De los cuatro grandes fascistas sólo Mola sabe dónde pararán sus huesos
Aritz INTXUSTA
La sentencia del juez Antonio Sánchez contra la exhumación de Sanjurjo, ordenando su regreso a la cripta de Iruñea, coincide con el debate para sacar del Valle de Los Caídos a Primo de Rivera y Franco. La familia de Mola sí ha encontrado un lugar discreto para «el director».
«Cuando en todo el Estado se está debatiendo la exhumación de Franco, de ‘el dictador’, ahora va y resulta que a nosotros nos piden que volvamos a enterrar con honores a un general fascista como Sanjurjo. Esto es equiparable a que alguien en Italia pida enterrar con honores en un panteón público a Benito Musolini». Quien así habla es el alcalde de Iruñea, Joseba Asiron, que asegura que la sentencia emitida por el juez Antonio Sánchez para la restitución de los huesos del golpista José Sanjurjo a la cripta de Los Caídos de Iruñea resulta algo «inaudito».
El Ayuntamiento ya ha señalado que recurrirá una sentencia que, entre otras cosas, asegura que la presencia de Sanjurjo en la cripta central de un edificio cuyo nombre oficial es “Monumento de Navarra a sus muertos en la Cruzada” no tiene «una finalidad exaltatoria».
Junto con Sanjurjo fueron exhumados por técnicos forenses de Aranzadi los restos del cerebro del alzamiento, Emilio Mola. La familia de este general optó por recoger el ataúd reducido y llevárselo de forma tan discreta que nada se ha sabido ya. Lo mismo hicieron las familias de las demás personas que reposaban allí, a excepción de una familiar indirecta de los hermanos Aznar Zozaya.
Sin embargo, la hija de Sanjurjo, Carlota, interpuso un recurso contra la resolución de Alcaldía que desató las exhumaciones, ayudada por la exconcejal de Cultura de UPN en la ciudad Paz Prieto. Antes de eso, Carlota lanzó un mensaje público a EH Bildu, que gobierna en Iruñea: «Si quieren exhumar a mi padre, me tendrán que llevar por delante». En una entrevista en setiembre de 2016, aseguró que su deseo es que siga en aquella cripta porque Sanjurjo era navarro «y el monumento se levantó para eso». Además, recordaba que allí «le dicen misa una vez al mes y le cuidan».
Frente a ello, Asiron subraya que la exhumación «se produjo con total garantía» y añade que «lo que la sentencia denota es la gran distancia que hay hoy en día entre determinadas decisiones judiciales y el sentir y el pensamiento de la ciudadanía».
La propiedad y el usufructo
La problemática sobre el Monumento a Los Caídos de Iruñea es muy similar a la que existe en el Valle de Los Caídos. Cuando el Arzobispado se desprendió del edificio y entregó la propiedad al Ayuntamiento, se quedó con el usufructo a perpetuidad de la cripta, que se rige desde la parroquia de Cristo Rey y es la sede de una hermandad venida a menos que oficia misas en honor a los golpista los días 19 de cada mes.
El juez considera que el Ayuntamiento no tenía derecho a clausurar la cripta como cementerio aplicando la ley de sanidad mortuoria por ser la cripta un lugar de culto. Así, crea un problema donde no lo había, pues se procedió a la exhumación en virtud a un acuerdo entre el Ayuntamiento y el arzobispo.
Jon Inarritu, senador de EH Bildu, compara la situación con el problema que surgió recientemente en el Valle de Los Caídos a raíz de una sentencia que ordenaba sacar de allí a unos anarquistas a petición de los familiares. «Lo que se ha hecho en Iruñea es un precedente claro de lo que ahora se intentará hacer en el Valle», asegura. Para el senador supone un anacronismo que «en el siglo XXI se siga debatiendo sobre si los dictadores fascistas deben ser honrados en panteones públicos y luego se persiga a twitteros por hacer memes sobre Carrero Blanco».
Inarritu recuerda el pulso que lanzó el abad del Valle al Senado negándose a acudir a la Cámara Alta y pidiendo que se movieran ellos. El conflicto acabó zanjándolo la Archidiócesis de Madrid, ya que el abad tuvo que acatar las órdenes de su jerarquía.
Iruñea, pionera en memoria
«Siempre hemos dicho que hay dos cuestiones en las que Iruñea, de la mano de la ciudadanía, se ha puesto a la cabeza del Estado: la lucha contra las agresiones sexistas y la memoria histórica», señala Asiron. El alcalde lamenta que «que ciertas decisiones judiciales pretenden arrebatar a Iruñea ese hecho» y añade que se ha producido «una concatenación de decisiones judiciales que ponen el foco en Nafarroa, que son preocupantes y que a la gente le incomodan».
El actual Gobierno español sabe que el estamento judicial puede ser un importante obstáculo a salvar en su decisión de exhumar del Valle a Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. La vicepresidenta, Carmen Calvo, aseguró ayer que tenían intención de proceder a las exhumaciones cumpliendo «escrupulosamente» con el procedimiento.
Calvo entiende que «no habrá mejor homenaje a los 40 años de democracia que haber cerrado muchas de estas heridas que están sin resolver». El Gobierno español asegura que quiere entregar los restos de los cerebros del golpe a las familias. Sin embargo, ya han lanzado el globo sonda de que quizá Primo de Rivera permanezca en el gigantesco memorial fascista. El fundador de la Falange fue fusilado en los primeros meses tras el golpe de estado, en Alicante. Tiene condición, pues, de «víctima» y la ley ampara que se quede allí. El plan, por tanto, pasa por moverlo del lugar preeminente que ocupa en el altar para hacerlo anónimo de alguna manera entre otros restos humanos.
Con Franco sí que la ley da más cancha, aunque la batalla legal sea previsible. A diferencia de Primo de Rivera, Franco no fue víctima de nada. Murió en la cama 36 años después de que acabara la guerra que desató. Por ello, un informe de expertos sostiene que su presencia allí distorsiona el memorial y habría que sacarlo.
Ahora queda por ver si Pedro Sánchez cruzará el Rubicón, como ha hecho Iruñea, y exhumará los cuerpos enfrentándose a lo que venga. O si, otra vez, todo queda en serpiente veraniega.
Cuatro víctimas de Ezkaba, a la luz por un testimonio tras 80 años
En plena polémica sobre los restos del general Sanjurjo homenajeados durante décadas en el Monumento a los Caídos del centro de Iruñea, ayer mismo fueron exhumados los de cuatro presos fugados del fuerte de Ezkaba en 1938, que por tanto han permanecido ocultos bajo tierra 80 años. Su localización ha sido posible gracias al testimonio de una vecina llamada Paulina Lizoain, que presenció los hechos cuando tenía 9 años y lo ha contado ahora, con 89, animada por otras exhumaciones realizadas en el valle de Esteribar.
Estos cuatro hombres habían sido enterrados en Larrasoaña, en una fosa situada en el exterior del cementerio de la localidad. En total fueron abatidos unos 200 presos que habían huido del penal franquista monte abajo.
Con la recuperación de estas cuatro víctimas, los cuerpos sacados a la luz en el marco de exhumaciones del Gobierno navarro ascienden ya a 72.
En ese valle de Esteribar, por el que transcurre la ruta de montaña GR-225, se calcula que fueron fusilados unos 50 fugados, de los cuales hasta el momento han podido ser exhumados tres en la localidad de Usetxi, tres en Urdaniz, cinco en Urtasun y dos en Leranotz, a los que se suman ahora estos cuatro de Larrasoaña.
GARA
La amnesia de la Justicia en Navarra
Editorial de diario de noticias
La sentencia de un magistrado de la Audiencia Provincial pone en evidencia una vez más la deriva perversa de algunos jueces, pasando por alto la Ley de Memoria Histórica y el pacto entre el Ayuntamiento y el Arzobispado
El titular de lo Contencioso-Administrativo número 2 ha dictaminado que los restos del teniente general José Sanjurjo y de otros dos combatientes franquistas vuelvan a la cripta de los Caídos de donde fueron exhumados en una sentencia a todas luces incomprensible. La clausura de la cripta y su descatalogación como cementerio fue una decisión acordada entre el Ayuntamiento de Pamplona y el Arzobispado, no una medida impuesta, y se hizo garantizando los derechos de reposo digno a sus familiares y ofreciendo alternativas para su sepelio. Quizá no sorprende tanto que el recurso ahora ganado (el Ayuntamiento ya anunciando que apelará al TSJN) provenga de unas familias con unos apellidos y vinculaciones concretas por las motivaciones políticas que se intuyen. O que la Ley de Memoria Histórica que avaló la resolución de alcaldía del 8 de noviembre de 2016 sufra una interpretación sui géneris por el mismo magistrado que también vio fraude de ley en la colocación de la ikurriña en el Ayuntamiento de Iruña y que dio la razón a las familias que habían recurrido el cambio de modelo lingüístico en las escuelas infantiles tras 30 años de ostracismo al euskera en esta ciudad. Una lecturaen la que no se ve necesario adoptar medidas para la retirada de símbolos y menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura en base a la presunta excepcionalidad de calificarlas de “estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados”. Una sentencia que considera que el espacio que ha dejado de ser un cementerio en realidad es un lugar de “culto privado” cuyo uso y disfrute recae en la parroquia de Cristo Rey. Como no podía ser de otra manera el PSN rechazó ayer la regresión en materia de memoria histórica. Y no es para menos. El debate social abierto en la ciudad sobre el futuro de los Caídos se suma a los pasos dados por el Gobierno de Sánchez para avanzar en una democracia madura y europea decidiendo exhumar los restos del genocida Franco y de Primo de Rivera. Mientras tanto, la justicia en Navarra permite que, entre otras, la familia de Sanjurjo, uno de los militares más activos en el golpe de 1936, regrese cual fantasma de la Dictadura al corazón de la ciudad. Y encima con Mola ya fuera… Decisiones más políticas que judiciales que se suman a la pretendida amnesia por los crímenes cometidos.
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