La decisión del gobierno español de pagar un abogado para que defienda el juez Llarena ante los tribunales belgas ha levantado una enorme polémica. Por la forma y por el fondo. A medida que se acerca la fecha del 4 de septiembre, cuando Pablo Llarena debería comparecer en Bruselas, el nerviosismo crece visiblemente en la cúpula del poder judicial español. Los expertos están de acuerdo en que Llarena puede ganar la vista con una relativa facilidad; además, la demanda sólo solicita un euro y, al ser civil, no puede implicar en ningún caso una euroorden en contra. Así pues, ¿cuáles son los motivos de tantos nervios?
– Para Llarena cualquier resultado es una derrota.
– El juez español tiene ante sí dos opciones y ambas son malas. Podría optar por no presentarse, pero entonces, dejando de lado el descrédito que significaría en el ámbito europeo, sería condenado, muy probablemente.
Sin embargo si se defiende, tiene un problema todavía mayor, porque según las mismas leyes españolas ya no se podría mantener en la instrucción de la causa que aún sigue contra los exiliados y debería renunciar.
Por este motivo el Estado procura hacer ver que, asistiendo un abogado, es como si él no se presentara. Sin embargo, todos los expertos coinciden en que la presentación de un abogado en representación suya significa la aceptación de la legitimidad del procedimiento. Y eso quiere decir que Llarena debería renunciar a continuar en la causa, porque sostener un pleito con una de las partes afecta a la independencia del juez y eso le obliga a retirarse.
– Las costas pueden ser altas y las tendría que pagar él.
– Los exiliados sólo piden una pena simbólica de un euro, que no debería preocuparle. Pero si lo condenan el juez puede ordenarle pagar las costas del juicio y eso sí puede significar una cantidad de dinero importante. Por ello, a pesar de que el juicio es por unas declaraciones privadas que no forman parte de la causa, el CGPJ reclama al gobierno español que se haga cargo del coste de la condena, en su caso. Lo realmente insólito, pues, significaría que todos los contribuyentes pagarían por una actuación de la que el único responsable es él.
– La negativa del gobierno belga de defenderlo desnuda la excentricidad de España.
– Primero, España intentó que fuera el gobierno belga el que defendiera al juez Llarena. Y, lógicamente, el gobierno belga se negó en redondo porque esto es incompatible con la separación de poderes, básica en cualquier democracia. Una vez más, pues, la justicia española quedó desnuda ante Europa. Y si las relaciones entre los gobiernos español y belga ya son difíciles, pasarían a serlo mucho más, en caso de que España se atreviera a desobedecer una sentencia de un tribunal de ese país.
– El amparo del CGPJ es indiscutiblemente una prevaricación.
– El Reglamento del Consejo General del Poder Judicial, en el artículo 320, deja claro sobre cómo y en qué plazo se puede pedir amparo. El plazo de petición es de diez días y sin embargo Llarena lo ha solicitado dos meses después y le ha sido concedida, en una clara violación de la ley, que debería tener consecuencias.
– Las críticas contra su comportamiento poco profesional crecen con esta nueva cacicada.
– Llarena había sido criticado por juristas de prestigio y colegas suyos debido a las enormes irregularidades de su instrucción de la causa contra el gobierno de Cataluña. Pero estas críticas ahora se han multiplicado mucho, a raíz de la evidencia de la prevaricación cometida y de los hechos que han traido la justicia española hasta aquí. Muchos juristas han comentado últimamente que Llarena no debía ser amparado sino expedientado, teniendo en cuenta que la demanda hace referencia a unos comentarios improcedentes en una conferencia privada durante la cual tomó partido por una de las partes de una manera tan obvia que desacreditaba de cabo a rabo la figura del juez instructor.
– Considera humillante que quienes él llama fugitivos lo puedan llevar ante un tribunal.
– La ficción jurídica de Llarena sigue considerando a los exiliados como fugitivo (de ‘fugado’, en castellano), una figura inexistente y que en cualquier caso sería inexacta. Los exiliados catalanes abandonaron el Principado cuando no eran objeto de ninguna orden de busca y captura y siempre que han sido reclamados se han presentado ante la justicia, en Bélgica, Alemania, Suiza y Escocia. No son ‘fugitivos’ y de hecho hacen una vida pública que sería incompatible con esta consideración.
Curiosamente, sin embargo, quien intenta evitar presentarse ante la justicia cuando es llamado a declarar es Llarena. Una situación claramente humillante para él, que todavía lo deja más retratado. El president Puigdemont y los otros exiliados se han presentado siempre de manera voluntaria ante la justicia cuando han sido llamados y Llarena, en cambio, pide inmunidad para no presentarse.
– No entendió la jugada y se rió.
– Cuando la demanda se presentó en Bruselas el poder judicial español la despreció, hasta el punto que rehusó comunicar a Llarena que era convocado a un juicio en Bruselas, pensando que así todo quedaba resuelto. A medida que ha pasado el tiempo, es evidente que han entendido la gravedad del asunto, pero ya no han podido reaccionar debidamente. Y esto, de nuevo, hace que mucha gente ponga en duda si Pablo Llarena está técnicamente capacitado para ejercer como juez instructor del caso, incluso simplemente como juez.
– La demanda añade al aislamiento al que le ha sometido la justicia europea.
– Toda la instrucción de la justicia española ha sido un disparate técnico. Las acusaciones son inventadas y no se ajustan a la realidad de los hechos ni a los tipos penales que se quieren aplicar, a partir de una decisión política que se quiere revestir de justicia.
Es por ello que las otras justicias europeas han dado la razón al gobierno de Cataluña, dejando claro, especialmente en el caso alemán, que no hubo ni rebelión ni sedición. Para el poder judicial español ya es muy difícil de defender su posición en vista de las decisiones que han tomado las otras jurisdicciones europeas, y una derrota jurídica del juez instructor aún haría más daño a su credibilidad.
– Cuando la causa llegue a Estrasburgo este juicio puede ser una pieza clave para condenar a España.
– El recurso a Estrasburgo será lento, entre otras razones por que el Tribunal Constitucional español tiene la potestad de retrasarlo durante años. Pero acabará llegando y carencias técnicas tan graves como todo esto que tiene relación con este juicio en Bélgica serán causas suficientes para anular la decisión de los tribunales españoles, incluso sin entrar en el fondo del asunto.
– La demanda de Llarena, políticamente, pone el gobierno español en la picota.
– Para el gobierno español, la última cacicada del Consejo General del Poder Judicial significa un grave problema político. No es capaz de enfrentarse a ella pero sabe que comete prevaricación y que todo ello es un ataque a la independencia de los poderes. Además ha de enfrentarse al gobierno belga en defensa de una tesis que no puede compartir. Y, finalmente, desmonta su aproximación al problema de la situación de los prisioneros. Cuando Pedro Sánchez llegó al poder pareció que se abría una rendija de esperanza, al menos para la libertad provisional de los prisioneros, pero la nueva fiscal general demostró pronto que en este asunto la política del PSOE sería igual que la del PP. Sin embargo, invocó como excusa un argumento nuevo: retirar la acusación contra los presos -lo que se podía hacer perfectamente- era violar la separación de poderes. La misma que ahora, por defender a Llarena, el PSOE sí ha decidido violar.
