Si algo ha puesto de manifiesto la reacción ciudadana a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso canalizada a través de Tsunami Democrático y de los Comités de la Defensa de la República es que el cuerpo social catalán está en perfectas condiciones de promover la ocupación del territorio que permita hacer efectiva la independencia del país. Cuando cuentas con cientos de miles de personas movilizadas basta en pensar que las diversas acciones que se han realizado en infraestructuras concretas (el aeropuerto, los cortes en la AP-7…) se materialicen en un solo momento de forma concertada sobre los puntos estratégicos más relevantes y sobre los espacios aún bajo control de la administración española para entender que la emergencia del Estado catalán podría ser una realidad a corto plazo. También la profunda inestabilidad política en España podría contribuir a la consumación del gesto definitivo: de momento el gobierno de Pedro Sánchez está en funciones, se negocia una coalición entre el PSOE y Unidas Podemos que aún no cuenta con los votos en el Congreso para erigirse (y que necesita el apoyo de los partidos independentistas catalanes) en una coalición que, aunque se acabara concretando, abocaría a un ejecutivo frágil sometido a todo tipo de presiones y de crisis.
El problema, como viene sucediendo al menos desde las elecciones de septiembre de 2015, de las que debían surgir las famosas «estructuras de estado», sigue siendo institucional. No de actuación del gobierno de la Generalitat, sino de falta de institucionalización de la República (la cual puede partir del sistema autonómico o no). El conflicto, como hemos visto con las cuestiones vinculadas a seguridad con el papel de los Mossos tras la sentencia del Supremo, radica en la posibilidad de que si el gobierno autonómico pone a su disposición una parte de sus recursos materiales y humanos a fin de hacer efectiva la República (cosa que, por cierto, no sucedió a partir del 27 de octubre de 2017) existe el riesgo de que el Estado español reaccione eliminando completamente las instituciones catalanas, como reveló la experiencia de la aplicación de la artículo 155 de la Constitución.
Mi idea es que la situación política actual del Estado español impide, por falta de legitimidad en Cataluña, pero también por falta de fuerza y de penetración social y territorial, que una nueva agresión contra el ejercicio catalán del derecho a la autodeterminación triunfe, el grado de contestación que fórmulas como las de Tsunami Democrático plantean impediría ahora mismo, por ejemplo, una aplicación automática del 155 como la que se produjo en los días siguientes a la declaración de independencia, y no digamos ya si alguien hubiera trabajado los mecanismos de sustitución de la administración española en Cataluña por la administración republicana, que es a mi juicio lo que se debería haber hecho desde hace mucho tiempo.
No podemos olvidar, por ejemplo, que si el presidente Quim Torra ha sido juzgado esta semana por una causa que en cualquier democracia habría sido incluida dentro del ámbito de la libertad de expresión, esto ha sucedido porque hay un poder judicial español en Cataluña. Están preparados los mecanismos que permitan la transferencia de jueces, magistrados, fiscales y letrados de la administración de justicia en el sistema institucional de la República tal como preveía el artículo 68 de la ley de transitoriedad jurídica de 2017? Cómo se avanza, por poner otro ejemplo, en el frente internacional? Se están creando complicidades para conseguir reconocimientos una vez se evidencie la condición exigida por el derecho internacional sobre el control del territorio? Y la confirmación de mecanismos recaudatorios que permitan asumir todos los impuestos generados en Cataluña?
El día en que el sistema institucional existente y las nuevas «estructuras de Estado» se alíen con el movimiento masivo de la ciudadanía, la independencia será inminente.
