La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 2, dice que ninguna persona puede ver vulnerados sus derechos por razones “de raza, de sexo, de lengua, de religión, de opinión política o de otro tipo, de origen nacional o social, de nacimiento o de cualquier otro tipo! Y el artículo 4 del juramento hipocrático dice: “No permitiré que prejuicios de edad, raza, sexo u orientación sexual, enfermedad o incapacidad, origen étnico, nacionalidad, creencias, afiliación política, clase social o cualquier otro factor se interpongan entre mi deber y mi conciencia”.
Hay que tener presentes estos preceptos a la hora de defender nuestros derechos ante una agresión lingüística en la sanidad, y también para impedir que quienes deberían sancionar a los agresores banalicen los hechos y los dejen impunes. Lo resalto, ya que esto último es precisamente lo que hace el govern de Catalunya presidido por Salvador Illa, por obra de Esquerra Republicana, ante el alud de agresiones cometidas por profesionales del ámbito sanitario contra pacientes que les hablan en catalán. El catalán no es la jerga de un colectivo de chulos de una taberna del puerto. El catalán es la lengua propia y nacional de Cataluña, y nadie, absolutamente nadie, sea médico, juez, policía, empresario, psicólogo, etc., puede obligar a ningún catalán a dejar de hablarla. ¡Por ningún concepto!
Esto viene a cuento de los casos recientes de ciudadanos que han sido agredidos en el Hospital Universitario Dexeus de Barcelona, del grupo QuirónSalud, y en el Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil de Reus. El primer caso tuvo lugar el pasado 15 de septiembre, cuando un matrimonio acudió al centro a raíz de un episodio de amnesia del marido y el médico que les atendió les dijo: “Estamos en España y aquí se habla español, pues hablemos español y nos entendemos todos”. Como el matrimonio no cedió, el médico, insultándoles, abandonó la consulta y les negó la asistencia médica. Pero la agresión no acabó aquí. El matrimonio tuvo que esperar una hora para que el Hospital Universitario Dexeus encontrara un médico que hablara catalán. ¡Una hora! Y como no lo encontró (!), les asignó un médico que decía que lo entendía acompañado de un traductor. Esto en un hospital de Cataluña, ¿eh? No de Nepal.
El caso del Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil de Reus, aunque ha trascendido más tarde, tuvo lugar unos días antes, concretamente el pasado 4 de septiembre. Ese día, una madre llamó al centro para relatar que su hijo, con síndrome de Asperger, llevaba días muy angustiado y sin levantarse de la cama. La recepcionista, que no hablaba catalán (primera vulneración de la ley), le dijo que no había ningún profesional que pudiera atenderla y la dirigió a una psicóloga que nunca les había atendido. Pero en cuanto la madre empezó a hablar con la psicóloga, ésta la cortó diciéndole que no la entendía y que le hablara en español. La madre le preguntó si saber catalán no era un requisito laboral y la psicóloga, despectivamente, le respondió que no intentando a la vez colgarle el teléfono. Dolida por esta discriminación, la madre insistió en que “en un centro de salud mental infantil y juvenil es esencial que los pacientes puedan expresarse en su lengua”, lo que hizo que la psicóloga quisiera de nuevo colgarle el teléfono. El resultado fue que la madre, coaccionada por la situación del hijo, acabó cediendo y hablando en español.
Ambos casos han sido denunciados por la Plataforma por la Lengua a petición de las personas agredidas, pero no hay que esperar nada, ya que quienes deben expedientar, sancionar y expulsar a estos profesionales son, mira por dónde, los propios centros y las consejerías de Salud y de Política Lingüística que promueven la discriminación de los catalanes contratando o permitiendo la contratación de personal sanitario que no habla la lengua de Cataluña. Es, pues, esta impunidad lo que explica la vergonzosa proliferación de agresiones. Una muestra de la colaboración del govern de Salvador Illa y de Esquerra Republicana en las agresiones nos la da el silencio y la inacción del Departamento de Política Lingüística (en manos de los republicanos) así como la defensa sin escrúpulos que la consejeria de Salut ha hecho de la psicóloga supremacista, lo que ha favorecido la justificación y banalización de los hechos por parte de la Región Sanitaria Camp de Tarragona diciendo que «en Cataluña hay una falta importante de psiquiatras, psicólogos clínicos y enfermeros de salud mental», razón por la cual contratan de fuera. ¿Se da cuenta el lector de la manipulación ideológica? Pues todavía sigue.
Primero, el gobierno catalán se burla de la agresión poniendo entre comillas que haya habido “vulneración de derechos” por no ser atendidos en catalán (imaginemos el follón si un sanitario exigiera que se le hablara en catalán!), y después añade que lo permiten porque, desde su punto de vista, «se considera una vulneración mayor de los derechos no poder atender a los usuarios de nuestro territorio por no poder contratar a profesionales competentes de otros territorios de España». Antes de continuar, prestemos atención a la redacción de este comunicado, y especialmente a la expresión “de nuestro territorio”, que es un eufemismo para evitar decir “de nuestro país”. Y es que para el Govern, Cataluña no es un país, es un “territorio”. Un territorio “español” con una lengua folclórica que, al permitirle hablarla, cree que tiene derecho a exigirla para poder vivir con normalidad.
Así las cosas, no es de extrañar que Dexeus se niegue a investigar los hechos y a sancionar al médico ultranacionalista español que gritaba “¡Estamos en España!”. Es grave, muy grave, utilizar la sanidad para residualizar a un pueblo valiéndose de las necesidades urgentes de todo ser humano en caso de enfermedad. Al grupo QuirónSalud incluso le da asco escribir la palabra ‘Salut’ en catalán. Se entiende, por tanto, que no haya habido dimisión ni destitución ni mucho menos despido. Silencio absoluto para que hablar catalán en Cataluña acabe siendo un acto político de desorden público (ahora ya es un acto de resistencia) y que el agresor, en vez de serlo el funcionario supremacista, lo sea toda persona que se atreva a ejercer el derecho a ser atendido en catalán.
Optar a una plaza de médico, de enfermera, de psicólogo, etc., en una tierra diferente a la tuya implica el cumplimiento de unos requisitos básicos antes de presentarte: conocimiento del lugar y conocimiento de la lengua. No vale aducir que Cataluña pertenece al Estado español. La lengua propia de Cataluña es el catalán, y esto está por encima de las lenguas que, además, hablen individualmente a los catalanes. Si un sanitario hispanohablante quiere trabajar en la sanidad catalana debe saber catalán exactamente igual que un catalán debe saber alemán si quiere trabajar en la sanidad alemana. Un médico de Toronto, por ejemplo, no puede ejercer en Quebec sin saber francés aduciendo que Toronto y Quebec forman parte del Estado canadiense. No puede hacerlo porque es un servidor público, y los derechos de los quebequeses, por mucho que sepan inglés, están por encima de sus caprichos personales. Y si insiste en trabajar en Quebec sin saber francés, o trabajar en Cataluña sin saber catalán, es obvio que no puede ser aceptado por dos razones básicas: la primera, porque denota una actitud de vida profundamente agresiva y supremacista que viola el juramento hipocrático; y la segunda, porque no es el ciudadano quien debe hablar la lengua del funcionario, sino que es el funcionario quien debe hablar la lengua del ciudadano.
Este estado de la cuestión nos lleva a un caso de malversación de caudales públicos, ya que somos los ciudadanos quienes mantenemos consejerías cooperantes con las agresiones y consejeros de Salud y Política Lingüística que encubren la discriminación y callan para mantener el sueldo. Nosotros les ponemos el plato en la mesa para que nos defiendan, y ellos callan. Y cuando hablan lo hacen con cinismo, porque es cínica la argumentación de que el ciudadano debe renunciar a sus derechos lingüísticos en beneficio de sus derechos asistenciales. Como si los derechos lingüísticos no fueran un fundamento consustancial de los derechos asistenciales. Es como decir que para tener derecho asistencial debes someterte a la ley franquista que prohibía hablar en catalán en un sitio público. ¡Qué cara! Siguiendo el criterio del déficit de personal, ¿por qué no ponen a estudiantes de medicina o de psicología a ejercer de médicos o de psicólogos? El Reino Unido tiene un déficit permanente de profesionales de la sanidad, lo que le obliga a contratar personal foráneo, y la Universidad Rovira i Virgili es una fuente de suministro en este sentido. Pero no por necesitar sanitarios el Reino Unido conculca los derechos lingüísticos de sus ciudadanos. Quien quiera ocupar un puesto de trabajo en la sanidad británica debe hablar inglés, puesto que el derecho de los pacientes a expresarse en su lengua en su país es un derecho básico e inalienable. Un derecho regulado en el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Negarse a cumplirlo es violarlo, y un médico que viola los derechos humanos no puede trabajar en Cataluña. Para poner en evidencia la intencionalidad política españolista del Gobierno, y tomándole el argumento del déficit de personal con el que justifica la discriminación, permítanme esta pregunta: ¿creen que un profesional sanitario de la Cataluña Norte (o de cualquier país), perfectamente competente en catalán, ¿sería contratado en Cataluña sin saber español? Propongo que sanitarios catalanohablantes del norte pidan plaza diciendo que no hablan español. Resultados inmediatos.
EL MÓN
