Superada la previsible no-investidura de Feijóo, y ya conmemorado –un año más– el aniversario del 1 de Octubre, nos adentramos en semanas (no sabemos cuántas) que serán presididas por la negociación entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, que puede llevar a la investidura del primero como presidente del gobierno español, o a la repetición de elecciones a Cortes Generales el 14 de enero. Más allá de las declaraciones públicas en núcleos periféricos (en términos de poder) del PSOE en España y de la propensión declamatoria del independentismo (definición a cargo del lector) en Cataluña, esto es lo que hay.
Todo el mundo desconoce cuáles son las restricciones completas de los negociadores implicados. Dicho esto, hay un par que me parecen claras, y que merecen ser discutidas. Por el lado de Sánchez, una línea roja primordial es la de un referéndum de autodeterminación. Y no sólo, ni fundamentalmente, porque lo prohíba la constitución, porque hay formas de hacerlo sin que genere un mandato legal (genéricamente prohibido, por otra parte, en caso de referendos), cuya aplicación sí que sería contraria en la constitución. El problema de un referéndum de autodeterminación “acordado” es que pulveriza el modelo de construcción nacional española, reflejado en el francés, que identifica Estado y nación, por lo que no puede haber más de una soberanía dentro del Estado. Modelo que goza de una sólida y estable mayoría entre la población española. Referéndums en Cataluña podría haber por varias cuestiones y con diferentes formatos; pero lo que no habrá es un referendo de autodeterminación acordado.
La principal restricción de Puigdemont es que un acuerdo no puede pasar por la aceptación de un marco que renuncie a la unilateralidad. La unilateralidad en la decisión (que no necesariamente en la ejecución) es algo inherente a la sustancia de la nación política. Renunciar a ello es, de hecho, renunciar a la nación. Y esto es algo independiente de la mayor o menor probabilidad de ejercerla con éxito, que depende de la correlación de fuerzas en cada momento y episodio.
Esto establecido, existe otra restricción para Puigdemont que me parece destacable, y sobre la que se ha reflexionado menos: la reversibilidad de las cuestiones acordadas. Esto es algo diferente del concepto «cobrar de antemano», que se ha usado en alguna ocasión. Porque «cobrar de antemano» es imprescindible cuando no hay confianza en que el interlocutor cumpla los acuerdos. Éste ha sido uno de los principales problemas de los acuerdos que ha hecho el independentismo con el gobierno de España desde la moción de censura de junio de 2018, que llevó a Sánchez a la presidencia del gobierno español.
Sin embargo, lo que se cobra de antemano también puede perderse, y con creces, cuando se vuelve la tortilla, y desaparece la fuerza que se tenía. Por eso murió el “pájaro en mano” pujoliano, que en la reedición de los últimos años se ha llegado a convertir, de hecho, en “tiros al aire”. La irreversibilidad, en cambio, implica que los efectos de lo pacto no son reversibles, tanto si se cobra de antemano como si no (de esto último, la trayectoria de Sánchez aconseja ser muy escéptico).
Algunos analistas ven un momento de crisis del «régimen del 78» y la oportunidad de impulsar un proceso (otro) de reforma territorial del Estado. No tengo claro que el «régimen del 78» esté en crisis; puede estar, si acaso, en una pugna interna por el control de las instituciones. En cualquier caso, es necesario entender que la historia de los 160 últimos años en España (desde que revive la discusión territorial, apaciguada el siglo y medio posterior a la guerra de Sucesión) dibuja un patrón regular, tan regular que se ha hecho previsible.
En 1868 cae la monarquía, se instaura la Primera República, se adelantan propuestas federalizantes… y las cosas vuelven al estado natural con la primera restauración borbónica en 1874; la debilitación de la restauración borbónica a inicios del siglo XX hace posibles cambios, como la creación de la Mancomunidad (en Cataluña) en 1914… pero la dictadura de Primo de Rivera desde 1923 suprime aquellos avances; la monarquía borbónica cae nuevamente en 1931, acontece la Segunda República, hay cierta reforma territorial en España… y la Dictadura franquista lo borra de raiz; en la segunda mitad de 1970 el régimen franquista muta a democracia, vuelve la reforma territorial… y desde los años 1990 hay ralentización primero, y retroceso después, consagrado por la sentencia del TC en 2010 sobre la reforma del estatuto.
Pedro Sánchez, y el PSOE en su conjunto, no han alterado las convicciones que expresaban hace tres meses. Sencillamente, hacen de la necesidad virtud, porque lo necesitan para mantener el gobierno de España. Si algún día no lo necesitan, actuarán en consecuencia. Y como, en general, en el PSOE el estatismo domina al nacionalismo (al revés de lo que ocurre en el PP), las cosas simbólicas le resultan más transaccionales. Por eso el acuerdo por la votación de la mesa del congreso resultó en la modificación del reglamento para usar lenguas no castellanas, para impulsar la oficialidad del catalán en la UE –cuestión para “restablecer” confianzas– (y también que los partidos catalanes pro-independencia tengan grupo parlamentario propio, que es mejor que no tenerlo).
Cojamos estos acuerdos a modo de ejemplo: ¿son irreversibles? Si el catalán alcanzase oficialidad en la UE (lo que no se puede dar por hecho) parece bastante irreversible, aunque sólo sea por la dificultad de reformar procedimientos administrativos en las instituciones de la UE. ¿Y las lenguas no castellanas en el congreso? No lo veo igual de irreversible, aunque mucha gente piensa que, ya naturalizado su uso, los inconvenientes para mayorías alternativas de suprimirlo superan a los de mantenerlo. Otra cosa es el valor político que cada uno dé a estas cuestiones, en relación al proceso de independencia.
En este contexto, la piedra de toque es la amnistía para todos los hechos vinculados con los previos y posteriores del 1 de Octubre y las causas que se han derivado (dejo para juristas definición más precisa, y reflexiones formales). En términos de efectos sobre las más de 1.400 personas que permanecen encausadas (en casi 600 causas), algunas con condena firme de prisión, una amnistía tendría efectos irreversibles. Aunque el Tribunal Constitucional la declarara inconstitucional pasados varios años, porque los efectos de la nulidad muy difícilmente podrían hacerse retroactivos. Sólo sería necesario que el gobierno de España no interpusiera inmediatamente un recurso, antes de que entrara en vigor, pidiendo su suspensión cautelar. De nuevo: cada uno valorará como quiera el valor político de una amnistía (confieso mi escepticismo con lo de “Europa nos mira”, que ahora arguyen algunos –hasta hace poco– notables escépticos). Por lo que a mí respecta, una de las cosas que me han parecido más indignas del post-Octubre 2017 ha sido que se haya negociado la salvación de una parte mínima del alto mando –político y civil– del independentismo, con los indultos de Sánchez, mientras se ha dejado en la estacada «la tropa», y abandonados heridos y prisioneros. Doy gran valor a corregirlo.
Creo que la idea está ya expresada. Sean cuales sean los contenidos de un eventual acuerdo por la investidura (que será sólo si conviene a las partes), la irreversibilidad de las medidas debería ser uno de los filtros de valoración. Porque lo que sea reversible tiene muchas probabilidades de ser revertido. Y, por eso mismo, las cuestiones concretas –por relevantes que sean– de tipo presupuestario, es mejor dejarlas para eventuales negociaciones presupuestarias. Esto es, desvinculando investidura de presupuestos, para poder monitorizar su cumplimiento en el futuro.
Sería bueno que el carácter de irreversibilidad de las medidas acordadas fuera considerado en el proceso de negociación. Porque la historia de España nos enseña que patrones tan asentados no se alteran demasiado a menudo; y éste no parece uno de esos momentos puntuales en los que se “hace historia”, en cualquier caso. Ojalá esta vez fuese distinto. Pero no lo creo. Cuando los votos en el congreso dejen de ser necesarios, el agua desbordada volverá al río, una vez más.
VILAWEB
