La preocupación por los efectos económicos de la crisis de Covid-19 gana protagonismo a medida que se modera (¿de modo realista) el de la crisis propiamente sanitaria. La caída de la actividad económica ha sido notable, y lo seguirá siendo durante un período aún impreciso.
Las estimaciones más recientes, presentadas hoy por la Comisión Europea (1), sugieren una caída del PIB en España del 9,4%, sólo superada por Grecia (9,7%) e Italia (9,5%). El paro se disparará, y será en España el segundo más alto de la UE en 2020, mientras que en 2021, con un 17%, también superará al de Grecia. El cambio de gastos y de ingresos públicos asociados a la caída de la actividad llevarán al déficit público por encima del 10% del PIB en 2020, y la deuda pública, que entró en 2020 rozando el 100% del PIB, se elevará hasta el 115% en 2021.
El panorama económico es oscuro, y esto acentúa la intensidad de las emociones. Se ha expresado de forma desinhibida en la discusión en la eurozona sobre los programas de apoyo a la reactivación económica (mucho más que los propiamente destinados al aspecto sanitario de la epidemia). En este contexto, varios países del centro y el norte de Europa (Alemania, Holanda, Austria, Finlandia…) han rechazado la responsabilidad conjunta y mutual de la deuda, particularmente si no se establecen condiciones sobre las políticas de los países receptores (condiciones que habitualmente se identifican con recortes, pero que en realidad se dirigen a reformas estructurales de la economía). Los países del sur se oponen a compromisos para reformar sus economías.
Holanda ha sido el portavoz más destacado de los centro-nórdicos. A veces, con expresiones arrogantes, impropias de un debate respetuoso. Dicho esto, se ha desatado una campaña de opinión contra Holanda, parecida a la que se desató contra Alemania en la Gran Recesión (aunque es un hecho verificable que el rescate de Grecia beneficiaba mucho más los intereses financieros de Francia). El ‘hit’ más importante contra Holanda son los informes sobre su ‘gamberrismo’ fiscal con las multinacionales, que ha desembocado en el resumen final del dirigente de Podemos Pablo Echenique: «Holanda nos roba».
Si aceptamos las estimaciones de ‘TaxJustice’, la forma en que tributan ciertas operaciones de multinacionales en Holanda (sobre todo, en beneficios por intangibles y ‘royalties’ por patentes) provoca la ‘pérdida’ de 900 millones en impuesto de sociedades (IS) en España, por los que Holanda ‘gana’ 200. en total, Holanda ganaría unos 2.000, si consideramos los ‘perdidos’ por el resto de países de la UE afectados (entre ellos, Italia: 1.500 millones). 900 millones es mucho dinero, y harían mucho más aquí que 200 millones en Holanda.
Ahora, de aquí a acusar Holanda de dumping fiscal… Pongamos las cosas en su contexto: con los 900 millones ‘perdidos’ en 2018 España habría recaudado por impuestos sobre corporaciones el 2,6% del PIB, una décima más de 2, 5% realmente recaudado (Italia habría recaudado el 2% en lugar del 1,9%). Sin los 2.000 millones ‘ganados’ en total de socios de la UE, Holanda habría recaudado en 2018 el equivalente al 3,3% del PIB (recaudó el 3,5%). ¿Cómo puede ser? ¿Las empresas pagan más impuestos en Holanda que en España y en Italia? Si, por supuesto, tienen tipos nominales generales del IS similares, y muchas menos vías de deducción y de elusión fiscal.
Más allá de los eslóganes de consumo interno, y del detalle de las cifras: es fácil entender que es muy poco creíble denunciar por dumping fiscal a Holanda desde los países de Europa Occidental líderes en un fraude y una elusión fiscal que, además de deteriorar las cuentas públicas, mejoran la competitividad en costes de las empresas locales.
Todavía es menos creíble cuando prácticamente todas las empresas del Ibex tienen filiales en paraísos fiscales, y en un informe reciente del Grupo Izquierda Unitaria Europea en el Parlamento Europeo, que integra Podemos, España es, con Luxemburgo, el país de la UE con tratados fiscales más perjudiciales para los países en desarrollo (2).
Resulta que «Holanda nos roba», pero qué poco hablamos de las vías de elusión fiscal de las grandes empresas multinacionales españolas (y no tan grandes), que los ahorran mucho más de 900 millones anuales. Muchas de estas empresas tienen contratos públicos, a nivel estatal, regional y local. Y alguna influencia habrán tenido en la decisión del gobierno español de no sumarse (hasta ahora, al menos) a los propósitos de Francia, Dinamarca o Polonia de no conceder apoyo financiero a empresas con sedes en paraísos fiscales. Distraídos andamos, sí.
No hemos progresado mucho desde el diagnóstico que ya hizo Francisco de Quevedo sobre los responsables de los problemas financieros que aquejaban a la Corona de Castilla en la primera mitad del siglo XVII, expresados en la famosa sátira ‘Poderoso caballero es don dinero’: “Nace en las Indias honrado / donde el mundo le acompaña, / viene a morir en España / y es en Génova enterrado”. Efectivamente, los genoveses eran los grandes prestadores de créditos a la monarquía hispánica, por los capitales requeridos para las guerras a los… Países Bajos (qué bellas paradojas tiene la historia), que exigían el uso de los tesoros de América para devolver los préstamos a los genoveses. Y, al paso que vamos, cada vez más gente se apuntará a su solución: “Solo hallo una invención / para tener los dineros, / que es no tener extranjeros”.
(1) https://www.ara.cat/economia/comissio-europea-UE-economia-espanya-2020-eurozona-atur-coronavirus-covid-19_0_2448355205.html
(2) https://www.elsaltodiario.com/fraude-fiscal/espana-lider-europa-tratados-fiscales-lesivos-paises-en-desarrollo
ARA
