«Las comunidades autónomas están haciendo un gran trabajo, lo quiero resaltar. Poco a poco, irán recuperando la plena capacidad de decisión». Una frase de Pedro Sánchez, corta, llena de paternalismo y condescendencia, que resume perfectamente la forma y el fondo del estado de las autonomías destilado por el alambique de la Transición.
Hemos oído muchas veces que España es el estado más descentralizado del mundo, que es federal o «casi-federal» y que las autonomías gozan de más autogobierno que cualquier administración regional del mundo conocido y por conocer. El estado de alarma y la gestión que ha hecho el gobierno Sánchez (de un partido que se considera a sí mismo federal) nos muestra que las autonomías son una administración subsidiaria y subalterna, sin ningún poder propio. La falacia del Estado de las autonomías se ha deshecho como un cubito de hielo al sol, con un solo decreto.
Todas las competencias de las comunidades autónomas son delegaciones del poder central, que las posee todas de forma originaria. Son cedidas a las comunidades pero se pueden recentralizar, siempre. En los estados federales es exactamente al revés: todas las competencias son de las partes que forman la federación, las cuales ceden algunas al Estado federal (como defensa y relaciones exteriores) mediante un pacto.
En ningún texto sagrado está escrito que un sistema sea mejor que el otro. Hay estados federales que han tenido éxito y estados federales que son un fracaso, así como hay estados unitarios que son un éxito y estados unitarios que han quebrado. Lo que seguro que no funciona y está condenado al fracaso, es mezclar los dos modelos de forma burda.
Portugal tiene un sistema único de salud centralizado. Esto hace que una respuesta unitaria y centralizada era la opción más adecuada para hacer frente al COVID19. El ‘Serviço Nacional de Saúde’ está supervisado por el Ministerio de Salud. Sabe cómo funciona y tiene experiencia de gestión. El número de contagios y de muertes en Portugal por millón de habitantes habla por sí mismo.
En Alemania, es competencia de los 16 landër o estados federados la planificación de servicios sanitarios y la inversión en hospitales y centros de salud. Por eso, en este caso, tiene todo el sentido de que la gestión de la crisis y de las medidas de confinamiento y desconfinamiento se tomen en función de cada territorio y no desde un mando único central. El número de contagios y muertes en Alemania por millón de habitantes habla por sí mismo.
Ambos modelos son válidos y eficaces. Lo que seguro que no es eficaz es tener 17 servicios de salud que gestionan la sanidad en el territorio y privarles del poder de decisión para centralizar en un ministerio de Salud que hace 40 años que no gestiona la salud. El fracaso está asegurado. El número de contagios y de muertes en España por millón de habitantes habla por sí mismo.
La manera como Sánchez y su gobierno han descuidado y despreciado los gobierno autonómicos -incluso los de su propio color político, como el País Valenciano- nos muestran que España es y será un Estado unitario, con una descentralización parcial que siempre será reversible de forma unilateral.
La reforma que se está gestando en Madrid va en esa dirección. Se ha instalado el relato que dice que las crisis y las situaciones de dificultad deben resolverse en la capital. Las autonomías pueden hacer ver que mandan cuando las cosas funcionan más o menos bien. Cuando van mal, todo el poder debe volver al centro, porque con las cosas de comer no se juega.
El Estado español post-coronavirus no será igual al que surgió de la Transición. Las «concesiones» que a los ojos de los poderes fácticos del Estado (que son los mismos, gobierne quien gobierne en la Moncloa) se tuvieron que hacer para evitar perder hasta la camisa, se recuperarán de manera sibilina. Las autonomías mantendrán nominalmente sus competencias en educación, cultura, sanidad, etcétera, pero en la práctica, el poder de decisión se recentralizará en Madrid. El estado de alarma será permanente.
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