Ya hace días que en las tertulias de radio y televisión oímos a varias personas que, en caso de una amnistía, se muestran favorables a incluir a los policías que el Uno de Octubre apalearon a la ciudadanía e hicieron sangre en las calles de Cataluña. Aducen que «hombre, claro, la amnistía debe ser para todos, no puede serlo sólo para los independentistas encausados». Éste es un argumento muy poco reflexivo. Que lo hagan voces españolistas, de derecha y de izquierda, se entiende, porque tienen poca cultura democrática. Pero que se sumen, por falta de reflexión, algunas voces del independentismo, es lastimoso. Incluso el exconseller Lluís Puig, al ser preguntado –demostrando que no había pensado mucho– respondió: “No veo forma de que se pueda diferenciar un porrazo de la policía de la quema de un contenedor en la calle”. Con todos los respetos, señor Puig: el Uno de Octubre, Cataluña no salió a la calle a quemar contenedores, salió a la calle a votar; salió para poner una papeleta en una urna. ¿No ve la diferencia? Sólo las dictaduras vapulean a la gente cuando ésta se expresa por medio de las urnas, y lo hacen siempre que temen que el veredicto no les será favorable.
Una amnistía, a diferencia de un indulto, no es un perdón. Una amnistía es un reconocimiento de la inocencia de las víctimas y, por tanto, de la culpabilidad del victimario. Es decir, que los daños infligidos, tanto físicos o judiciales como morales, económicos o psicológicos, fueron un abuso de poder y una violación de los derechos fundamentales. De acuerdo con esto, y por medio de la amnistía, el victimario en cuestión, ya sea por decisión propia u obligado, reconoce que fue él quien delinquió y no a las personas que sufrieron su furia.
Ahora bien, llegados aquí, ¿cree alguien que España, por sí misma, aceptará nunca ese papel? En el supuesto de que llegue a lograr esta amnistía de la que ahora se habla, es obvio que España dará la vuelta a las cosas para hacer de la necesidad virtud. Y no solo porque ni en sueños lo llamará ‘amnistía’, sino porque lo presentará de cara al mundo exactamente como ha hecho con los indultos: como un Estado que es tan, tan, tan democrático, que incluso se muestra magnánimo con sus disidentes.
Hay otras razones por las que esta hipotética amnistía será un fraude que Cataluña no debería aceptar, empezando por el nombre. Si no consta oficialmente como amnistía, con estas ocho letras, España se autofaculta para desatar de nuevo la misma violencia física, jurídica o psicológica contra toda acción contraria a la ‘unidad de España’, por pacífica y democrática que sea. En otras palabras, España seguirá persiguiendo a las personas por sus ideas, cuando éstas sean contrarias al nacionalismo español. La maniobra consiste en lo siguiente: ante un horizonte en el que la justicia internacional condene a España, con multas incluidas, por violación de derechos humanos, el Estado contempla la amnistía borde como una manera de escabullirse a tal fin que al día siguiente la persecución al independentismo siga como si nada. ¿Es esto lo que queremos? ¿Salvarle la cara y volver a la casilla de salida?
Los indultos se aprobaron no, como dice Esquerra Republicana, por negociación política alguna. Se aprobaron porque a España, de cara a Europa, se le hacía insoportable llamarse ‘democracia’ y tener presos políticos. Una buena prueba es que lo que ERC vendió como ‘indulto’ era en realidad ‘libertad condicional’ bajo amenaza. Y lo que vendió como eliminación del delito de sedición, no era más que un cambio de nombre: de llamarse ‘delito de sedición’ ha pasado a llamarse ‘delito de desórdenes públicos’, que es un cajón de sastre con posibilidades aún más amplias y perversas contra el independentismo. Pero es que para terminar de redondearlo, para asegurarse de que nos podrán trinchar por el más mínimo detalle, ahora se afanan por introducir el ‘delito de deslealtad constitucional’, que lo abarca absolutamente todo. Pura dictadura.
Permítanme, pues, que vuelva al punto de partida: ni la Guardia Civil ni la policía española pueden ser amnistiadas. Una amnistía, por borde que sea, como la que ahora se cuece, sólo tiene sentido para las víctimas del Estado, no también para los victimarios. Una cosa es que dos países, por ejemplo, en aras de una coexistencia pacifica, acuerden una amnistía después de una guerra pasando la esponja sobre las barbaridades cometidas por ambos bandos, y otra muy diferente, como es el caso, es que las barbaridades las haya cometido un Estado contra una población indefensa. Son las personas castigadas o perseguidas de esta población las que deben ser amnistiadas. Por eso las fuerzas y los cuerpos y de seguridad españoles no pueden ser amnistiados de ninguna de las maneras, porque por ello deberían haber sido víctimas de una lucha entre iguales, una lucha armada Cataluña-España, algo que no se produjo. Sólo deben ser amnistiadas las víctimas, las que han estado en prisión, las que están en el exilio, las que tienen causas abiertas, las que han sufrido daños de todo tipo en su persona, en su vida laboral, en su imagen, en su patrimonio, etc.
Digámoslo claro: ¿qué procesos se han abierto contra las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado? ¿Qué juicios se han celebrado? ¿Qué sentencias se han dictado contra ellos? ¿Qué policías o guardias civiles están en prisión? ¿Qué policías o guardias civiles están en el exilio? ¿Qué persecución policial o jurídica han sufrido estos individuos? ¿Amnistiar? ¿De qué se les debe amnistiar? ¿Del delito de hostigar? Es la víctima quien debe ser resarcida, es la víctima quien debe ver restituida su dignidad. La policía española no puede ser amnistiada porque forma parte del Estado, es el Estado, y el Estado no puede amnistiarse a sí mismo.
EL MÓN
