Vuelven los debates de hace una década en torno al apoyo financiero entre estados de la eurozona en el contexto de una crisis económica, provocada en ese caso por la burbuja de deuda y las burbujas derivadas en diferentes sectores de la economía, la mayor de las cuales la del inmobiliario. Ahora, por la profundización que la crisis del coronavirus ha causado en un contexto en el que las economías europeas habían entrado en desaceleración del crecimiento.
Como hace una década, la discusión no es si deben existir o no fondos de apoyo a los países más afectados, aunque se discutan las cantidades. La discusión es sobre si estas ayudas deben ir vinculadas a condiciones (‘condicionalidad’) o deben estar libres de compromisos. Los países del centro y el norte de Europa, con economías más fuertes y sectores públicos más saneados, quieren que haya condiciones. Los países del sur, con el apoyo importante de Francia, no quieren condiciones sobre las políticas económicas que aplican. Cada uno tiene sus lógicas, que responden a visiones diferentes sobre qué debe ser la UE, y también a intereses diferentes.
Antes de proseguir al fondo del asunto, es necesario deshacer un malentendido. La condición que se impone cuando una ayuda está sometido a condicionalidad no es hacer recortes. La reducción de gasto público (recortes) es un instrumento más que los gobiernos y legisladores pueden usar para garantizar la sostenibilidad a medio y largo plazo de sus cuentas públicas (cuando a corto plazo deben incurrir en déficits dada la coyuntura). Un ejemplo será mejor que mil conceptos.
En Holanda y España los gobiernos gastan una parte muy parecida de la producción del país: en 2018 el 42% del producto interior bruto (para ser precisos, unas décimas más en Holanda). No ocurre lo mismo con los impuestos y contribuciones cobrados por los gobiernos: en España, en 2018, los ingresos de los gobiernos fueron el 39,2% del PIB; en cambio, en Holanda la presión fiscal impuesta sobre los ciudadanos fue el 43,5% del PIB. Por tanto, en España hubo un déficit fiscal del 2,5% del PIB, mientras que en Holanda hubo un superávit fiscal del 1,5% del PIB. Y si comparamos Alemania con Italia, ambos mayores, encontramos que en Italia los gobiernos gastaron más que en Alemania, pero que cobraron menos impuestos a los ciudadanos. El resultado, similar: en Italia, déficit fiscal, y en Alemania, superávit. Por eso, en los años de expansión del 2014 al 2019, Alemania y Holanda redujeron mucho su deuda pública, mientras que en Italia y España se mantuvo prácticamente igual, y muy por encima del centro y norte de Europa.
Ahora supongan, por un momento, que son holandeses o alemanes (o austriacos, o fineses…), que soportan más presión fiscal que italianos o españoles, y que les planteen que deben dedicar parte de sus impuestos a ayudar financieramente al sur. No les hará ninguna gracia. Ahora bien, en una situación como la actual, en que la crisis causada por el coronavirus tendrá efectos más intensos sobre el sur, tal vez pensarán que es razonable algún grado de solidaridad entre socios del proyecto europeo, aunque sea por aquello de «Hoy por ti, mañana por mí». Dicho esto, quizás se preguntarán también que harán los estados del sur para prepararse mejor para situaciones futuras que puedan ser difíciles. Por un lado, manteniendo una relación más equilibrada entre lo que los gobiernos gastan y lo que ingresan; por otro, mejorando sus economías.
Y aquí empiezan los problemas serios. Este planteamiento ya se dio con los rescates de hace una década. Y de los compromisos asumidos poco se supo después de que la crisis se desvaneciera. Aparte de los desequilibrios fiscales, es aún más ilustrativo lo que ha sucedido con las reformas estructurales. Si lo quieren saber, este documentode 2012 de la Comisión Europea con evaluación y recomendaciones de reformas está vigente en más de un 90%. Y no esperen encontrar recortes: en el mismo hay, además de la necesidad de equilibrio fiscal, la eliminación de monopolios profesionales, la mejora del mercado de trabajo, la mejora de las políticas de infraestructuras, energéticas y ambientales, de las políticas de apoyo a las familias excluidas… y un largo etcétera. La credibilidad reformista de los países del sur está bajo mínimos. De ahí la insistencia de los del centro y el norte para poner condiciones de reforma al apoyo financiero. Muy lógico.
Y, en toda esta complejidad, ¿qué papel juega Francia? El que ya jugó durante el rescate griego. Como entonces en Grecia, la banca privada francesa es la que tiene más riesgo acreedor en Italia y en España. En septiembre del 2019, la banca francesa tenía créditos por más de 400 mil millones de euros en Italia y España, casi tres veces más que la banca alemana (150 mil millones). Como Grecia, Francia es el país más interesado en salvar a corto plazo sus bancos privados; por eso defiende el apoyo financiero sin condicionalidad. También porque, a pesar de tener más potencia económica que Italia o España, tiene que efectuar reformas muy parecidas a las que requieren los otros países del sur. Francia, siempre Francia.
ARA
