«Las acusaciones penales y el juicio consiguiente tienen por objeto coaccionarles por sus opiniones y expresiones políticas sobre la independencia de Cataluña e inhibirles para perseguir este objetivo por medios políticos». Ésta fue la valoración del órgano especializado de la ONU, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, sobre el encarcelamiento de los líderes independentistas del 1-O. Por este motivo específicamente, y por varios más, declararon arbitraria su prisión provisional y exigieron su libertad.
Los tribunales belgas, cuando denegaron en firme la extradición del consejero Lluís Puig, hicieron suyas en parte las conclusiones de estos dictámenes de la ONU sobre los presos políticos. Pero estas cosas tan gruesas sobre la persecución política que se desató contra el independentismo, que son obvias para cualquier observador imparcial (y por eso la ONU las dice), son todavía difíciles de poner negro sobre blanco en el caso de un Estado de la Unión Europea.
Para entendernos: tengo la convicción de que todos los tribunales europeos que hasta ahora han analizado las euroórdenes contra los exiliados creen que en España no pueden tener un juicio justo porque son independentistas. Pero ponerlo en sus resoluciones por escrito sería tal humillación para un socio europeo que intentan evitarlo. En Alemania y en Bélgica, por ejemplo, han preferido decir que no veían acreditada la persecución política mientras pudieran denegar la extradición por otros motivos.
De hecho, habiendo participado en algunas de las vistas de extradición siempre me ha parecido que el alud de razones para denegar la extradición abrumaba hasta cierto punto a los jueces. No podían entrar a valorar todo el cúmulo de irregularidades procedimentales, leyes antidemocráticas, evidencias de politización de los tribunales, motivaciones ideológicas de las acusaciones y otros abusos que les hemos ido presentando. Por un lado, porque es práctica habitual en los tribunales que si hay un motivo claro para darte la razón no se estudien todos los que has alegado. Y por otro, creo, porque si podían justificar la decisión humillando al juez Llarena sin necesidad de humillar a España, lo preferían así.
Esto nos lleva a un escenario hipotético que para mí es el más probable. Llegado el caso de que se imponga el sector conservador del TJUE y acaben diciendo que la confianza mutua entre estados es más importante que los derechos fundamentales, la decisión se les podría volver claramente en contra. Si acaban diciendo, como ha propuesto el Abogado General, que una euroorden sólo puede denegarse cuando hay anomalías sistémicas en el Estado que la ha emitido, ¿quién ha dicho que la consecuencia de ello sea que se ejecuten las euroórdenes?
Visto cómo ha ido todo, creo que es posible, incluso bastante probable, que un juez europeo que haya llegado a la convicción de que no debe entregar a unas personas para que España las encarcele, utilice cualquier argumento que las instancias superiores digan que puede valer. Si le dicen que no puede denegar una euroorden echando la culpa solo a Llarena y salvando la cara a España, que no se sorprendan si la decisión acaba humillando a España. Afortunadamente, la mayoría de jueces, también en el TJUE mientras no se demuestre lo contrario, valoran más los derechos fundamentales que el honor de los países.
En realidad, es demasiado pronto para dar por sentado que la sentencia del TJUE sobre la prejudicial de las euroórdenes dirá lo mismo que el Abogado General ha propuesto esta semana. De hecho, creo que la gente no es consciente de hasta qué punto es fácil para el Tribunal comprar el 90% de lo que dicen las conclusiones sin que las consecuencias sean remotamente las mismas. Aunque en una gran mayoría de casos van en la misma línea, lo excepcional es una sentencia que compre literalmente todas las conclusiones. Sería raro teniendo en cuenta que éstas no son vinculantes. Y la futura sentencia de los exiliados, por razones que sería largo de contar, es candidata a ser más distinta que la media de las conclusiones.
Un ejemplo: el Abogado General ha querido cerrar la puerta a cualquier análisis individualizado de las vulneraciones de derechos fundamentales que sufren los exiliados. Dice que un caso concreto no debe ser motivo para denegar una extradición sino que son necesarias deficiencias o problemas sistémicos en el Estado que la ha solicitado. Pero todo cambia mucho si se tiene una cuenta un matiz, que expresamente ya contienen otras sentencias anteriores: las deficiencias deben ser sistémicas o generalizadas, o afectar «a ciertos grupos de personas».
Nosotros, en los procesos de extradición, siempre hemos querido hablar de la situación de un “cierto grupo de personas” que somos los catalanes. Nuestra lucha no es por la libertad de personas individuales, que también, sino por la independencia de Cataluña. Y esto nos obliga a hablar de España y del trato judicial que recibes si eres independentista. Los jueces europeos han querido ceñirse a personas individuales y a los procedimientos judiciales contra ellas haciendo abstracción de los problemas sistémicos. Si el TJUE les acaba obligando a hablar de España, además de los casos concretos, ¡de mil amores!
Las conclusiones del Abogado General, malas como son desde el punto de vista técnico, de hecho se sitúan en nuestro marco mental: nosotros nunca hemos dicho que los exiliados sean perseguidos por circunstancias personales o que sólo les afecten a ellos en concreto. Hemos dicho siempre que son perseguidos como líderes de un «cierto grupo de personas» que formamos el movimiento catalán por la independencia. Y hemos dicho que la vulneración de derechos que sufren es causa de la catalanofobia judicial y de la situación de dominación no democrática que sufre el pueblo catalán.
En definitiva, la anomalía sistémica de España se llama Cataluña. Es un conflicto del nacionalismo español autoritario contra el independentismo catalán democrático. Que el TJUE pudiera hipotéticamente obligar a los jueces europeos a hablar de esto, de lo que ya dijo la ONU pero ellos preferían ahorrarse, sería un regalo para nosotros. Podría ser una victoria personal de Llarena que se volviese contra España. Y que finalmente nos ayudara a conseguir resoluciones judiciales explícitas que refuercen más que nunca nuestra justa causa para la independencia.
EL MÓN
