El artículo de Josep Casulleras (1) que publicamos hoy («El momento calculado por la fiscalía para reventar la negociación») creo que da las claves para entender el porqué de la inopinada querella presentada ayer por la fiscalía -por tanto, por el gobierno español- contra el president del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, contra el vicepresident Josep Costa y contra los secretarios Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado.
Casulleras resalta el factor tiempo, el cronológico. Como es debido. Todos sabemos de sobra, ya, que el Estado español utiliza la justicia como una pieza de la política. A estas alturas, ignorar o disimular eso son ganas de hacer reír. La fiscalía es un brazo más, una pieza mecánica, que trabaja para favorecer los intereses políticos del gobierno del que depende. Y la cronología de los hechos, como la que dibujamos en el artículo, deja poco margen a la discrepancia para con esta formulación. Dice Casulleras: «No sólo no ha habido ninguna señal de distensión de la fiscalía, ningún guiño, ningún movimiento para pensar que pueden empezar a cambiar las cosas para que la represión se detenga; no sólo no ha pasado eso, sino que la fiscalía ha comenzado a enseñar las cartas y a presentar los expedientes políticos cuidadosamente guardados para reventar la dinámica política catalana.
Tengamos claro, pues: esto que vemos estas últimas horas es la respuesta de España al 52%. Y, si lo desean ver así, es la traducción en hechos de las palabras del president Montilla cuando afirma, lo dijo en una entrevista reciente en RTVE, que no hay ningún camino político para resolver el conflicto entre Cataluña y España y que ellos no harán nada para ceder en la dominación. Cuando le preguntan si la mayoría social en las urnas acabará forzando un referéndum Montilla, el hombre que apuñaló al president Maragall, responde con otra pregunta: «¿Usted cree que desde España se facilitaría una convocatoria de un referéndum para liquidar España?» Respuesta con la que el 128º president de la Generalitat implica muchas cosas. Una muy llamativa es hasta qué punto tienen asumido que perderían claramente el referéndum. Pero hay otra muy notable: para los nacionalistas españoles después de irse Cataluña ya no existirá España. Y este creo que es un factor psicológico que no deberíamos menospreciar.
Cuando yo nací España tenía cuatro provincias más que las que tiene hoy: Sidi Ifni, Sahara, Rio Muni y Fernando Poo, cuyos habitantes eran tan indiscutiblemente españoles como lo puede ser hoy cualquier vecino de Bétera. Y el territorio «nacional» era casi el doble de la actual. Este es el mapa que había en la pared de mi escuela, lo era España (2). Y yo siempre lo recuerdo cuando alguien me dice que no se pueden cambiar las fronteras españolas. Mentira. Se pueden cambiar tanto que yo las he visto cambiar en mi vida.
Ahora, tampoco me engañaré: está claro que sé que ni Sidi Ifni, ni el Sahara, ni Rio Muni ni Fernando Poo eran esta Cataluña de hoy que los nacionalistas españoles consideran tan importante, tan imprescindible, que cuando se vaya no dejará paso a una España más pequeña, como ocurrió entre la España de mi infancia y la actual, sino a la liquidación, total, hasta el fin de su país.
Y vista la cosa así, entendido este dramatismo extremo con que lo explica el president Montilla, no hace falta calentarse la cabeza para entender qué pasa en realidad. Sucede que ellos ya han asumido que no frenarán su violencia, especialmente cuando la constatación de que avanzamos, a pesar de todo y a pesar de todos, es tan indiscutible como ahora mismo. Sino que incluso la aumentarán. Y de ahí que persigan ahora de repente incluso la mesa de un parlamento ya moribundo, fuera de tiempo, como es el actual. Y que lo hagan en el contexto de una auténtica orgía de represión y agresividad contra el movimiento independentista en que la extrema violencia policial y el descarado relato mediático manipulador se complementan, encajan como un guante con la persecución judicial más descarada. Y mejor, por tanto, que todos tomemos nota de ello.
(1) Una cronología impactante del PSOE y la fiscalía: de la mesa a la querella
Josep Casulleras Nualart
VILAWEB
La querella contra Torrent y los miembros independentistas de la mesa lleva un mensaje muy claro para quienes sean el nuevo president de la cámara
El momento parece calculado milimétricamente. La querella de la fiscalía por desobediencia contra el president del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, el vicepresidente Josep Costa y los secretarios Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado llega en un momento políticamente muy decisivo. Es una querella que hace meses que habrían podido presentar, pero no ha sido hasta ahora, cuando han pasado las elecciones del 14-F, cuando ya se va viendo claro que los socialistas quedarán al margen de cualquier acuerdo de gobierno en una negociación que va definiendo un posible acuerdo independentista y cuando falta poco más de una semana para que termine el plazo para la constitución del nuevo parlamento. La fiscalía, que se presupone que no debe actuar sin alguna motivación política, ha hecho un movimiento para acondicionar de nuevo la política en Cataluña.
Porque la querella por desobediencia contra el president Torrent y los miembros independentistas de la mesa lleva un mensaje muy claro para quienes sean el nuevo president (o presidenta) y los nuevos miembros de la mesa: si os atrevéis a hacer algo -por más que sea sólo debate- en relación con la autodeterminación de Cataluña o para reprobar la monarquía española, puede recibir consecuencias penales. Es una amenaza.
Una amenaza que llega ahora pero que hace tiempo que los fiscales tenían guardada en el cajón. Es una querella contra la decisión de la mesa de aceptar a trámite y permitir el debate y votación de la respuesta política que dio el Parlament de Cataluña en noviembre de 2019 a la sentencia del Tribunal Supremo contra los dirigentes independentistas por el Primero de Octubre. Una respuesta que tomó la forma de moción en la que se hacía constar que el parlamento «reiteraba y reiteraría tantas veces como quisieran los diputados la defensa del derecho de la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político». Y también decía que «reiteraba y reiteraría» la reprobación a la monarquía tantas veces como fuera necesario. La respuesta política no fue más que eso, muy diluida después de mucha tensión entre los grupos independentistas y con la amenaza permanente de querellas y de consecuencias penales. Unas amenazas que trasladaba convenientemente el secretario general de la cámara, Xavier Muro, asumiendo la nueva doctrina impuesta por el TC a raíz del proceso independentista para prohibir en sede parlamentaria que se pudiera hablar de propuestas que cuestionaran la unidad de España o la integridad de la corona.
La represión, con la presidenta Forcadell en prisión y los miembros de su mesa entonces procesados, hacía efecto. Y quien le seguía dando cuerda era el actual presidente español, Pedro Sánchez, porque fue su gobierno el que en noviembre del 2019, en medio de la campaña de unas elecciones españolas en las que el PSOE mostró una gran beligerancia y hostilidad contra el independentismo, activó el mecanismo para que el Tribunal Constitucional amenazara a Torrent y al resto de la mesa. En efecto, fue el gobierno de Pedro Sánchez el que aprobó los incidentes de ejecución para que el TC actuara contra el parlament y evitara cualquier respuesta política a la sentencia. Y después de muchos tira y afloja, los partidos independentistas aprobaron una muy descafeinada, pero que sin embargo hacía referencia a la autodeterminación y criticaba la monarquía.
De la mesa de diálogo a la vía penal
Haberlo hecho con la boca pequeña no impidió que el TC pusiera en marcha la maquinaria, y pocas semanas más tarde ordenó a la fiscalía que investigara a Torrent, Costa y Campdepadrós por desobediencia. Era el 28 de enero de 2020. Hacía quince días del 13 de enero, cuando el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias había tomado posesión. La fiscalía tenía desde entonces esta carpeta sobre la mesa. Pero el nuevo gobierno de Sánchez, con Unidas Podemos y con el apoyo parlamentario de ERC, había cambiado el tono hacia el independentismo. Y eso que hacía sólo dos meses que Sánchez había prometido que haría llevar a España al president Puigdemont, y que se jactaba de controlar la fiscalía para poder hacerlo. Ahora el panorama político en Madrid había cambiado para Sánchez. Tenía que haber un cambio de formas hacia el independentismo. El PSOE y ERC acordaron una mesa de negociación entre el gobierno español y el catalán que se reunió por primera y última vez el 26 de febrero de 2020.
Curiosamente ese mismo día, el 26 de febrero, prometía el cargo de nueva fiscal general del Estado Dolores Delgado, ex-ministra de Justicia con Pedro Sánchez, en medio de las críticas furibundas de la derecha española y sus altavoces mediáticos. Parecía que se abría una nueva época. Inmediatamente después vino la pandemia, que marcó absolutamente 2020. Pero la dinámica política se mantenía igual, a finales de año: el PSOE prometiendo indultos y una reforma del delito de sedición y ERC ayudando a Sánchez aprobar el presupuesto del Estado.
Durante este tiempo el president de la Generalitat, Quim Torra, había sido inhabilitado, apartado, por la sentencia del Supremo, con un papel decisivo de la fiscalía. Y las causas abiertas contra independentistas continuaban adelante con un papel activo y agresivo de la fiscalía en todo momento, pidiendo (y consiguiendo) la condena en el TSJC de los miembros de la mesa de octubre de 2017, e insistiendo en pedir una condena contra Tamara Carrasco pese a que había sido absuelta dos veces. La fiscalía que continuaba guardando en el cajón el expediente abierto contra Torrent.
Hasta que llegan las elecciones, y el TSJC (con la presión política del PSOE y jurídica de la fiscalía) fuerzan que sean el 14 de febrero. Para aprovechar el «efecto Illa». Salvador Illa gana las elecciones empata en escaños con ERC, y los partidos independentistas suman más escaños y porcentaje de voto que nunca. Al día siguiente de los comicios, la fiscalía ya presenta recurso contra el tercer grado de los presos políticos. No esperó ni veinticuatro horas. Pero enseguida comenzaron los primeros contactos, y el PSC quería hacer valer que había sido el partido más votado, e Illa gesticulaba para continuar presentándose para ser elegido president. Sólo le ‘hacen la ola’ los comunes. ERC se mantiene firme y no piensa pactar. Se acerca el momento de constituir el parlament, y mientras avanza la negociación entre Junts, ERC y la CUP, se empieza a discutir la posibilidad de que la CUP asuma la presidencia del parlament.
Y es ahora justamente cuando llega la querella. La presenta la fiscalía superior de Cataluña, porque los querellados son aforados y les debería juzgar el TSJC. El fiscal superior de Cataluña es Francisco Bañeres, que ejerció la acusación contra el president Torra en el juicio en que fue condenado por desobediencia. Bañeres hizo unas declaraciones el 27 de febrero del año pasado diciendo que si los presos políticos «aceptaran el delito, ya tendrían el tercer grado». Lo decía en una comparecencia en el parlamento al día siguiente de la toma de posesión del cargo de su superior jerárquica, la fiscal general Dolores Delgado. La fiscalía es un organismo extraordinariamente jerárquico, y quien manda puede imponer su criterio a los subordinados si lo cree conveniente. Esto llegó a pasar en marzo del 2018, cuando la fiscalía del Supremo pidió al juez Llarena que Quim Forn pudiera salir de la prisión provisional bajo fianza; pero lo hizo de mala gana y dejando claro que era «por imperativo legal», es decir, porque el fiscal general de entonces, Julián Sánchez Melgar, se lo había ordenado. En ese caso Llarena ni siquiera así accedió, y Forn continuó en prisión.
Ahora, en este caso, no sólo no ha habido ninguna señal de distensión de la fiscalía, ningún guiño, ningún movimiento para pensar que pueden empezar a cambiar las cosas para que la represión se detenga; no sólo no ha pasado eso, sino que la fiscalía ha comenzado a enseñar las cartas y a presentar los expedientes políticos cuidadosamente guardados para reventar la dinámica política catalana. Es su aportación a la negociación postelectoral.
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