No es que las instituciones de la Unión Europea y los gobiernos de sus estados miembros estuvieran demasiado dispuestos a escuchar los clamores de independencia proferidos en Cataluña en octubre del año 2017 (difícilmente un club de estados nación podía admitir la disolución de uno de sus integrantes), pero se puede afirmar que, aquel mes y durante los años siguientes de represión contra políticos y ciudadanos catalanes, al menos se percibió cierta sensibilidad para que las autoridades españolas contuvieran su frenesí de cometer violaciones de derechos fundamentales. Cada vez era más insostenible que un movimiento que perseguía sus objetivos políticos por la vía pacífica y que estaba respaldado por más de dos millones de sufragios y mayorías absolutas en un Parlamento, fuera aplastado en una Europa que se jacta de ser el santuario de las libertades civiles y políticas.
Tal vez el momento culminante de esta deferencia hacia las aspiraciones catalanas de soberanía expresadas en paz y democracia fue la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2019 que permitió al presidente Puigdemont y a Toni Comín (luego se añadiría a Clara Ponsatí) ser eurodiputados al considerar que el requisito de tener que prometer la Constitución española frente a las instituciones españolas para obtener el acta era contrario al derecho de la Unión. En la actualidad se puede insinuar que un gesto así sería impensable como bien sabe Toni Comín, que sigue siendo excluido de la cámara europea a pesar de haber sido votado en las elecciones de junio de 2024.
Más allá de la Unión Europea, en el ámbito del Consejo de Europa también hubo un momento favorable a la causa catalana cuando en la asamblea de esta organización el socialista letón Boriss Cilevics presentó, en junio de 2021, un informe comparando a España con Turquía y reclamando la liberación de los aún presos políticos independentistas, lo que sucedió con el indulto concedido por el gobierno de Pedro Sánchez unas horas más tarde.
Sin embargo, estos últimos meses todo son una retahíla de malas noticias para el independentismo catalán procedentes de Europa, tanto del ámbito de la Unión como del ámbito del Consejo: a las ya aludidas decisiones desfavorables a los candidatos catalanes al Parlamento Europeo se añade la conclusión de causas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que van de la de la negación de cualquier violación de derechos por los votos y opiniones de los diputados en el Parlament de Catalunya Josep Costa y Eusebi Campdepadrós al rechazo de tramitar la causa del padre del niño asesinado en las Ramblas en el atentado del 17 de agosto de 2017. A esto se añade la displicencia con la que en el Consejo de de Asuntos Generales de la Unión Europea se ha aplazado nuevamente la decisión sobre oficializar el catalán pese a los supuestos esfuerzos del gobierno español en una causa en la que le va la estabilidad, ya que fue una condición de apoyo de Junts per Catalunya al PSOE para que Francina Armengol fuera presidenta del Congreso y se ha mantenido para apuntalar al gobierno de Pedro Sánchez.
El giro de las instituciones europeas en el tratamiento de la cuestión catalana en el conflicto con España tiene, en mi opinión, un doble motivo en apariencia contradictorio pero bastante definido. Por un lado, la invasión de Ucrania por parte de Rusia en la llamada operación especial iniciada en febrero de 2022 llevó al conjunto del continente a una situación más áspera en la que otros conflictos con menor capacidad de amenazar existencialmente la integración europea pasaban a un segundo plano. Por otra parte, tener una guerra abierta en el este de Europa coincidió con una voluntad de desescalada del proceso catalán por parte de los mismos actores que lo habían impulsado preparando el terreno para la negociación y aprobación de la ley de amnistía, que, pese a todos los problemas en su aplicación, significaba un reconocimiento de la voluntad de acabar con el conflicto.
Las instituciones jurídicas europeas, como se está manifestando cada vez más claramente, no actuarán para satisfacer el agravio de una parte que ha desistido del litigio político. Dicho de otra forma: nuestros dirigentes, y también una parte de la sociedad que en la elección de sus representantes ha decidido atenuar la demanda de emancipación nacional, son los responsables del abandono, del desinterés, europeo. La guerra en Ucrania no sería excusa si en el Mediterráneo occidental el conflicto también estuviera estallando. Es más, entonces las instituciones europeas, como en algún momento se sugirió entre 2017 y 2021, no habrían tenido más remedio que intervenir aunque fuera a regañadientes. Aunque en nuestra apaciguada sociedad nos cueste entender, en la realidad de las relaciones internacionales, los actores sólo se mueven ante los retos que amenazan su esencia.
EL PUNT-AVUI
