El verano pasado un ministro que ya no está me dijo: «No te engañes, en este país el primer poder es el judicial». Cuando Guerra estaba en el gobierno hubo revuelo porque dijo que «Montesquieu había muerto», despidiendo la separación de poderes. Entendimos que la primacía era del ejecutivo. ¿Será que el judicial ha recuperado terreno?
En estos últimos días hemos visto cosas difíciles de encajar en la separación de poderes que las normas democráticas exigen. La última, una nota de la permanente del Consejo General del Poder Judicial contra Pablo Iglesias por haber criticado la sentencia que condenaba a la dirigente de Podemos Isa Sierra por enfrentarse con la policía en un desahucio. ¿Debemos entender que hay una jerarquía de poderes? ¿Que el poder judicial puede criticar al poder ejecutivo pero el Ejecutivo no puede criticar al judicial? Los jueces acusan a Iglesias de «propagar una sospecha de falta de imparcialidad de los jueces españoles». ¿No es con su trabajo, con sus sentencias, como los jueces deben acreditar su imparcialidad ante la ciudadanía?
También es extraño que la justicia emplace al gobierno a darle cuenta de cómo va la administración de mascarillas. Como dice un amigo que fue juez: ¿qué diría el Supremo si, en virtud del estado de alarma, el ejecutivo le pidiera el listado de los señalamientos del Supremo? También es difícil de entender que la justicia admita a trámite querellas contra el gobierno por homicidio por imprudencia en la gestión de la crisis de Covid-19. Es una puerta abierta a la derecha radical para asaltar los juzgados.
El equilibrio de poderes es uno de los indicios más claros de la calidad de una democracia. Sin embargo, la sospecha de la primacía del poder judicial hace tiempo que está extendida. Y los poderes ejecutivo y legislativo han contribuido a ello poderosamente trasladando a la justicia problemas que debían resolverse en el terreno de la política. Marca una época la decisión del gobierno Rajoy de subrogar en el poder judicial la responsabilidad de resolver la cuestión catalana. Una decisión que politizó alarmantemente la justicia, que ha demostrado la impotencia de la política y que no ha contribuido en nada al encauzamiento del problema.
ARA
