El hecho de que determinados países tengan una administración pública potente nos lleva a menudo a hacer una interpretación sesgada del rol que debe adoptar el Estado. Suecia, o Francia mismo, financian sectores públicos muy potentes y eficaces que tienen como misión, también, optimizar la actividad económica. Desde aquí pensamos que los países nórdicos poseen servicios sociales avanzados porque alguien ha decidido volverse bueno y emplear dinero en el interés público. Desconocemos el alto nivel de exigencia e iniciativa privadas que transpiran aquellas sociedades. Indolentes como somos, no queremos enterarnos de una realidad que allí tienen muy clara: el Estado no genera riqueza, sólo la administra. La riqueza la generan los particulares. Y los servicios sociales de un país deben tener la dimensión de su bolsillo. Por ello, incluso el sueco más subvencionado tiene un espíritu mucho más liberal que cualquier catalán.
Desde el punto de vista de cómo han encarado la crisis los diferentes estados podríamos hacer dos grupos, con sus diferentes gradaciones. Unos son los que han elegido inyectar dinero a las empresas. Aquellos que, en lugar de pagar subsidios directamente a los individuos, han preferido, dentro de sus posibilidades, aportar a las empresas para que siguieran pagando nóminas. Han intentado que la maquinaria empresarial no se desencuadernara. Otros estados han optado por que sea la administración la que tome cuidado de los damnificados directamente. Esta ha sido la opción española -nulamente criticada hasta donde yo sé-. Fíjense en la diferencia con, por ejemplo, Francia. De entrada decretaron el paro de los impuestos -una manera indirecta de inyectar dinero-. Aquí no. Dan 600 euros de ayuda a los autónomos de los que, después de alimentar burócratas, sólo llegan 300 porque los otros son la cuota que te cobran, sí o sí. Una estupidez de dimensiones manicomiales.
O intencionada. Porque, no nos engañemos, detrás de todo esto hay una mentalidad estatista de caridad y subvención, voluntad de debilitar el rol empresarial privado mediante el clientelismo de Estado. Los socios del PSOE, los de ‘En Común Podemos’, entusiasmados. En todo el mundo civilizado -menos aquí- son conscientes de que ‘En Común Podemos’ es un partido populista de extrema izquierda. Un conglomerado de poscomunistas -de hecho, querrían las empresas desaparecidas- que son aceptados como mal menor, por pura reacción ciudadana a una derecha española filofranquistas y corrupta que ha gobernado España en los últimos años. De todo esto no somos conscientes.
Preocupa la mentalidad con la que Cataluña saldrá de esta crisis. Porque la catalana, a pesar de tenernos nosotros mismos para emprendedores, es, socialmente, una sociedad que se ha acomodado a la subvención y al proteccionismo. Los políticos y los medios de comunicación -que no son más que los portavoces del poder que los subvenciona- promueven permanentemente el mensaje de que todo lo privado es malo y todo lo que es público es bueno. Mentalidad agraria -heredada de España, efectivamente- pero combinada con los típicos dogmas del posfranquismo catalán de izquierdas.
Y así vamos tirando, de caída. Nadie habla de una sanidad privada (las mutuas) sin la cual el sistema sanitario catalán no sobreviviría. Y que se han dejado la piel para ayudar en esta pandemia. Ni se habla de los maestros de la escuela privada o concertada que no tienen asegurado su salario en ningún caso, a diferencia de la pública. Por cierto, ¿por qué no se aplican ERTE’s a los estamentos públicos? Ni se plantea, claro. Eso sí, todos tenemos clara una cosa: la vacuna no será descubierta por ningún organismo público catalán. Lo hará una malvada farmacéutica.
Esta pandemia traerá un debilitamiento de la ya débil sociedad civil catalana. Miren, si no me gusta Google, porque me parece que me controla, me puedo borrar. Lo que no puedo hacer de un Estado pleno de burócratas encumbrados a altos cargos, con fiscales y jueces que «afinan» sentencias e intervienen teléfonos sin ningún respeto por la ley. No hay método para borrarnos del control de los cretinos que nos tienen acogotados con el IRPF, sin escapatoria. Que nadie me malinterprete. Elogio la función pública de otros países, la que ayuda a que el país funcione. Las administraciones públicas no son, ni mucho menos, necesariamente malas. Pero la española y la catalana sí lo son. Y mucho.
¿Continuaremos los catalanes engrosando la indolencia hispana con nuestra inestimable contribución? ¿Esta mentalidad del subsidio que siempre reclama derechos sociales pretendiendo ignorar que los paga una iniciativa privada a la que permanentemente se denigra? ¿Aceptaremos pasivamente este «dopaje social» que, encima, nos vendrá aplicado por un grisor público mediocre y sin contrapoder?
ARA
