El trato inculpatorio que los grandes medios de comunicación de Catalunya –TV3, Catalunya Ràdio y RAC1–, están dispensando al president Puigdemont, mediante los términos “fuga”, “fugado” o “huida”, para relatar su regreso a Waterloo es altamente reprobable desde varios ángulos, pero especialmente de dos: el de la profesionalidad y el de la ética. Me voy a explicar. Puede admitirse en boca de tertulianos de ideología nacionalista española (de derechas o de izquierdas), ya que atacar la libertad de Cataluña forma parte de sus miserias y son voces que sólo se representan a sí mismas. Pero es inadmisible en voz de presentadores, redactores o colaboradores, dado que, a diferencia de los primeros, son representantes del medio para el que trabajan; es decir, son, para entendernos, la voz de la casa. Y la ‘casa’, por principio, sobre todo si es pública o recibe subvención pública, nunca puede emplear un lenguaje tendencioso o de criminalización subliminar que estigmatice a una persona. Y mucho menos, claro, una persona inocente que se mueve libremente por Europa y que sólo es perseguida en un Estado regido por tribunales y jueces de ideología franquista por medio de delitos inventados, pruebas fabricadas, tramas falsas y odio, mucho más odio, un odio feroz a todo lo que cuestione el dogma sagrado de la unidad de España.
TV3, Catalunya Ràdio y RAC1 tienen el deber de utilizar un lenguaje neutro, un lenguaje que no sea transmisor de un mensaje ideológico en favor de un posicionamiento político que, de manera sibilina, acerque la audiencia a este posicionamiento y le empuje a ver a la persona estigmatizada a través de los ojos de sus enemigos. Un periodismo que hace esto no es periodismo. Y si alguien lo hace un día, sin mala fe, sólo por simple (y preocupante) falta de reflexión, es la dirección de la emisora quien debe recordarle los puntos básicos de la profesión. Repito que no estamos hablando de opiniones personales firmadas como tales, estamos hablando de las voces oficiales de unas emisoras y sus servicios informativos. Es la audiencia quien debe adjetivar, no al periodista. Resulta muy significativo, por otra parte, que todo el celo que ponen estas emisoras a la hora de informar mediante un lenguaje inclusivo (sustituyendo velo islámico por velo, raza gitana por etnia gitana, indigente por sin techo, pisos patera por pisos sobreocupados, hacer el indio por hacer tonterías, etc.) desaparece por arte de magia cuando el sujeto es el president Puigdemont. No se trata, pues, de ningún error ni olvido, se trata de una praxis deliberada, una praxis perfectamente consciente de su carácter inculpatorio y estigmatizador.
Un ejemplo paradigmático reciente lo tenemos en un informativo de la semana pasada de Catalunya Ràdio, en el que el redactor nos habló de “llegada y fuga de Puigdemont”, expresión ésta que, aparte de culpabilizar a la persona, transmite la siguiente sarta de mensajes subliminares: el president Puigdemont debería haber sido detenido; el president Puigdemont debería haberse dejado detener; el president Puigdemont no debería haber vuelto a la libertad; el president Puigdemont, ahora mismo, debería estar en una cárcel española… Pues bien, que éste sea el mensaje de Catalunya Ràdio es grave, muy grave, porque denota que está lejos, muy lejos, de los principios de rigor periodístico que he mencionado más arriba. Desgraciadamente, es un tratamiento sistemático que convierte los medios en instrumentos al servicio no de la audiencia, sino del poder. Los convierte, al fin, en agentes del poder con la misión de acercar el punto de vista de la ciudadanía al punto de vista del poder. Y esto ni es profesional ni es ético. Esto es la antítesis del periodismo.
Forman parte de esta misma visión del poder las declaraciones del exconsejero de Interior Joan Ignasi Elena, del director general de la policía, Pere Ferrer, y del comisario jefe de los Mossos d’Esquadra, Eduard Sallent, el 9 de agosto pasado, criminalizando al president Puigdemont, insultándole, tratándole de delincuente y escupiendo sobre su persona por haberles dejado en ridículo. Elena, Ferrer y Sallent, tres siniestros personajes, indignos de los cargos en los que el poder los situó. Siniestros en toda su extensión, porque estamos hablando de los responsables –además de Pere Aragonès y del govern de Esquerra Republicana– de desplegar un operativo antiterrorista con cortes de carreteras, registros de vehículos, lanzamiento de gas pimienta contra la gente que había aplaudido al president Puigdemont, cargando violentamente contra ella como si fueran vándalos y montando una operación Gàbia-Jaula (inédita desde la Transición, con una única excepción) propia de países totalitarios para detener a una persona acusada del crimen más espantoso de la historia: haber puesto las urnas al servicio de la ciudadanía.
Asco es lo que sentí ante aquella conferencia de prensa, asco por lo que escuchaba y asco al ver a personas tan indignas como Elena, Ferrer y Sallent degradaban vilmente las instituciones de mi país. Y por si fuera poco, empujados por la rabia que les provocaba verse retratados en la prensa internacional, se libraron inmediatamente a criminalizar y perseguir a los policías que en sus vacaciones escoltaron al president Puigdemont. Incluso, como si se tratara del gobierno de la antigua Alemania del Este, detuvieron a uno de estos policías por el procedimiento de espiarle una conversación privada. Estoy hablando de los mismos dirigentes que, al detener ilegalmente a uno de estos escoltas voluntarios, le sometieron a un trato vejatorio en el calabozo desnudándolo y cacheándole de forma integral, además de retenerlo toda la noche y suspenderlo de trabajo y sueldo. Decía Pere Ferrer, director general de Policía y transgresor flagrante de los derechos democráticos más elementales, que los escoltas del presidente Puigdemont «no merecen vestir este uniforme». Quien no merece dirigir nada que tenga que ver con los valores democráticos es usted, señor Ferrer. Nada de nada. Es indigno. Es el Govern de Catalunya quien, por principio, debería ofrecer escolta oficial al president Puigdemont para protegerle de un atentado. Salvo, por supuesto, que experimenten un placer morboso (todo indica que sí) poniendo su vida en peligro.
Otra vertiente de la cuestión, y que también forma parte de la falta de rigor periodístico, es la de poner el foco informativo en la persona inocente, pero presentándola como “fugitiva” de la “justicia”, dejando a las oscuras el verdadero meollo de la noticia, que es la prevaricación de un juez obsesionado en violar los derechos fundamentales de un ciudadano. Los servicios informativos de TV3, Catalunya Ràdio y RAC1 han transmitido punto por punto el mensaje español de Pablo Llarena (igual a justicia), Mossos (igual a aplicación de la justicia) y presidente Puigdemont (igual a fugado de la justicia). Nadie ha dicho que el verdadero delincuente es Pablo Llarena, puesto que es un delito gravísimo que un juez incumpla la ley; es un delito gravísimo que un juez se invente delitos para satisfacer su libido encarcelando a una persona a medida que la justicia europea le va tumbando todas las acusaciones. Es un delito acosar a personas en cualquier ámbito de la vida, pero alcanza las máximas cotas de gravedad cuando el acosador es alguien que lo hace desde el poder del Estado.
En toda la escala social, si hay alguien que nunca puede delinquir, si hay alguien que debe dejar su ideología en casa –por irreprimiblemente franquista que sea, como es el caso–, es un juez, pues cuando la justicia se convierte en tribunal político y persigue a las personas en función de sus ideas, ni es justicia ni es nada. Es sólo un contubernio fascista que, en el caso español, llega al extremo de intentar transmitir al mundo la idea de que el independentismo catalán es terrorismo. No sé si el lector se da cuenta, pero es tan repugnante eso tan diabólico que ningún periodista demócrata debería comprar su relato. Y se compra ese relato. Lo negarán, pero se compra. Evidentemente, al estilo catalán, es decir, revestido de prudencia, de eclecticismo, de equidistancia, de lenguaje políticamente correcto y bla, bla, bla…, pero se compra. Basta con ver el linchamiento que los medios mencionados han dedicado a Laura Borràs, expresidenta del Parlament de Catalunya, y el cariño, el cuidado y la consideración que dispensan a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. A la primera, la condenan cada vez que pronuncian su nombre; a la segunda, la presentan como víctima del ‘lawfare’. No digo que no pueda serlo. Pero es la misma ‘lawfare’ que quiere destruir políticamente a Laura Borràs.
Al tratar al presidente Puigdemont de “fugado” o “fugitivo” (exactamente la misma terminología de Vox, mira por dónde) TV3, Catalunya Ràdio y RAC1 adjetivan, y al adjetivar violan un principio periodístico, que se agrava en este caso, dado que dan por hecho que el president Puigdemont debía haberse entregado al juez prevaricador, debía haberse dejado detener por los Mossos del govern de ERC para dar una alegría a la cúpula del partido, más regocijada aún que Llarena, de verlo entre rejas en Madrid. Sin embargo, han cometido un error y es el de subestimar la inteligencia del president Puigdemont, un político que ha demostrado tener más dignidad que todos ellos juntos. El principio a defender por todo demócrata es el de la libertad y, por tanto, la negativa a dejarse detener por un poder opresor no es sólo un derecho, es también, por encima de todo, un deber consecuente con los valores expresados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que haya catalanes que aún no entiendan esto, tal vez se explique por los resultados del informe PISA.
EL MÓN
