Los juicios de carácter político acostumbran a producir resultados no siempre previstos por sus promotores. A menudo los condenados acaban ganando la partida a medio plazo y la imagen política del gobierno acusador queda bastante estropeada. La historia contemporánea española está llena de ejemplos de cómo un proceso puede convertirse en un escándalo de alcance internacional y provocar una grave crisis política. El año 1909 el consejo de guerra contra Francesc Ferrer i Guàrdia, acusado de ser el inspirador de la Semana Trágica, se convirtió en un escabroso asunto de alcance internacional. La ejecución de este pedagogo librepensador, sin ninguna prueba consistente, deterioró notablemente la imagen exterior del régimen de la Restauración, la del jefe de gobierno Antoni Maura –de entonces salió la campaña Maura no”–, y la del mismo Alfonso XIII, objeto de ataques muy duros en la prensa internacional.
Este otoño la vida política española estará muy condicionada por el juicio contra el anterior gobierno de la Generalitat y los dirigentes de las entidades independentistas. Será un juicio político que estará cargado de tensiones y el resultado del cual tendrá una considerable trascendencia. A día de hoy ya ha despertado una gran expectación y es segura la presencia de numerosos observadores internacionales y de representantes de organismos defensores de los derechos humanos. Y también es seguro que el ambiente estará cargado por los posicionamientos vehementes de los partidos de derechas, del PP y de Cs, que exigirán del tribunal unas condenas ejemplares.
En estos momentos todavía no se conoce cuál será la actitud definitiva de la Fiscalía. Hay, sin embargo, una cosa segura: los representantes de los acusados harán una defensa política y justificarán su actitud presentándola como resultado del mandato democrático recibido del Parlament de Catalunya. Guste o no, los argumentos políticos serán los que acabarán por impregnarlo todo en este juicio, mucho más que las consideraciones estrictamente legalistas.
Ahora bien, se dará la gran paradoja que el actual Gobierno español no es quien impulsó el procesamiento de los acusados, aunque entonces el PSOE no discrepó de la actitud del gobierno Rajoy. Ahora será Pedro Sánchez, y su Gobierno, quien tendrá que asumir los costes políticos del juicio. Por eso habrá una cuestión clave en este proceso: ¿la Fiscalía se ratificará hasta el final en la acusación de rebelión o se desmarcará de la actitud intransigente de la acusación particular, la ultraderechista Vox? El Gobierno Sánchez se dejará llevar por los argumentos de los grupos más fanáticos y por las presiones corporativas de los jueces ultraconservadores? Si fuera así, el actual apoyo parlamentario desaparecería y Sánchez tendría que convocar elecciones o seguir gobernando bajo el control constante del PP o de Cs.
En este juicio estará en juego la credibilidad del sistema democrático español. El desarrollo del proceso y la sentencia serán una prueba de la independencia y ecuanimidad de la justicia. Una condena por rebelión de los procesados, cuando este delito ha sido rechazado por tribunales alemanes, belgas y escoceses, provocaría un escándalo de proporciones internacionales.
La experiencia histórica aconseja no mantener actitudes intransigentes ante los juicios con connotaciones políticas. No hay que mencionar los numerosos procesos donde “la historia” acabó por absolver finalmente a los condenados. Buscando un precedente catalán hay que recordar, salvando las diferencias, que el presidente Companys y su gobierno fueron condenados, en junio de 1935, a 30 años de reclusión a raíz de los Fets d’Octubre del año anterior. En aquel juicio ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, integrado sólo por políticos, el defensor de Companys, Ángel Ossorio y Gallardo, pidió que se tratara de entender la actitud política de la Generalitat y que se tuviera muy presente “el juicio de la historia”. Ocho meses después, a resultas de las elecciones de febrero de 1936, Companys y su gobierno eran indultados, liberados y repuestos en sus cargos.
Ante una situación tan compleja como la que se nos presenta este otoño, pienso que la opción más sensata sería actuar con realismo, prudencia y, sobre todo, mirar hacia el futuro. Para desbloquear el problema político catalán, el más grave de la actual democracia española, hay que abrir nuevas vías de conciliación y de negociación. El Gobierno Sánchez tiene en sus manos la posibilidad de empezar una política conciliadora con las fuerzas independentistas catalanas, propiciando una nueva coyuntura de diálogo y pactos. Si, por el contrario, se opta por la severidad, además del grave deterioro que sufrirán la justicia y la democracia españolas, la situación política entraría en una crisis de imprevisibles proporciones. Si en este juicio se impone la intransigencia, para muchos catalanes puede ser la prueba definitiva que no tienen lugar dentro de esta España.
LA VANGUARDIA
