“Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien vulnera la Constitución y declara la independencia?” Las palabras de la ministra de Defensa de Pedro Sánchez sirvieron para justificar en sede parlamentaria la utilización de Pegasus para espiar a unos sesenta ciudadanos por su relación con el independentismo. No haría falta añadir mucho más para explicar por qué, cinco años después del 1-O, el foco de la batalla legal entre ese Estado y el independentismo catalán no está sobre los ‘delitos’ que se imputan a Carles Puigdemont y al resto de exiliados políticos catalanes (que van cambiando con el tiempo), sino sobre si el estado de derecho español respeta o vulnera los derechos fundamentales de estos y otros ciudadanos que tienen como proyecto político trabajar por la independencia de Cataluña. La ministra no habló sólo del gobierno, sino del Estado, porque es el Estado quien ha visto cuestionada o amenazada su unidad y es el Estado en pleno el que ha reaccionado con virulencia contra ese ‘Grupo Objetivamente Identificable’ de personas. La ministra no fue la primera en señalarlo. Antes lo habían hecho los policías españoles que gritaban “A por ellos”, el rey y jefe del Estado que avaló y anunció la violencia contra ‘ellos’, la fiscalía general que organizó la persecución de ‘ellos’, la cúpula judicial que dio forma a la causa general contra ‘ellos’ y, cómo no, los espías de Interior y los de la ministra (el CNI) que asediaron a estos ‘ellos’. Gobernantes, parlamentarios, alcaldes, políticos, abogados, funcionarios, maestros, activistas, manifestantes, votantes…, todos son ‘ellos’. Será trabajo de los abogados demostrar a los tribunales de Europa que el estado de derecho en España tiene “fallos sistémicos”, agujeros negros donde los derechos de ‘ellos’ no se respetan cómo manda el derecho europeo y, por tanto, se les puede investigar de forma prospectiva, fabricar dossieres incriminatorios o difamatorios (todo sirve), espiar su teléfono o infiltrar a un policía en su entorno social, con o sin orden judicial. La reacción antidemocrática del Estado es tan real que tanto el Consejo de Europa como el Comité de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas lo han podido constatar. ¿Qué más necesitan?
EL PUNT-AVUI
