Mientras la pandemia, y la información que de ella se deriva, cubre casi la totalidad de la actualidad vemos como, poco a poco, se van adoptando medidas que, sin duda, acabarán implicando una claro y serio recorte de libertades del cual, más pronto que tarde, nos acabaremos arrepintiendo; al menos, nos arrepentiremos de haberlo visto, oído y leído sin haberle dado la importancia que se merecía y, además, sin haber dicho nada mientras pasaba.
El verdadero problema con los recortes de derechos y libertades es que no son situaciones puntuales ni limitadas temporalmente… Siempre que se adoptan tienen vocación de permanencia, y modificar la situación creada, en muchas ocasiones, acaba siendo casi tanto o más complejo que lo que costó ganar los derechos mencionados.
Los ejemplos con los recortes de libertades son múltiples y diversos en estos tiempos que corren y, seguramente, muchos los vemos como si no lo fueran, o peor aún, tanto nos da porque no nos afectan directamente… En realidad, cualquier recorte de derechos y libertades nos afecta a todos, por mucho que en un determinado y concreto caso no tengan una afectación directa sobre uno mismo.
Para mostrar cómo funciona todo esto, utilizaré un ejemplo, una noticia publicada hace pocos días con este titular: «Permiso judicial para mantener las escuchas policiales». Como es natural y siendo abogado, no pude evitar leerla entera y darme cuenta de que era mucho peor de lo que el mismo titular presagiaba.
Una lectura minuciosa del contenido de la noticia me hizo fijar la atención en determinadas frases que reflejan la gravedad del tema. Iré por partes, porque se puede aprovechar todo.
«La Audiencia Nacional ha renovado todas las autorizaciones de escuchas telefónicas que desarrollan la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas». Sí, se trata de una renovación masiva de una medida restrictiva de derechos fundamentales que, por definición legal y jurisprudencial, sólo puede ser adoptada con carácter excepcional, bajo la estricta vigilancia judicial y sólo en aquellos casos en que no hay otros medios menos perjudiciales para poder conseguir la misma finalidad investigadora y, obviamente, sólo en el caso de delitos graves.
¿Qué se hizo para conseguir estas prórrogas? La cosa parece que fue muy sencilla porque, según justifican en la noticia, «son circunstancias extraordinarias», por lo que las solicitudes se han presentado con base en lo que la misma policía define como «casi un informe tipo» y todo ello porque «debido a las restricciones de movimiento y la mínima actividad en la Audiencia, tampoco ha sido necesaria la presencia de los responsables de las investigaciones ante la autoridad judicial para explicar el avance de sus investigaciones». Dicho más claramente, se acordaron medidas restrictivas de derecho sobre la base de unas solicitudes «tipo» y sin una mínima y directa explicación por parte de quien las solicitaba ni un acabado control jurisdiccional de la medida.
Los juzgados se han lanzado a adoptar medidas de esta intensidad porque, según explica la misma noticia: «Después de las medidas extraordinarias aprobadas en el mundo judicial como consecuencia de la pandemia, los juzgados han decidido prorrogar todas las escuchas que estaban abiertas justo antes de la crisis sanitaria». Nunca había visto que, por una situación médica concreta, por muy grave que fuera, se pudieran prorrogar medidas de investigación penal limitadoras de derechos fundamentales.
La razón de todo ello no es otra, siempre según la citada noticia, que el hecho de que «los jueces están entendiendo que todas estas vigilancias deben prolongarse porque nos encontramos en una situación extraordinaria», y eso a pesar de que «las escuchas no están sirviendo mucho ahora mismo», pero el objetivo no es otro que «mantener la presión policial porque cuando esto se reactive, el mundo de la delincuencia cogerá la velocidad habitual y seguramente modificará sus métodos».
Estas medidas de que habla la noticia son, básicamente, dos: intervenciones telefónicas e intervenciones ambientales que consisten en poner micrófonos ocultos en domicilios, coches, locales o cualquier lugar que sea frecuentado por las personas que están siendo investigadas. Se trata, por tanto, de medidas absolutamente limitadoras de derechos fundamentales como lo son el secreto de las comunicaciones y el derecho a la intimidad.
Hasta ahora, es decir en la era pre-Covid, la ley establecía unos criterios para autorizar estas medidas, que la jurisprudencia estatal y europea terminó de perfilar estableciendo unos requisitos concretos; sin embargo, a partir de ahora, parece que se han impuesto otros criterios que, en ningún caso, garantizan nuestros derechos, que son los mismos que los que tienen las personas que pueden estar siendo investigadas penalmente.
Este ejemplo, la reciente decisión de la Audiencia Nacional, refleja que estamos ante un claro retroceso en materia de derechos y libertades, y éste es sólo uno de los ejemplos de lo que está sucediendo y, como digo, debería ser un hecho que nos preocupara a todos. Sin embargo, soy consciente de que muchos creen que las investigaciones penales son siempre en contra de otros, nunca en contra de uno mismo, pero en estos casi tres años que han pasado desde el 1-O, parece evidente que cualquier ciudadano puede ser objeto de una investigación penal, por lo que no es necesario empatizar con un investigado, para muchos un delincuente o, con suerte, presunto delincuente, sino que basta con asumir que medidas de estas características las podemos sufrir todos… y si se es catalán o vasco, ni qué decirlo.
Lo que se ha hecho con estas escuchas telefónicas y ambientales del ejemplo es algo que ya sabemos y que, sin duda, podrá y será reclamado en su momento. Una vez más, tendrá que venir algún Tribunal Europeo a poner orden a esto que ya parece un auténtico desbarajuste. Ahora bien, teniendo en cuenta que lo sabemos, quizás es el momento de plantearnos la auténtica cuestión, que consiste en saber, ¿cuántas cosas más, de las que todavía no nos hemos enterado, están pasando y cuántos de nuestros derechos se están viendo restringidos o, directamente, vulnerados sin que seamos conscientes ni tengamos manera de oponernos a ellos?
Seguramente son muchas las cosas que se están haciendo a costa de nuestros derechos y libertades, algunas de ellas inimaginables, pero tiempos agitados como los que estamos viviendo, tal vez definibles como convulsos, son el caldo de cultivo ideal para los recortes de libertades y para que demócratas de boquilla se aprovechen de la situación para arrastrarnos hacia un terreno propio de regímenes totalitarios.
No, una crisis sanitaria y su consiguiente crisis económica no pueden ni deben ser la excusa para recortar derechos ni libertades ni, tampoco, el momento de permitirlo. Todos hemos sido conscientes del grave momento que vivimos, de la necesidad de seguir unas determinadas pautas de conducta, de asumir las consecuencias de un confinamiento que no termina y, es más, hemos sido, igualmente, comprensivos con los que han tenido que dirigir el barco en lo que bien se podría llamar una tormenta perfecta…, pero algo muy distinto es que se confunda la comprensión con la renuncia.
Lo que no podemos ni debemos hacer es renunciar a ninguno de nuestros derechos ni espacios de libertad, debemos ser, si se puede, más exigentes todavía y, a cambio de todo el esfuerzo y sacrificio que hemos hecho, exigir, como ciudadanos, que los poderes públicos respeten, como mínimo, nuestros derechos fundamentales.
Parece que de esta pandemia todos pretenden sacar su cuota de beneficio y, para algunos, este rédito parece que surge a costa de los derechos de otros, de nuestros derechos. Esta es la actitud de los que ostentan cuotas de poder pero que, por mucho que prediquen, tienen muy poco de demócratas y se les nota.
Nuestra respuesta no debe ser otra que una rotunda negativa a admitirlo y, además, una actitud desobediente y beligerante ante cualquier intento de recortar lo que tanto ha costado ganar y que, probablemente, sea lo único que nos quede cuando la fase aguda de esta crisis sanitaria haya pasado: nuestros derechos y libertades.
REPÚBLICA.CAT
