De entrada quiero ser muy claro. Creo que cualquier represaliado tiene derecho a buscar una solución personal para su caso. Por eso nunca daré lecciones a ningún detenido, ningún preso, ningún exiliado ni ningún represaliado. Todos tenemos una sola vida y si alguien llega a la conclusión de que será mejor si borra la parte de su pasado que le causa las dificultades, es una decisión personal suya y, en todo caso, es su responsabilidad.
Y ahora hablemos de política.
Ayer la dirigente la CUP Anna Gabriel se presentó ante Pablo Llarena en el Tribunal Supremo español, después de haber cambiado repentinamente de abogado. Terminada la comparecencia, el Supremo levantó la orden de detención que había en su contra. Gabriel se volvió a Suiza inmediatamente después, pero es evidente que el gesto de acatamiento de la justicia española, el reconocimiento que tiene autoridad sobre ella, pone fin de facto a su exilio. Cuando lo desee, podrá volver libremente.
Pero la decisión de Anna Gabriel contradice la razón de su exilio. En febrero de 2018, en una de las primeras entrevistas que concedió en Ginebra, dijo esto al diario suizo Le Temps: “No voy a ir a Madrid: me persiguen por mi actividad política y la prensa gubernamental ya me ha declarado culpable”. Y añadió: «Como no tendré un juicio justo, he buscado un país que pueda proteger mis derechos», en referencia a Suiza. La declaración no incluía ninguna razón personal para exiliarse, como el miedo y la incomodidad, sino que resaltaba una y otra vez el componente claramente político de la decisión. Y jurídico. Exiliarse a Suiza era una parte de la denuncia colectiva de la nación catalana por la reacción antidemocrática del Estado español en el referéndum de autodeterminación y la proclamación de independencia posterior.
Por eso, el exilio, ya entonces, se había convertido en la punta de lanza de la denuncia internacional por la falta de libertades en Cataluña. Y por eso, en esa misma entrevista, Gabriel puso de relieve este contexto cuando recordó al periodista que la situación española era comparable a la de Turquía, “por la persecución de 900 personas, entre ellas profesores, policías, políticos e incluso hasta simples electores”, y añadió: “La cuestión catalana debe resolverse políticamente, pero las autoridades españolas quieren amordazar el independentismo utilizando la represión”. El exilio, pues, no se presentaba en ningún caso como peripecia personal aislada, sino como parte del combate colectivo para recuperar la libertad.
Y precisamente esto, esa imbricación en un proyecto colectivo que va más allá de la persona en sí, ahora cambia cuando Anna Gabriel toma la decisión de volver y someterse al poder de la justicia española, sin que haya cambiado nada. Esto último es la parte más importante. Cuando ella concedió la entrevista que dibujaba las razones por las que se exiliaba, había 900 represaliados, pero el último cálculo de Òmnium, la semana pasada, sube la cifra a 4.200. Por tanto, si ha cambiado nada, en todo caso, ha sido para empeorar. Y no sólo en el terreno judicial. Políticamente, nadie puede defender en serio que el Estado español haya hecho ningún movimiento de reconocimiento de los derechos colectivos de Cataluña o de los derechos individuales de los independentistas. España continúa donde estaba: niega el derecho de autodeterminación y persigue, como el caso Pegasus ha dejado bien claro, la disidencia política.
Pero fíjense que, tal y como explicaba bien ayer Josep Casulleras, esta vuelta al Estado español en tan sólo tres meses ha conseguido esconder, apagar y diluir el impacto del espionaje. Y esto ha sido en buena parte porque los políticos catalanes han contribuido mucho a ello. ¿Quién puede pensar que Cataluña está enfadada cuando ve las fotografías del president Aragonés con el presidente Sánchez? ¿Quién puede pensar que en Cataluña hay algún conflicto político nacional, si el partido en el gobierno de Cataluña y el partido en el gobierno de España se apoyan mutuamente en todo y para todo? ¿Quién puede pensar que hay algún tipo de conflicto político en Cataluña, si los presos ya están en la calle y los exiliados van volviendo uno por uno y reconocen aquella autoridad que en 2017 proclamaron y anunciaron solemnemente al mundo que ya no reconocían?
El marco en el que nos movemos y en el que se mueve el regreso de Anna Gabriel es éste. Una vez domesticado el gobierno de Cataluña –que ya no origina ningún problema que no sea asumible en el orden interno ni causa crisis alguna con repercusiones internacionales–, el gobierno español pone todos sus esfuerzos en tratar de aislar y hacer residual el último reducto fuera de su control: el president Puigdemont y el exilio de Bruselas. Porque ellos son quienes se mantienen firmes en la legitimidad del Primero de Octubre, en el ejercicio de la autodeterminación y en la denuncia internacional. Las únicas actitudes que el Estado español no puede asimilar.
España puede asimilar perfectamente tener en su interior, mandando en gobiernos autonómicos incluso, independentistas que ganan elecciones, pero no hacen la independencia, sean de Esquerra, de la CUP, de Bildu, de un Junts que se aleja de Puigdemont o de quien sea. Y no solo eso: estos independentistas son su coartada principal, porque, sin tener que cambiar nada, pueden hacer ver que lo que causó horror en Europa y una crisis institucional monumental en España –su reacción antidemocrática de 2017– es ya agua pasada y nadie debería preocuparse de eso nunca más. Y para eso, utilizarán –tanto si ella quiere como si no– el ejemplo de Anna Gabriel.
PS. Este editorial tiene una contrapartida imprescindible, en ese otro que publiqué en junio del 2021 -“Nosotros somos los dueños de su miedo” (1)- y que les pido que tengan la paciencia de leer hoy también. Porque dibuja la otra cara de lo que ocurre. Puedo repetirme y colocar el argumento dentro del de hoy, pero las cosas tan importantes y concretas como las que explicaba ese día no se pueden incluir.
(1) https://www.vilaweb.cat/noticies/nosaltres-som-els-amos-de-la-seua-por/
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