EN setiembre de 1937, los prisioneros vascos fuimos juzgados por los militares de Franco en el penal del Dueso, en consejos sumarísimos de urgencia. Los condenados a muerte fueron traídos en barco a Bilbao, a la cárcel de Larrinaga. Los conmutados por reclusión perpetua fueron trasladados a Burgos, Canarias y otros destinos.
La Gaceta del Norte de Bilbao del 2 de diciembre de 1937, en una nota titulada «Sentencias cumplidas», relacionaba una larga lista de ejecutados, unos a garrote vil en Larrinaga y otros fusilados en Derio, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Igualmente, el Departamento de Servicios Funerarios Municipales de Bilbao detalla la misma lista, nominal, especificando la causa de la muerte: ejecutados y fusilados y todos ellos «enterrados en Vista Alegre, Derio». Son 147 víctimas. Estos datos son fidedignos de los hechos documentados anteriormente: «La verdad».
A requerimiento de los padres del fusilado José María Azkarraga Mozo, obtuve una Certificación Literal de Inscripción en Defunción. Al leerla se me abrieron los ojos, pues dice: «De profesión (no consta). Falleció en (no consta). Enterrado (no consta)». Y sigue: «Esta inscripción se practica en virtud de comunicación recibida de la Auditoria de la Sexta región Militar».
Con dicho documento en mi poder, el 12 de agosto de 1996 solicité al juez encargado del Registro Civil de Bilbao comprobar, personalmente, la inscripción de cada uno de los ejecutados en los Libros de Defunción. Tras recibir la autorización, accedí a los archivos durante muchos días, en los cuales relacioné nombres y apellidos, número de tomo o libro y la página en que consta la inscripción de defunción de cada uno de los 147 ejecutados. Y aquí está la mentira oficial.
En todos los casos, tanto en la causa de la muerte como en el lugar de enterramiento, aparece una raya, y la inscripción se practica en virtud de comunicación recibida de la Auditoría de la Sexta Región Militar o de la Auditoría del Ejército de ocupación de Santander.
Mi decepción fue inmensa al no conseguir la rectificación oficial de la causa de la muerte de mis compañeros, mientras que la Orden de 29 de abril de 1940 disponía que en las ejecuciones dictadas por las autoridades marxistas se hiciera constar la circunstancia: «Muerto gloriosamente por Dios y por España».
Años más tarde, el Acuerdo expedido en Bilbao el 20 de junio de 2005 como consecuencia de una expediente tramitado en el Registro Civil de Bilbao, en su extenso desarrollo de 7 folios, explica la razón de omitir la causa de la muerte y el lugar de enterramiento en virtud de la Ley de Registro Civil de julio de 1870, que regula las defunciones en vigor hasta la Ley de Registro Civil del 8 de junio de 1957.
Así pues, ruego a los diputados en el Congreso de Madrid que traten de derogar la Ley de julio de 1870, por razones obvias, y hago un llamamiento a ver si algún valiente y decidido retoma e insiste en el tema, pues con mi fracaso y mis noventa y tres años no tengo imaginación para proseguir en su defensa.
* José Mª Otsoa de Txintxetru. Lehendakari de Eusko Gudarostea
