A la hora de analizar el pacto entre Junts y el PSOE, que permitirá finalmente la investidura de Pedro Sánchez, creo que hay que distinguir tres elementos por separado: el propio pacto, las garantías de ese pacto y la ley de amnistía. De esta última, no puedo hablar hasta que sea pública y pueda leerse; pero de los otros dos, sí.
El pacto es muy ambicioso y significa un gran cambio de escenario. Pero tiene un problema grave que quiero señalar de entrada: no hay garantías de cumplimiento, y eso, hablando del PSOE y sabiendo de qué pie cojea, es asumir mucho riesgo. Junts afirma que el mecanismo internacional de verificación y su propia capacidad de derribar al gobierno español en todo momento son las garantías del pacto. A mí me parecen unas garantías insuficientes, pero en cualquier caso reconozco que sólo el tiempo pondrá las cosas en su sitio.
Hay una segunda cuestión que quiero señalar también antes de analizar el documento. Hace seis años, después de no haber implementado la república independiente proclamada por el parlamento, se abrió una vía política de confrontación con el Estado español desde el exilio. Basada en denunciar que España no es una democracia y acorralarla desde las instituciones europeas para obligarla a reformarse. Esta vía cambia hoy dramáticamente. Se puede considerar y defender que, precisamente, cambia ahora porque se debe a su éxito, especialmente en los tribunales, como se ha podido construir la nueva situación. Pero, de nuevo, no tenemos certeza alguna de que el PSOE esté convencido de lo que hace y, en cambio, sí sabemos que el exilio y la línea de lucha, confrontación y deslegitimación del Estado español que representa se acaban.
Hablando, finalmente y en concreto, del pacto político firmado entre Junts y el PSOE, debo decir que me ha sorprendido mucho, y me ha sorprendido especialmente, la forma en la que está redactado. Por la técnica. Esto no es un acuerdo de legislatura, no es un pacto típico de cualquier democracia europea, sino que tiene la estructura, la técnica y la narrativa de un acuerdo de paz. Y en este sentido, va mucho más allá de cualquier cosa firmada antes y no se puede comparar con nada de lo que hayamos visto hasta ahora. Entre otras obviedades, porque en este caso Junts no reconoce el marco constitucional español ni se compromete, como sí ha hecho, en cambio, el gobierno de Pere Aragonès en la mesa de diálogo.
Resalto esto de la técnica de los acuerdos de paz porque creo que todos podemos cometer un error de apreciación si no lo tenemos en cuenta. Por ejemplo, en una negociación política normal y corriente sonaría simplemente ridículo decir que una parte defenderá un referendo de autodeterminación y la otra el estatuto de Maragall. Pero en un proceso de paz ésta es precisamente la técnica apropiada, partir de la discrepancia, porque es a raíz de esa discrepancia por lo que el equipo de mediación internacional es quien propone los nuevos pasos a seguir.
Pero, una vez más, nada sabemos de este mecanismo de mediación internacional, y esta inconcreción, de entrada, hace desconfiar. Tengo que aclarar que tampoco es una situación inusual. Los mecanismos de verificación internacional de los conflictos actúan en la sombra y con discreción, necesitan hacerlo así para ser eficaces. Y así se hace porque las dos partes que negocian les reconocen autoridad. Una última inquietante inconcreción, pues, es que no sabemos si, en realidad, el PSOE les reconoce esta autoridad o no.
Sobre el papel la reconoce, eso es verdad. Y esto y el cambio de narrativa pública que hace el PSOE son, precisamente, los principales valores del documento firmado.
Porque la narrativa desplegada en el acuerdo, como narrativa compartida por ambos partidos, contiene elementos novedosos para significar un cambio muy radical de posición de los socialistas.
Los socialistas reconocen por primera vez la narrativa independentista que sitúa el marco de las relaciones entre Cataluña y España en un conflicto nacional irresuelto y, en los últimos años, en una falta de reacción democrática por parte del Estado, que debe tener solución y que debe tener una solución estrictamente política.
En este sentido, hay muchos detalles que salpican el documento. La referencia a los decretos de Nueva Planta y la abolición por la fuerza de las constituciones catalanas, para empezar. Una referencia que nada tiene de banal ni de anecdótico, precisamente, porque va a la raíz del conflicto e invoca la soberanía primera y original de Cataluña. Y una referencia también, por cierto, que incluye implícitamente al País Valenciano y a las Islas, porque la Nueva Planta se impuso a la nación entera.
También es muy significativo el momento en que el texto habla sin tapujos ni disimulos de la “distancia entre nuestros proyectos nacionales”. Y que, por tanto, sitúa a cada partido, de forma implícita, en una nación diferente.
Y, aunque podría ser más clara y sería mejor, existe todavía la referencia final al parlamento de Cataluña como representante legítimo del pueblo. No dice, como Junts da a entender, que reconoce que la última palabra la tendrá sólo el pueblo de Cataluña, pero tampoco lo niega, lo que hasta ahora era un tabú en el discurso del PSOE.
Sea como fuere, el punto más importante del documento, para mí, es cuando los socialistas reconocen, de acuerdo con Junts, que existe un conflicto que “sólo la política en democracia puede canalizar para buscar una solución dado que, seis años después, la cuestión de fondo sigue sin resolverse”.
Aquí, por tanto, el PSOE reconoce que seis años después de la proclamación de la independencia, el conflicto nacional catalán no sólo existe, sino que sigue sin resolverse y debe ser resuelto.
Creo que estaremos todos de acuerdo en que esto no tiene nada que ver con la retórica de la rendición del independentismo, el final del proceso y todas esas cosas que les hemos oído decir a menudo. Pero, de nuevo, sin garantías de que nada de todo ello siga siendo asumido en serio por el Partido Socialista español una vez Pedro Sánchez vuelva a instalarse en la Moncloa.
En resumen. Este acuerdo es un hito importante y tiene una gran ambición, pero también tiene el peligro de que no hay garantías tangibles de nada –esperando de ver cómo funciona el mecanismo internacional de verificación.
Estoy seguro de que al final, como ocurre siempre, será el tiempo y la evolución del conflicto quienes nos dirán si firmarlo ha sido un acierto o un error. La gente dirá su opinión, seguro, y se movilizará y un día votará y decidirá con su voto si esto tenía o no sentido. El protagonismo de la calle volverá. Y paralelamente, España entrará en una desestabilización mayúscula –como hemos visto claramente hoy con el atentado contra Vidal-Quadras y los discursos golpistas de Feijóo y Abascal–, algo que siempre juega a favor de Cataluña. La combinación de todo ello y la constatación que iremos obteniendo sobre si hablamos de papel mojado o si realmente hay un cambio, marcarán de forma brutal la política catalana y la española en los próximos meses y años.
VILAWEB
