No es por ganas de complicar las cosas, pero lo primero que exigiría al PSOE en las actuales negociaciones es el reconocimiento formal, explícito e inmediato, que somos una nación. Soy consciente de que es una exigencia que sólo podría producirse en el plano verbal, retórico, y que de entrada no tendría ninguna consecuencia en el sistema constitucional español. La estructura del Estado no es plurinacional —quienes lo afirman, también sólo lo sostienen de manera retórica, sin consecuencia práctica alguna—, y para que lo fuera, habría que entrar en un proceso de reforma constitucional que sabemos imposible. Además, para quienes queremos la independencia esta reforma sabemos que no sólo es una pérdida de tiempo, sino una trampa para mantenernos en un ir tirando autonómico.
Por tanto, no se trata de añadir aún más dificultades a una negociación que ya parte de unas condiciones suficientemente difíciles, como es pedir la amnistía y el derecho a la autodeterminación. Se trata de exigirlo por una razón simbólica de gran trascendencia: el reconocimiento de la existencia de una nación catalana, propia y diferenciada de la española, es la razón de todo. Es verdad que existen razones para pensar que con la independencia el país iría mejor. Y hay quien cree que la defensa de la independencia debe justificarse precisamente en esta promesa de mayor bienestar para las personas, de más derechos y justicia social. Pero desde mi punto de vista, la aspiración a la independencia no puede fundamentarse en razones instrumentales sino en el derecho propio de toda nación a decidir su futuro.
En realidad, todas las aspiraciones a una mejora de las condiciones de vida caben perfectamente en el actual modelo autonómico. Y, de hecho, no sólo caben, sino que nos acomodan dentro del mismo. Por un lado, porque si se consiguieran las mejoras imaginadas, ¿seguiríamos queriendo la independencia o mermarían las razones para exigirla? Por otro, siendo un modelo que ya permite traspasar Renfe, o que puede ser fiscalmente justo y no depredador como es ahora, la pregunta antipática que hay que hacerse es ésta: ¿seguro que los trenes de Renfe serán más regulares y puntuales si se gestionan desde aquí? ¿Seguro que haríamos un buen uso de la mejora del régimen fiscal? En definitiva, quiero decir que la aspiración a la independencia no puede estar vinculada únicamente a expectativas que son resolubles en un marco autonómico y sin tantas dificultades.
Vuelvo, pues, al principio. O reconocen que somos una nación, o nunca se hará realidad el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Y esta cuestión también afecta a la cuestión de la amnistía. Si es una amnistía “a la española” –quiero decir, según su marco constitucional–, tan “amnistiables” son los independentistas como la policía del “a por ellos”. Sólo si se acepta que fuimos golpeados, y después judicialmente represaliados por defender legítimamente la nación, se puede distinguir entre agresores y agredidos. Y sólo así cabe señalar claramente el sistema judicial represor y condenable, tanto en los tribunales europeos como desde un punto de vista político. Pero si la nación sigue siendo la española, entonces es lógico que se amnistien “separatistas” y “separadores” en el mismo plano, y que todo el sistema represor, en la práctica, también quede amnistiado. No conozco los detalles, pero me imagino que los recursos en los tribunales europeos decaerían automáticamente.
En definitiva, exigir explícitamente que somos una nación no significa poner un obstáculo más en la negociación, sino que es la única forma de hacer claras las razones del resto de condiciones.
Publicado el 4 de septiembre de 2023
Nº. 2047
EL TEMPS
