«El rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español». Así comienza el artículo 56 de la Constitución, el primero de los que se refieren a la Corona. Sólo desde una interpretación generosa del artículo se puede entender la frenética actividad a la que se entregó el monarca durante los días posteriores al referéndum del 1 de octubre de 2017.
Felipe VI intervino personalmente en la semana más convulsa que ha vivido la economía catalana en los últimos años, según confirmaron varias fuentes al ARA. El jefe del Estado, el presidente Mariano Rajoy y la cúpula de su gobierno trabajaron entonces con un objetivo común, llamando a empresarios y directivos para forzar una fuga de empresas que sirviera de castigo económico contra un proceso soberanista que llegó a su punto álgido cuando las imágenes de la represión policial del 1-O dieron la vuelta al mundo.
La decisión del Estado fue contundente. Se inició con una retirada masiva de las cuentas que tenían las administraciones y las empresas públicas de los bancos catalanes. Fue entonces cuando comenzó una intensa actividad de los más altos representantes del Estado, en algunos casos, y de personas que llamaban en su nombre, en otros. Objetivo: forzar a CaixaBank y al Banc Sabadell a quitar la sede de Cataluña.
Voces de primer nivel empresarial explican al ARA que les constan llamadas entre Felipe VI y Josep Oliu. Otras fuentes indican que Isidre Fainé, presidente de La Caixa, primera accionista de CaixaBank, mantuvo una reunión esa semana a la que asistieron Felipe de Borbón y un muy selecto grupo de grandes empresarios del Ibex.
El primer objetivo de esta operación de Estado era forzar el cambio de sede de los dos bancos catalanes. Con la fuga de depósitos ya desencadenada (un tercio de la cual, responsabilidad directa del Estado, como adelantó ayer el ARA) y las acciones en caída libre, las dos entidades llegaron a la misma conclusión: no se podían oponer. Entre CaixaBank y el Sabadell hubo movimientos coordinados (el miércoles 4 de octubre informaron de la decisión a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y a los presidentes de la ANC y de Òmnium), pero la sincronización no podía ser plena: el Sabadell podía cambiar la sede con una simple reunión del consejo -cosa que hizo al día siguiente, día 5- gracias a un cambio legal introducido en la última junta de accionistas. El protocolo de emergencia era conocido en el banco, pero no fue hasta esa semana cuando Oliu se convenció de dar el paso. Fuentes financieras sostienen que el presidente del banco fue «la persona a la que más le dolió la decisión». Durante aquellos días, una persona recuerda haberlo visto en el banco con los ojos empañados. También indican que en el consejo la persona que expresó más dudas respecto al cambio de sede fue el secretario, Miquel Roca. Con todo, el traslado se produjo en pocas horas. Pero para CaixaBank era más difícil. La antigua caja de ahorros necesitaba forzosamente convocar una asamblea general de accionistas que avalara el traslado de la sede y eso le exigía un tiempo que no tenía. Y la alternativa fue recurrir al gobierno español. Fuentes de CaixaBank han negado tanto la existencia de la reunión entre Fainé y el rey como que la entidad instara la aprobación del decreto por parte de la Moncloa.
La relación entre Fainé y Rajoy ya estaba rota antes del 1-O, hasta el punto que el presidente español no le cogía el teléfono aquellos días. Así, el financiero catalán llamó al entonces ministro de Economía, Luis de Guindos. El ahora vicepresidente del BCE trasladó la cuestión a Rajoy, que, antes de dar luz verde, la pactó con el PSOE y Ciudadanos. CaixaBank negoció los detalles del decreto ley con Guindos y Jorge Moragas, jefe de gabinete de Rajoy. El jueves día 5, mientras el Sabadell cerraba la decisión, CaixaBank continuaba esperando el decreto.
La primera entidad catalana se encontró con un problema añadido esa entre semana en la que el ‘establishment’ estatal le puso la proa: el lunes medio millar de trabajadores cortaron la Diagonal en protesta contra la violencia policial. Y, según distintas fuentes, las imágenes de la protesta multiplicaron las presiones contra el gran banco catalán.
Lejos de ser unánime, la decisión de CaixaBank generó discrepancias internas. Entre los que se opusieron a la decisión de sacar la sede de Cataluña estaba el presidente de la entidad, Jordi Gual, según ha sabido el ARA. «Fue una reunión caliente, intensa, para tomar una decisión que no hacía ilusión a ningún empleado», apuntan las fuentes consultadas. Finalmente se decidió trasladar la sede fuera de Cataluña por primera vez en su centenaria historia. Y a pesar de la discrepancia de Gual, el peso de La Caixa, primer accionista, se impuso y el cambio fue un hecho.
Banc Sabadell y CaixaBank ya habían dado el paso y la jugada orquestada por la Moncloa empezaba a tomar cuerpo. Faltaba un actor clave: el resto del imponente grupo empresarial de La Caixa. Las múltiples fuentes consultadas por este diario discrepan en su versión de lo ocurrido. Una versión muy extendida entre el empresariado catalán es que la salida de todas las empresas de La Caixa fue el precio que Guindos y Moragas impusieron para promover el decreto que permitía trasladar el banco. Y que, por ello, a CaixaBank la siguieron (en los días siguientes, con más eco mediático) La Caixa, Gas Natural, Criteria, Aguas de Barcelona, Abertis y Cellnex con escasa oposición en los consejos. Sólo se quedó Saba, que no cotiza en bolsa.
Pero hay otra versión. «No fue una contrapartida: La Caixa tiene una piel muy sensible y no necesita peticiones explícitas; Fainé decide la salida de todas las sedes porque quiere, porque está convencido de que, con Junts por el Sí y la CUP, Cataluña se independizará y todo irá hacia el desastre», apuntan estas voces. «A Fainé le convencen de que habrá DUI, aunque semanas antes le decían que no; lo decide por prudencia y porque de paso quedaba bien en Madrid», apunta otra voz. Con un cambio de sede se aseguraba más estabilidad jurídica, aprovechaba la ocasión para presionar a los partidos independentistas y congraciarse con el Estado.
¿Por qué había de congraciarse CaixaBank con Madrid? Porque había la percepción de que si el proceso soberanista había llegado hasta aquí era porque La Caixa y los grandes empresarios no lo habían evitado. «Hay una cúpula de poder, que son 2.000 personas, no más, que encuentran normal mandar sobre los periódicos, las empresas y los ciudadanos», explica un destacado directivo del Ibex-35. «Estos 2.000 empiezan por el rey, que siempre interviene por debajo de la mesa y es el primero que cree que el Proceso ha llegado hasta aquí porque La Caixa y el Sabadell no han hecho lo que tocaba», dice.
Las presiones de la cúpula del Estado a los bancos catalanes son habituales, y un buen ejemplo es la forma en que se teledirigió el comunicado de la banca previo a las elecciones del 27 de septiembre de 2015. Este núcleo del poder madrileño ambiciona desde hace años un posicionamiento explícito de Fainé y Oliu contra la independencia y, a su entender, esto no se ha dado. Fuentes empresariales catalanas recuerdan que en círculos de Madrid, «figuras como Joan Rosell [presidente de la CEOE] y Joaquim Gay de Montellà [presidente de Fomento del Trabajo] son vistas casi como independentistas». Esta etiqueta, que no liga ni remotamente con la realidad, también la arrastran las dos entidades financieras. «Si no cambiabas la sede parecía que eras independentista», dice un directivo.
Para añadir dramatismo a la situación, los bancos catalanes se enfrentaron entonces a una nueva amenaza. Es lo que en el entorno del banco de la estrella se conoce como el ¡A por ellos! financiero. La semana del 2 de octubre se lanzó una fortísima campaña de captación comercial de las grandes cuentas que habían abandonado el Sabadell y CaixaBank. Con un protagonista destacado: el Banco Santander.
Diferentes fuentes financieras apuntan que el banco de Ana Botín, a diferencia del BBVA, se abocó a captar estos nuevos clientes exprimiendo el clima de miedo de un eventual cataclismo en Cataluña. El celo y la hiperactividad con que el banco rojo llevó a cabo esta operación propició, incluso, quejas formales de los bancos catalanes. Quien recibió estos reproches fue el consejero delegado, José Antonio Álvarez, que se sacudió las culpas y señaló a su ‘ssottogoverno’ como responsable del ¡A por ellos! financiero. Se da la circunstancia de que Álvarez ha sido sustituido hace sólo diez días de su cargo de consejero delegado del primer banco español por los problemas que experimenta la entidad en España. Este diario ha podido saber que la destitución fue recibida en los despachos nobles de CaixaBank y el Sabadell con una alegría poco disimulada.
El balance de daños ocho días después del 1-O era imponente. El día 9 todas las empresas catalanas del Ibex 35 menos una habían anunciado que trasladaban la sede fuera de Cataluña (el Sabadell, las del grupo La Caixa y también Colonial). El impacto psicológico era enorme, en parte también por la mezcla de entusiasmo y de catastrofismo con que la mayoría de medios con sede en Madrid abordaban la cuestión. Y sólo Grifols, con un 95% del negocio fuera de España, decidió mantener la sede en Cataluña.
Para explicar lo que se estaba desencadenando hay quien habla de efecto dominó. Quizá sería más preciso referirse a una bola de nieve. Pero a pesar de que ya empezaba a rodar y a tener considerables dimensiones, la invisible mano que impulsaba esta bola requería más.
Se necesitaba otro golpe de efecto. Y eso pasaba por las multinacionales. En concreto, por una: Seat, bandera de la economía catalana, de capital alemán y primera empresa de Cataluña en número de trabajadores, con más de 13.000 empleados. Matías Carnero, presidente del comité de empresa, explica que después de que se supiera el adiós de los bancos, Luca de Meo convocó un comité de crisis en el que dejó claro su criterio: «Seat se debía mantener neutral».
En aquellos días diferentes ministerios, y también la Generalitat, presionaban a Seat para saber si mantendría la sede. «A todos les decía lo mismo: ¡dejadnos hacer coches!» El comité de crisis se reunía todos los días, estudió escenarios posibles, entre los que había un incremento de la represión policial-, y a la plantilla se le comunicó que todo seguiría igual si no había ningún cambio legal. Pero el día 12 las cosas cambiaron. Durante el acto del Día de la Hispanidad en Madrid, un emisario de la Casa del Rey transmitió a «un directivo de Seat» la preocupación de la Corona. «Al día siguiente nos enteramos de que ya se habían trasladado a De Meo las preguntas que había hecho la Casa del Rey», rememora Carnero.
Aunque nadie ha explicado hasta ahora quién hizo el papel de correa de transmisión, varias fuentes recuerdan que entre los invitados a la celebración del 12 de octubre estaba el expolítico y empresario Josep Piqué, miembro del consejo de administración de Seat. Sea como fuere, De Meo resistió también la presión de la monarquía y Seat mantuvo su sede en Cataluña. Ese mes se saldó con nervios y con un cambio en la agenda: se tuvo que aplazar la presentación mundial del Seat Tarraco, el primer modelo de la marca con un nombre catalán.
El último trofeo de caza que quedaba era el resto de multinacionales con sede en Cataluña. «Aquí tuvo un papel el rey, porque a las multinacionales no llegan los ministros», asegura una fuente conocedora de los hechos. Hay coincidencia en la percepción de que Felipe VI se implicó personalmente para hacer llamadas a empresas extranjeras para que trasladaran la sede fuera de Cataluña.
Consultada por este diario, la Casa del Rey no niega las acusaciones. «Lo que hace el rey en su agenda privada no lo contamos», declara un portavoz. Respecto a las llamadas, claro: «Siempre hace cosas de estas». Y añade: «Su misión no empieza y termina en los actos y las audiencias donde hay fotos».
La agenda pública del rey también da pistas: en 2014 hizo 14 actos la primera quincena de octubre, en 2015 mantuvo la cifra, en 2016 tuvo 6 actos oficiales y el año pasado sólo 2: el polémico discurso del día 3 y el desfile del 12 de octubre.
Como reflexiona un directivo, la presión del rey sobre las multinacionales no tuvo mucho éxito. «La mayoría decidieron quedarse en Cataluña, por respeto a su gente, a sus trabajadores», explica. A su juicio, y tal como los hechos acabarían demostrando, «las presiones les resbalan». Diferentes voces exponen que seguramente le ayudó el Brexit. Nadie ignoraba que el adiós del Reino Unido a la Unión Europea se había votado en junio de 2016 y que 16 meses después no había habido ninguna ruptura traumática -y actualmente el conflicto aún no se ha resuelto-. Esto hacía poco verosímil el supuesto apocalipsis económico que estaba a punto de producirse en Cataluña. Y eso motivó que los planes de contingencia de muchas multinacionales continuaran guardados en el cajón.
La negativa de las multinacionales fue firme aunque en algunas hubo presiones internas, con consejeros españoles que amenazaron con dimitir si no se sacaba la sede de Cataluña. Hay diferentes versiones sobre la sofisticación de los argumentos que utilizaban los partidarios de trasladar las sedes, especialmente en empresas no financieras. Uno de los más utilizados fueron las alusiones a la ley de transitoriedad catalana, que supuestamente abría la puerta a una doble imposición fiscal, a la prohibición de trasladar sus empresas y a la nacionalización de determinados sectores, además de la potestad del Govern de destituir presidentes de entidades financieras. Fuentes jurídicas consultadas por el ARA constatan que esta polémica ley no abordaba todos estos aspectos.
A menudo estas presiones las hicieron ministros o miembros del gobierno de menor rango. Personas que recibieron llamadas coinciden en apuntar que se trataba de «sugerencias» y mensajes poco explícitos. También hubo llamadas menos delicadas. Clientes de empresas catalanas que, cuando llamaban al proveedor, le invitaban a cambiar de sede. Hay un caso elocuente: un directivo de El Corte Inglés habló con un proveedor catalán. Al recibir una respuesta negativa a la pregunta de si habían quitado la sede de Cataluña, le espetó: «Tú sabrás».
La pregunta surge sola. ¿Qué hacían consejeros y empresas del mundo privado instando a otros agentes del mercado a dejar Cataluña? En la respuesta se debe incluir un innegable componente ideológico. Los empresarios y directivos también tienen ideas políticas y, en este caso, con la tensión a flor de piel, decían la suya. «Quisieron vender que esto, si había independencia, sería un solar, los Monegros», dice un veterano del Ibex. «Y la salida de sus sociales es simbólica, pero tiene una fuerte carga política», añade. «Había ganas que todo se hundiera», apunta otro alto directivo, que añade un diagnóstico pesimista: «Fue una guerra económica, una guerra que se inició con la OPA de Gas Natural a Endesa e incluso antes». Esta voz recuerda el papel de instituciones tradicionalmente tan inocuas como el Colegio de Registradores. Habitualmente poco activo, entonces enviaba una nota diaria actualizando el marcador de empresas que habían trasladado la sede fuera de Cataluña. «Llevaban el casco puesto», dice. Esta voz no calla otra reflexión de futuro: «Así las cosas, sería mejor que en Cataluña nos centráramos en negocios no regulados, como por ejemplo la tecnología y la moda».
Entre las docenas de voces que han participado en este reportaje (y que lo han hecho con la condición de mantener el anonimato) también hay críticas al papel de la Generalitat. Lamentan que el Govern no combatiera los comentarios sobre la ley de transitoriedad, critican que actuó con «lentitud», que estaba «desorientado» y que dejó muy solos y con pocos argumentos a los directivos que defendían mantener la sede en Cataluña. Y especialmente para hacer frente a una acción tan coordinada y masiva como la que lanzó el Estado. La visión más compartida es que la Generalitat no dio respuesta a los empresarios y, de hecho, el departamento de Economía organizó una reunión con multinacionales para transmitirles tranquilidad, pero no se produjo.
La actual consejera de Empresa y entonces directora general, Ángels Chacón, asegura que si no pudieron frenar la salida de sedes fue en parte por el decreto ley que el Gobierno aprobó a petición de CaixaBank, y que recibieron «todo tipo de empresas». «Pasamos un mes y medio como si estuviéramos en la UCI, con horarios maratonianos», dice. Los directivos lamentan, con todo, que la Generalitat no tuvo una actitud proactiva para ayudar a las empresas.
Las fuentes consultadas para elaborar este relato explican que entre los motivos para sacar las sedes de Cataluña había mucho más que razones (fundamentadas o no) de proteger el negocio. Por ejemplo, para un directivo es fiscalmente más ventajoso tributar en Madrid que en Cataluña, donde el IRPF es más elevado. En el argumentario también mencionaba el convencimiento de que las empresas con sede en Madrid reciben menos inspecciones fiscales que las que hay en Cataluña. «Algunos aprovecharon la ocasión para trasladar la sede y así acabar pagando menos impuestos», dice el presidente de una empresa del Ibex. Y otro factor clave fue el seguidismo: todo el mundo lo hacía y cambiar de sede era rápido, tenía un coste ínfimo y te protegía contra los riesgos de los que advertía del Estado (salida del euro, aranceles, derrumbe económico…).
El balance de todo es impactante. Entre 3.449 y 4.422 empresas, según la fuente que se consulte, han trasladado la sede social de Cataluña desde octubre de 2017. Fue una verdadera estampida. Y como en toda estampida, en este caso hubo una primera persona que echó a correr y, también, alguien que forzó esta reacción.
ARA
