La Fiscalía Superior de Cataluña pidió ayer siete años de cárcel, treinta y dos años de inhabilitación y una multa de treinta mil euros para el diputado de ERC Josep Maria Jové, exsecretario general de la Vicepresidencia, y seis años de prisión, veintisiete de inhabilitación y una multa de veinticuatro mil euros para Lluís Salvadó, dirigente también de ERC, exsecretario de Hacienda y ahora presidente del Port de Barcelona. Ambos son acusados de haber preparado el referendo del Primero de Octubre y de haber planificado la creación de las estructuras de Estado, por lo que están acusados de malversación, prevaricación y desobediencia.
La reciente reforma del código penal impulsada por Podemos, el PSOE y Esquerra Republicana fue presentada como un gran salto adelante en el proceso de desjudicialización del conflicto catalán y como un éxito de la mesa de diálogo. Todo el mundo asumía que con esta reforma Oriol Junqueras podría presentarse a las elecciones y que no habría penas importantes, seguro que no serían penas de prisión, para la segunda fila del gobierno que aún espera juicio. Es decir, para Jové, Salvadó y todos los demás.
El senado español aprobó de forma definitiva la reforma del código penal el 22 de diciembre del año pasado, es decir, que todavía no han pasado ni dos meses. Pero los resultados ya están a la vista de todos. Oriol Junqueras permanecerá inhabilitado hasta 2031, al igual que lo estaba antes de la reforma, y a Jové y Salvadó les piden siete años y seis de prisión respectivamente, también como si la reforma no hubiera existido. Es evidente que la reforma no ha servido para nada. Más aún: que la famosa desjudicialización no existe. Que la mesa de diálogo, en consecuencia, no ha logrado nada.
Hay que resaltar en este sentido que, quizás porque no tiene otra alternativa, Esquerra Republicana trata de llevar el relato mediático hacia un presunto enfrentamiento entre el poder judicial y el poder político españoles, un enfrentamiento que es igual de inexistente. Ayer, el ministro de la Presidencia español, Félix Bolaños, dijo que la petición de la fiscalía para Josep Maria Jové y Lluís Salvadó era una prueba de que «los hechos de 2017 en Cataluña eran delito entonces y siguen siéndolo hoy». El mismo discurso que Moncloa utilizó hace unos días, cuando se supo que Junqueras no se beneficiaría de la reforma del código penal. Con estas declaraciones, distinguir entre el poder político y el poder judicial es, en cualquier caso, un ejercicio de funambulismo.
El problema de Esquerra Republicana es que vive, literalmente, encerrada en la cárcel que ha construido. Desde hace cinco años, la justificación de todas sus actuaciones políticas ha sido siempre la misma: asegurar a los ciudadanos que el diálogo con los socialistas españoles llevaría a la desjudicialización del proceso, a la amnistía y al ejercicio de autodeterminación. Y que había que abandonar la vía de la confrontación para conseguir que el Estado español entendiera que había una posibilidad de superar el conflicto. Durante años, esto ha sido una hipótesis política, por tanto, defendible, pero ahora estamos ante hechos consumados y la cosa cambia. Porque estos hechos dejan sin explicación posible al partido republicano, desnudan el error de su estrategia y, también, cuestionan su capacidad negociadora.
En estas circunstancias, ERC necesitaría hacer un ejercicio de humildad y reflexionar. No es sólo que se equivocaban, que esto nos puede ocurrir a todos, y no es sólo que negociaban mal, que nadie tiene garantías de negociar bien siempre. Es que, además, perseguían cualquier posición crítica como si en ello les fuera la vida. Es muy hiriente recordar hoy lo que decían ERC y sus satélites mediáticos y sociales bien cebados a raíz de la manifestación convocada por la ANC contra la reforma del código penal y los nuevos delitos que incorpora. A los críticos con lo que hacían, como este diario, llegaron a acusarnos de antipolíticos e incluso de trumpistas. Y es público y notorio que hasta el día mismo de la manifestación hicieron tanto como pudieron para que fracasara.
Lo que ocurre ante los ojos de todos es la constatación del fracaso de una apuesta política, la constatación de que han llegado hasta el extremo de romper la unidad del independentismo y causar el desencanto de la población sin conseguir a cambio ni tan sólo siquiera su libertad personal. Ayer Esquerra hizo un contacto con la prensa y a Marta Vilalta le preguntaron hasta tres veces sobre las declaraciones del PSOE y del gobierno español elogiando las condenas pedidas contra Jové y Salvadó y felicitándose por ello. Y ni una sola vez salió de la boca de la portavoz de Esquerra una palabra crítica con el gobierno de Pedro Sánchez ni con el PSOE.
Dar marcha atrás a todo esto no es, no será, nada fácil para Esquerra Republicana, suponiendo que quiera hacerlo. Pero seguir encerrado en la cárcel que el propio partido ha construido, forzado a alabar al PSOE haga lo que haga y enganchado a los socialistas como única perspectiva de futuro a mí me parece que empieza a ser, de manera bastante evidente, una alternativa peor aún.
PS. Como siempre, Josep Casulleras Nualart (1) lo cuenta con unos datos y una documentación que no se pueden disputar: «Del diálogo al castigo: el calendario implacable de la historia de un engaño».
VILAWEB
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Del diálogo al castigo: el calendario implacable de la historia de un engaño
Josep Casulleras Nualart
VILAWEB
Al fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio se le notaba enfurecido: “Corre un bramido, porque debe ser una bramido, de que este juicio forma parte de la tanda de procedimientos judiciales que se han llevado a la mesa de negociación entre el gobierno del Estado y el govern de la Generalitat en lo que llaman la desjudicialización de la política catalana, en la que se pretende que se archiven todos aquellos procedimientos penales pendientes contra políticos catalanes derivados de lo que se ha denominado el proceso”. Lo decía el 5 de octubre del pasado año, en la apertura del juicio contra la mesa de Roger Torrent y Josep Costa. El fiscal hacía una advertencia sobre los rumores crecientes que había entonces de las conversaciones entre ERC y el PSOE para encontrar la forma de arreglar la situación judicial de los condenados por el proceso y de quienes están pendientes de juicio. No quería que aquello afectase a aquel juicio, pero aquel “bramido» del que hablaba era más bien por el caso de Josep Maria Jové y Lluís Salvadó y los del juzgado 13. Querían salvar a los exaltos cargos afectados, pero la sucesión de los acontecimientos de desde la última mesa de diálogo es implacable y certifica la caída, también, de los de arriba, en un conflicto que no se ha desjudicializado.
El acuerdo de la última mesa de diálogo, del 27 de julio, fue presentado por la consejera Laura Vilagrà y el ministro español Félix Bolaños y llevaba este nombre: “Acuerdo para superar la judicialización”, que básicamente era un compromiso para “impulsar las reformas legislativas necesarias para poner fin a la judicialización de la política”. No había más concreción. La contrapartida para el gobierno español era algo más concreta: el gobierno de la Generalitat asumía el compromiso de que la actividad política e institucional se haría «dentro del ordenamiento democrático vigente», una referencia clara a moverse siempre dentro del marco de la constitución española.
Pasadas las vacaciones de verano, la negociación empezaría. Entre otras cosas, estaba en juego el presupuesto español, y Pedro Sánchez necesitaba de nuevo el apoyo de ERC para poder aprobar las cuentas, superar otro año de legislatura y encarar el 2023 electoral con suficiente estabilidad institucional. Pero el apoyo no podía ser gratis, y ERC necesitaba exhibir algún resultado de estas «reformas legislativas necesarias». Esto implicaba tocar el código penal, y el bramido de esta negociación es el que llegaba a los fiscales y que asustó a Pérez de Gregorio.
¿Cómo debía tocarse el código penal? Había un compromiso incumplido por parte del gobierno de Sánchez de reformar el delito de sedición. Este delito anacrónico e incompatible con los ordenamientos jurídicos europeos era la clave. ¿Pero cómo se podía hacer? ¿Reformar o derogar? El PSOE no tenía tan sólo la necesidad de complacer a ERC en la negociación en Madrid para hacer avanzar el presupuesto, sino que tenía en la nuca el aliento del Consejo de Europa desde hacía más de un año exigiendo el fin de la represión contra los dirigentes políticos independentistas.
Dos semanas después del juicio contra la mesa, Gabriel Rufián anunciaba en el congreso español que ERC no presentaría ninguna enmienda a la totalidad al proyecto de presupuesto del gobierno español, para “mantener abiertas las vías de negociación y diálogo”. Cuatro días después, el 25 de octubre, la secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejčinović, firmaba un informe demoledor para el Estado español en el que afirmaba que la reivindicación de la independencia estaba protegida por la libertad de expresión, y reiteraba los argumentos del informe Cilevics asumido por la Asamblea Parlamentaria de la institución el año anterior.
Dos semanas después de la publicación de ese informe, Pedro Sánchez anunciaba por sorpresa en una entrevista en La Sexta que en la reforma del código penal la sedición quedaría derogada y que, en cambio, se añadiría una modalidad agravada de desórdenes públicos. El anuncio generó una gran inquietud en el independentismo, por el efecto disuasorio que podía tener el nuevo delito de desórdenes en el ejercicio del derecho de manifestación y porque hay decenas de activistas pendientes, precisamente, de causas por desórdenes públicos. Pero el president Pere Aragonès se apresuraba a comparecer al día siguiente por la mañana del anuncio de Sánchez para celebrarlo.
Aragonés decía que la derogación de la sedición era un primer paso para «culminar el fin de la represión» y para «hacer que Cataluña vuelva a votar sobre el futuro del país». En la misma comparecencia decía que la negociación ya daba frutos y que había que ir a la vez a la negociación para avanzar hacia la amnistía.
Era el 11 de noviembre. El 24 de noviembre el congreso español aprobaba el presupuesto del gobierno de Pedro Sánchez con los votos favorables, entre ellos, de los diputados de ERC. Comenzaba entonces una nueva fase de negociación entre PSOE, Unidas Podemos y ERC para reformar el delito de malversación, por el que fueron condenados también Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull y hay decenas de exaltos cargos pendientes de juicio en juzgados de Barcelona, además de Jové y Salvadó en el TSJC como aforados. La posición de entrada de los socialistas fue más bien tibia, pero no le cerraban la puerta. Era el 6 de diciembre cuando Pedro Sánchez decía por primera vez públicamente que se avenía a ello, que la malversación también debía adecuarse a la definición que hacían otros estados europeos, pero que eso debía hacerse con enmiendas en el trámite parlamentario.
ERC proponía dividir la malversación entre los casos en que había lucro personal y en los que no, con una rebaja sustancial de las penas previstas en el segundo supuesto. Durante la negociación, los dirigentes del PSOE no paraban de repetir que debía asumirse que el Primero de Octubre fue un delito, y que la reforma de la sedición permitiría la extradición del president Carles Puigdemont. Ya modulaban el relato para que el movimiento que habían realizado tanto por necesidades domésticas como por presiones externas no les pasara factura entre su electorado más españolista.
El fruto de la negociación, una semana más tarde, fue la aceptación por parte de ERC de la enmienda del PSOE para retocar las penas previstas de la malversación atenuada para que no fuera tan atenuada, por lo que las penas previstas en éste supuesto quedaran en un máximo de cuatro años de prisión y seis de inhabilitación. La malversación agravada se mantenía, y restringida a aquellos casos en los que hubiera un ánimo de lucro: hasta ocho años de prisión y veinte de inhabilitación. Las explicaciones que unos y otros hicieron sobre el acuerdo diferían: según ERC, el 1-O quedaba fuera de la malversación tal y como estaba redactada en el nuevo código penal; para el PSOE, podía encajar en la modalidad atenuada.
Con la sedición derogada, si la malversación del 1-O era la atenuada, Junqueras, Romeva, Bassa y Turull tendrían la opción de ser candidatos a unas elecciones el próximo año a lo sumo. Había la opción de su rehabilitación política. Ese día Gabriel Rufián decía que el 1-O no era delito, que con el nuevo código penal no se podía perseguir por malversación. Y añadía que no podía asegurar qué podrían “hacer Marchena y compañía”.
El 15 de diciembre, el congreso español aprobaba finalmente la reforma del código penal, sin la sedición, con los nuevos desórdenes públicos y con la nueva malversación. Pero no entró en vigor hasta el 12 de enero. Y cuando hacía sólo unas horas que se había publicado, el juez Pablo Llarena, en un movimiento coordinado con la sala segunda del Tribunal Supremo, dejaba claro cómo debía aplicarse en el caso del Primero de Octubre. Porque son finalmente los jueces quienes deben hacerlo. Y decía bien claro que era una malversación agravada, que no era necesario que hubiera un enriquecimiento personal para hablar de lucro personal, que bastaba con constatar que “hacían un uso de los recursos públicos como si fueran propios”, en una frase textual del fiscal que ha pedido siete años de cárcel para Jové y seis para Salvadó por malversación.
Esa lectura de Llarena, que es la de Marchena, es la que prevalece. Y por eso Junqueras sigue inhabilitado hasta 2031, Jové y Salvadó tienen una amenaza grave de años de cárcel y muchos más de inhabilitación, 32 y 27, respectivamente; y aún están por venir los escritos de acusación contra la treintena de exaltos cargos del govern pendientes de juicio en el juzgado 13 y en el 18. Cuando finalmente ha pasado esto, ERC se ha quedado sola diciendo que los jueces españoles hacen una interpretación sesgada del nuevo código penal, porque el PSOE, con el que pactaron los cambios legales, les responde que esto ya se sabía, que el 1-O fue un delito y que la justicia española lo hace pagar. Valgan como culminación de la historia de un engaño las palabras del ministro Bolaños, lo mismo que el 27 de julio pactaba con la consellera Vilagrà «el acuerdo para superar la judicialización». Decía Bolaños a propósito de la grave acusación contra Jové y Salvadó, el núcleo duro de Junqueras: “Es la constatación de que los hechos que ocurrieron en 2017 en Cataluña eran delito en 2017 y siguen siendo delito en 2023. Quizás la pregunta hoy sería para los que dijeron que con la reforma del código penal se despenalizaban aquellos hechos”.
