2007ko maiatzaren 27an lorpen zoragarria lortu duten ekintzaileei,
Edurneri bereziki
SARRERA GISA
Lantxo hau 1986an prestatu nuen, ANVko jendeari emateko. Nire esku ez zeuden zenbait arazo zirela eta, lana konputagailuan geratu zen.
Gaur, 2007ko maiatzaren 28an, ohar bi, eskaintza eta sarreratxo hau gehitu ditut.
Montrealetik etorrita, Samuel Bowles-en lanez bustita egonda, erabat harrituta geratu nintzen, 1986an, ANV-EAEkoen ekarpenak irakurri nituenean.
ANV-EAEk beste sozialismo mota bat posiblea zela erakutsi ziguten 1936an.
Harridura hura, beste modu batez, beste baldintza desberdinetan, berpiztu da 2007ko maiatzaren 27an.
Ad Majorem Vasconum Libertatem
Joseba Felix Tobar-Arbulu, Donejurgi
INDICE
EL DOBLE DERECHO DE AUTODETERMINACION
1. Introducción
2. Ilustración y Romanticismo
3. Nacionalismo liberal
4. El problema vasco
5. A modo de conclusión abierta
HACIA UNA ECONOMIA DEMOCRATICA
(a) Economía post-marxista y la especificidad del trabajo
(b) Introducción a la economía radical
(c) Democracia liberal, capitalismo y estado del bienestar
(d) Economía democrática
(e) Declaración de derechos económicos
BIBLIOGRAFÍA
Eranskina (2010)
EL DOBLE DERECHO DE AUTODETERMINACION
1. Introducción
Los pueblos, las naciones, o los grupos nacionales evolucionan a lo largo de procesos históricos en los que el conocimiento de su particular nacionalidad juega un importante papel. Mucho ha sido escrito acerca de los movimientos nacionales en general y del movimiento nacionalista vasco en particular. El propósito de este ensayo es el de proporcionar una nueva visión en la reconstrucción socio-política de nuestro pueblo desde una perspectiva doble, individual y nacional.
Hay, en nuestra opinión, una diferencia fundamental entre la filosofía chauvinista romántica ligada al nacimiento de la nación-estado y una filosofía liberal como síntesis de los movimientos liberal y romántico. Tal diferencia es más necesaria hoy que nunca debido a la pretendida posición que niega la posibilidad de una acción política a la vez nacionalista, liberal y progresista.
La actual estructura de los estados occidentales es la de nación-estado. No hay sin embargo mucha literatura y trabajo de investigación en los países occidentales acerca de la diferencia entre nación y nación-estado. Las discusiones referentes a la nación suenan a chauvinismo romántico, ya que el liberalismo nacionalista ha tenido como competidor tal chauvinismo.
Euskadi, el nombre político de la vieja Euskal Herria, nació de un sueño –el sueño de la libertad nacional construida sobre su histórica tierra. Este sueño se convirtió en algún estadio de nuestra historia en un plan en el que emergió la posibilidad de la independencia vasca de los estados español y francés. Hay por ello necesidad tanto de dar constancia de tal hecho, como de una adecuación del proyecto de reconstrucción nacional vasca a las coordenadas político-sociales de finales del siglo XX y comienzos del XXI.
Compartimos, con otros muchos, el deseo de ver a Euskal Herria como una sociedad ilustrada moderna. Asimismo, compartimos la creencia de que Euskal Herria debe tener la misma capacidad política, cultural, económica y social de decidir sobre su destino nacional como lo tiene cualquier nación moderna. Creemos que la presente situación de anormalidad y recorte de capacidad decisoria es una de las razones de la violencia que sufre nuestro pueblo.
Par poner las cosas en su sitio, y acallar las voces de un cierto liberalismo de nuevo cuño que niega que un liberalismo nacional vasco pueda ser no solo posible sino racional y progresista, vamos a presentar, en forma sucinta, las líneas de pensamiento generales de los dos movimientos que han estado disputándose históricamente la fundamentación del estado: el movimiento liberal y el romántico. Vamos a intentar presentar los puntos débiles de ambos movimientos y explicar, como salida, el movimiento liberal nacionalista. Una presentación de las ideas que han servido como fundamento a la filosofía política de los estados y naciones-estado, en contra distinción con el nacionalismo democrático liberal, puede permitir el ver la historia de Euskal Herria bajo una nueva perspectiva que, entre otras muchas cosas, evite confundir ciudadanía con nacionalidad.
La idea de este ensayo es muy simple: Euskal Herria debe ser considerada como una nación moderna. El propósito es el de presentar un marco nacionalista vasco libre de todo chauvinismo romántico. Solo una vez se hayan deslindado claramente estos dos campos, el liberal nacionalista y el chauvinista nacionalista, estaremos en condiciones de llevar a la práctica un programa de reconstrucción nacional del País Vasco. Es nuestra tesis que una solución nacionalista vasca, democrática, racional y progresista es posible. Una solución que es a la vez nacionalista y liberal políticamente hablando.
2. Ilustración y Romanticismo
La dificultad en el reconocimiento legal de una nación vasca tiene sus raíces en el hecho de que históricamente el problema nacional ha sido discutido de una forma distorsionada, al menos entre las naciones europeas. La distorsión comienza con la negación de los pensadores políticos liberales occidentales a reconocer la nación como un hecho político. Esta distorsión ha sido compartida tanto por los pensadores liberales de comienzos de los tiempos modernos como por los más cercanos a nuestros días. La batalla liberal contra toda discriminación ignoró el problema de la nación. Los liberales preguntaron por el derecho individual de una persona a gobernar a otra.
La negativa a considerar el problema de la nación entre los miembros de la Ilustración pronto trajo una nueva distorsión en el sentido contrario por los miembros del movimiento romántico o Romanticismo. El movimiento romántico se vio a sí mismo como un movimiento nacional. (Tal movimiento buscó la libertad nacional, no la del individuo.) Tal movimiento fue antiliberal y chauvinista porque puso énfasis en el significado del colectivo como un todo, desvalorando al individuo.
Para presentar los principios de la filosofía nacionalista liberal defendida en este trabajo es preciso aclarar, desde ya, que tales principios se basan en el principio de autodeterminación individual (con raíces en el movimiento liberal) y en el principio de autodeterminación de los pueblos (con raíces en el movimiento romántico.). Tal filosofía nacionalista liberal es una continuación de las ideas de la Ilustración pero con el reconocimiento de la existencia de pueblos y naciones con derechos colectivos.
Durante la Ilustración la razón fue vista como la vía que posibilita al hombre el encontrar su lugar en el mundo. La moralidad de la Ilustración está basada en una ética individualista, ya que para tal movimiento el intelecto descansa en el individuo y es lo más importante que posee el ser humano. De igual forma, la teoría política y social de la Ilustración es individualista: el individuo, la persona humana es el centro. La Ilustración, tras valorar al individuo como centro, considera al estado como colección o suma de individuos. Asimismo, su valoración de la razón, conlleva la definición de la sociedad o estado ideal como aquella en el que su guía es la razón.
Lo que fue común a todos los miembros de la Ilustración fue su actitud acerca de la razón como guía en todas las áreas de la vida. Las ideas de libertad y fraternidad fueron junto con la de igualdad las que empujaron el desarrollo de la ciencia en Francia en el siglo XVIII. Las ideas de la Ilustración incluía la idea de la libertad individual y de los derechos del hombre. Sin embargo, entre los puntos débiles de la filosofía ilustrada se encuentra la ausencia del reconocimiento de los derechos nacionales.
Dado que, de acuerdo con la Ilustración, una sociedad ideal está basada en la razón y ésta a su vez se basa en la persona individual, la única responsabilidad es la de la persona concreta. La responsabilidad del individuo es para consigo mismo y para con otros individuos. La responsabilidad pública está reconocida al ver al público como una suma de individuos.
El Romanticismo, por su parte, fue la reacción a las ideas de la Ilustración. El individuo no existe sino como ejemplo de la sociedad en la que crece. Mientras el individuo de la Ilustración carecía de pasado histórico, sin raíces, aislado y nunca considerado como una animal social, para el movimiento romántico la sociedad es algo dado, y el individuo es el producto de tal sociedad. Según la Ilustración el conjunto o colección de individuos crea la sociedad. Para el Romanticismo la sociedad crea al individuo a su propia imagen y ésta es la fuente del llamado carácter nacional. Según esta filosofía colectivista, el colectivo es antes que el individuo. La ética colectivista, por su parte, despoja al individuo de responsabilidad individual, y aun los líderes políticos no tienen responsabilidad moral excepto como representantes del colectivo, cuyos intereses sirven.
El movimiento de la Ilustración fue idealista, intentando ver a todos los humanos como iguales, y tratando de crear una filosofía política sobre la base del principio de la libertad humana individual. Fue seguido por el Romanticismo que consideraba al hombre concreto como no educado y por consiguiente no capaz de autocontrol –por tanto falto de autonomía, de ahí su carácter chauvinista y antiliberal. Es decir, el movimiento romántico considera a la persona como no merecedor de libertad, de aquí su carácter reaccionario. Según su filosofía, la nación precede al individuo quien no es sino un miembro de la globalidad.
La libertad individual y la libertad nacional se convirtieron en competidores y mutuamente excluyentes. La preocupación ilustrada por el gobierno fue compartida por el movimiento romántico pero bajo la idea de que sociedad y estado eran una y la misma entidad. Dado que para el movimiento romántico la sociedad precede al individuo, el estado –que para ellos coincide con la sociedad– precede también al individuo. De esta forma, y de manera un tanto vaga y confusa aparece la idea de autodeterminación nacional. Los partidarios del Romanticismo mantenían que únicamente una sociedad cristalizada, con raíces en el pasado y una cierta tradición tenía el derecho de ser llamada nación y ser considerada como una entidad nacional y por tato poseer el derecho de autodeterminación y de independencia política nacional.
De acuerdo con la Ilustración, sin embargo, cualquier grupo humano tiene el derecho de convertirse en sociedad, aun cuando en la tal solo se reconoce el derecho de libertad individual de cada persona.
La filosofía romántica considera, por su parte, que la pregunta más importante es la que cuestiona lo que hace que una colección de humanos sea una nación. Ya que la nación –y no el individuo– tiene el derecho a la libertad, a la independencia. La contestación a la pregunta sobre las cualidades que debe poseer un cierto grupo humano para convertirse en nación es, según el Romanticismo, la de poseer una tradición nacional. Esto incluye una lengua nacional, una cultura popular y la capacidad de convertirse en un estado independiente.
La confusión que nace con el movimiento romántico persiste en nuestros días, donde nación es, para muchos, sinónimo de estado. Innumerables ‘historias’ han sido escritas, por unos y otros, para probar la tradición nacional, o no, de la nación en cuestión. Se han inventado batallas, se ha trastocado aquí y allá para probar que bajo los parámetros del movimiento romántico la nación X es una nación, o el grupo Y no lo es –y por consiguiente no puede gozar del derecho de autodeterminación nacional.
Y con todo la pregunta, ¿qué es una nación?, permanece tan poco estudiada como la pregunta ¿qué es lo que debe ser preservado en lo que une como nación? Estas, y similares preguntas están todavía abiertas o han sido abandonadas porque el movimiento nacionalista no ha recibido una expresión propia y la que recibió lo fue por parte y a través del movimiento antiliberal y chauvinista romántico.
Por otra parte, la cuestión de la legitimidad de un gobierno es conocida como el problema de la soberanía. Los pensadores ilustrados de los siglos XVII y XVIII consideraron que la soberanía es una consecuencia de la hipótesis fundamental de que cada individuo debe ser autónomo. Tal hipótesis fue negada, como se ha dicho, por los pensadores románticos, lo que les hizo reaccionarios y antiliberales. Para los románticos es la colectividad la soberana: el individuo no es, ni es deseable que sea libre de las limitaciones de la sociedad en que vive, dado que si lo fuera perdería el contacto con su ambiente volviéndose alienado y extraño para con su propia gente.
Sin embargo, la pregunta romántica ¿qué es una nación? no es la raíz de la nacionalidad ni de los movimientos nacionalistas. Pero tuvo su importancia entre los profesores de filosofía alemanes en el periodo temprano de la reacción romántica, identificando los movimientos nacionalistas con la ideología colectivista y antiliberal de la reacción, a la vez que caracterizaron toda nación con esta ideología reaccionaria. Esta caracterización de una nación como un colectivo hostil al liberalismo es importante, no solo históricamente, pues llega hasta nuestros días con uno u otro ropaje. Hoy por ejemplo hay pensadores individualistas, seguidores del espíritu de la Ilustración, que se oponen a los movimientos nacionalistas por su antiliberalismo y por su ideología colectivista opuesta a la autonomía del individuo. Tal posición no es sino una derivada de una falsa concepción del movimiento nacionalista, aquella que lo confunde con un movimiento romántico, chauvinista, antiliberal, irracional y retrógrado.
El movimiento de la Ilustración despreció la historia humana. Vio en ella un comienzo truncado, una colección de hechos acerca de diferentes tiranos que pertenecían a diferentes tradiciones locales y que impusieron a sus súbditos sus prejuicios. El verdadero comienzo de la historia fue visto como la aceptación de la norma de la razón sobre el pensamiento, con el desarrollo de las ciencias en todas las áreas sociales y políticas de la vida, y el desarrollo de una sociedad racional entre ellas.
El movimiento romántico vio en la historia la ciencia humana más importante y esencial dado que, contrariamente a las leyes de las ciencias naturales, las leyes de las ciencias sociales están limitadas por las condiciones históricas y presuponen, según ellos, la existencia de una sociedad organizada.
3. Nacionalismo liberal
Contrariamente al movimiento chauvinista romántico, se puede mantener hoy en día que la autonomía es posible tanto para el individuo como para el colectivo nacional. El nacionalismo, tal como se entiende en este trabajo, y la autonomía individual no están reñidos, menos aún en conflicto.
El hecho de que hoy en día no exista un estado independiente vasco no es sino un accidente histórico, un accidente forzado, por supuesto. ¿Qué hace, desde la perspectiva nacional, que España y Francia sean naciones y que Euskal Herria no lo sea? Desde la perspectiva romántica no hay respuesta en contra del País Vasco, a menos que se ejerza el derecho de autodeterminación nacional y este nuestro pueblo diga no a su independencia política. Desde el punto de vista del liberalismo ilustrado, la nación como tal no existe sino como una suma de individuos. Por otra parte, es imposible negar la existencia del pueblo vasco, de Euskal Herria, históricamente, aun cuando alguien pudiera alegar que Euskal Herria no es una nación, sino solamente un cierto grupo caracterizado por algunas propiedades pero no aquellas que corresponden a las de nación.
Para salir de este círculo vicioso en el que se define como nación a la nación-estado ya constituida en estado, para romper esa falsa dicotomía entre movimiento liberal y nacionalismo retrógrado es necesario que Euskadi, como ente político, ejerza su derecho de autodeterminación nacional. Toda otra solución no es sino una imposición política desde posiciones antiliberales en el nombre de un liberalismo demodé.
El desarrollo de una teoría moderna de democracia política liberal prueba que es posible, y necesario, el desarrollo de una teoría democrática nacionalista y liberal, a la vez racional y progresista, en contra tanto del liberalismo de la Ilustración como del nacionalismo chauvinista del Romanticismo. Nacionalismo no es sinónimo de chauvinismo antiliberal, dado que el nacionalismo puede ser liberal (1), mientras que el chauvinismo es por definición antiliberal.
Las importantes diferencias entre nacionalismo liberal y chauvinista permiten mirar el fenómeno de la nación y considerarlo desde el punto de vista liberal. Tal permite el discutir la existencia de naciones y de objetivos nacionales, tanto en forma reaccionaria como liberal. Lo que las distingue es tanto el liberalismo, o su ausencia, como la disposición a reconocer objetivos nacionales y aceptar de forma incondicional su legitimidad. El no aceptarlo es simplemente reaccionario, antiprogresista, antiliberal e irracional.
Resumiendo, en la fundamentación de la filosofía política clásica, el problema de la soberanía o la cuestión de la legitimidad del gobierno fue contestada de dos formas diferentes. Para la Ilustración el individuo es libre porque es gobernado voluntariamente y en su propio interés. Para el Romanticismo la sociedad nacional se gobierna a sí misma en virtud de ser una nación.
Cualquiera que quiera analizar el fenómeno de los movimientos nacionalistas debe aceptar el hecho de la existencia de sentimientos nacionales, y el supuesto de que hay factores que ayudan a su desarrollo, incluyendo el deseo de libertad nacional, así como el hecho de que las naciones existen y de que algunos grupos de individuos evolucionan y se convierten en naciones. Se debe poner énfasis en el hecho de que mientras el movimiento romántico ve la existencia de la nación como un hecho consumado –que justifica su derecho de autodeterminación–, el movimiento nacionalista liberal considera a la nación como una entidad dinámica a la que se puede ayudar a desarrollar y cuyo desarrollo es deseable para que permita su progreso, su liberación y la de sus miembros (2).
A pesar de todas las discusiones sobre el principio de autodeterminación, tal principio no ha recibido una apropiada formulación dentro de la filosofía liberal (3). De hecho las dos formulaciones históricas se anulan mutuamente. De acuerdo a la formulación ilustrada liberal cada colección humana puede declararse como nación, por lo que el formar parte o no de una nación es una cuestión administrativa. Esta visión liberal ilustrada no da ningún contenido a la nación, aparte del mero encuadre administrativo con el único objeto de una conveniencia gubernamental. La formulación chauvinista romántica, por su parte, requiere un contenido nacional, y que tal sea fijado a priori. Según esta visión, tal contenido nacional tiene una serie de características claramente definidas. De hecho, sin embargo, tales características no son nada claras para los propios pensadores románticos y aún hoy en día se debate acerca de la lista de factores que son requeridos para definir una nación como tal.
El hecho importante, sin embargo, es la existencia de naciones, el reconocimiento de tal existencia con o sin definición sobre las mismas. Además si una nación no existe, uno puede preguntarse por el deseo o no de que exista como tal nación, a la vez que por el proceso que puede acelerar la formación de la misma. El principio de autodeterminación puede, desde este punto de vista de naciones en formación, ser visto de forma diferente a aquellas de las dos corrientes tradicionales. Podemos mirar a la autodeterminación como la culminación de un proceso de cristalización nacional. Debemos, por otra parte, admitir que tal proceso no está perfectamente delineado, que tal culminación no es completa y para siempre, e incluso que todavía desconocemos cuáles son los factores que producen este proceso de formación nacional, o cuáles entre esos factores son los más importantes, los más significativos en tal formación. Cualquiera que acepte el principio de autodeterminación nacional debe, por tanto, clarificar como el principio de unidad nacional y el principio de autodeterminación se complementan y limitan mutuamente. Igualmente se debe admitir que el movimiento ilustrado erró al considerar el proceso de asociación o pertenencia a una nación como un proceso meramente administrativo. De igual forma se debe admitir que el movimiento romántico erró al considerar la pertenencia a una nación como algo dado e inalterable.
El principio de autodeterminación nacional tiene que ser reformulado como el principio de autodeterminación tanto de la persona individual como de la nación, de forma que la pertenencia de un individuo a una nación sea un derecho, y el hecho de ser consciente de la pertenencia a una determinada nación no ponga en duda el talante liberal, democrático, progresista y racional de la persona en cuestión, con el objeto de que la tal autodeterminación permita tanto la libertad de la nación como un todo como la libertad del individuo miembro de tal nación.
Hoy en día es posible reformular tal principio de autodeterminación de forma liberal, sin chauvinismos románticos. Podemos declarar el derecho de autodeterminación tanto de las naciones como de los individuos. De esta forma no hay necesidad de discutir la pregunta romántica de qué colección de personas es una nación como a priori o, cosa de principio, sino tener en cuenta el deseo de este o aquel grupo de personas de ser identificadas como nación.
4. El problema vasco
El movimiento romántico ha sido, recordémoslo, la casi única ideología oficial del movimiento nacionalista, abogando no por un nacionalismo liberal sino por un nacionalismo chauvinista antiliberal que fomentó la xenofobia, es decir el odio a extraños y a los diferentes por el mero hecho de ser diferentes.
El comienzo de la identidad vasca nacional careció de una dimensión teórica, fue pobre en ideas, y nada original. Es decir, el movimiento nacionalista vasco recibió las pocas ideas que tuvo de las corrientes europeas de pensamiento de aquel entonces. Además al recibir ideas de las dos corrientes adversas, la Ilustración y el Romanticismo, la confusión intelectual creada ha llegado hasta nuestros días. (La excepción dentro del campo nacionalista vasco ocurre en los años treinta (1), (2), (3).)
El trabajo presente no trata de la historia de tal confusión. Por el contrario, se proponen transcenderla, tomando lo mejor y más valioso de ambas corrientes en el sentido dinámico que se ha mencionado anteriormente. Sin embargo, hemos de intentar clarificar algunas ideas.
La idea central del movimiento nacionalista vasco es la idea general nacionalista del siglo XIX en Europa, es decir, la de la filosofía chauvinista romántica que trata a las naciones como entes existentes que justifican la existencia de estados soberanos o la existencia de movimientos de liberación nacional con objetivos de formación de estados soberanos. Algunos pensadores vascos confundieron religión, cultura, sociedad y estado influenciados por los pensadores románticos, con muy poco peso teórico. La contradicción interna –que es común a todos estos movimientos nacionalistas– es la siguiente: por una parte la nación existe, con todas sus ‘características’, y por la otra, hay que reconocer y darle esas ‘características’ para justificar sus aspiraciones de soberanía.
Es fácil distinguir nación de estado, ya que el estado –no la nación- es definible legalmente de forma precisa y concreta. Además el estado es, o puede ser, un instrumento en manos de una o varias naciones. Igualmente la ciudadanía es asimismo una característica bien definida en una sociedad moderna, haciendo referencia a las leyes del estado y al usufructo de sus servicios. Ciudadanía y nacionalidad no tienen por qué coincidir. Únicamente en estados uninacionales coinciden.
En nuestra opinión, la liberación de la persona vasca es un principio fundamental de auto-emancipación, que incluye tanto el derecho de autodeterminación nacional del individuo como el del colectivo. De acuerdo con este principio, se requiere que toda persona vasca de la llamada ‘Comunidad Autónoma Vasca», de Navarra, o de la mitad occidental del departamento de los Pirineos Atlánticos franceses, sea considerada de nacionalidad vasca, independientemente del estado al que pertenezca, es decir de la ciudadanía que posea. Asimismo, tal principio admite la posibilidad de la formación de un estado vasco independiente en la región en que Euskal Herria, como pueblo, aparece históricamente.
Un nuevo mito chauvinista ha sido desarrollado con respecto a Euskal Herria: el que niega la existencia de la nación vasca, y ve las distintas ‘comunidades vascas’ (la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra, y las tres provincias vascos del departamento de los Pirineos Atlánticos) como pertenecientes no a una misma nación sino a un cierto pueblo ‘vasco’, ‘navarro’ y ‘vasco francés’. El individuo vasco está considerado, en el mejor de los casos de este nuevo chauvinismo, como miembro del ‘pueblo vasco’, un pueblo que hoy en día carece de entidad política nacional legal como tal. La separación entre ciudadanía y nacionalidad, el reconocimiento legal de la nación vasca es una condición necesaria para empezar a hacer las cosas como es debido. En este sentido, el vasco no es hoy un ciudadano de pleno derecho, ya que su nación no está reconocida en los estados español y francés. La minoría nacional vasca de los estados español y francés carece de un status nacional propio. En su lugar se le ha impuesto una ciudadanía, la española o francesa, discriminándoles, ya que no poseen los mismos derechos democráticos según las inconsistentes leyes de los estados jacobinos español y francés.
Los ciudadanos de nacionalidad no-española (y no-francesa) del estado español (y del estado francés) viven con un status nacional contradictorio, en una borrosa situación de ciudadanía que en un principio es de igualdad ante la ley, pero que de hecho ni la ley ni el gobierno reconoce en la práctica.
El primer paso en la normalización de tal situación es el reconocimiento legal de ambos estados de su carácter plurinacional, reconociendo la diferencia entre ciudadanía y nacionalidad. El siguiente paso, es el hacer que en la práctica los derechos de todos los ciudadanos sean, efectivamente, iguales. Es decir, el hacer que el estado plurinacional demócrata pertenezca a sus ciudadanos, a los miembros de las diferentes naciones, de forma que tal estado –con ayuda de sus gobernantes– lleve a cabo las aspiraciones democráticas de sus individuos miembros: salud, educación, paz, calidad de vida, etc. Si un parte de tales ciudadanos tienen la voluntad individual y colectiva de hacer uso de su legítimo derecho de autodeterminación individual y nacional, tal derecho debe ser puesto en práctica de acuerdo con las más mínimas reglas humanas de convivencia democrática. En tal proceso, Euskal Herria decidirá su pertenencia o no a diferentes estados o su deseo de creación de un estado uninacional vasco en el que la ciudadanía y la nacionalidad vasca coincidan.
El presente ensayo trata de discutir estas posibilidades políticas como un paso necesario en la normalización de la sociedad vasca, es decir la descripción de posibles medidas políticas que puedan facilitar y contribuir a un razonable tratamiento de los problemas nacionales desde una perspectiva liberal, racional y demócrata.
5. A modo de conclusión abierta
Desde la antigüedad ha habido un cierto conflicto entre el amor al pueblo y la patria de uno y el amor al hombre como hombre. Los movimientos nacionalistas han alentado, históricamente, el amor a la nación, a la patria, en base a su afirmación de que no es posible practicar el amor al hombre como hombre. Como oposición a estos movimientos, el liberalismo tradicional requirió la completa igualdad entre los hombres, miembros o no de la misma nación encontrando poco valor político en el amor a la patria.
La identidad nacional es, sin embargo, algo que tiene no solamente una componente personal emocional, e incluso intelectual, sino también política. Tal dimensión política es la que trata de reconocer los derechos y demandas de las minorías nacionales de los diferentes estados para acabar con la discriminación política a que han sido sometidas. No es accidental que, históricamente, la existencia de estados multinacionales que intentan garantizar el reconocimiento de las minorías nacionales (e. g. Suiza) ha sido el resultado de la presión de los movimientos nacionalistas.
El no querer ver el hecho de que la nación puede jugar un papel positivo y progresivo como factor político ha traído como consecuencia la represión de los movimientos nacionalistas. Es un hecho histórico, sin embargo, que todos los intentos de acabar con tales movimientos nacionalistas han fracasado.
La posición de los ciudadanos españoles (o franceses) que no son españoles (o franceses) de nacionalidad es, por decirlo de alguna forma, difícil, a pesar de ser ‘españoles’ (o ‘franceses’) con, en principio, igualdad de derechos ante la ley. En particular los que se ven a sí mismos como vascos en su nacionalidad y españoles (o franceses) en su ciudadanía. Debido a una situación de incomprensión para con ellos –no solamente desde posiciones de gobierno sino desde el punto de vista del intelectual español y/o francés–, una cantidad creciente de los mismos se ven como vascos no-españoles (y no-franceses) sin hacer caso de una ciudadanía española (o francesa) que les parece ficticia. Como resultado del hecho de que los estados español y francés no reconocen sus naciones, los individuos de nacionalidad no-española y no-francesa no fueron preguntados si aceptaban o no su permanencia en la ‘nación’ española o francesa. Fueron forzados a ser ciudadanos españoles de nacionalidad española o franceses de nacionalidad francesa. No tiene, por tanto, ninguna dificultad en sentirse vascos a secas, para todos los propósitos. Esta situación requiere una solución política. Y una condición necesaria para encontrar tal solución es el reconocimiento del problema.
Si reconocemos que la pregunta ¿quién pertenece a la ‘nación’ española o francesa? es una cuestión abierta, podemos reconocer el derecho de la persona y el derecho de la nación a la libre autodeterminación. Esta es la razón por la que las ‘naciones’ española y francesa deben ‘permitir’, por principio democrático, a los de nacionalidad no-española y no-francesa el decidir si se asocian a la nación española o francesa, o si prefieren permanecer en España o Francia como ciudadanos de tales estados, o si prefieren formar otro estado, un estado vasco independiente.
La cuestión sobre las minorías nacionales en los estados español y francés sobre los derechos colectivos e individuales de sus miembros, sobre la forma de no violar tales derechos democráticos, progresistas y racionales ha de ser estudiado con toda seriedad. Tal es una cuestión social, política y legal que necesita de marcos sociales, políticos y legales adecuados (4).
NOTAS:
(1) En el año 1930 se funda en el País Vasco el partido Acción Nacionalista Vasca (ANV). Su nacionalismo se asienta en la afirmación de la nacionalidad o personalidad vasca y en la aspiración y derecho consiguiente a su plena libertad. Tal movimiento se considera nacionalista, aconfesional, liberal y republicano demócrata.
(2) En su programa fundacional, ANV asume plenamente los postulados de la democracia liberal y los derechos individuales, pues su aspiración última no es sólo la liberación de los pueblos sino también la de los individuos. De ahí su lema: “Euskadi libre con hombres libres”.
(3) A excepción, en lo que nos concierne a los vascos, de Acción Nacionalista Vasca. La concepción nacionalista de ANV parte del derecho de los pueblos a disponer libremente de ellos mismos. Su aplicación a Euskadi supone que el Pueblo Vasco puede ejercer el derecho de autodeterminación sin ataduras históricas. ANV pretende la autodeterminación de Euskadi en cada momento histórico, y no la recuperación de los fueros o la abolición de la ley de 1839.
Así, ya desde 1931, ANV (“A los ciudadanos de Euskadi”), quiere, “agrupar bajo un solo gobierno propio, libre y democrático, a todo el territorio poblado por los vascos del Norte y Sur del Pirineo”. Para ello, “no hemos de volver la vista al pasado para reconstruir con minuciosidad fanática instituciones que ya murieron porque cumplieron su misión en la vida de la humanidad.” Sino usar el derecho de autodeterminación, ya que (“Al Pueblo Vasco”, 1932), “declaramos que el pueblo vasco no puede tener más norma reguladora de sus destinos que su propia soberana voluntad y, en consecuencia, proclamamos que nuestro movimiento aspira a que Euskadi, nuestra patria, se rija y gobierne libremente por sus propios imperativos.”
En 1936, ANV alcanza históricamente su cenit programático en la Asamblea Nacional de Bilbao. En él se señala que la única limitación a la soberanía del País Vasco, como conjunto de las seis regiones vascas de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Nafarroa y Zuberoa, son los convenios internacionales que Euskadi como estado independiente y reunificado libremente pacte; ANV aboga por una confederación de pueblos libres. Su programa socio-económico se puede enmarcar en lo que hoy en día [1986] entendemos como modelo de economía mixta ya que siendo antimonopolista y anticapitalista, al poner en manos del estado vasco los nervios fundamentales de la economía, aboga también por la iniciativa privada, bajo fiscalización del estado, en los demás aspectos de la actividad económica.
En efecto, según su programa (“Programa de Eusko Abertzale Ekintza, Acción Nacionalista Vasca”, 1936), “estarán en poder del Estado el suelo, las riquezas naturales, las fuentes de energía, la gran industria, los medios de comunicación y trasporte, la banca, el ahorro, los seguros y, ene general, los nervios fundamentales de la economía, así como aquellas actividades que requieran el empleo de masas trabajadoras y cuyo fin sea servicio de interés común.” La iniciativa privada se admite en los demás aspectos de la actividad humana, sin más limitación que la de no explotar a otros, “para lo cual se dictarán leyes que garanticen al trabajador el producto integro de su fuerza de trabajo”.
(4) Añadido el 28 de Mayo de 2007, tras el triunfo de ANV en las elecciones antidemocráticas y fraudulentas de Euskadi Sur. El trabajo de C. Ulises Moulines (Manifiesto nacionalista (o hasta separatista, si me apuran), 2002) abunda en la tesis de que el nacionalismo puede ser liberal, progresista y demócrata.
HACIA UNA ECONOMIA DEMOCRATICA
Dividimos este trabajo en cinco apartados:
(a) Economía post-marxista y la especificidad del trabajo
(b) Introducción a la economía radical
(c) Democracia liberal, capitalismo y estado del bienestar
(d) Economía democrática
(e) Declaración de derechos económicos
(a) ECONOMIA POSTMARXISTA Y LA ESPECIFICIDAD DEL TRABAJO
1. Economía post-marxista
Durante las dos últimas décadas una tendencia de la teoría económica marxista ha ido divergiendo del marxismo clásico.
Lo que puede llamarse ‘economía post-marxista’ tiene en común con el marxismo clásico un énfasis en las relaciones de clase que están ausentes en las otras escuelas económicas.
El enfoque económico post-marxista afirma la centralidad de las clases, el beneficio y otras características a la hora de entender el sistema capitalista mundial avanzado. Su crítica al modelo económico clásico se basa no tanto en el problema del determinismo económico –la relación entre lo económico y lo no-económico– como en la concepción clásica de la economía como tal. Aquí, los economistas post-marxistas o radicales han identificado otra forma de economicismo: evitando las prácticas culturales y políticas de la constitución de lo económico, el modelo clásico reduce la producción capitalista a un asunto restrictivo –mejor empobrecido– de la variedad de prácticas que juntamente determinan la dinámica de la acumulación.
El uso de valores de trabajo para determinar precios, salarios, y beneficios ha sido comprobado que es innecesario. Desde un punto de vista estrictamente formal los inputs y outputs pueden ser medidos indiferentemente en horas de trabajo, matas de maíz o toneladas de acero; ningún resultado matemático gira acerca de la unidad de medida que sea adoptada (Bowles y Gintis 1977,1981). Así, la teoría de valor trabajo es inocente del cargo de ser ilógica y las contradicciones matemáticas solo son culpables de redundancia.
(De acuerdo con Morisima, 1973, la explotación del trabajo existe si, y solo si, los beneficios son positivos. Esto es conocido como el teorema marxista fundamental. El error consiste en la inferencia de que su veracidad exige que los beneficios sean expresados por la explotación del trabajo. Ya que como muchos economistas han observado (Bowles y Gintis 1981, Wolff 1981, Roemer 1982, Samuelson 1982) cada mercancía (no solo la fuerza de trabajo) es explotada bajo el capitalismo. El petróleo, por ejemplo, puede ser elegido para ser el valor numerario, y pueden calcularse los valores de todas las mercancías en petróleo contenido. Se puede probar que los beneficios son positivos si, y solo si, el petróleo es explotado, en el sentido en que una cantidad de petróleo contenido en la producción de una unidad de petróleo es menor que la unidad de petróleo –por tanto el petróleo da más en la producción de lo que se requiere. Así la explotación de trabajo no es la explotación para beneficios y acumulación no más que lo es la explotación de petróleo, de maíz, o de acero.)
Además, el célebre teorema de Okishio (1961,1972) ha propiciado una reconsideración de la teoría de Marx a la caída de tendencia de la tasa de beneficio debida al aumento de la composición orgánica del capital.
Ambos, la desaparición de la teoría de la caída de tendencia del beneficio debido al incremento de la composición orgánica del capital, y el desplazamiento de la teoría de valor trabajo de su privilegiada posición en la economía marxista son entre otras las primeras consecuencias del intento post-marxista de crear una teoría no economicista en la que la acción humana guiada por la política y la cultura tanto como por consideraciones económicas puedan jugar un mayor papel.
Los aparentes resultados de la economía post-marxista aparecen a primera vista bochornosos, casi enteramente negativos y perplejos; ya que parecen que quitan a la economía marxista dos de sus más fundamentales estructuras y principios dinámicos. Sin embargo, es precisamente este tratamiento post-marxista de la especificidad del trabajo la que es la base de su distinta relación entre la política, la cultura y la economía.
2. La especificidad del trabajo
Analizando la producción capitalista, todos los marxistas consideran al trabajo como distinto de los demás inputs. La economía marxista argumenta que los beneficios surgen del hecho de que el capitalista paga por la fuerza del trabajo del trabajador, pero obtiene el beneficio del trabajo de ese trabajador. La diferencia entre los dos es precisamente el pilar sobre el que pivota toda la estructura de la economía marxista.
La naturaleza especial del problema del llevar a cabo el contrato entre el empleado y el empleador era un tema central para Marx, quien se refería al mismo como el problema de extraer ‘trabajo’ de la ‘fuerza de trabajo’. El capitalista compra la capacidad del trabajador para producir (fuerza de trabajo), y debe hacer luego frente al problema de realmente extraer un adecuado nivel de trabajo (Marx 1967, pp. 274-275).
Según la economía marxista clásica, la especificidad del trabajo se identifica como su característica única para crear un valor mayor que su propio valor, el resultado siendo la plusvalía o beneficio para el empleador. (Más formalmente, el valor de la fuerza de trabajo es menor que el valor de uso (para el capitalista) del trabajo.)
Como se ha indicado la fuerza de trabajo como ‘mercancía’ no es única en su propiedad de producir más valor que el que contiene. En efecto, en una economía capaz de producir plusvalía, cualquier mercancía tiene esa capacidad. (Una prueba de esta afirmación aparece en Roemer, 1982, Apéndice al capítulo 6; y en Bowles y Gintis, 1981.)
El modelo post-marxista del proceso de producción es completamente independiente de la clásica teoría del valor trabajo (Bowles y Gintis 1981,1985). El concepto analítico central en el modelo post-marxista del proceso de producción es lo que puede ser considerado como una distinción substantiva más que formal entre el trabajo y la fuerza de trabajo, basado en el tratamiento del trabajo como un iniciador de prácticas más que como un objeto.
En la propia teoría del valor de Marx, el trabajador está representado por el conjunto de mercancías-salario que reproduce al trabajador en su standard de vida usual. El trabajo no está representado como una práctica sino como un output o mejor como un valor de uso del capitalista.
Si el trabajo es tratado como un objeto, poco diferente (excepto quizá moralmente) de los demás inputs, la distinción entre trabajo y fuerza de trabajo no tiene mayor interés teórico que una simple traducción de una métrica (horas) a otra (trabajo); la cantidad de trabajo usado podría ser representado como un cierto múltiple del numero de horas de alquiler. En este caso pueden obtenerse los siguientes resultados teoréticos desafortunados en un modelo competitivo del tipo descrito por Marx en su Volumen 3 del Capital.
Primero, el capitalista puede ser forzado por presiones competitivas a utilizar tecnologías eficientes, y a adoptar una organización eficiente de la producción. Se sigue que ni las tecnologías ni la organización de la producción pueden ser alteradas por un cambio en la propiedad de las empresas o en la estructura de decisión de las empresas al menos que ese cambio altere el input relativo o los precios del output. La implicación clara es que un cambio hacia el control democrático por parte de los trabajadores podría alterar la distribución de renta en la empresa, pero podría cambiar la organización social de la producción solo a costa de bajar la productividad.
Segundo, lo mismo que el capitalista evitará pagar más por una tonelada de carbón que el mínimo precio de demanda, así también intentará el menor precio para la hora de la fuerza de trabajo, prefiriendo emplear mujeres a hombres, o negros a blancos, etc., si sus salarios (para un nivel equivalente de capacidad productiva) son menores. Esos que, por razones racistas, sexistas, u otras cualesquiera, persisten en emplear trabajo de hombre blanco de alto salario serán eliminados por competición.
Tercero, y finalmente, si el trabajo es «solo otro input más», entonces cualquier unidad de trabajo no vendida debe ser considerada como voluntariamente retirada del mercado. Pues, como sucede con las camisas en el mercado del vestido, el exceso de demanda puede generalmente ser eliminado si el vendedor quiere bajar sus precios. En este caso, el desempleo puede ser considerado como voluntario, basado en rehusar a trabajar por una más baja forma de salario.
La importancia política de estas tres consecuencias de tratar el trabajo como un objeto es demasiado clara. La primera constituye una negación total de la crítica de dominación y fragmentación de la vida de trabajo. Ya que si las empresas dirigidas por los trabajadores organizarían la producción de forma no diferente a las empresas capitalistas, el asunto deviene una elección trivial de patrones, ninguno de los cuales ejerce una sustantiva opción en la determinación de la tecnología y de la estructura de la vida del trabajo
La segunda implicación de tratar el trabajo como un objeto es que el racismo, el sexismo y cualquier otra forma de discriminación pueden ser tratados como un resultado natural de la competitiva búsqueda de sobre-beneficios del capital. Racismo y sexismo pueden existir, pero solo como atributos culturales (o quizá ‘superestructurales’) autónomamente reproducidos y a pesar de la estructura del proceso de acumulación de la economía capitalista.
El tercero implica que el desempleo es causado por elecciones de los trabajadores en lugar de por la estructura del capitalismo. Además, el desempleo no es la fuente de un despilfarro social, ni siquiera un problema social — no menor que el hecho de que muchos trabajadores no eligen trabajar todo el tiempo.
El tratamiento del trabajo como un objeto alcanza así una radical división en el pensamiento económico: la política y la cultura han desaparecido de la producción. Dado que la producción es eficiente y apolítica, la crítica socialista de la producción capitalista –que es no-democrática, injusta y despilfarradora– se ve restringida al problema de la distribución de la propiedad. El socialismo es reducido de esta forma a redistribución de la propiedad con la adición cultural de la divulgación de ‘nuevos valores’
Sin embargo, puede ser fácilmente demostrado que cuando el trabajo es tratado como una práctica en lugar de como un objeto, cada una de las anteriores implicaciones es contradicha de forma clara.
Para esto adoptaremos un simple modelo de extracción de trabajo de la fuerza de trabajo, siguiendo a Bowles y Gintis.
El proceso de producción puede ser representado por dos relaciones:
(i) La combinación de inputs de trabajo con inputs de no-trabajo para producir un determinado output; (ii) la extracción de trabajo de la fuerza de trabajo a través de la combinación de la fuerza de trabajo con otros inputs que el propietario incluye para inducir un nivel específico de intensidad de trabajo.
La primera puede llamarse la relación input-output; la segunda la relación de extracción de trabajo. (La última es precisamente la relación que falta, que está ausente de los modelos de Sraffa, Keynes y neoclásicos que contemplan el tratamiento del trabajo como un objeto.)
El trabajo ha de ser extraído de la fuerza de trabajo porque los trabajadores no querrán seguir con el tipo de intensidad de trabajo que maximiza los beneficios. Esto no es porque el trabajo sea naturalmente desagradable, como la teoría de la ‘des-utilidad del trabajo’ desde Adam Smith hasta nuestros días lo considera. La forma en que el trabajador experiencia el trabajo, y las motivaciones, resentimientos y resistencias resultantes derivan de manera importante de la organización social del propio proceso de producción. En efecto, la estructura social del proceso de producción capitalista –más particularmente su forma autoritaria y explotadora– induce un nivel de conflicto sobre la organización e intensidad del trabajo por encima y más allá de los conflictos inducidos por el simple libre problema añadido que puede existir en cualquier organización social.
3. La extracción del trabajo
¿Cómo se extrae el trabajo? El poder del capital sobre el trabajo deriva de la necesidad de los trabajadores por empleo como medio de forma de vida, y de la escasez de empleo.
La escasez de empleo simplemente significa que los empleos son difíciles de encontrar, y que los que los tienen quieren mantenerlos. El único poder formal del empleador sobre el trabajador –el derecho de emplear y despedir– depende de la escasez de trabajo y de la dependencia del trabajador sobre el empleo. Así, la extracción de trabajo de la fuerza del trabajo debe ser inducida impulsando el miedo al despido.
Específicamente, el empleador puede elevar el coste esperado al trabajador de seguir una estrategia de no-trabajo por cualquiera de las siguientes contra-estrategias:
(i) Elevando el coste esperado de perder el empleo propio; (ii) elevando la probabilidad de ser despedido si se detecta una estrategia de no-trabajo; y (iii) incrementando la probabilidad de ser detectado si se persigue una estrategia de no-trabajo.
Incrementado la aplicación de estas estrategias, podemos entender por qué las tres anteriores implicaciones del punto de vista del trabajo como objeto –producción eficiente, no discriminación, y no desempleo involuntario– son falsas.
Primero, la probabilidad de que una estrategia de no-trabajo sea detectada por el empleador dependerá de la organización del trabajo y de la eficiencia del sistema de supervisión capitalista. El capitalista puede organizar el proceso de trabajo de forma que el funcionamiento de cada trabajador sea más visible y medible. Aun cuando las técnicas de producción sean menos eficientes en el sentido de input-output, pueden ser provechosas debido a su habilidad de asegurar un alto nivel de fuerza de trabajo (esfuerzo). Similarmente, el capitalista puede desviar recursos de la producción a la vigilancia –en la forma de cuidadosa contabilidad, equipamiento electrónico, vigilancia personal, y otros. En cualquier caso, la afirmación de que las presiones de reducción de coste hacen eficiente la producción capitalista ha de ser rechazada.
Segundo, el considerar la probabilidad de ser despedido si se detecta una estrategia de no-trabajo. Por simplicidad, representamos esta probabilidad como una función decreciente de la unidad de fuerza de trabajo. Si el despedir un trabajador incita a huelga o a aflojar la marcha del funcionamiento de los trabajadores, el capitalista lo pensará dos veces antes de despedir a un trabajador cuya estrategia de no-trabajo haya sido detectada. En general, el grado de unidad de la fuerza de trabajo dependerá de sus credenciales de raza, sexo, edad, basadas en otras divisiones –incluyendo diferencias en salario y status jerárquico dentro de la empresa. Así, como Roemer (1979,1982), Reich (1980) y otros han demostrado, la discriminación capitalista puede facilitar el despido del trabajador y así debilitar el poder de acuerdo de los trabajadores promoviendo la división, la distinción y jerarquía individual, a pesar de que tales políticas sean costosas desde el punto de vista de la eficiencia. La discriminación es así consistente con la maximización del beneficio racional en una economía competitiva.
Finalmente, consideremos la estrategia capitalista, de elevar el coste del trabajador a ser despedido. En vista del hecho de que la expectativa del trabajador de la duración de desempleo, y del nivel de los beneficios del desempleo están ambos fuera del control de la empresa, el único medio por el que el capitalista puede elevar el coste al trabajador de ser despedido es pagar al trabajador más que el salario que haría el trabajador indiferente. Pero si el salario que maximiza el beneficio es así mayor que el precio demandado por el trabajador, otros trabajadores que no tienen trabajo preferirán también tener un trabajo a ese salario más bien que permanecer desempleados. Y si éste es el caso, están desempleados de forma involuntaria de acuerdo con un razonable sentido del término. La escasez de trabajo implica desempleo involuntario, y al contrario.
Así, este simple modelo de la extracción del trabajo ilustra el hecho de que la maximización del beneficio y el equilibrio del mercado de trabajo –aun bajo las más duras condiciones de competición– no conducen a un equilibrio del mercado. El desempleo, en el contexto de la producción capitalista, es involuntario y un derroche. La fundamentación micro-económica del ‘ejercito de reserva’ y su papel, el sometimiento del trabajo al capital, es así de esta forma vindicado por un modelo en el que el trabajo se representa como una práctica más que como una mercancía.
Dada el concepto de trabajo como práctica, y de la explotación y dominación de trabajo a través de las estructuras de poder, es irónico y lamentable que en el pasado medio siglo la economía marxista haya sido asociada con una concepción economicista del marxismo.
Si el análisis post-marxista que presentamos es correcto, la supuesta oposición entre por un lado cultura y política y por otro economía está basado en una concepción falsa de la economía como apolítica y sin contenido cultural
La economía marxista clásica comparte con su adversario neo-clásico, una concepción de la economía capitalista como un sistema contractual de cambio basado en la propiedad, un sistema de producción generalizada de mercancías. Como tal, los aspectos políticos de la economía están confinados a la protección de los derechos de propiedad y el llevar a cabo los contratos. Ambas esferas políticas recaen en el estado más que en la economía. La economía es así esencialmente apolítica.
(Véase Bowles y Gintis, 1983, sobre la naturaleza política de la economía política.)
La extracción de trabajo descrita anteriormente ilustra uno de los mayores defectos de esa concepción. Ya que demuestra que una relación fundamental capitalista, la que existe entre empleador y empleado, no puede ser tratada como un contrato que se hace cumplir por medio del aparato coercitivo del estado.
La economía capitalista es política porque el poder de hacer cumplir el cambio de trabajo debe ser incluido en la estructura de la propia producción capitalista.
La tendencia a igualar lo endógeno con lo económico y lo exógeno con lo no-económico es así cuestionada, ya que el cumplimiento del contrato de trabajo y la determinación de la intensidad de trabajo es claramente endógeno a la economía, aun cuando exhibe aspectos que normalmente son considerados como políticos.
4. La distinción del status de lo exógeno/endógeno
Un asunto central a la economía desarrollada por los teóricos post-marxistas es el punto de vista de que la economía produce gente tanto como mercancías. Más generalmente, las preferencias, deseos, sentimientos, capacidades de los trabajadores y de otros son transformadas en el proceso de producción como los recursos materiales son convertidos en mercancías acabadas.
La particularidad del enfoque marxista (de ambos, tanto del clásico como del post) es que el cambio es representado como sustancialmente el resultado de un proceso endógeno. Mientras el desarrollo exógeno puede ser de considerable importancia, el cambio se explica por la erosión (o consolidación) generada internamente de las condiciones para la reproducción de las reacciones sociales que definen el statu quo.
Mientras los modelos marxistas clásicos generan el cambio endógenamente desde el modo de producción, el modelo post-marxista genera el cambio endógeno desde las prácticas de los agentes estructurados por las relaciones capitalistas de producción y su articulación en la familia, el estado, la escuela y otros centros. Así, el modelo post-marxista está basado en una concepción mucho más compleja de la reproducción de las relaciones sociales de producción que definen el sistema capitalista.
Dos aspectos distintivos de la teoría de reproducción son de particular importancia. La reproducción de las estructuras de dominación –sean de clase, estado, raza, género u otras– no está asegurada por la propia estructura. Tampoco es la no-reproducción de las estructuras garantizada por la lógica de la estructura. Por el contrario, la reproducción de cada estructura es el resultado contingente de prácticas individuales y colectivas que tienen lugar a través de la sociedad y por tanto estructuradas por una entera variedad de relaciones sociales.
La teoría de las crisis económicas ilustra esta diferencia:
El modelo marxista clásico genera la crisis desde la lógica interna del modo de producción capitalista –a menudo desde la elevación de la composición orgánica del capital o desde la inestabilidad e insuficiencia de la demanda agregada. Las influencias políticas o de otro tipo son consideradas como los outputs de este proceso no su lógica. Así, las influencias políticas, culturales e ideológicas permanecen intervenciones empíricas exógenas en el, al por otra parte, auto-contenido trabajo de la lógica del modo de producción.
Mientras no se duda de la centralidad de la tasa de beneficio en la teoría de la crisis, la teoría post-marxista pone las raíces del análisis de la tasa de beneficio en la variedad de las relaciones de poder que median la relación del capital al trabajo, al estado y a agentes económicos externos. Es más, la relación entre la tasa de beneficio y la reproducción del sistema capitalista no se representa de forma directa, sino más bien mediado por la organización política, la estructura familiar, la ideología, la escuela y otras relaciones. (Una baja o descendiente tasa de beneficio solo se constituye como crisis bajo condiciones que no se pueden especificar de forma total sino es por referencia a fenómenos generalmente considerados como superestructurales, ‘externos’, al modo de producción capitalista.)
Así la teoría post-marxista como se ha desarrollado en la tradición de Kalecki por Boddy y Crotty (1975), Weisskopf (1979) y otros considera la articulación de la economía capitalista y el estado con otras economías de importancia central, una presión hacia la baja en beneficios ocurriendo posiblemente a través del movimiento político inducido hacia el pleno empleo, la socialización de la reproducción de la fuerza de trabajo alcanzada por la extensión del estado del bienestar, o una deteriorización en los términos internacionales de mercado reflejando tendencias hacia mundialización de la economía y ascendencia de lo militar (véase Bowles, Gordon y Weisskopf 1984,1986).
Las principales orientaciones teoréticas de esta posición pueden resumirse en las siguientes proposiciones:
(i) El cambio es el efecto de la interacción de estructura y práctica (o en términos más comunes, sistema y acción);
(ii) ninguna puede ser reducida a la otra o tomada exógenamente;
(iii) la reproducción o transformación de una estructura dada generalmente conlleva acciones y discursos estructurados por otros centros de actividad social; y
(iv) dado que los actores son transformados por su propia y otras prácticas, el proceso de cambio es irreversible en el mismo sentido que se considera que el aprendizaje es irreversible.
(La pareja estructura/práctica sustituye a la pareja exógeno/endógeno.)
La teoría post-marxista de cambio (y de crisis económica) ha sido desarrollada con respecto a particulares articulaciones estructuradas de economías capitalistas, estados, familias y otros. Esta articulación de estructuras, a menudo denominada estructuras sociales de acumulación, es un marco conceptual para el análisis de la reproducción y transformación del sistema que ocupa un terreno teorético entre las grandes abstracciones de la teoría marxista –clases, modo de producción– y la investigación empírica de las sociedades concretas.
Así, por ejemplo, Gordon, Edwards y Reich (1982) y otros han desarrollado el concepto de estructura social de acumulación de las sociedades liberales democrático-capitalistas avanzadas en la era desde la segunda guerra mundial, mientras Amin (1976), Cardoso y Falleto (1970) y otros han desarrollado el distinto concepto de estructura social de acumulación en la sociedades periféricas capitalistas del Tercer Mundo.
Estas y otras contribuciones parecidas intentan dar un modelo de la estructuración tanto política y cultural como económica del proceso de acumulación y la forma en que el proceso de acumulación da lugar al cambio potencial no solo en su marco institucional sino también en otras estructuras sociales.
5. Concluyendo
En la teoría post-marxista, la sociedad se considera como una totalidad integrada de estructuras reproductivas y contradictorias ninguna de las cuales tienen un monopolio sobre los asuntos económicos.
La distinción exógeno/endógeno es congénita a los economistas neo-clásicos no solo por su utilidad como un mecanismo simplificador sino por su servicio en la justificación o administración del orden capitalista.
Los economistas neoclásicos invocan la distinción exógeno/endógeno para desviar las críticas de injusticia económica, inseguridad, dictadura en el puesto de trabajo, y alienación del trabajo fuera de la economía y localizar el origen de esos problemas sociales en variables exógenas a su modelo: las preferencias individuales, las tecnologías, dotaciones naturales, y la distribución de los títulos de propiedad.
Su razonamiento es impecable. Si uno acepta el modelo general de equilibrio (e imagina que tal solución es única), uno es obligado a unir cualquier resultado no agradable a una de las variables exógenas mencionadas.
La importancia de ese tour de force es que la critica al capitalismo se trasforma en un lamento contra la naturaleza –sea la naturaleza humana que subyace las preferencias individuales o el mundo natural que limita e informa nuestro nivel tecnológico.
Los ejecutores de las teorías neoclásicas persiguen unos objetivos mucho más prácticos: despliegan modelos keynesianos, teoría del capital humano, tablas input-output y otras para guiar más inteligentemente gobiernos jóvenes y políticas de corporación.
Mientras los unos usan la distinción exógeno/endógeno para desplazar la responsabilidad de resultados no agradables, los otros usan tal distinción para focalizar la atención sobre las formas de estado o intervención corporativa que puede ser usada para corregir las deficiencias económicas. Para los ejecutores las variables exógenas son el verdadero instrumento político que ellos (o aquellos a los que ellos dan información) controlan. Así un modelo macroeconómico arquetípico de los ejecutores incluirá, como parámetros determinados exógenamente, la tasa de ganancia de las corporaciones y el nivel de gasto del gobierno, ambos vistos como instrumentos políticos a ser manipulados hacia el objetivo de crecimiento económico estable u otro objetivo social deseable. Las variable endógenas –nivel de inversión o demanda de consumo en este caso, por ejemplo– miden estos fenómenos que escapan a la manipulación directa del ejecutor político.
Los economistas neoclásicos sacan su inspiración para el uso de la distinción exógeno/endógeno de la teoría liberal del estado. Para ellos, el estado democrático liberal es el medio por el cual la distribución de la propiedad se desplaza a una crítica de las preferencias de los votantes. Para los ejecutivos, la exogeneidad del estado –su autonomía respecto a la economía– es esencial para su concepción de una intervención política autónoma a través de la manipulación de las variables exógenas de su modelo. (Véase, sin embargo, Carnoy, 1984, acerca del papel social de un estado cada vez más complejo.)
Los parámetros estructurales tomados a menudo como datos en el modelo neoclásico son precisamente el objeto de análisis de los críticos post-marxistas. Completamente aparte de la orientación histórica del marxismo como un cuerpo de pensamiento, no es sorprendente que las relaciones estructurales tomadas como exógenas por los teóricos neoclásicos sean generalmente tomadas como endógenas por los críticos post-marxistas.
Hacer que las relaciones económicas sean endógenas posibilitará el entender cómo puedan cambiar y cambian. Estamos pues tanto ante un proyecto político como ante una práctica académica.
(b) INTRODUCCION A LA ECONOMIA POLITICA RADICAL
La perspectiva radical propone que los actuales problemas económicos y sociales tienen sus raíces en estructuras fundamentales del sistema económico capitalista. Si queremos seriamente hacer frente a los problemas actuales, implica que nos movamos hacia una forma diferente de sistema económico.
Los economistas radicales han construido su enfoque de acuerdo a ocho áreas de trabajo y análisis.
1. Modos de producción y estructura económica
La estructura y evolución de cualquier sociedad es probablemente formada fundamentalmente por el ‘modo de producción’ dominante en esa sociedad, la forma en la que la gente se reúne para producir sus medios básicos de vida y por cómo es controlado y distribuido el producto plusvalía resultante.
Este argumento introductorio proporciona la base de un punto de vista materialista de la historia, una perspectiva sugerente de que el cómo vivimos y pensamos está fundamentalmente formada por las estructuras materiales de producción, distribución y cambio.
2. Las características definitorias del capitalismo
Dentro de este marco, es útil caracterizar el tipo de sistema económico, o ‘modo de producción’ que domina nuestras vidas materiales. Los radicales se refieren a tal sistema como capitalismo o modo de producción capitalista.
Desde el punto de vista radical, el capitalismo tiene algunas características distintivas. En general, de acuerdo con Bolwes y Edwards (1985 p. 68), «El capitalismo es un sistema económico en el que las mercancías son producidas para el beneficio usando bienes capital privadamente poseídos y trabajo asalariado.» Esta distinción general conlleva tres aspectos básicos del sistema capitalista: primero, el proceso de trabajo produce mercancías; segundo, los bienes capital usados en la producción están privadamente poseídos; y tercero, el trabajo empleado es primordialmente trabajo asalariado.
Veamos brevemente cada una de estas tres características:
(a) Las mercancías son bienes y servicios que son producidos principalmente con el objetivo de venderlos para obtener beneficio al cambio. Son diferentes de los bienes y servicios producidos para el uso de uno mismo, por ejemplo, o para intercambio por truque.
(b) El capitalismo caracteriza una propiedad privada de los bienes capital –las plantas, oficinas, u máquinas que ayudan a hacernos productivos. Los bienes capital no son, o no necesitan ser siempre, poseídos privadamente. Muchas empresas de alta utilidad eficiente son públicamente poseídas y una cantidad importante de oficinas y empresas son poseídas como cooperativas de trabajadores.
La propiedad privada de los bienes capital sanciona el derecho de los propietarios a decidir el uso de los bienes capital entre los trabajadores potenciales. Esto provee la base, entre otras consecuencias, para las prerrogativas de los patrones de contratar y despedir a sus empleados.
(c) El capitalismo también caracteriza el trabajo asalariado. Los asalariados son gente que debe ganar su vida trabajando por una renta salarial. Para sobrevivir, los que reciben salario deben vender su tiempo y su capacidad a un empleador a cambio de una renta de empleo.
3. Contradicciones estructurales del capitalismo
Las anteriores características se resumen en dos fuerzas básicas en las economías capitalistas.
El conflicto capital-trabajo. Los poseedores de bienes capital en las economías capitalistas no pondrán esos medios de producción en marcha a menos que puedan ganar un beneficio de su inversión. La fuente de inversión más fiable de beneficios viene de cualquier plusvalía que puedan ganar haciendo trabajar a los trabajadores más de lo que es necesario para cubrir los costos de sus salarios. Una vez que el salario está cubierto, como resultado, los dueños siempre tienen un interés en que sus empleados trabajen más tiempo y más fuerte que los trabajadores mismos quisieran trabajar. Más trabajo, más para los dueños. Menos trabajo, menos esfuerzo sobre los trabajadores.
Esto establece la basa de un conflicto permanente y subyacente de intereses en las economías capitalistas –entre empleados y empleadores, dueños y trabajadores, capital y trabajo. Los que poseen y controlan los medios de producción y los que realizan trabajo asalariado están unidos pero tienen significativamente necesidades distintas acerca de la intensidad de la producción y la distribución de su proceder.
Inestabilidad competitiva. Si una empresa capitalista capta el mercado para coches o máquinas de café, puede potencialmente llevar a sus competidores fuera de negocio. La interminable competición entre empresas es por tanto una fuerza inescapable e inflexible en las economías capitalistas, que lleva a las empresas a cortar costes, a invertir con anticipación a las innovaciones que sus competidores puedan iniciar para competir con el objeto de sobrevivir y expandirse.
Una de las contribuciones positivas de esta presión a innovar es que las economías capitalistas son dinámicas y a menudo producen mejoras significantes en productividad social. Pero la competición entre empresas es más una guerra que una investigación y desarrollo contemplativo: no hay ninguna autoridad superior que pueda administrar o regular esta intensa competición. Esta ‘guerra’ puede así llevar a ondas de mixturas y especulación, a salvajes fluctuaciones de booms y depresiones, a episodios impredecibles de crecimiento y estancamiento.
4. Clases y poder
Llevado por esa dinámica de conflicto y competición, el capitalismo ha tendido a crear una cada vez más grande importante división, como resultado, entre un pequeño grupo que efectivamente controla los medios de producción y una enorme cantidad de gente que sobrevive a través de trabajo asalariado. Los radicales se refieren a esto como la básica y más fundamental división de clase en las economías capitalistas, la división entre capital y trabajo. (Esto no quita, claro está, significantes divisiones entre cada una de los que constituyen las clases.)
Así el balance y la dinámica de la división de clase en las economías capitalistas son fundamentalmente mediadas por el poder. El control y la elasticidad de los que están en la cumbre dependen de su habilidad para empujar, intimidar y meter miedo a la enorme cantidad de ciudadanos.
Uno de los principales reguladores de poder de clase es el relativo volumen de lo que los radicales llaman el ejército de reserva de trabajo, la proporción de fuerza de trabajo no empleada. Cuanto mayor sea el volumen del ejército de reserva, más probable será que, efectivamente, los empleadores puedan intimidar a sus empleados.
El balance de poder está también afectado por la grandeza de la división entre trabajadores, tales como divisiones raciales o de sexo. Pueden beneficiarse directamente si son capaces de pagar relativamente bajos salarios, para un nivel técnico determinado, a trabajadores que sufren discriminación. Y pueden beneficiarse de una forma más indirecta si tales desigualdades crean división y competición entre trabajadores. Cuanto más unificados están los trabajadores, presumiblemente, mayor será su poder de contratación con los empleadores.
5. Acumulación, crisis y estadios del desarrollo capitalista
El capitalismo está dirigido por la fuerza de la acumulación de capital. Si los dueños de capital movilizan su riqueza en inversión, la economía puede crecer. Si se retienen de hacer tales inversiones, la economía se detendrá.
El proceso de acumulación está gobernado por la lógica y dinámica de las relaciones capitalistas. Pero las contradicciones de conflicto de clase y competición, tanto como la continua contienda por el poder, no operan ni pueden operar en un vacío. Las economías capitalistas están así localizadas y medidas por formas institucionales específicas — las normas de juego que dan forma y gobiernan su dinámica y contradicciones.
Muchos radicales piensan que hay sucesivos estadios de tales configuraciones institucionales, llevando al capitalismo a través de una secuencia que varios llaman estructuras sociales de acumulación (ESA), (véase Gordon, Edwards y Reich, 1982 capítulo 2, para una introducción.)
Las ESA se refieren a esas instituciones cuya fuerza y estabilidad hace posible una rápida acumulación. Las instituciones de una ESA concreta van probablemente a durar por un cierto tiempo pero también probablemente van a sufrir estiramientos y congestiones. En tanto esas tensiones se desarrollan, el proceso de acumulación es posible que se vuelva cada vez más oscuro, más problemático y más inestables.
Lo que los radicales llaman crisis es pues el resultado, un proceso auto-reinforzador de inestabilidad y freno. Cuando algunas empresas comienzan a sentir obstáculos, dejan de invertir. Su problema se expande: los trabajadores pierden sus puestos de trabajo y la pérdida del poder de compra influye sobre otras empresas. Puede resultar una espiral descendente.
¿Cómo se para esta crisis? De acuerdo con esta perspectiva analítica, una nueva red de instituciones –una nueva ESA– es necesario si el capitalismo ha de sobrevivir. Como Bowles y Edwards (1985 p. 97) notan, «Tal reconstrucción no es por ningún medio inevitable, dado que depende de los resultados de muchos conflictos y acuerdos específicos, Sin embargo, la crisis crea una situación en que las no-adecuaciones de la vieja ESA se hacen visibles, los problemas más apremiantes, y la demanda para acción más urgente.»
Si y cuando una nueva ESA emerge, y una fuerte velocidad de acumulación de capital es restablecida, podemos decir que estamos en un nuevo estadio del desarrollo capitalista.
Los estadios del desarrollo capitalista americano pueden ser expresados como sigue.
Estadios del Desarrollo Capitalista Americano
Relaciones clave en la ESA
ESA I: capitalismo competitivo industrial (1840-1890)
ESA II: capitalismo corporativo oligopolístico (1890-1930)
ESA III: capitalismo corporativo estatal (1940-actualidad)
Relaciones capital-capital
ESA I: negocios pequeños, locales, capitalismo competitivo
ESA II: competición monopolística nacional, grandes corporaciones
ESA III: competición monopolística mundial, dominado por corporaciones USA
Relaciones capital-trabajo
ESA I: sindicatos fuertes de obreros manuales, amplio control de puestos de trabajo ejercido por trabajadores expertos
ESA II: dominación de capitalistas, débiles sindicatos no reconocidos
ESA III: acuerdo de trabajo, sindicatos reconocidos, con derechos legales
Relaciones trabajo-trabajo
ESA I: distinciones basadas en habilidad entre trabajadores expertos y no-expertos
ESA II: homogenización del trabajo, empresas de semi-expertos, importante la operatividad
ESA III: mercado de trabajo segmentado; sindicatos entre trabajadores de producción en masa
Relaciones gobierno-economía
ESA I: gobierno limitado
ESA II: gobierno limitado y alguna regulación
ESA III: regulación keynesiana de la macroeconomía; USA como gendarme mundial del capitalismo.
Mientras que el trabajo de Bowles, Gordon y Weisskopf se ha concentrado casi exclusivamente en la economía de EE.UU., hay un paralelismo institucional/histórico con los países más avanzados que esbozan un tipo similar de dinámica (véase Armstrong, Glyn y Harrison 1984).
6. El estado capitalista
Dado que el modo de producción de cualquier sociedad está visto como fundamental en el importante papel que juega en la formación de la vida social y económica, el papel del gobierno en una sociedad capitalista se considera que está fundamentalmente conformado y delimitado por las estructuras y relaciones de poder de la economía capitalista. Esto lleva a muchos radicales a referirse conceptualmente al estado capitalista.
La influencia económica sobre el estado puede darse de dos formas.
La primera es la llamada influencia ‘instrumental’ porque los representantes de los intereses del capital son a menudo capaces de llevar las palancas –los ‘instrumentos’– de poder. Las corporaciones y los adinerados están mejor equipados que otros para conformar elecciones y grupos de presión por su especial interés debido a sus conexiones monetarias. Sus representantes a menudo ganan, tienen o controlan posiciones de influencia y poder en el gobierno. Y sus representantes pueden por tanto ganar privilegios especiales como contratos jugosos de defensa, subsidios para investigación y desarrollo, mejora de tasas, o ventajosas leyes de trabajo.
El segundo camino de influencia es el llamado ‘estructural’. Cualquiera que mantienen posiciones de poder de gobierno, está continuamente forzado a confrontar algunas de las reglas básicas del juego en las economías capitalistas: la inversión no tendrá lugar a menos que se pueda asegurar un beneficio ‘sano’ sobre tales inversiones, y los puestos de trabajo y las rentas no serán creados a menos que tales inversiones ocurran.
Las políticas gubernamentales por tanto confrontan constantemente la amenaza de lo que los radicales llaman ‘huelga del capital’. Si las políticas gubernamentales, a pesar de ser motivadas, no son consideradas adecuadas por el capital, el capital puede estar en huelga, retirando sus medios de producción, y la economía en su totalidad puede sufrir. La propiedad privada de los bienes de capital y la dependencia del capital del trabajo asalariado, da a las corporaciones capitalistas una especie de poder de veto sobre las políticas gubernamentales. Si tales políticas exceden ciertos límites establecidos por las estructuras del sistema económico, posiblemente serán hechas pedazos.
Estas dos clases de influencias no son ni certeras ni son no-contestadas en sociedades con estructuras de democracia política. Los ciudadanos pueden votar e intentar influencias también a los gobiernos. Las políticas estatales en las sociedades de democracia capitalista constituyen un tipo de terreno de contestación, un lugar de continua lucha sobre prioridades y dirección (Carnoy 1984).
7. Más allá del capitalismo
Muchos radicales proponen cuatro líneas de actuación standard para delinear un curso de acción que vaya más allá del capitalismo.
Equidad. Los radicales argumentan que el capitalismo mina la equidad social en al menos un aspecto fundamental. Los dueños de bienes de capital tienen un tipo de poder y control que le es negado al resto.
Podemos alcanzar más altos grados de equidad económica si nos movemos hacia un tipo de sistema económico en el que haya más propiedad común y más compartida de los bienes de capital.
Eficiencia. El capitalismo es una tipo de operación económica notablemente derrochador –con sus inutilizados recursos, su armada de personal supervisor y administradores, sus conflictos de trabajo continuos, y su siempre-presente sobreproducción de productos de derroche o peligrosos (Bolwes, Gordon y Weisskopf 1984, capítulo 7).
Podemos construir un sistema económico mucho más eficiente si nos movemos hacia una mayor participación de los trabajadores y control obrero en la organización de la producción y mayor participación social y control en la planificación y asignación de los recursos económicos.
Democracia. El ideal básico de la democracia es que la gente debe ser capaz de tomar decisiones que les afecten. Pero no tenemos casi democracia económica, y la política deja mucho que desear, al convertir la participación en el mero hecho de votar cada cierto tiempo. En particular, los trabajadores no pueden decidir sobre inversiones y sobre la organización de la producción.
Esta escasez de democracia económica puede llegar también a la esfera estrictamente política, como se ve al estudiar el estado capitalista (Carnoy 1984). Los radicales argumentan que podemos tener un mayor grado de democracia si empezamos por aplicar los principios democráticos a la organización de la economía tanto como a la organización del gobierno.
Comunidad. El capitalismo opera buscando beneficio, no el desarrollo de la gente. Si el stock de capital o la infraestructura de una comunidad están envejeciendo o volviéndose obsoleto, el capital puede decidir buscar otros lugares de inversión sin ningún miramiento a las vidas de los trabajadores y de los residentes de la comunidad que deja atrás. La gente es comprable bajo el capitalismo y las comunidades son ignoradas. Las diferentes relaciones humanas son destruidas mientras se producen y santifican las mercancías.
Los radicales mantienen que tendría sentido el moverse hacia un sistema económico que coloque mayor prioridad sobre el desarrollo de la gente y la promoción de comunidades fuertes.
8. Poder y lucha
Nada de los anterior viene de por sí, y sin lucha. Pero debemos debatir, argumentar, protestar y movilizarnos con el objetivo de sobrepasar el capitalismo. Nuestros serios problemas sociales no pueden ser erradicados ni marginalmente resueltos sin cambios fundamentales en nuestra fuerza e instituciones económicas dominantes.
Tenemos una elección entre cabalgar alrededor de la noria actual o construir una sociedad mucho más decente. La elección es nuestra.
9. Resumiendo
Los radicales consideran la estructura básica de las economías capitalistas como fundamentalmente erróneas, arguyendo que podemos encontrar una alternativa que puede promover más equidad, más eficiencia, mayor democracia, y mejores comunidades.
Los radicales argumentan que el estado en las sociedades capitalistas, a pesar de ser una arena de protesta entre intereses que mutuamente compiten entre sí, tiende de forma desproporcionada a servir los intereses del capital –sea de forma intencionada a través de los instrumentos de acción de los gobiernos o de forma más estructural por medio del respeto y el miedo hacia el poder del capital sobre la propiedad de los medios de producción,
Los radicales esperan que tanto los trabajadores como los ciudadanos demanden a sus gobiernos por una cada vez mayor transformación económica, promoviendo cambios estructurales en las reglas del juego y la distribución del poder económico de forma que los intereses de la gran mayoría de los ciudadanos pueda ser respetados y colmados.
Si el capital no acepta el mover los bienes de capital porque ve sus beneficios más importantes que las necesidades sociales, entonces el gobierno debe considerar políticas específicas para movilizar esos bienes de capital a favor de esas necesidades sociales.
El análisis radical proporciona una alternativa directa y firme a la política económica que tanto los socialdemócratas como los conservadores actualmente ponen en práctica. Podemos llamarla un enfoque de ‘abajo a arriba’ (bottom-up) de economía política. Argumenta que las políticas económicas que sirven las necesidades de la gran mayoría de la gente y que proporciona mayor control democrático sobre la producción y distribución puede promover una más decente y más eficiente sociedad.
En breve, los radicales dicen que no es necesario sacrificar los intereses de la gran mayoría de los ciudadanos para alcanzar la prosperidad económica. Podemos construir una economía que funcione no para los pocos sino para la gran mayoría.
(c) DEMOCRACIA LIBERAL, CAPITALISMO Y ESTADO DEL BIENESTA
La naturaleza contradictoria del estado del bienestar (welfare state) proviene de su localización en la intersección de dos distintos conjuntos de ‘reglas de juego’.
De acuerdo a las reglas de la democracia liberal, la participación política formal está universalmente reconocida, los derechos de la controversia política generalmente garantizados y las demandas sobre recursos reconocidas sobre la base de la ciudadanía.
Por el contrario, el capitalismo reconoce demandas sobre recursos y acceso a la decisión, de acuerdo con la propiedad o con la delegación de autoridad por los dueños de la propiedad.
Donde estos dos juegos pueden ser sustancialmente separados, como en el estado liberal del laissez-faire, el contraste entre las reglas es de poca importancia inmediata. Donde ambos juegos se solapan, como en los modernos estados capitalistas del llamado bienestar, la dinámica a largo plazo del orden social expresa cada vez más el conflicto entre el régimen de los derechos ciudadanos y el régimen de los derechos de propiedad. He ahí, por tanto, el dilema fundamental del estado de bienestar en la sociedad democrático liberal capitalista.
Tratemos de entender el efecto general que el estado de bienestar ejerce sobre una determinante importante del crecimiento económico a largo plazo: el incremento del output por hora de trabajo.
El output por hora de trabajo depende de la cantidad y calidad de bienes de capital por trabajador, la calidad de la destreza de los trabajadores, la organización del proceso de trabajo, y dadas éstas, de la habilidad del empleador de extraer de los trabajadores un gran nivel de esfuerzo de trabajo. Este último factor, conocido en la literatura marxiana como «la extracción de trabajo de la fuerza de trabajo», que mejor debería ser llamado la extracción del trabajo del trabajador, no aparece por ningún lado en las teorías keynesianas y neoclásicas.
Mientras los economistas generalmente reconocen el problema práctico de la ‘disciplina de trabajo’, este asunto no puede ser tratado de forma analítica debido a dos errores metodológicos comunes a las teorías tradicionales.
El primero, que llamaremos economicismo, es la representación del proceso de producción como un conjunto de interacciones tecnológicas gobernadas por el cambio de demandas de propiedad en inputs y outputs. El economicismo obscurece la naturaleza de las relaciones políticas dentro de la economía: mientras los asuntos de poder, participación, y conflicto pueden ocurrir en la economía capitalista, son tratados como algo periférico a la estructura y a la dinámica de la vida económica.
El segundo error, entre los que tratan la producción como procesos sociales, es el considerar solo el tipo de conflicto que se produce debido a la divergencia de intereses entre el individuo y la colectividad. Esta última perspectiva del conflicto no es errónea, pero no tiene en cuenta el conflicto estructural de intereses en el proceso de producción entre el capital y el trabajo.
Creemos, con Samuel Bowles, que el economicismo y la exclusión de las relaciones de clase en el proceso de producción impide el entender, entre otros fenómenos importantes, los efectos del estado de bienestar en el output por hora, donde son centrales las relaciones de poder entre capital y trabajo dentro tanto del proceso de producción como de la propia sociedad.
La economía tradicional obscurece la naturaleza política de la producción tratando el contrato entre empleador y empleado como analíticamente no distinguible de otro cambio de propiedad privada. Con todo, es fundamentalmente distinto en dos respectos:
Primero, los términos del contrato están incompletos, en lo que el trabajador no acuerda la entrega de un producto específico. En efecto, si el producto exacto fuera especificado (la reparación de una máquina, por ejemplo), el contrato no sería por trabajo asalariado, sino por trabajo de servicio.
Segundo, el pagador del salario tiene extremadamente disposición limitada sobre el trabajador durante el periodo del contrato, dado que al último se le prohíbe alienar el conjunto de sus derechos; el capitalista no posee ningún control directo sobre el trabajador, otro que el poder de acabar el contrato de trabajo.
Consideremos el capitalista competitivo cuyo output y por tanto beneficio depende del material del input, de los servicios y del trabajo. El precio del material de input y servicios es simplemente el precio de mercado; pero el trabajo no conlleva un tal precio de mercado. Su coste depende juntamente del precio de la fuerza de trabajo y del coste del capitalista para extraer trabajo del trabajador contratado. El proceso de producción puede pues ser considerado como la unidad de dos tipos de relaciones: una la combinación técnica de inputs, incluyendo el trabajo; y la otra el proceso de transformación de la jurisdicción formal del empleador sobre el tiempo del trabajador en la real ejecución del trabajo.
Hacia este último objetivo el capitalista emplea una variedad de estrategias e instrumentos. Se pueden dividir en dos categorías: la primera relativa a influir los propósitos y objetivos de los trabajadores y la segunda relativa a optimizar los obstáculos colocados sobre la conducta del trabajador.
El coste de la primera estrategia, la que normalmente conlleva el desarrollo de las relaciones de capital-trabajo, dentro de las cuales los trabajadores se sientan empujados a alcanzar los objetivos de la empresa, incluye la mejora de las condiciones de trabajo, las garantías de puesto de trabajo asegurado, compartir ganancias de productividad, y una general ayuda a las necesidades de los trabajadores. (La economía sueca parece que se ha caracterizado por una estrategia eficaz y diferente sobre la mayoría del periodo de post-guerra.)
La segunda estrategia también conlleva un coste significativo para el empleador. Por simplicidad limitamos estos costes a dos: los de supervisión directa y la amenaza de despido. El coste de supervisión incluye trabajo y materiales, y la adopción de tecnologías que supongan efectiva y eficiente vigilancia para el empleador como un co-producto. Por otra parte, el costo directo para el empleador de despedir a un trabajador es simplemente el de encontrar y educar al sustituto. Pero para que la amenaza de despido sea efectiva, la pérdida del puesto de trabajo debe imponer un coste sobre el trabajador. Este coste es básicamente la renta salarial después de impuestos del trabajador menos el esperado valor de renta si el trabajador fuera despedido. Para que que haya una positiva amenaza de despido, el capitalista maximizador de beneficio pagará en general un sueldo mayor que el precio de demanda de trabajo. El coste de la amenaza de despido para el capitalista es precisamente esta diferencia.
Demostrando que el mercado de trabajo está caracterizado por un no-equilibrio, este análisis explica el fenómeno mal entendido en la economía tradicional: la persistencia de un nivel positivo de salarios cara a un desempleo de largo plazo. La economía tradicional debería predecir, en esta situación, una disminución en los salarios.
(d) ECONOMIA DEMOCRATICA
1. ¿De que trata la ciencia económica?
Los agentes económicos no son como los cuerpos físicos analizados por la ciencia física, ellos están siempre en proceso de cambio. La corporación, la fuerza de trabajo, la conducta del consumidor, el papel del gobierno, están siempre en transición. Esto significa que la ciencia económica, si ha de evitar la obsolescencia debe adoptarse de dos maneras. Debe cambiar en tanto en cuento nueva información o interpretación añadida mejora. Debe también cambiar a la manera que cambian las instituciones básicas.
Hasta hace poco la ciencia económica se presentaba como un cuerpo unificado de conocimiento sobre el que, a pesar de menores desacuerdos, virtualmente todos los economistas estaban de acuerdo. Pero hoy en día los economistas no están de acuerdo entre sí. Existen diferentes enfoques hacia la ciencia económica, y estos diferentes enfoques llevan a diferentes conclusiones. A menudo los economistas evitan los valores, diciendo que la ciencia económica analiza lo que es, no lo que debe ser. Esto es erróneo, ya que cada enfoque incorpora valores, y esos valores tienen una fuerte influencia en lo que cada enfoque elige para analizar e investigar. (En nuestro marco de trabajo, la economía no es neutra, a pesar de que una gran cantidad de economistas quieren separar la ciencia económica de los valores.)
En lo que sigue veremos los principales presupuestos teóricos de algunas teorías y modelos económicos. No nos fijaremos ni el en capitalismo competitivo ni en el capitalismo corporativo monopolístico, que han sido analizados históricamente por diversos autores, sino en el capitalismo actual (el que va desde la segunda guerra mundial a nuestros días), es decir el llamado capitalismo corporativo estatal.(Acerca de la cada vez mayor importancia y relevancia de la corporación moderna, véanse Baran (1957), Baran y Sweezy (1966), Bowles y Edwards (1985), Chandler (1977), Galbraith (1967,1973), Herman (1981) McEwan (1985) y Tsuru (1961).)
Gordon, Weisskopf y Bowles caracterizan el actual capitalismo corporativo estatal por una competición monopolística a nivel mundial: cada vez más, las grandes corporaciones norteamericanas deben competir no solo entre ellas sino con similares empresas de otros países de capitalismo avanzado.
2. La economía dual y la segmentación del mercado de trabajo
La estructura microeconómica de cualquier sociedad capitalista moderna está caracterizada por un dualismo industrial y por el mercado de trabajo segmentado. Estas características estructurales conforman los procesos de acumulación y de conflicto modernos.
Esta idea principal puede ser expresada en cuatro puntos:
(i) El desarrollo de una estructura industrial moderna conduce a lo que ha sido llamado la economía dual –la emergencia de dos sectores de empresas distintos. Un sector, el centro, consiste en un pequeño número de grandes empresas con poder de mercado sustancial; el otro sector, la periferia, incluye el resto de la economía privada, principalmente pequeñas y medianas empresas con pequeño poder de mercado (Averitt 1968, Bowring 1985, Edwards 1979, Galbraith 1967,1973).
(ii) El movimiento sindical, particularmente como un resultado de su éxito al establecer sindicatos industriales, se ha convertido en un factor central en el conflicto y convenio entre empleadores y trabajadores. En particular, un conjunto de entendimientos comunes, el acuerdo de trabajo, ha venido a gobernar las relaciones entre la mayor parte de los trabajadores sindicados y la mayor parte de los grandes empleadores desde la segunda guerra mundial (Edwards 1979, Gordon et al. 1982).
(iii) el dualismo industrial y el acuerdo de trabajo, combinados con diferentes sistemas de control en el puesto de trabajo, de discriminación sexual, y otros factores, ha producido el sistema de marcado de trabajo segmentado (Gordon et al. 1982).
Además como Galbraith reconoce (1973 pp. 194-195), el sistema económico conlleva una diferencia persistente en renta entre los trabajadores de las diferentes partes de la economía. Cinco factores, todos intrínsecos al sistema, sugieren este resultado:
(a) El sistema centro resuelve sus conflictos con sindicatos concediendo demandas de sueldos, incluyendo compartir las ganancias de productividad. El sistema periférico no tiene ni este poder ni las ganancias de productividad.
(b) El control por el sistema centro sobre sus precios y costes incluye en control sobre los precios pagados y cargados al sistema periférico. Esto le permite una medida sustancial de control sobre los términos de mercado con el sistema periférico. Siendo capaces de regular sus términos de mercado, naturalmente vuelve estos precios (cargados por el sistema periférico) en su propia ventaja.
(c) Esta ventaja es aumentada por el hecho de que el pequeño propietario de la periferia permanece en le mercado en parte porque reduce su propio salario y en parte porque, siendo los sindicatos menos frecuentes, puede ocasionalmente reducir los sueldos de sus trabajadores.
(d) Las medidas para frenar la inflación, al menos las recomendadas en el pasado, reducen la demanda, los precios y las rentas del sistema periférico. En el sistema centro los precios están bajo control, y los salarios están sujetos a la autoridad de los sindicatos fuertes. El efecto de restricción de demanda en esta parte de la economía es por tanto en output y empleo. Las rentas de los trabajadores empleados, aparte del sobresueldo, no se reducen. Y el desempleo reduce cualquier ocasión que pudieran tener los trabajadores del sistema periférico para moverse hacia el empleo de mayor sueldo del sistema centro.
(e) El sistema centro requiere personal de relativa alta calificación educativa. Los requisitos educaciones de educación para el empleo en el sistema periférico –y en particular en la agricultura, pesca y ganadería– han sido tradicionalmente más bajos. La cualidad del sistema educativo se acomoda a esta diferencia (Bowles y Gintis 1976). La educación pobre, la discriminación racial, y la necesidad de emigrar de las regiones de agricultura tradicional a las regiones de empleo industrial han incrementado la diferencia entre el sistema periférico y el centro.
(iv) Este conjunto de características institucionales –dualismo industrial y mercados de trabajo segmentados– constituye la estructura básica microeconómica de la estructura social de acumulación (ESA) del periodo de después de 1945.
La acumulación es el proceso de movilizar, trasformar y explotar los inputs requeridos en la producción capitalista y después de vender el output. La búsqueda del beneficio y la inversión son los pilares del proceso de acumulación capitalista. Una ESA es el conjunto de estructuras institucionales dentro de las cuales se da la acumulación: ella estructura todas las relaciones tanto dentro del sistema económico como entre el gobierno y la economía (Gordon et al. 1982, Bowring 1985). Mientras algunos autores tienden a ver los cambios en la organización del trabajo como tecnológicamente determinados o históricamente predeterminados, siguiendo a Gordon, Edwards y Reich (1982) aquí se sugiera un camino alternativo: Si la gente y la clases han influido en la transformación del trabajo en el pasado, debemos ser capaces de influir su reconstrucción en la actualidad y en el futuro.
Así, en EE.UU., unas 1200 grandes corporaciones son tan importantes, económicamente, como las restantes 16 millones de pequeñas y medianas empresas combinadas. Esas 1200 grandes corporaciones, en 1980, vendieron 2,7 trillones de valor en dólares de bienes y servicios, y emplearon a cerca de uno de cada tres trabajadores. Estas empresas gigantes son todo menos anónimas. Tampoco son débiles. Igualmente los líderes de los sindicatos americanos hablan de más de 10 millones de empleados, uno de cada cinco trabajadores. (Cerca de 80 millones de trabajadores americanos no tienen ninguna representación sindical. Muchos de estos trabajadores son de bajo salario, a menudo minorías raciales y mujeres.)
Las empresas centro –definidas como esas 1200 grandes corporaciones no-financieras que cuentan con casi la mitad de todas las ventas de las corporaciones– son, con mucho, las de los mayores empleadores, los mayores beneficios, y contribuyen a la mayor parte del output neto. Una consecuencia inescapable del desarrollo de la gran corporación es que los precios dejan de ser competitivos e impersonales. Al contrario, la corporación gana el poder esencial para imponer sus propios precios (Baran y Sweezy 1966, Galbraith 1967, Herman 1981). Además como ha sido repetido por Galbraith (1967,1973) y Bowles y Edwards (1985), el negocio de las grandes firmas crece a expensas de las empresas pequeñas.
Así, las corporaciones, los grandes sindicatos y el gobierno –un gran productor de productos y servicios en el sector público– se han unido para destruir el mercado competitivo neoclásico.
3. La santísima trinidad pro-empresarial
A pesar de las diferencias institucionales, las estrategias pro-empresa –economía del lado de la oferta, monetarismo y corporativismo– tienen en común algunos principios claros (Campen y MacEwan 1982, O’Connor 1984, URPE 1978):
(i) el principio de crecimiento guiado por el beneficio: Para sobrepasar el problema de la inversión en producción, deben ser restablecidos los beneficios a su posición de preeminencia y los recursos deben ser redistribuidos a los pudientes.
(ii) El principio de asignación basada en el mercado: Para resolver el problema del descontento popular acerca de la determinación social de prioridades, debe restaurarse el papel del mercado como árbitro de prioridades de crecimiento.
(iii) El principio de armamento para poder económico: Para resolver el problema de la competición internacional que ha socavado el poder USA en el extranjero, hay que resolver el problema de la re-militarización.
Estos principios son fundamentalmente erróneos.
Si no hay ninguna promesa de expansión de la demanda, las corporaciones no invertirán. El mercado no trata con las des-economías externas. Cuantos más recursos se dediquen al gasto armamentista, menos habrá para usos de más valor civil inmediato.
Las estrategias pro-empresa representan una vía de gestionar la economía, no la única vía. La resolución de las crisis económicas en términos empresariales ha llevado a mayor despilfarro económico y a menos democracia económica.
Presentamos una alternativa, basada en los trabajos de, entre otros, Bowles, Gordon y Weisskopf, para la recuperación económica, basada en muchas discusiones a actuales, que puede ser bautizada como economía democrática.
3. 1. La economía del lado de la oferta
Los economistas que abogan por tal tipo de economía se basan en los tres argumentos siguientes (Gilder 1981, Hailstones 1982):
(a) Menores impuestos personales y empresariales estimularán más esfuerzo de trabajo, mayores ahorros, y más rápidas inversiones.
(b) La desregulación gubernamental de las empresas promoverá inversión y energía empresarial productiva.
(c) No se necesita preocuparse acerca de los déficits o las consecuencias potenciales de inflación de las grandes reducciones de impuestos, porque la inmediata respuesta del ouput de productividad generará más impuestos adicionales de renta para cubrir las reducciones.
Veamos tales argumentos:
(i) La reducción de impuestos por sí mismas no genera más inversión rápida. Lo que conduce es a mayores cuentas corrientes de los pudientes y a cortes en los servicios de necesidades sociales.
(ii) No es plausible el achacar a los actuales problemas económicos una excesiva regulación gubernamental. Los críticos conservadores del sector público no hacen mención del enorme presupuesto armamentístico ni de los considerables subsidios empresariales a las empresas privadas. Se concentran, en su crítica, en tres objetivos fundamentales: impuestos sobre individuos y empresas, regulación gubernamental del medio ambiente y programas de servicios sociales. Por tanto no es de ninguna forma plausible que la desregulación resolverá los problemas de la depresión económica.
El argumento económico por la regulación es normalmente que los beneficios privados de la compañías –digamos, los de las empresas polucionadoras– sobrepasan su neta contribución social.
(Un bien concebido sistema de regulación ayudaría a hacer más sensible el uso de los recursos humanos y naturales que resultarían de la simple y no-reguladora búsqueda de beneficios y por tanto promovería el desarrollo de una economía con capacidad para cubrir necesidades humanas.)
El caso de la reducción de regulación en muchas áreas trata de promover el crecimiento dando la mayor importancia al mecanismo de mercado y al beneficio privado. La lógica de la ‘desregulación’ es una cadena de tres confusiones.
Confunde:
(1) El valor de mercado de algo con cuán importante o útil es.
(2) La empresa privada con la actividad productiva en general (por ejemplo, cortar el cuidado de los niños porque no produce un output en el mercado).
(3) Beneficios con la contribución empresarial al bienestar social.
La desregulación no proporciona un crecimiento económico agregado o bienestar social general sino la promoción del beneficio privado.
Como indica el premio Nóbel Tobin (1981, p. 13), «las plantas y los equipos no son el único capital social. Si queremos que una sociedad haga mejor provisión en el futuro, debemos también preocuparnos por la preservación y la mejora del capital humano, de los recursos naturales, y que el sector público proporcione la infraestructura, todo lo que es sacrificado (…) por la ideología de que solo el negocio privado es productivo.»
(iii) Acerca del argumento de que el déficit gubernamental disminuye a medida que las impuestos son rebajadas, de acuerdo con estudios recientes (Bowles et al. 1984, pp. 195-196), el impacto negativo de la inversión de créditos de impuestos sobre el beneficio de renta gubernamental es al menos tan grande como su efecto positivo sobre el aumento de inversión: En conjunto la renta gubernamental proveniente de impuestos y pagos bajará, no subirá. Esto resulta en un déficit mayor, no menor.
La mayoría de los economistas, sin embargo, concluyen que las proposiciones de la economía del lado de la oferta son no plausibles y que sus prescripciones serán fútiles. Los resultados del experimento del lado de la oferta en EE.UU. no son dignos de ser seguidos, La inflación cayó de un índice anual de 11,7% cuando Reagan subió al poder a un 4,5% al final de 1982. El desempleo creció de 7,4% en el primer cuarto de 1981 a 10,7 al final de 1982. La Reaganeconomía es una mezcla de economía del lado de la oferta y monetarismo. La Reaganeconomía o corte de impuestos e incentivos fiscales más constricciones monetaristas es una falacia elevada al nivel de doctrina presidencial (Tobin 1981 p. 9). No se pude, al mismo tiempo, intentar empujar la demanda y restringirla.
3. 2. Monetarismo
El monetarismo tiene lugar privilegiado entre los conservadores y los partidarios a ultranza del libre mecanismo de marcado. En tanto en cuanto la gente se ha dado cuenta de las simplificaciones altamente inflacionistas de la economía del lado de la oferta y de las implicaciones neokeynesianas, el monetarismo ha reconocido un renacimiento como la única política capaz de parar el alza de precios.
La solución monetarista a la actual crisis económica consiste en encarecer el dinero, llevando a una predecible contracción de la producción y del empleo. El único medio de controlar la inflación es controlar los costes de producción. Esto se hace posible solo si y cuando el balance de poder es llevado de los vendedores, que se benefician de los precios más altos, hacia los compradores, que los pagan. Menos crecimiento ayudará a cambiar el poder de los vendedores a los compradores reduciendo la demanda total de bienes y servicios. Con una demanda disminuida, los vendedores serán menos capaces de elevar los precios. De forma similar, los trabajadores encuentran una dificultad creciente para elevar sus sueldos. La baja de demanda viene a través del menor crecimiento de oferta de dinero y de crédito de forma que las familias, las empresas y el gobierno serán obligados a no invertir más allá de sus medios.
El costo necesario de esta estrategia es el crecimiento menor o aún la regresión económica. Con un crecimiento atascado y empresas operando a bajos niveles de capacidad de utilización, la eficiencia de la producción inicialmente parará o bajará. Las reducciones en la impuesto del incremento de coste vendrá al reducir los precios del trabajo y de otros inputs o reduciendo sus impuestos de incremento. El menor crecimiento es el instrumento necesario para alcanzar una situación de oferta-en-exceso-de-demanda y por tanto reduciendo la presión de los costes sobre los precios.
Los monetaristas buscan el ampliar el desempleo, sobrecargar el mercado de inputs para recuperar la estabilidad de precios. Pero aún hay más: es perfectamente aceptable la inversión en armamentismo; lo que no es aceptable es el mantenimiento de las rentas y la seguridad de desempleo.
Las políticas monetaristas claramente intentan una redistribución de poder y de renta desde el trabajo hacia el capital. Este objetivo, junto con la retórica del libre mecanismo de mercado, es el que los monetaristas comparten con los partidarios de la economía de oferta. Pero los dos enfoques son diferentes:
(i) Los partidarios de la economía de oferta ven el corte de impuestos como un estímulo directo de crecimiento.
(ii) La posición monetarista es más indirecta.
Sobre el problema de la inflación, (i) los partidarios de la economía de oferta esperan atacarla a través de incrementos inmediatos y enormes de los bienes disponibles, satisfaciendo así las presiones de demanda en lugar de reducir la demanda; (ii) los monetaristas insisten en la inmediata y fuerte reducción de la demanda para reducir las presiones inflacionistas. (Están dispuestos a seguir estas reducciones de demanda sin mirar a los costes de la gente ordinaria tanto en reducción de sueldo como en desempleo.)
No hay ningún soporte a la idea de que el crecimiento puede ser acelerado cortando gastos públicos de la seguridad social, de la sanidad y/o de educación.
Hay dos posibilidades en el futuro: o bien la resistencia política hará abandonar rápidamente la estrategia monetarista y seguir otro tipo de solución económica para solucionar la crisis actual, o serán necesarios cortes sustanciales de democracia para ‘proteger’ el experimento monetarista –algo que puede ser bautizado como la solución chilena.
(Una crítica más detallada de la política económica conservadora del monetarismo en EE.UU. puede encontrarse en Campen y MacEwan 1982.)
3. 3. El corporatismo o la economía de arriba hacia abajo (top-down)
Los que no pueden soportan tanto los costes y riesgos del monetarismo se vuelven sobre una estrategia corporatista que predica una intervención gubernamental selectiva en la ayuda de los beneficios e intereses de la corporación. Esta estrategia impone costes enormes, económicos y políticos.
Hay dos diferencias principales entre el corporatismo y los partidarios de la economía de oferta o los monetaristas (Bluestone y Harrison 1982):
(i) Los corporatistas no comparten el ataque conservador sobre el gobierno. Piden una política gubernamental más coherente para impulsar el interés del beneficio y la formación de capital. Reconocen la necesidad de una implicación mayor del gobierno en la economía.
(ii) Los corporatistas también evitan el modelo del mercado libre. Su modelo no es uno de competencia perfecta sino uno de compromiso y consenso entre las corporaciones gigantes, los grandes sindicatos y las agencias gubernamentales que dominan la economía. (La retórica corporatista no habla de la ganancia individual sino del bien común.)
La lógica económica de la posición corporatista puede resumirse como sigue:
(a) La competición no regulada entre empresas, trabajadores y consumidores da lugar a despilfarro e innecesario conflicto social.
(b) El beneficio es lo que hace que el capitalismo funcione; los managers deben entender el motivo del beneficio –pero deben también entender la diferencia entre maximizar beneficios a corto plazo y optimizar beneficios a largo plazo.
(c) La implicación de la planificación gubernamental cuidadosa y amplia en la economía es necesaria para racionalizar la producción y la distribución con el interés de mantener un alto nivel de beneficio.
(d) La prioridad inmediata es un incremento en la impuesto de inversión a través de transferencias de renta a las grandes corporaciones.
(e) Es necesario el corte de consumo e corto plazo con el objetivo de permitir altos niveles de beneficios de corporación e inversión; a largo plazo, los corporatistas prometen que las ganancias serán realizadas a través de un crecimiento económico rápido y estable.
(f) Promoverán la restricción del acceso popular a los órganos de decisión económica.
(g) Prioridad de los bienes de capital sobre las mejoras de la calidad de vida.
(h) Mayor impulso al comercio.
(i) Renegociación y estabilización de la deuda externa.
(j) Movilidad del capital.
Como las otras estrategias pro-empresariales, los corporatistas se basan en el impuesto del beneficio de la corporación para la medición de su validez económica; el beneficio debe ser el principio guía de la inversión y la supervivencia del mercado será la última coacción de las prioridades de beneficio.
Los corporatistas insisten en que los imperativos de beneficio, crecimiento, y restauración de la competitividad internacional requiere una regresiva distribución –de los bolsillos de los trabajadores y consumidores hacia los cofres de las corporaciones. Sin embargo, altos beneficios y bajos salarios no son ninguna garantía de un rápido crecimiento económico.
Algunos economistas han argumentado que la resolución de la crisis de acumulación se ha de basar en una planificación económica organizada con un modelo político corporatista y/o estatista. Las razones dadas incluyen la necesidad de reducir riesgos de inversión y promover la modernización y la expansión del capital inversor; movilizar fondos estatales para ayudar a las compañías preparadas a reestructurar radicalmente sus operaciones; determinar el impuesto de inversión y su asignación sin crear desigualdades no controlables en la distribución de rentas; y coordinar el desarrollo y la investigación.
4. Stagflación
De acuerdo con Galbraith (1973), las corporaciones pueden elevar sus precios y los grandes sindicatos elevar sus salarios. Ambas acciones, tanto como un exceso de poder de compra, se han convertido en la causa de la inflación moderna. Y el desempleo es la consecuencia normal del esfuerzo para mantener a las corporaciones, grandes sindicatos y otros sin incrementar sus precios y salarios por medio del corte sobre la demanda. Así ambos, la inflación y el desempleo, la llamada stagflación, es la normal consecuencia de aplicar políticas obsoletas –la clásica política monetaria y fiscal– a un mercado que no es competitivo ni neoclásico por más tiempo.
Si los sindicatos tienen poder sobre las rentas de sus miembros y las corporaciones poder para imponer sus precios, un incremento en el salario sindical podrá ser pasado al consumidor en la forma de mayores precios. Se ve la posibilidad de una espiral de salarios/precios –los salarios presuponen mayores precios y los precios mayores supondrán mayores sueldos. Así la inflación es un resultado plausible del poder de la gente que ha escapado del mecanismo de mercado y ha obtenido el control de sus propios precios.
La política monetaria clásica tiende a controlar la economía por la regulación de la cantidad de dinero pedido prestado a los bancos y el gasto del dinero así creado. Si la necesidad es de restringir el gasto por el peligro de la inflación, entonces el banco central puede cortar los gastos reduciendo los fondos prestados. Solo es efectiva esta medida si produce desempleo; y para evitar la inflación debe haber mucho desempleo (Galbraith 1973). La política monetaria niega préstamos a las empresas pequeñas, que dependen de dinero prestado para sus negocios, pero proporciona a la corporación que tiene capital de sus propias ganancias un camino libre para obrar.
La política fiscal tiene algo más de equidad que la política monetaria. Pero también trabaja reduciendo producción y empleo, y así lo hace antes de que los precios sean afectados (Galbraith 1973). Trabaja mejor sobre los precios de las pequeñas empresas y los agricultores, los que son menos capaces de mantener sus precios y rentas.
Pero esto no es sino una parte de la historia total, ya que las raíces de la inflación son mucho más complejas. La coyuntura de la lucha de clases moderna, la competición capitalista, y la política estatal están en las raíces de la moderna inflación (Rosenberg y Weisskopf 1982).
Las distintas políticas que intentan combatir la recesión y la inflación vía la manipulación de la demanda total solamente son efectivas en el sector de la pequeña empresa, en la periferia del sistema económico. La regulación general del mercado propuesta por Keynes no sirve para estabilizar el mundo de las grandes corporaciones, el sistema centro. Por tanto, este sistema centro ha de ser objeto de específicas medidas y controles directos de precios, los que los economistas Bowles, Gordon y Weisskopf (1984) llaman una política de ‘precios flexibles’.
La inflación es el resultado de la expansión de la demanda y oferta del crédito de consumo, la deuda pública, y el crédito empresarial requerido para desarrollar y comercializar nuevas y más valiosas mercancías, financiar uniones, y adquisiciones y la especulación real. Es también causada por altos costes de producción en un periodo de relativo estancamiento y exceso de capacidad. Otra fuente de inflación es la periódica debilidad del dólar USA y la ‘crisis energética’. Aún otra es los altas índices de interés o una permanente diferencia entre el interés del dinero y el impuesto de inflación. Se la usa como una estrategia deliberada para tratar de mantener los precios por delante de los sueldos y las ventajas sociales. La inflación es también debida a la demanda de monetización sobre la economía que hace cada vez menos posible el compaginar el impuesto de explotación, el nivel de beneficios y los recursos económicos capitalizados.
Mientras Galbraith (1967,1973) favorece el control de precios y de salarios en el sistema centro, estamos en desacuerdo con el análisis subyacente que pide control de costes salariales. De acuerdo con Rosenberg y Weisskopf (1982), la inflación es principalmente debida al estancamiento del crecimiento de productividad. Por tanto, la clave para reducir la inflación es el revitalizar el impuesto de crecimiento de productividad, no el reducir el nivel de crecimiento salarial. Por tanto, se necesitará tanto el aumento de salario como la participación en la organización del proceso de producción para, en verdad, reducir las tensiones inflacionistas (Bowles, Gordon y Weisskopf 1984).
5. Hacia una economía democrática
Las tres estrategias pro-empresariales tienen en común un compromiso hacia la restauración del poder corporativo en la economía nacional y mundial. De acuerdo con las estrategias pro-empresariales el mundo se basa en tres principios básicos para promocionar la restauración empresarial: (a) la asignación por la búsqueda del beneficio; (b) la asignación por el mecanismo de mercado; y (c) el armamentismo como poder económico.
Está claro que la democracia sufrirá si alguno de las tres estrategias pro-empresariales se pone en marcha. Los programas pro-empresariales impulsarán el poder de las más grandes corporaciones multinacionales. Estas mega-corporaciones consideran el mundo entero como su campo de acción. Esto ya fue señalado por el propio Keynes (1932-33). En efecto, Keynes avisó de los riesgos políticos sobre las necesidades populares y la soberanía de las políticas que supusieran mayor comercio internacional ‘libre’. (Cuanto más nos atamos a la disciplina del mercado mundial, decía Keynes, menor control tenemos sobre nuestros futuros económicos.)
Creemos que Keynes tenía razón. El programa empresarial para la recuperación económica resultará en menor control de nuestros propios destinos. Por otra parte, los fallos económicos de la estrategia pro-empresarial son demasiado evidentes y alarmantes por lo que conllevan.
Por tanto, proponemos un programa alternativo, siguiendo a Bluestone y Harrison (1982), Carnoy y Shearer (1980), Dumas (1986), Green (1982), Hobson (1985), Luria y Russell (1982) que puede promover una verdadera recuperación económica y que además supone más democracia.
La economía democrática se basa en las siguientes premisas:
(a) Las gentes deben controlar sus vidas democráticamente.
(b) Una economía debe proveer tanta falta de inseguridad como sea posible.
(c) Las instituciones económicas y sociales deberán promover tanta igualdad entre trabajadores y ciudadanos como sea posible.
(d) Una economía deberá hacer el mejor uso posible de sus recursos naturales y humanos.
(e) Un sistema económico deberá promover oportunidades individuales y colectivas de autodefinición y auto-expresión.
Más democracia no significa más despilfarro y más ineficiencia. Por tanto, nuestra crítica no es la crítica tradicional keynesiana del despilfarro inherente en la economía del laissez-faire. Los keynesianos pusieron su atención en el despilfarro del lado de la demanda, identificando el innecesario bajo nivel de output y empleo que puede resultar cuando el mercado opera enteramente a su merced, y cuando, como resultado, la demanda de bienes y servicios es mucho menor que la que habría sin tales errores de mercado.
(Algunos todavía persisten en la fe keynesiana, creyendo que una expansión de la demanda agregada alcanzará el pleno empleo y de alguna forma resolverá los actuales problemas. Esto es un error. Nosotros estamos a favor del pleno empleo, siguiendo a los mejores economistas radicales, pero un programa económico progresivo debe dirigirse no solo a los problemas del lado de la demanda sino también a todo el despilfarro por el lado de la oferta que hoy en día plaga la economía.)
El problema con la doctrina keynesiana heredada no es que unos déficits de la demanda agregada nunca ocurran o que no importen. A menudo ocurren. Y tienen importancia. Pero la expansión por el lado de la demanda no es suficiente. Un programa viable para el crecimiento económico deberá tener en cuenta un programa tanto del lado de la demanda como prestar atención a los efectos de los sistemas de producción y distribución de la oferta de servicios y bienes. Esta orientación del lado de la oferta debe buscar cambios en los enfoques del sector privado para producir y distribuir, promocionando planificaciones democráticas selectivas. Lo que importa no es simplemente la posición de uno sobre el estímulo o la contracción de la demanda. Lo que también importa es el enfoque de uno sobre la oferta de bienes y servicios. Por tanto, lo que nos separa tanto de los programas pro-empresariales como del enfoque tradicional keynesiano es nuestra comprensión de la economía inactiva y qué hacer acerca de ella.
Estamos de acuerdo en que las normas de la economía política contemporánea crea un enorme despilfarro. Fomentan tanto el despilfarro por parte de la demanda –trabajo y capacidad industrial no usada— y despilfarro por parte de la oferta –recursos mal usados. Las reglas de juego que crean tal enorme despilfarro son las reglas del capitalismo –el principio de que el beneficio debe ser el último árbitro de la valía de una persona o un producto. Su uno acepta tales normas, deberá aceptar la permanencia del despilfarro por parte de la oferta.
Los monetaristas y corporatistas argumentan que debemos aceptar el énfasis pro-empresarial sobre los beneficios antes que la democracia. La democracia económica apunta hacia la posibilidad de cambiar las reglas de juego que han creado el despilfarro que pesa sobre la economía. Provee tres principios alternativos para contrastar el enfoque básico pro-empresarial:
(1) Las estrategias pro-empresariales insisten en el crecimiento guiado por el beneficio. La economía democrática insiste, por el contrario, en la necesidad y ventajas del crecimiento basado en los salarios. Si no hay promesa de demanda expandida, las corporaciones no invertirán — sin importar cuánto dinero de más se haya malgastado en ellas o cuánto hayan bajado las impuestos reales de interés.
Supóngase que el consumo es altamente tasado para financiar los cortes de impuestos para los beneficios de corporación y que las concesiones en sueldos ayudan a reforzar los beneficios de corporación a través del proceso de convenio colectivo. Esto incrementará ciertamente la parte de beneficios en la demanda agregada. Pero el consumo caerá reduciendo el nivel efectivo de la demanda agregada. La renta caerá a menos que un incremento de inversión neta compense la caída de consumo. Es extremadamente extraño que la inversión aumente mientras cae el consumo –porque el nivel de la demanda agregada es el determinante más importante de la inversión total. Tampoco es más posible que las exportaciones netas aumenten lo suficiente para compensar la caída de consumo, dado que el resto del mundo necesita, digamos, dólares para comprar las exportaciones americanas pero el dólar gastado sobre las importaciones USA habrá caído como resultado de la caída de consumo en los EE.UU. Por tanto, altos beneficios y bajos sueldos no son una garantía de crecimiento económico. Los beneficios pueden florecer, pero la inversión puede estancarse.
Teniendo en cuenta a la gran mayoría, en lugar de suprimirla, las políticas basadas en un crecimiento dirigido por los salarios pueden estimular el empleo agregado y la inversión, promoviendo más rápido crecimiento a través de los efectos del lado de la demanda del pleno empleo y de los efectos del lado de la oferta de mayor motivación de los trabajadores y presión innovativa.
(2) Las estrategias pro-empresariales insisten en la asignación basada en el mecanismo de mercado. La economía democrática cuenta con el principio de asignación basada en necesidades. La economía servirá más directamente y más democráticamente a sus miembros si hay alguna planificación directa para identificar y cubrir las necesidades de la gente para consumo cotidiano y desarrollo personal.
(3) Las estrategias pro-empresariales insisten en la necesidad del armamento para el poder económico. La economía democrática se basa en la cooperación para la seguridad económica –tanto a nivel nacional como internacional. Subraya la importancia de la cooperación no únicamente por razones morales sino igualmente porque el despilfarro y la inseguridad que las tendencias a la dominación económica históricamente han producido.
Por tanto, proponemos cinco pasos hacia un sistema más racional y viable para la asignación económica de recursos.
(a) Dado que los precios de mercado de bienes y servicios no miden su contribución a cubrir las necesidades sociales, proponemos un inventario de necesidades sociales y una administración de planificación democrática que suplemente las asignaciones de mercado.
(b) Dado que las inversiones ligadas a la búsqueda del beneficio son a menudo derrochadoras, injustas e inefectivas, proponemos un incremento de inversiones basadas en la comunidad y otros medios para controlar democráticamente la expansión de la capacidad productiva.
(c) Dado que los banqueros no representan el interés público al conducir la política monetaria, proponemos un sistema de control democrático sobre el banco central y el sector financiero.
(d) Dado que el objetivo de beneficio y la resaca de los mercados tiende a destruir comunidades y vecindarios, proponemos pasos que permitan una mayor iniciativa comunitaria en la decisión de las localizaciones industriales y en el desarrollo infraestructural.
(e) Dado que la búsqueda de beneficio está arruinando el medio ambiente, imponiendo penosos costos y amargos resultados sobre las familias y las comunidades, proponemos un enfoque más democrático para las elecciones necesarias y difíciles acerca de las decisiones que afectan al medio ambiente.
Proponemos, en breve, basarse menos en el mecanismo de mercado y hacer mucho más uso de un sistema de planificación democrática para promover una economía democrática.
El primer requisito para un sistema de instrumentos de planificación democrática es un método para medir las necesidades públicas. Una vez se tenga el inventario de tales necesidades estructuradas por la intensidad de la expresión popular, basándose en técnicas ampliamente usadas de tablas input-output, podemos estimar los objetivos de producción anuales en industrias productoras de bienes tanto como en servicios para cubrir las mayores necesidades establecidas por el inventario de necesidades. Como indica W. Leontief (citado en Carnoy y Shearer 1980 pp. 269-270), «Debería estar claro que la planificación (…) no especificará objetivos para (…) cada (…) empresa individual. Pero podría indicar el número de coches, el número de generadores y la cantidad de bienes congelados que posiblemente necesitemos, digamos, en cinco años y tratará de inducir las industrial relevantes para actuar consiguientemente.»
6. Desarrollo y crecimiento económico: planificación para cubrir necesidades humanas
Lo correcto es lo que es apropiado para el particular estadio de la secuencia política, cultural y económica de un país concreto en su proceso histórico (Teune y Mlnar 1978).
Nuestra tesis es que un sistema de planificación democrática puede proveer una cobertura cierta de necesidades humanas y ayudar a reestructurar la economía. La ortodoxia proclama que los beneficios miden la contribución del producto a las necesidades humanas.
Pensamos que la elección entre el mercado de libre empresa y la planificación centralizada está mal representada. Un tercer sistema de asignaciones económicas es cada vez más necesario. Proponemos, por tanto, una vía alternativa –una alternativa democrática que busca simultáneamente limitar el costo de lo inapropiado de basarse únicamente en el mercado y de reducir la dependencia sobre instrumentos burocráticos a moderar el conflicto que las decisiones de planificación posiblemente van a provocar.
La vivienda es demasiada cara para la mayoría de los ciudadanos, mientras el mercado ensalza las casas de vacaciones. El servicio de salud es a menudo no accesible o exorbitante, mientras billones son gastados en alta tecnología para aquellos que pueden pagar tales cuidados. El sistema de transporte de masa continua deteriorado en muchas regiones; la energía solar y los sistemas de conservación de energía permanecen subdesarrollados, mientras continuamos pagando grandes cantidades para el empaquetado de nuestra alimentación, aditivos y costes de propaganda.
El primer requisito para un sistema de planificación democrática es el tener un método para asegurar las necesidades públicas. Por tanto:
(i) Las estadísticas oficiales deben incluir anualmente un suplemento sobre las mayores necesidades de vivienda, enfatizando la alimentación y servicios que los vecinos no reciben corrientemente en el mercado por cantidad insuficiente o por calidad. Esta información proveerá la base para un inventario de necesidades anual, resumiendo las más urgentes necesidades sociales y estructurando estas necesidades por la clase y la intensidad de la expresión popular.
(ii) Basándose en técnicas de tablas input-output, un informe estimará los objetivos de producción anual en industrias de bienes –acero, energía, computadores, etc.– tanto como en servicios –escuelas, transporte público, etc.– que serán necesarios para colmar las mayores necesidades establecidas en el inventario de necesidades.
(iii) Estos objetivos de producción serán comparados con recientes tendencias en los outputs de producción de los sectores correspondientes. Allá donde los outputs corrientes (o su crecimiento) caiga por debajo de las necesidades de producción, serán provistos subsidios de inversión a empresas privadas, sindicatos, consejos de administración comunitarios, y otras instituciones de inversión controlada democráticamente para asegurar la inversión en sectores cuyo incremento en output parece de más alta prioridad.
Dadas las contradicciones bajo las que trabaja la economía, ¿podemos encontrar un patrón de demanda final que consiga la mayor contribución al bienestar de la sociedad?
La necesidad de un enfoque macroeconómico lleva al análisis de tablas input-output, que es ‘macro’ en términos de su alcance y ‘micro’ en términos de su enfoque (Bulmer-Thomas 1982 p. 278).
Los resultados del modelo macro que predice el crecimiento del Producto Interior Bruto sobre el periodo del plan con diferentes valores para las variables macroeconómicas tales como inversión, consumo, importación, exportación, y empleo son introducidos en el escenario sectorial usando técnicas de las tablas input-output.
En el escenario sectorial, el nivel dado de crecimiento y los valores últimos para las variables macroeconómicas permiten al planificador trabajar sobre la composición sectorial de la demanda final; en este ejercicio la inversión puede ser endógena o exógena, pero en cualquier caso los resultados deben ser comprobados más tarde sobre la consistencia entre crecimiento de output, acumulación del capital y oferta financiera.
El output en cada sector deberá ser lo suficientemente grande para cubrir el nivel dado de demanda final a pesar de que la asignación esté hecha para demandas inmediatas. La solución puede no ser factible y puede también demandar recursos en escasez (tales como crédito o trabajo experto) que son inconsistentes con la proporción en que tales recursos se esperan que crezcan; además, algunos de los resultados del modelo sectorial, cuando son agregados, pueden contradecir los resultados del modelo macro, requiriendo un procedimiento reiterativo informal para conseguir la consistencia entre los dos escenarios.
Cuando se consigue tal consistencia y se llega a la solución del escenario sectorial que no hace demandas no racionales sobre recursos escasos y es practicable, el planificador puede proceder al proyecto del escenario. Este escenario trata de encontrar los proyectos eficientes en cada sector capaces de alcanzar los objetivos sectoriales sin exceder las limitaciones de recursos del país (Bulmer-Thomas 1982).
Si las limitaciones de recursos son conocidas, es posible que haya varias, diferentes, soluciones consistentes con ellas. La mejor solución será la que, para unos recursos dados, alcance el máximo crecimiento de output/consumo o que, para un dado nivel de output, alcance el resultado a un mínimo coste social.
7. Hacia una economía mixta y democrática
Mientras los monetaristas y corporatistas argumentan que debemos aceptar el énfasis empresarial sobre los beneficios ante la democracia, la economía democrática argumenta que eso no es una necesidad sino una imposición. Más democracia no quiere decir mayor ineficiencia y despilfarro. La mejor defensa de la democracia es más democracia. La democracia no es un coste (como ha indicado la Comisión Trilateral en estos años, Huntington et al. 1975), sino un ingrediente esencial para la recuperación económica.
Cualquier alternativa democrática requiere la intervención directa para promover equidad y seguridad de empleo. Esto quiere decir el alcanzar el pleno empleo a sueldos decentes y teniendo en cuenta las presiones inflacionistas que cualquier política de pleno empleo inevitablemente engendra.
Dada la desigualdad estructural entre los dos sistemas de la economía y entre la sectorización del trabajo en cualquier sociedad moderna, algunas líneas de acción pública serán necesarias para tratar con este doble problema del desempleo y la inflación:
(i) Medidas para igualar el poder dentro del sistema económico. Ningún remedio es posible si no se promueve el poder del sistema de la periferia o se reduce el poder del sistema de centro, o se consiguen ambos.
(ii) Medias directas para igualar la competencia dentro del sistema económico. En particular son las funciones que no son por sí mismas organizadas dentro del sistema centro y que no son competitivas en el sistema periférico –provisión de vivienda, transporte público, servicios de salud, servicios artísticos y culturales.
(iii) Medidas directas para apoyar la igualdad de renta entre la periferia y el centro y dentro del sistema centro evitar las tendencias inherentes a la desigualdad.
(iv) Medidas para alinear los objetivos del sistema de centro, como los que afecten al medio ambiente, con los objetivos de la gente. Esto incluye la regulación o prohibición de algunos efectos de producción y de consumo –polución de aire, agua, daños al paisaje– que sirven a los objetivos del sistema centro pero que están en conflicto con los de la gente.
(v) Medidas para controlar el gasto público para asegurar que estos sirven los objetivos públicos distintos de los del sistema centro.
(vi) Medidas para eliminar la sistemática tendencia deflacionista e inflacionista del sistema centro. No deben ser una nueva fuente de poder del sistema centro. No deberán discriminar al sistema periferia. Y deberán ser consistentes con una mayor igualdad en distribución de renta entre los dos sistemas.
(vii) Medidas para asegurar la coordinación interindustrial de la que el sistema centro es incapaz.
(viii) Medidas entre las diferencias persistentes en las rentas de los trabajadores en las diferentes partes de la economía.
Por tanto, proponemos la formación de una ‘economía mixta’ eficiente y democrática:
(a) Una combinación de los sectores privados y público, desarrollo de un control gubernamental sobre la actividad de las grandes corporaciones y métodos de regulación de mercado, y la formación de mecanismos de control público sobre la economía, que pueda hacer posible el ejercer una influencia intencionada sobre el curso del desarrollo.
(b) Control gubernamental sobre la formación de precios (principalmente sobre los productos de las grandes corporaciones, lo que los autores radicales citados llaman política de ‘control flexible de precios’ y salarios de solidaridad tanto como la necesidad por una política gubernamental igualitaria de retribución de rentas.
(Las políticas de salario solidario tratan de elevar los salarios de los trabajadores de más baja renta más rápidamente que los de los trabajadores de mayores salarios, promoviendo una igualdad de renta y la generación de presión sobre salarios en empresas atrasadas (The Swedish Confederation of Trade Unions, 1953).)
(c) Un sistema de planificación democrática regional y nacional para usar líneas o guías de acción para el desarrollo de las industrias correspondientes e influencias gubernamentales sobre la formación del volumen y estructura de la demanda final de consumo para servicios en la esfera dada. Esto incluye la socialización de las grandes corporaciones a través de la supervisión gubernamental de su actividad y el promover el desarrollo del sistema periferia a través de la pequeña y mediana empresa, aumentando las rentas en este sistema y haciendo estas rentas más factibles, reforzando la posición de este sistema cara al sistema centro (es decir, la parte de la economía bajo las grandes corporaciones).
Nuestro programa para la recuperación democrática de la economía puede ser pronto puesta en práctica si una cada vez mayor parte de la población así lo pide; no depende de cambios que requieran décadas para ser implementada; conlleva cambios que pueden ser técnicamente puestos en práctica en un periodo corto de tiempo. La cuestión crítica es política, no técnica.
La economía democrática es una agenda para nuestros días, en parte porque la insuficiencia del enfoque keynesiano sobre la distribución de renta se ha hecho más evidente. La expansión del estado del bienestar no puede, de por sí, proveer una respuesta coherente a los problemas económicos de final de siglo XX. Aún más importante, la movilidad mundial y global del capital ha puesto claro que una mayor búsqueda de la redistribución igualitaria será severamente constreñida por la amenaza de la huida de capital a menos que sea acompañada de una efectiva contabilidad democrática de la inversión. Igualmente, en la ausencia de una profunda reestructuración democrática de la organización social del trabajo, una mayor seguridad económica de los trabajadores es posible que sea asociada con una intensificación de la resistencia al trabajo, lo que significa mayores gastos de supervisión y vigilancia, y una crisis persistente de productividad (Bolwes, Gordon y Weisskopf 1984, capítulo 6).
Por tanto, los principales imperativos de la democratización de la economía son claros –democracia en el lugar de trabajo, planificación económica democrática, y acceso comunitario al capital. La lógica de la democracia en el lugar de trabajo es que la toma de decisión democrática en las unidades de producción remplazará la jerárquica estructuración actual por participación democrática. Con la planificación democrática se quiere decir la determinación socialmente responsable de las líneas generales de la estructura económica y de su evolución. Responsabilidad conlleva la deliberación colectiva y el control sobre las decisiones de inversión, pues es el concentrado control sobre el proceso de acumulación el que coloca la evolución presente y futura de los aspectos técnicos, espaciales, ambientales y económicos fuera del reino de la soberanía popular.
Este ensayo trata de proponer un marco para la economía política que habrá de ser debatido, como dicen sus principales autores, no solo a nivel académico, sino, principalmente, entre la ciudadanía. Siguiendo a Bolwes, Gordon y Weisskopf pensamos que la gente debe estar activamente involucrada en una cada vez una mayor variedad de instituciones que afectan las decisiones económicas, dado que, efectivamente, la mejor defensa de la democracia es una mayor, más profunda y mejor democracia.
(e) DECLARACION DE DERECHOS ECONOMICOS
Las recomendaciones propuestas por Bowles, Gordon y Weisskopf en sus diversas obras son algo más que un simple enfoque ecléctico, estando basadas en muchas y diferentes discusiones entre los miembros de la URPE (Union for Radical Political Economics). Representan una alternativa, democrática, a la actual situación de crisis, de despilfarro por parte de la demanda y de la oferta, de graves problemas de desempleo e inflación por doquier, además del crecimiento de una deuda externa cada vez más difícil de soportar.
Los principios generales que se han esbozado pueden agruparse en la siguiente Declaración de Derechos Económicos que habrán de ser concretados a las particulares condiciones y circunstancias específicas de nuestro país.
Declaración de Derechos Económicos
1. Derecho a la seguridad y equidad económica
1. 1. Derecho a un empleo decente
1. 2. Salarios solidarios, pagas comparables e igual oportunidad de empleo
1. 3. Jardín de infancia públicos y centros de servicios comunitarios
1. 4. Menor número de horas de trabajo semanal y flexibilidad de horario de trabajo
1. 5. Control flexible de precios
2. Derecho a un puesto de trabajo democrático
2. 1. Compromiso público hacia los sindicatos
2. 2. Derechos de los trabajadores a conocer y decidir
2. 3. Incentivos de producción democráticos
2. 4. Promoción de empresas comunitarias
3. Derecho a delinear nuestro futuro económico
3. 1. Planificación para la satisfacción de necesidades humanas
3. 2. Inversión democrática
3. 3. Control democrático del dinero
3. 4. Promoción de vida vecinal y comunitaria
3. 5. Democratización ambiental
3. 6. Democratización del comercio exterior
4. Derecho a una mejor calidad de vida
4. 1. Reducción del gasto militar
4. 2. Conservación de energía y uso de energía sin riesgos
4. 3. Buena alimentación
4. 4. Buena política sanitaria
4. 5. Oportunidades culturales y de aprendizaje
4. 6. Salarios para cuidado doméstico de niños y ancianos
4. 7. Lucha comunitaria contra la delincuencia
4. 8. Información de necesidades vecinales y reducción de gastos de propaganda
4. 9. Justa política de impuestos y asignación de recursos públicos
Estos principios generales pueden dar lugar a un programa de acción democrática como el siguiente:
Programa para una Economía Democrática
1. Derecho a una seguridad y equidad económica
a. Programas de empleo público
b. Salario mínimo significativamente mayor
c. Reducción de la semana laboral y compartir trabajo
d. Pago equitativo
e. Mayor cuidado de niños y programas familiares
f. Menor impuestos de interés reales
2. Derecho a un puesto de trabajo democrático
a. Declaración de derechos del trabajador
b. Reforma de leyes laborales para promover la sindicación laboral
c. Legislación sobre el cierre de empresas
d. Ayuda pública a cooperativas de trabajadores y de beneficio compartido
3. Derecho a delinear nuestro futuro económico
a. Democratización de los consejos de dirección bancarios
b. Inversión bancaria para asignación democrática del capital
c. Gestión del comercio para un crecimiento equilibrado
d. Mayor inversión de infraestructura
e. Declaración de derechos ambientales de comunidades locales
f. Derechos locales para conocer y aplicar legislación
4. Derecho a una mejor calidad de vida
a. Drástica reducción de gastos armamentistas
b. Programa nacional de servicios sanitarios
c. Cierre de las plantas de energía nuclear. Expansión de inversión pública para energías renovables.
d. Mayor ayuda pública a vivienda decente de bajo coste
e. Mayor ayuda a la educación, y en particular a la educación en lengua vasca
f. Mayores impuestos sobre los poseedores de mayores rentas
1. Nueva lógica económica
La disciplina salarial preconizada por la doctrina económica conservadora se ha logrado a costa de un desempleo creciente, que hace que la economía funcione muy por debajo de su capacidad productiva. Aparte del costo humano, esta infrautilización deprime a la vez la productividad y la inversión, socavando el potencial de crecimiento futuro.
Es importante, no cabe duda, hacer hincapié en cuestiones de justicia distributiva. Pero el punto clave para la formulación de una estrategia económica progresista reside en el reconocimiento de que la economía capitalista está plagada no solo de injusticias sino también de despilfarros.
La nueva lógica, dentro del marco propuesto por Bowles, Gordon y Weisskopf, propone una estrategia de crecimiento de la productividad impulsada por los salarios y la organización del trabajo que a la vez elimine una parte notable del despilfarro actual en la economía. Hay que remarcar que las economías de la mayoría de los países avanzados no son economías de suma cero, sino economías débiles. Por lo tanto, los aumentos de inversión no exigen reducciones de consumo.
Una estrategia de crecimiento de la productividad rechaza la idea de que la futura prosperidad requiera que hoy los trabajadores y consumidores se aprieten el cinturón para redistribuir el ingreso hacia adinerados y empresas. Por otra parte, la dominación económica, incluso en el propio proceso de producción, es costosa de mantener, por la necesidad de todo un ejército de vigilancia y supervisión del trabajo. Por tanto, una estrategia de crecimiento de la productividad intenta atenuar los conflictos que han conducido a la reciente escalada de sistemas de controles caros e ineficaces.
Entre las medidas de política económica que serían necesarias para instrumentar tal estrategia deberían incluirse las siguientes:
(a) Un movimiento hacia el pleno empleo, mediante estímulos gubernamentales a la economía, creación pública y directa de puestos de trabajo y reducciones de los horarios de trabajo.
(b) Una igualación salarial, mediante el incremento de los salarios mínimos, aplicación rigurosa de legislación antidiscriminatoria, y la aplicación del principio de igual retribución para hombres y mujeres que ocupan puestos de trabajo comparables.
(c) Aumentos salariales, promocionando el pleno empleo y la organización salarial. Recuérdese el ejemplo sueco (Meiner 1978).
(d) Una política antiinflacionaria a través de la promoción de la productividad, no a través de la restricción monetaria. Asimismo, medidas de ajuste o transición a corto plazo mediante un sistema de controles de precios flexibles, con base fiscal, y de un ‘fondo público de inversión para la estabilización de los precios’ que modere los estrangulamientos inflacionarios.
Asimismo, se proponen medidas orientadas a facilitar el control democrático de los centros de trabajo por parte de los trabajadores, del medio ambiente natural por medio de las comunidades locales, y de la política monetaria nacional por parte del electorado, así como recortes drásticos en los gastos militares.
Lo que importa es la lógica macroeconómica de la estrategia. La clave está en el efecto positivo de los salarios sobre la productividad y en la importancia central de reestimular el crecimiento de la productividad para cualquier programa económico viable.
El incremento de la productividad más rápido es fundamental (i) para el objetivo de avanzar hacia un derecho que garantice un trabajo digno sin arrancar nuevas concesiones salariales de quienes ahora tienen empleo; y (ii) para llevar a cabo el compromiso histórico de una reducción continuada de la duración de la jornada de trabajo y una expansión del tiempo libre u ocio.
(Según Bowles, Gordon y Weisskopf, 1984, durante los últimos quince años un crecimiento de la productividad más lento en EE.UU. ha generado fuertes presiones a la baja sobre las ganancias de los trabajadores, y ha obligado a trabajadores y familias a trabajar durante más horas para mantener su nivel de vida.)
Tal crecimiento de la productividad es crucial. La cuestión no es su importancia sino quién controla los mecanismos que lo promueven y quién recoge sus frutos.
El testimonio histórico demuestra que un alto crecimiento de productividad conlleva un alto crecimiento de los salarios. ¿En qué sentido opera la causación? Una premisa simple, pero bien corroborada (Weisskopf et al. 1983) muestra que pagar bien a los trabajadores es bueno para la economía.
2. Salarios y productividad
Los economistas convencionales enseñan que los salarios vienen determinados por la productividad del trabajo. Si bien es cierto que la productividad pone un límite a los salarios a largo plazo, también lo es que los salarios repercuten en la productividad.
Los salarios altos contribuyen a la productividad porque (Weisskopf, Bowles y Gordon 1983,1985):
(a) Son una fuente importante de motivación de los trabajadores. En la productividad influyen tanto la calidad como la cantidad de esfuerzo que el trabajador dedica. Salarios altos y buenas condiciones de trabajo son elementos de una estrategia positiva para obtener esfuerzos de trabajo de alta calidad. La alternativa es una estrategia negativa que confíe en la supervisión estrecha y la amenaza de desempleo para poner a raya a los trabajadores. En los EE.UU. los incentivos positivos han dado paso a partir de 1979 a las sanciones negativas. Ese desplazamiento ha sido costoso: por el número de empleados dedicados a supervisar en lugar de producir y, lo que es peor, por el aumento de desempleo.
La productividad depende de la calidad del trabajo y de la cantidad del esfuerzo que ponga el trabajador en él. Unos salarios altos y unas buenas condiciones de trabajo son elementos indispensables de una estrategia para conseguir un esfuerzo laboral de alta calidad.
(b) Fuerzan a los patronos a modernizarse o abandonar el negocio. El principal problema de la economía no es la baja de productividad de los trabajadores, sino la baja productividad de los puestos de trabajo. Existen y proliferan los puestos de trabajo de baja producción debido a la abundancia de trabajadores de bajos salarios –sometidos a menudo a discriminaciones y a otras limitaciones para acceder a las oportunidades económicas– que permiten sobrevivir a empresas de baja productividad. Una estrategia de elevados salarios, unida a un programa de pleno empleo, al trasladar a los trabajadores de los puestos de baja productividad a puestos de elevada productividad, elevaría la productividad de la economía en su conjunto, incluso aunque no influyera en la productividad de cada uno de sus sectores.
(c) Cuando la demanda total de bienes y servicios es demasiado baja para sostener la plena utilización de la capacidad productiva, como ocurre en la mayoría de las economías capitalistas avanzadas, el nivel de eficiencia productiva se resiente.
Además, en una economía débil, la capacidad inactiva que conlleva el lento crecimiento de la demanda total constituye un obstáculo serio a la expansión de la inversión, con lo cual se reduce también la productividad futura.
Por otra parte, el aumento de salarios conduce a un aumento de la demanda de los consumidores, y por lo tanto a un aumento de la demanda agregada de bienes y servicios. En el contexto actual de demanda final insuficiente, ese aumento incrementaría a la vez la eficiencia productiva directamente y la tasa de formación de capital, contribuyendo así a crecimiento de la productividad en el futuro.
Unos salarios altos y más igualados representan una alternativa viable a la asignación de inversiones dominada por los empresarios y por lo que genéricamente se denomina política industrial.
El hecho de trasladar trabajadores de puestos poco productivos a otros más productivos pueden tener como costo el que trabajadores antes empleados en negocios de baja productividad queden en paro temporalmente, algunos teniendo que ser reconvertidos y reinstruidos. Algunas empresas de alta productividad podrían ampliar su nómina utilizando capacidad antes inactiva, otras tendrían que invertir en nuevas plantas y equipos y el sector público tendría que generar nuevas oportunidades de empleo productivo, al menos durante un periodo de transición, así como con carácter permanente en el suministro de bienes y servicios insuficientemente ofertados por la empresa privada.
Objeciones:
(i) El alza de salarios podría no tener los efectos deseables si los incrementos salariales hicieran bajar la tasa de rendimiento esperada sobre las nuevas inversiones y con ello redujeran el incentivo empresarial a invertir.
No cabe duda de que esto podría ser un problema grave, sobre todo a medida que la economía se fuera acercando a sus límites de capacidad. Pero ninguna de las economías capitalistas avanzadas se está acercando ahora, ni va a estarlo en un plazo corto, a los límites de capacidad productiva. La realidad es que la capacidad no utilizada es un depresivo tanto de la tasa de beneficios como de la tasa de inversión. A corto o medio plazo cabe esperar que los aumentos salariales mejorasen las tasas de beneficios reales y esperados a través del efecto positivo del crecimiento de la demanda de los consumidores sobre la utilización de la capacidad.
(ii) Un determinante básico de la tasa de rendimiento esperada, y con ello de la inversión, es el costo real del trabajo por unidad, es decir, lo que las empresas tienen que pagar a sus trabajadores (en términos reales) por unidad de producto. De por sí, los salarios reales más altos significan costos laborales reales por unidad más altos.
Sin embargo, una mayor productividad (producto real por trabajador) significa costes laborales reales por unidad más bajos. Dado que los aumentos salariales y la reducción de la desigualdad de salarios sirven para impulsar la productividad, es muy posible que ese efecto positivo sobre la actividad compense el efecto de los propios aumentos salariales. Considerados todos los factores, los costos laborales reales por unidad podrían incluso descender. Así ocurrió en EE.UU. durante el periodo de crecimiento rápido de los salarios en los años primeros y medios de la década de los 60 (Bowles, Gordon y Weisskopf 1984).
Por tanto, mientras la capacidad productiva siga siendo apreciablemente infrautilizada, como ocurre hoy en día, no tiene por qué producirse una caída de la inversión como consecuencia de aumentos salariales acompañados de igualación de salarios.
El bajo nivel de producción que se da en todas las economías capitalistas hace posible tal política de salarios. A la larga, en condiciones de plena utilización de la capacidad, una presión alcista sobre los salarios podría provocar un descenso de la inversión e incluso una ‘huelga de capital’ de inversión.
(iii) Frente a la mencionada política salarial para impulsar la productividad se alzan los temores sobre los efectos que una estrategia de crecimiento igualitaria podría tener sobre la posición competitiva de los productores en el mercado mundial.
Ante esto hay que subrayar que son los costos laborales por unidad en cada economía, en relación con los de otros países, los que determinan la posición competitiva de los productores. Estos costos relativos dependen, a su vez, de los movimientos relativos tanto de los salarios reales como de la productividad.
En el contexto internacional, los salarios reales relativos no dependen solamente de los salarios monetarios relativos de los trabajadores nacionales y extranjeros, sino también de los precios de la moneda nacional y extranjera. Por consiguiente, un aumento de los salarios no tiene por qué traducirse en un aumento de los costos laborales relativos por unidad si se acompaña de un aumento correspondiente en productividad o de una disminución correspondiente del valor de la moneda propia. De hecho, unos salarios más altos podrían ayudar a reducir esos costos relativos si la productividad se eleva o el valor de la moneda propia cae lo suficiente. En EE.UU., por ejemplo, en los últimos años la posición competitiva de los productores americanos se ha deteriorado a causa principalmente a la apreciación del dólar (otro factor depresor de la productividad que es consecuencia de la política rígida y los altos tipos de interés).
(iv) Una estrategia salarial de este tipo reduciría el ahorro, y por tanto, desalentaría la inversión, al imponer unos costos más altos del dinero.
Tal objeción se basa en la observación de que los trabajadores tienden a consumir más y ahorrar menos de su ingreso (salarial) que los receptores de ingresos de la propiedad. Sin embargo, hay que señalar que el ahorro disponible para la inversión de una economía dada es ahorro mundial, no es el ahorro generado únicamente en el país en cuestión. La capacidad de invertir de una economía está limitada no por el monto del ahorro interno, sino por el ahorro interno más el excedente de las importaciones sobre las exportaciones. De hecho, una de las claves de una cierta recuperación de la economía USA en 1983-84 ha sido el debido al excedente de las importaciones de bienes y servicios sobre las exportaciones, lo que ha permitido que los pedidos de bienes y servicios –por parte del gobierno, de las empresas y de las familias– sobrepasaran la producción nacional por un monto considerable. En 1984, por ejemplo, el déficit comercial en mercancías representó la disponibilidad de bienes y servicios superior a la formación neta de capital fijo, con exclusión de los inmuebles residenciales (Bowles, Gordon y Weisskopf 1986).
Además, el monto total de los ahorros de una economía depende del volumen de ingreso nacional y no solo de la fracción que se ahorra. Las diferencias en la fracción ahorrada del ingreso salarial y de la propiedad serán menos significativas a la hora de determinar el monto total del ahorro, que las variaciones en el nivel del ingreso nacional.
En una economía tan débil como han venido siendo casi todas las economías capitalistas avanzadas en los primeros años ochenta, se puede asegurar que el efecto positivo de unos salarios más altos sobre el producto total (a través de una mayor demanda de los consumidores) pesará más que los posibles efectos negativos de un desplazamiento de la distribución del ingreso a favor de los salarios.
3. A modo de conclusión
El crecimiento de la productividad impulsado por los salarios puede promover directamente los objetivos de igualdad, justicia social, seguridad económica y la moderación del sufrimiento personal.
Pero la estrategia anterior encierra atractivos no solo económicos sino políticos:
(a) Se enfrenta directamente con algunas de las fuentes más importantes de desigualdad sexual y racial. La feminización de la pobreza y las barreras económicas con que se encuentran las personas de color tienen su origen no solo en la discriminación sino también en la trágica tolerancia con las empresas atrasadas y el empleo de bajos salarios. Una estrategia macroeconómica impulsada por los salarios podría sentar las bases económicas para una mayor igualdad de oportunidades y resultados.
(b) Podría dar un importante impulso a la construcción de una coalición política. El énfasis tanto en el crecimiento de salarios como en su igualación –a través de un fuerte aumento del salario mínimo– podría ayudar a definir una agenda común y mutuamente ventajosa entre el electorado trabajador, femenino y joven. El énfasis en el crecimiento de la productividad y en la reducción del despilfarro –y no en el crecimiento de la producción de cualquier forma– podría ayudar a tender un puente entre el electorado ecologista y las personas más directamente preocupadas por la seguridad económica. Tal crecimiento de los salarios también es la clave para abordar los problemas fiscales del sistema de seguridad social y, por tanto, el vínculo esencial para prestar atención a los temores económicos de los ancianos.
(c) En la medida que tal estrategia contribuyera a formar una coalición política más fuerte, contribuiría a ampliar el reino de las demandas económicas en torno a las cuales se podría ir más allá de los límites de la política industrial y de la reforma fiscal, para perseguir objetivos muchos más amplios.
Es indudable que la estrategia de crecimiento impulsado por los salarios para conseguir la recuperación económica esboza una serie de reformas de la estructura capitalista. Un programa del tipo propuesto podría ayudar a sentar las bases necesarias para la creación de un movimiento democrático para la gran mayoría de los trabajadores, en contra de la segmentación y fragmentación actuales.
Además, el pleno empleo y unos salarios más igualitarios debilitarían la amenaza de la pérdida del puesto de trabajo y fortalecería la posición de los trabajadores en sus relaciones con el capital, no solo en la mesa de negociación sino también en fábricas y oficinas. Como la aplicación de sanciones negativas –que dependen en última instancia de la amenaza del desempleo– resultaría menos eficaz, habría que recurrir a incentivos positivos para motivar a los trabajadores. Las demandas de democratización de los centros de trabajo serían más prioritarias, necesarias y vitales.
Por otra parte, el tipo de controles de precios propuestos por (Bowles, Gordon y Weisskopf 1984) –controles flexibles basados en impuestos– colocarían el capital ante un dilema. Si disminuyeran los beneficios de los artículos cuyos precios estuvieran controlados y si el capital respondiera reduciendo la producción, seguramente se pediría que el sector público suministrara esos productos o asignara la inversión, por lo que la estrategia tradicional del capital –valerse de su movilidad para escapar a los controles– podría ser un juego peligroso: un movimiento popular podría decidir limitar la movilidad del capital o reemplazar a los capitalistas en lugar de capitular.
Lo mismo ocurre con la amenaza de la ‘huelga del capital’. Parece probable que a medio plazo los beneficios del capitalista disminuirán en un régimen impulsado por los salarios. En tal caso tal vez prefirieran invertir en otros lugares o no invertir. Una estrategia como la propuesta proporciona el mejor apoyo político posible a medio plazo a la movilización contra la ‘huelga del capital’: En un régimen en que aumentar la productividad es uno de los fundamentos de la política macroeconómica es más probable que la mayoría de los ciudadanos pueda protestar y asumir la responsabilidad directa de la producción, inversión y empleo.
Un programa como el anterior no es sinónimo de socialismo. Es evidente. Pero la estrategia igualitaria de crecimiento de la productividad forma parte de un programa económico por el que podrían luchar todos los que se sientan comprometidos a la vez por la democracia y por la igualdad social.
Por otra parte, un programa de transición tiene que ir más allá de los objetivos aquí esbozados y acometer la tarea más ardua de una democratización completa de la economía y de los instrumentos de política económica. Hay que empezar a impugnar las concepciones dominantes de progreso económico, que identifican bienestar con el crecimiento interrumpido de consumo de bienes. Esto exige colocar en la cabeza de las prioridades el desarrollo integral humano, la expansión del tiempo libre, el equilibrio ambiental, y el fomento de relaciones sociales recíprocas y enriquecedoras. Es decir, es necesario situar la recuperación económica en el lugar que le corresponde: el de un medio necesario para esos fines y no un fin en sí.
Pero solo se puede avanzar en esa dirección si podemos formar una fuerte coalición para abordar los actuales problemas de la inseguridad, la desigualdad y el impune poder de las empresas mediante estrategias que fomenten el control popular democrático en lugar de reducirlo (5).
NOTA:
(5) Añadido el 28 de mayo de 2007. Abundando en las mismas tesis y concretando aún más el programa para una economía mixta y democrática, véase el trabajo de Bowles, Gordon y Weisskopf (1990) After the Waste Land. A Democratic Economics for the Year 2000.
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