El pasado mes de abril, cuando tres grupos de ataque de portaaviones estadounidenses se dirigieron hacia Oriente Medio, el mensaje implícito no pudo ser más claro. Las actividades híbridas de Rusia y China, desde el mar Báltico hasta el mar de China Meridional, así como las operaciones iraníes de denegación de acceso mediante drones y misiles a lo largo del estrecho de Ormuz, estaban marcando el rumbo de una contienda por los océanos del mundo. Tras dos décadas de dominio marítimo indiscutible liderado por Estados Unidos, los océanos volvían a convertirse en un escenario de disputas y desafíos en los asuntos internacionales.
La respuesta estadounidense a ese desafío no fue menos inequívoca. Mientras un poderío naval abrumador no dejaba de golpear objetivos iraníes en Oriente Medio, las fuerzas estadounidenses respaldaron la mayor edición hasta la fecha del ejercicio multilateral Balikatan en la región del Indo-Pacífico. El sustancial compromiso estadounidense con esa actividad organizada por Filipinas en la zona norte de Luzón, junto al estrecho de Taiwán, tenía como objetivo mantener a raya la presión china sobre Taiwán y otros aliados regionales de Estados Unidos.
Como señaló posteriormente el secretario de Guerra Pete Hegseth, el presidente Donald Trump estaba construyendo una postura militar que permitiera a Estados Unidos proyectar su poder en cualquier parte del mundo en función de las realidades de su influencia y sus intereses. En la visión que tiene el presidente Trump para Estados Unidos, los océanos constituyen un conducto para el alcance militar y la voluntad política. Sin embargo, y eso es fundamental, los dirigentes de Moscú, Beijing, Teherán y, en realidad, Pyongyang, parecen compartir el mismo punto de vista, ya que también buscan los medios navales para desbaratar los planes de Washington.
El estrecho de Ormuz, clave para la exportación de hidrocarburos y protagonista de la guerra de EE.UU. contra Irán LV
No es algo que deba sorprender a nadie. Históricamente, los estados han competido por proyectar influencia sobre los océanos del mundo con el fin de promover sus intereses e impedir que otros lo hicieran. Como es bien sabido, sir Walter Raleigh consideraba los océanos como las arterias de la ambición de un Estado; y las armadas, como el instrumento último para su afirmación. Solo en las últimas décadas los dirigentes políticos han movilizado a estas últimas para garantizar la gestión sostenible de los primeros.
De hecho, hace tres décadas, la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Unclos) prometió el inicio de una nueva época. La “Constitución de los océanos”, como se denominó a la Unclos, invitaba a considerar los océanos como algo más que las principales vías de comunicación global… y de la proyección de poder. Eran organismos vivos cruciales para el futuro de la humanidad. Ofrecían recursos y exigían un uso responsable. Ambos aspectos exigían cooperación. Los océanos se estaban convirtiendo en espacios de acción compartida.
A medida que recupera impulso la lógica del poder duro, ¿está finalizando la época de los océanos como espacio compartido? ¿Prevalecerá la ley del más fuerte y se dejará de lado la gobernanza? Este artículo señala que el futuro no supondrá un retorno al pasado en el que los océanos solo eran un dominio en disputa. Insiste en que no debemos subestimar que el poder duro no ha dejado nunca de importar y en que las últimas dos décadas han sido una excepción a esta regla.
Sin embargo, y de modo crucial, si bien es probable que la realidad del poder naval como vehículo de superioridad (si no dominio) militar recupere su protagonismo en lo que la primera ministra japonesa Sanae Takaichi ha descrito hace poco como un mundo más turbulento, sus efectos seguirán siendo menos evidentes. La tecnología innovadora hará que la aplicación de estrategias de denegación resulte más asequible y que la capacidad de traducir el poder naval superior en la consecución de objetivos nacionales resulte más difícil.
Y todavía más importante, este artículo señala que la creciente importancia de los océanos para las sociedades modernas no supondrá un alejamiento de la idea de que son espacios compartidos. Por el contrario, el artículo sostiene que las disputas nacionales sobre la proyección de poder sobre los océanos coexistirán con los esfuerzos multilaterales para garantizar su futuro sostenible.
Océanos en disputa
El pasado mes de octubre, el presidente Donald Trump sorprendió a una numerosa audiencia de oficiales de alto rango de la Armada estadounidense. Señaló que los buques de guerra se habían vuelto “feos”. Es más, en su búsqueda de la asequibilidad y el sigilo, no resultaban especialmente resistentes frente a las amenazas de los misiles modernos. Al margen de que los almirantes que escuchaban sus observaciones estuvieran de acuerdo con esa valoración, los comentarios vinculaban el simbolismo de las armadas en tanto que herramientas últimas de poder con la importancia internacional de un país.
En realidad, según dijo, quería construir una nueva fuerza, una “flota dorada” que equilibrara el poder y la estética, y que estuviera acorde con el prestigio de Estados Unidos.
Sin embargo, su llamamiento iba más allá del simbolismo. Para el presidente Trump, se trataba de una tarea urgente. Estados Unidos todavía gozaba de superioridad frente a sus principales adversarios, Rusia y China, sobre todo en capacidades críticas como los submarinos; pero ambos se estaban “acercando” rápidamente. Las preocupaciones del presidente revelaron cómo un elemento clave de la posición estadounidense en el orden mundial (al menos, desde el punto de vista de su gobierno) dependía de las capacidades marítimas. El “poderío” naval era fundamental para garantizar el “derecho” de Estados Unidos al liderazgo.
Los historiadores y estrategas navales como Alfred Mahan estarían de acuerdo. Desde el auge de la Alemania y el Japón imperiales a principios del siglo XX, la puesta en marcha de grandes programas de adquisición naval ha alimentado las ambiciones de reconocimiento de los estadistas. Ese proceso, a su vez, estaba relacionado con la forma en que grandes potencias como Gran Bretaña habían redefinido la influencia política a través del predominio naval. La fórmula de su éxito combinaba tecnología innovadora y escalable con una flota capaz de actuar a mayores distancias y con mayor poder destructivo que cualquier adversario.
En realidad, en este aspecto clave, no es exagerado señalar que algunos buques de guerra británicos emblemáticos, como los acorazados de la clase Dreadnought, constituyeron la máxima encarnación de esa lógica. A principios del siglo XX, el orden mundial emergente en el ámbito marítimo era bastante claro: los estados más industrializados y tecnológicamente avanzados construían las flotas más poderosas y, a su vez, dominaban con toda claridad el orden internacional.
Las principales batallas navales de la época confirmaron esa visión. En 1905, la victoria japonesa en la batalla de Tsushima marcó el ascenso de Tokio al dominio regional y la preeminencia internacional. En 1916, la batalla de Jutlandia confirmó la supremacía británica frente al imperio alemán. Tras la Primera Guerra Mundial, los acuerdos navales de las décadas de 1920 y 1930 cristalizaron las lecciones aprendidas de la guerra e impusieron limitaciones a la potencia de fuego.
La Segunda Guerra Mundial y su posguerra fueron testigos de un nuevo cambio. Estados Unidos demostró, en tanto que potencia naval, ser capaz de operar a una escala y a unas distancias sin precedentes. La capacidad estadounidense para atacar a larga distancia en los espacios de superficie, submarinos y aéreos sustituyó la anterior capacidad británica para establecer los nuevos estándares.
En particular, los portaaviones de ataque de propulsión nuclear y los submarinos de ataque, como respectivamente el ‘USS Enterprise’ y el ‘USS Nautilus’, se convirtieron en el símbolo de esa nueva época de “disuasión finita” y “guerras limitadas”, que alcanzó su punto álgido con la introducción del ataque nuclear táctico y las capacidades del misil nuclear Polaris en el mar.
Por su parte, antiguos imperios marítimos como Gran Bretaña, Francia y España aceptaron un papel secundario e invirtieron en alianzas. La OTAN en Europa y los tratados de Washington en Asia oriental (en particular, la alianza Estados Unidos-Japón) contribuyeron a limitar la competencia en el mar entre las dos superpotencias y los bloques dirigidos por ellas. De hecho, los notables esfuerzos de Moscú por construir dos décadas más tarde una flota que incluyera potentes cruceros y submarinos siguieron la visión del almirante Serguéi Gorshkov, el influyente jefe de la Armada soviética durante casi treinta años.
Durante el resto de la guerra fría y hasta el derrumbe de la Unión Soviética, los océanos siguieron siendo un espacio en el que se enfrentaron ideologías, modelos económicos y sistemas políticos. Tras el colapso soviético, la primera guerra del Golfo y otras intervenciones posteriores (desde Somalia hasta Kosovo) dieron paso a la percepción de una supremacía indiscutible encabezada por Estados Unidos. La ausencia de cualquier rival significativo eliminó el problema de los océanos como espacio en disputa.
Océanos unidos
Sin embargo, desde finales de la década de 1950 se fueron produciendo cambios en la forma en que los estados entendían su relación con los océanos. Dichos cambios dieron un giro decisivo en 1967, cuando, en una intervención ante las Naciones Unidas, el representante de Malta, el embajador Arvid Pardo, llamó la atención sobre un principio revolucionario. Los océanos y sus fondos marinos constituían un “patrimonio común de la humanidad” y su uso debía tener en “consideración preferente” los intereses de los países más pobres del mundo.
El debate que el embajador Pardo contribuyó a suscitar introdujo la noción de que el poder por sí solo ya no confería a un país la capacidad de hacer valer lo que era justo. Menos de dos décadas después, en 1982, la adopción de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Unclos) dotó formalmente a todos los estados de los medios jurídicos necesarios para ejercer derechos soberanos ampliados y nuevas obligaciones en el mar de acuerdo con unas nuevas definiciones de aguas territoriales, zonas contiguas y zonas económicas exclusivas (ZEE).
Esa “Constitución de los océanos” suponía una responsabilidad colectiva y no una competencia con respecto a las capacidades para gestionar una gobernanza sostenible en el mar. Eso, a su vez, generó un derecho al poder para la comunidad internacional que era inalienable, con independencia de las capacidades materiales de cada país. Los océanos ya no eran solamente espacios de competencia entre algunos estados. Constituían un espacio compartido que afectaba a un grupo mucho más amplio de estados ribereños, instituciones multilaterales y usuarios en general de los océanos.
Los hidrocarburos que se encuentran en zonas cubiertas por mares y océanos son parte de las tensiones internacionales Getty Images/iStockphoto
Hay que reconocer que los océanos siempre habían sido un espacio compartido. Una de las funciones más antiguas de los océanos en la historia de la humanidad ha sido conectar a personas de lugares muy distantes, favoreciendo con ello el intercambio de bienes, recursos e ideas. Navegantes y exploradores como Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes y James Cook unieron comunidades desde el mar Mediterráneo hasta el océano Pacífico. A medida que se desarrollaban los medios para navegar más lejos, los estados aumentaron las capacidades y habilidades necesarias para proteger los vínculos que las exploraciones habían creado.
La conectividad marítima propició la protección de los intereses comerciales, y las arterias marítimas que conectaban comunidades muy distantes entre sí se convirtieron también en plataformas para la conquista. La competencia por los puestos comerciales y los mercados exigía cierto grado de dominio sobre los océanos, o sencillamente impedir que otros lo lograran. El poder económico estaba vinculado a la relevancia internacional, y los océanos se convirtieron en un elemento clave en el auge y la caída de las grandes potencias, desde las talasocracias ateniense y veneciana hasta los imperios de Roma, España y Gran Bretaña.
Sin embargo, en esas primeras manifestaciones de los océanos como espacios compartidos, la conectividad marítima aportó riqueza y poder a quienes la dominaban, que –lo que es más importante– contaban con los medios para proteger las libertades que conllevaba. De hecho, en 1609, Hugo Grocio trató de consolidar la importancia de las libertades de navegación como elemento central de la capacidad conectora de los océanos en su obra fundamental ‘Mare liberum’.
El proceso consagrado en la Unclos no socavaba las libertades de navegación que habían visto el surgimiento de imperios y grandes potencias. No obstante, pretendía restablecer un sentido de la responsabilidad en una gestión sensata y sostenible de los océanos.
Cuando entró en vigor en 1994, el poder material seguía siendo importante. Con todo, estaban cambiando las expectativas de los estados; y las capacidades para salvaguardar de forma proactiva el medio marino, regular el acceso y la explotación de los recursos, y prevenir los delitos y el terrorismo tuvieron un papel mucho más importante que desempeñar a la hora de satisfacer las exigencias del buen orden en el mar.
Además, dada la naturaleza transnacional de los retos a los que se enfrentaban los océanos, también existía una mayor expectativa de cooperación multilateral e internacional. Para dominar los mares, los estados tuvieron que integrar herramientas de lucha con herramientas para colaborar con un conjunto más amplio de partes interesadas en el ámbito marítimo (guardacostas, fuerzas fronterizas, etcétera), tanto en el plano nacional como internacional. En ese nuevo orden marítimo, la capacidad de garantizar la seguridad en el mar superó, en cierta medida, la necesidad de dominio naval.
Además, los trágicos acontecimientos del 11-S contribuyeron a consolidar la percepción de que los océanos constituían un ininterrumpido tejido conectivo de la interdependencia económica moderna. En dicho contexto, el orden mundial en el mar se encaminó hacia una época posmoderna en la que las capacidades que sustentaban el liderazgo en materia de cooperación eran equivalentes (o sustituían por completo) a las necesarias para alcanzar la superioridad a través del dominio.
Los océanos estaban unidos y los países tenían deberes y responsabilidades para con ellos que favorecían la cooperación y un sentido compartido de la misión.
Los océanos, reimaginados
Sin embargo, a principios de la década del 2010, las responsabilidades acerca de la gestión de un espacio compartido se pusieron en práctica en un contexto de importantes cambios en los dos significados que los océanos tienen para las actividades humanas. El primero se refería a su papel como espacio de conectividad, como autopista global para el movimiento de bienes acabados y semiacabados, de materias primas y recursos críticos. El segundo se centraba en su uso como recurso para la alimentación, el desarrollo sostenible y el acceso a los recursos y su explotación, desde los parques eólicos marinos hasta la extracción de petróleo, gas y otros minerales críticos del lecho marino.
Cabe recordar que un sistema de transporte marítimo basado en el principio de ‘just enough, just in time’ (“la cantidad justa, en el momento justo”) mueve alrededor de un 90% del comercio mundial. Los buques y petroleros que transportan la savia energética del mundo (petróleo, gas, productos acabados y semiacabados) son vulnerables a una multitud de amenazas, tanto naturales como provocadas por el hombre. Así lo ponen de manifiesto los casos del terremoto y el tsunami de Japón en marzo del 2011 y del portacontenedor Ever Given en el 2021.
Sin embargo, las actividades de interdicción más recientes llevadas a cabo por los hutíes en el mar Rojo y por las fuerzas iraníes en torno al estrecho de Ormuz han reavivado la amenaza que plantean tanto los estados como los agentes no estatales. Ambos pueden aprovechar la geografía para poner en peligro el transporte marítimo internacional.
Una de las novedades más destacadas aprovechadas por los hutíes tiene que ver con la disponibilidad de medios asequibles que permiten un mayor alcance y una mayor precisión a la hora de poner en peligro el transporte marítimo. Los drones y los misiles más asequibles permiten a agentes como los hutíes (o, de hecho, al régimen iraní) aplicar estrategias de denegación escalables contra el flujo comercial internacional que transita por cuellos de botella y corredores estrechos.
Ahora bien, es un hecho menos conocido que más de 1,5 millones de kilómetros de cables submarinos transportan alrededor de un 97% de las comunicaciones mundiales. Y una parte cada vez mayor de los recursos de gas y electricidad se distribuye a través de una serie de conectores submarinos. Esa infraestructura no es menos relevante para las sociedades modernas. En realidad, debería considerarse parte de una ‘aceleración azul’ en rápida expansión en la cual la extracción de recursos para aplicarlos en ámbitos tan diversos como el desarrollo sostenible y la medicina amplía el significado de los usos del mar en relación con la conectividad y el acceso a recursos.
Esta compleja red de autopistas submarinas de energía y datos ha crecido hasta tal punto que, cada año, los gasoductos y los cables proporcionan a países de todo el mundo acceso a productos y servicios que “las generaciones anteriores solo podían haber imaginado”, en palabras de sir Stephen Lovegrove, exasesor de Seguridad Nacional británico.
En el Reino Unido, por ejemplo, entre el 2010 y el 2021, las importaciones de electricidad se multiplicaron casi por diez; y el Gobierno británico tiene previsto más que duplicar la capacidad del país para el 2030 mediante conexiones vitales con países como Francia, Bélgica, los Países Bajos, Noruega e Irlanda, y también aumentando las conexiones de infraestructuras submarinas críticas con Alemania y Dinamarca. No debería constituir sorpresa alguna que la Estrategia de Seguridad Nacional británica publicada en 2025 señalara que la seguridad territorial comenzaba en el mar con la protección de las infraestructuras submarinas críticas que garantizaban la seguridad energética y económica, incluidos unos 65.000 millones de libras en actividades económicas.
El esbozo básico de las nuevas rutas comerciales y de influencia básicas para China Archivo
La dependencia de las sociedades modernas de esa ‘aceleración azul’ de las infraestructuras y la conectividad, así como su vulnerabilidad inherente, está impulsando la necesidad de replantearnos nuestra relación con los océanos. Los océanos deben ser gestionados de forma responsable, pero también deben ser protegidos, ya que sus usos para la comunicación, el acceso a la energía y la conectividad digital son instrumentalizados como armas por agentes que van desde los hutíes y el régimen iraní hasta grandes potencias como China.
En este orden mundial marítimo replanteado, iniciativas importantes para la gestión responsable de la biodiversidad, como el tratado relativo a la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas más allá de la Jurisdicción Nacional (tratado BBNJ), conviven con las interrupciones en los cables submarinos del Báltico y con las acciones coercitivas de China para hacer valer sus reivindicaciones marítimas en el mar de la China Meridional.
Océanos disputados y compartidos
¿En qué situación nos deja todo esto? Mientras el presidente estadounidense explora la posibilidad de una “flota dorada” de acorazados, el presidente Xi despliega fuerzas en torno al estrecho de Taiwán y el régimen iraní niega el acceso a Ormuz, resulta tentador concluir que un pasado de guerras marítimas por el dominio dictado por el poderío de las flotas y su alcance se cierne sobre el futuro de los océanos.
Sin embargo, sería un error llegar a tal conclusión. Es poco probable que sea posible orillar del todo la conciencia política y los marcos internacionales (como la Unclos) que rigen la gestión de los océanos como espacios compartidos; sobre todo, si se combinan con la dependencia sin precedentes de las sociedades modernas respecto a su uso para la conectividad física y digital. Tanto las grandes como las pequeñas potencias tienen intereses en el desarrollo sostenible de los vínculos entre las sociedades y los océanos.
El contrapunto a esta afirmación es que, precisamente por la mayor importancia que revisten los océanos para la interdependencia económica y el crecimiento contemporáneos, es probable que los estados enzarzados en algún tipo de disputa quieran utilizar como arma la vulnerabilidad derivada de dicha dependencia de los océanos. No obstante, la comunidad más amplia de estados y partes interesadas con intereses vitales en los océanos seguirá presionando para que se apliquen marcos como el tratado BBNJ y normativas que limiten la forma en que la fuerza se convierte en derecho.
Las nuevas tecnologías también tienen voz y voto en ese futuro. Como indican los acontecimientos que se registran desde el mar Negro hasta el estrecho de Ormuz, las capacidades asimétricas (como los drones) están del lado de quienes pretenden impedir el uso de espacios marítimos críticos, como cuencas estrechas y cuellos de botella. Eso aumentará los costes para quienes deseen imponer su voluntad únicamente mediante un poder naval superior. Al mismo tiempo, quienes tengan la capacidad de construir y mantener flotas poderosas seguirán determinando la dinámica estructural del poder en los asuntos internacionales. Los océanos serán objeto de disputa, pero dicha disputa no podrá negarles su función cotidiana como espacios compartidos.
En definitiva, por lo tanto, parece más creíble llegar a una conclusión diferente. Al igual que una niebla matutina, la ilusión de una época puramente cooperativa de uso sostenible de los océanos (como surgió al final de la guerra fría) se disipa y da paso a una época con un orden mundial en el mar en la cual los océanos serán objeto de disputa, pero no quedarán fracturados, y en la cual el enfoque respecto a su uso será compartido, aunque no exento de fricciones.
LA VANGUARDIA
