por las y los contribuyentes. Las personas dejan de tener control sobre ese dinero una vez que esté en manos de la clase política. Las administraciones municipal y autonómica son regidas por el estado centralista y de éste llegarán dictadas las pautas de actuación en asuntos tan relevantes como los presupuestos. Por lo tanto son los ayuntamientos como el de Iruñea los encargados de administrar el poder totalitario y los intereses del estado a nivel municipal quedando su autonomía así anulada. De este modo el dinero, los bienes y los inmuebles en manos del ayuntamiento no son en realidad públicos, es decir de todas y todos como debiera de ser, sino que son usurpados en última instancia por la administración estatal a través del consistorio municipal. En este contexto el pueblo se ve desprovisto de lo que es y ha sido siempre suyo, el comunal, y el uso de lo «público» es decir de lo que pertenece desde tiempos inmemoriales va a ser restringido a conveniencia de la administración y su acceso dificultado por una alienante burocracia que convierte a las personas a uno y otro lado de la ventanilla en piezas de un engranaje obsoleto y kafkiano.
Todo esto ni qué decir tiene que se agrava preocupantemente con las privatizaciones.
Frente a todo lo anterior, el funcionamiento de un centro social autogestionado sí permite el ejercicio del poder popular. Cualquier persona puede formar parte de la asamblea que a través del debate y el contraste de diferentes opiniones llegará a un consenso respecto a la cuestión a decidir. Cada persona se representa a sí misma y nadie delega en nadie. Las y los individuos son parte de un colectivo guiado por el respeto y la ayuda mutua y la consecución del bien común se antepone a los intereses individuales. La autogestión es asimismo la pauta constante en el ámbito económico con lo que la dependencia en las instituciones es nula. Por consiguiente ningún gobierno podrá condicionar ninguna actuación del citado colectivo a cambio de subvenciones.
En un Gaztetxe la independencia se ejerce a diario. El grupo que lo constituye prescinde de jerarquías y autoritarismo y es eficaz demostrando que el colectivo trasciende numéricamente al colectivo familiar que es el único reconocido socialmente por las instituciones. Las personas ejercen asimismo la autodeterminación personal, sexual y social y, acertando unas veces y equivocándose otras, van constituyéndose en sujetos maduros de pleno derecho que han recuperado las riendas de sus vidas.
Vemos así que este ejercicio de democracia directa es imposible en los espacios que las instituciones brindan a jóvenes y mayores ya sean públicos o privados. Por ello la ocupación se convierte en imprescindible para la creación del colectivo social que rete osadamente al poder institucional. Participando y o apoyando la gestión de un Gaztetxe estamos enfrentándonos al poder municipal y por lo tanto estatal, mientras nos vamos constituyendo como pueblo.
Son además infinitas las posibilidades que la democracia directa ofrece más allá de las paredes de un Gaztetxe. Cooperativas autogestionadas por productoras y consumidores produciendo para las necesidades del pueblo y no de la oligarquía, empresas populares y solidarias sin ánimo de lucro, escuelas populares y antiautoritarias basadas en nuestra cultura y en nuestra lengua y cosmovisión son sólo algunos ejemplos del increíble potencial que nos brindaría el trascender de las paredes de un Gaztetxe y el extender su política a otros ámbitos de nuestras vidas.
Porque la autogestión no la han inventado los ni las ocupas. Este ha sido el modo de funcionamiento que ha permitido a comunidades y pueblos como el nuestro sobrevivir a lo largo de los siglos. La recuperación por lo tanto en nuestros barrios calles y pueblos de instrumentos liberadores como el auzolan, los batzarres, el comunal y la colectividad serían así la garantía de la derrota definitiva del estado y por lo tanto de la supervivencia de Euskal Herria otros miles de años.
