El president Puigdemont y los consejeros Comín, Ponsatí y Puig publicaron ayer un artículo conjunto en el diario La Vanguardia (1) que sólo puede ser leído como una advertencia. Como una advertencia muy importante.
En este artículo los cuatro miembros del gobierno legítimo avisan al Estado español de que la sentencia en la que se deniega la extradición del consejero Lluís Puig es un jaque mate judicial que ha acabado de hundir la estrategia española de querer disfrazar jurídicamente aquello -el proceso de Cataluña hacia la independencia- que no es sino un asunto político. Que debe ser resuelto exclusivamente con la política. Al artículo le sigue uno del abogado Gonzalo Boye en el que ofrece que se aparten los abogados y hablen, en adelante, los políticos. La oferta es sorprendente, pero no puede ser más significativa.
Tiempo atrás, ya expliqué por qué y cómo la sentencia a favor del consejero Puig era y será muy determinante para el futuro del país. El dominó europeo, diseñado como una secuencia alternativa de la proclamación de independencia, va dando los frutos previstos tres años después. Es cierto que para mucha gente todo esto ya no sirve de nada porque el tiempo necesario para que el dominó haga efecto va pasando y el mal humor y el resentimiento se han apoderado tanto del movimiento independentista que hoy nuestros enemigos principales somos nosotros mismos y nuestro odio fraternal. Sin embargo, contra eso es muy difícil de hacer nada y casi imposible de razonar ahora mismo, por lo que lo dejaré estar y me concentraré, pues, en el artículo. Que, al final, es donde está el corte.
Es donde está el corte porque es en este punto en el que los miembros del gobierno legítimo de Cataluña recomiendan al Estado español, y no es un detalle menor que no se dirigen al gobierno sino al Estado, que entienda ‘que la sentencia que afecta al consejero Lluís Puig es el preludio de un efecto dominó que sólo podrán evitar si retiran de la vía judicial, de la manera más rápida y clara posible, el conflicto entre Cataluña y España y lo reubican en la vía política’.
La concordancia entre la voluntad de Gonzalo Boye de apartar a los abogados y dejar hablar a los políticos y esta afirmación deja poco espacio a la duda. El gobierno legítimo, con la seguridad de las consecuencias emanadas del juicio al consejero Puig, ha decidido hacer una oferta de diálogo a España. Y la hace teniendo ahora, o pensando que tiene, la sartén por el mango. Al menos -digámoslo así-, sabiendo que tiene uno de los mangos de la sartén bien agarrado.
Es cierto que nos podemos preguntar por qué. A qué lleva tanta generosidad. Que caiga el dominó y lo más rápido posible, ¿no? Y también es cierto que podemos intuir que la respuesta seguramente tiene más que ver con los pasillos del poder europeo que con cualquier cosa que pueda pasar en Barcelona o Madrid. Pero aun así la pregunta, legitima, es si servirá para algo ofrecer una negociación.
Porque en el otro lado no hay nadie que quiera hablar de nada de nada de nada. Y porque, al respecto, la experiencia con la mesa de diálogo es muy expresiva. Con la teoría del dominó se puede entender que esta oferta de negociación es una ficha necesaria para hacer caer otra, en clave europea. Pero la pregunta, a estas alturas, es qué pasa si España lo sigue despreciando todo. Imaginemos, aunque sea como una hipótesis de trabajo, que todas estas victorias acaban obteniendo una reacción europea. ¿Y de qué nos servirá si dentro todo sigue igual y la represión no desaparece? Oriol Junqueras aún está en prisión a pesar de ser eurodiputado y Carles Puigdemont no puede entrar en el Estado español o lo detendrían. España demuestra que lo quemará todo antes de ceder ni un palmo de terreno. Y entonces, ¿qué?
Evidentemente, no quiero quitar importancia a los hechos actuales, pues sería muy incongruente con lo que explico desde hace días. Pero sí tengo que decir que echo de menos una concreción que no llega y que es necesaria: de acuerdo, con todo esto en la mano, con esta victoria tan trascendental marcando el camino, ¿qué se debe hacer para tumbar al Estado español? ¿Cómo se puede lograr entrar en la vía de la política? Y sobre todo, ¿cómo se puede transformar esto -lograr entrar en la vía política- en un proceso real y tangible de separación?
Personalmente estoy convencido, y estoy seguro de que no será ninguna sorpresa lo que voy a decir ahora, que la unilateralidad, la confrontación y la unidad son las claves a activar si queremos llegar a este punto. Incluso diría que tener la sartén jurídica europea por el mango legitima aún más a las tres, especialmente si el Estado español no reacciona. Pero, al ver el mal ambiente y el comportamiento tan negativo entre las bases independentistas, ya es necesario que el gobierno legítimo y el independentismo político sean conscientes de que para convencer, sobre el dominó, sobre la estrategia para conseguir la república, en definitiva sobre el cómo lo volveremos a hacer, hará falta mucha más concreción e ideas muy claras. Y que cuanto antes lleguen, mejor.
(1) LA VANGUARDIA
El naufragio de la estrategia judicial
Carles Puigdemont
Clara Ponsatí
Toni Comín
Lluís PuigL
CARLES PUIGDEMONT, CLARA PONSATÍ, TONI COMÍN, LLUÍS PUIG
17/08/2020
El Tribunal Supremo no es la autoridad judicial competente en la causa seguida contra los líderes del independentismo que organizamos en octubre del 2017 el referéndum de autodeterminación; una causa que ha comportado penas que suman cien años de prisión. No es una opinión, tampoco es ya solo la tesis de una de las partes en conflicto. Es la decisión de la justicia belga cuando se ha podido pronunciar sobre el caso del conseller de Cultura en el exilio, Lluís Puig. La belga, como la alemana o la escocesa, es una jurisdicción en la cual los intereses políticos y las estrategias del Estado español para decapitar, liquidar y criminalizar al independentismo no sirven para nada. Esta es una de las razones por las cuales decidimos ir al exilio. Para poder defender nuestros derechos y los derechos de los catalanes desde una jurisdicción donde estuviera la garantía de imparcialidad, de independencia y, por lo tanto, de justicia que sabíamos que no encontraríamos en España. Todas las evidencias acumuladas hasta ahora nos confirman una cosa —que en Europa tendríamos oportunidad de defender nuestros derechos y los de los catalanes— y la otra —que en España eso era imposible.
Es probable que a muchos la decisión belga les haya cogido por sorpresa. Entendemos las razones por las cuales una parte de la sociedad española asiste atónita a los reveses judiciales que se van acumulando fuera del Estado. No se lo explica. Le habían hecho la promesa electoral de nuestra segura extradición. Desde el inicio de la represión se ha acentuado hasta el paroxismo una constante que recurre décadas y regímenes políticos, y que tiene como objetivo fundamental mantener la hegemonía narrativa en la conquista del imaginario colectivo español. Todo con el fin de impedir el más mínimo riesgo de empatía que cualquier sociedad decente desarrollaría hacia las víctimas de abusos tan flagrantes, cosa que habría representado una presión insostenible a la hora de mantener la estrategia de la negación y estigmatización del movimiento independentista.
Cualquier persona que haya querido aproximarse con rigor al trabajo que estábamos haciendo sabrá que ni hay lugar para las sorpresas, ni tampoco para la elusión de responsabilidades. La fuerza narrativa que tiene el Estado es enorme, y ha conseguido colocar en el imaginario español una serie de falsedades que han hecho fortuna. Sabíamos que nunca las podríamos doblar a corto plazo, porque ni teníamos las herramientas ni los altavoces para conseguirlo. Pero, en cambio, sabíamos que esta es una batalla que se podía ganar en el medio y largo plazo. Las mentiras tienen las piernas muy cortas. Y hoy, y más después de la esperpéntica desaparición de la escena del rey Juan Carlos I, las caretas empiezan a caer.
Comparecimos ante la prensa nada más llegar a Bruselas. Hicimos saber a la justicia belga nuestros domicilios y la disposición a comparecer, cosa que hicimos al cabo de pocos días. Hemos cumplido todas las condiciones que nos han sido impuestas, y cada vez que el Estado ha presentado una orden europea de detención, nuestra decisión no ha sido buscar un país sin tratado de extradición. Ni siquiera es cierto que hemos escapado a la justicia española porque cada vez que hemos afrontado una euroorden estábamos compareciendo ante la acción precisamente de la justicia española. Es más: propusimos declarar por videoconferencia… y nos lo negaron.
El Estado habría tenido que aprovechar los dictámenes del grupo de trabajo contra detenciones arbitrarias del comité de Derechos Humanos de la ONU. Tenía una oportunidad fabulosa de corregir la deriva en que entró desde que el fiscal general del Estado presentó la querella, en aquel infame documento que llevaba por título Más dura será la caída . Podía haber hecho como hacen las democracias liberales, y como acaba de hacer la justicia belga: reconocer la autoridad del comité de Derechos Humanos de la ONU y actuar en consecuencia. Prefirieron continuar obcecados por la venganza y el castigo ejemplar. Menospreciaron todos los consejos que les han ido llegando y ratificaron la versión judicial del “¡a por ellos!” aquella vergonzosa palabra de orden que se ha instalado en los poderes del Estado, bajo el cual todos abuso les está permitido.
Llega el tiempo de recoger los frutos que hemos ido sembrando durante casi tres años mientras nos insultaban y denigraban incluso como seres humanos. Nuestro objetivo se ha mantenido intacto, no nos hemos doblegado. Fuimos al exilio a preservar el Gobierno legítimo, a preservar el mandato del 1 de octubre, a defender los derechos colectivos y a defendernos de la persecución desde el único sitio donde podíamos hacerlo con garantías. Y a desmontar la farsa judicial construida solo para liquidar un movimiento legítimo, de amplio apoyo, democrático, pacífico, interclasista y europeísta.
Se nos vulneraron derechos fundamentales desde el inicio del proceso judicial, y conscientemente. Eso solo puede acabar de una única manera, y lo saben. Por eso harían bien en entender que la sentencia que afecta al conseller Lluís Puig es el preludio de un efecto domino que solo podrán evitar si sacan de la vía judicial, de la manera más rápida y clara posible, el conflicto entre Catalunya y España y lo reubican en la vía política.
