Releí con interés la entrevista realizada al donostiarra Pedro Estonba y editada en este periódico (13-X-2015) evocando la detención sufrida durante 26 días, hace ya 44 años, y que él apenas había relatado ni a su propia hija. El relato, en respuesta a las preguntas del periodista, pone el vello de punta a la mínima sensibilidad. Ni qué decir en todas aquellas personas que hayamos sufrido agresiones parecidas. Es mi caso concreto, que pasaré a relatar, aunque antes quería hacer una reflexión sobre el trato que se le está dando a este tipo de violencia. Dejo en manos del lector la calificación de la misma como, política, de Estado o de fuerzas policiales.
Ya en el sumario o subtítulo de la entrevista, al citado Sr. Estonba, aparece el primer dato llamativo. Que haya tenido que ser la acción de una jueza argentina, María Servini, y del prestigioso y mediático forense Paco Etxeberria las que hayan hecho salir esa noticia a los medios. Llamativo porque, tirando de reciente hemeroteca, aparece el dato de la inminente puesta en marcha de Gogora o Instituto de la Memoria, con un dineral de 550.000 euros tan solo para este año 2015 y una flamante sede en el Archivo Histórico de Euskadi, en Bilbao. Entidad de la que no ha trascendido actuación alguna en dirección a investigar los casos de víctimas de la tortura de aquellos años. Para que nadie pueda apelar a la socorrida amnesia, a no ser que sea interesada, hace un par de meses envié una carta por correo electrónico al secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, de la que no he recibido siquiera un acuse de recibo. Ya por entonces, mes de junio del presente año, anunciaron la puesta en marcha del servicio, aunque también señalaron que la sede se abrirá el próximo 10 de noviembre, y en fechas más recientes, Gogora, ha vuelto a los medios informativos (NOTICIAS DE GIPUZKOA, 17-X-2015 desplegando un amplio programa de actuación o declaración de intenciones: “La memoria histórica, violencia reciente, exhumar fosas, retirar simbología franquista, recabar datos de las víctimas de ETA, GAL y Batallón Vasco Español”. Entrecomillado que aparece en el sumario de esa reciente información, en la que resulta curioso que la partida de torturados no pertenecientes a ninguna banda u organización armada no merece ni una mención o alusión.
En lugar de en más detalles de esas torturas, prefiero ahondar en detalles como la probada ausencia total de acusación de delito ni de la propia Guardia Civil como puede probarse en la misma detención -acudí voluntario al cuartel de Mungia- como en la liberación: me dejaron en la puerta del cuartel de La Salve sin ninguna inculpación. Otra prueba de mi no pertenencia ni cercanía a la organización armada de la que me acusaban en los interrogatorios fue que ni Batasuna ni nadie cercano a la izquierda abertzale movió un solo dedo mientras estuve detenido en el cuartel bilbaino ni después de mi puesta en libertad. En este punto, debo expresar un agradecimiento muy especial a don Ramón Rubial, que acudió desde su cercano domicilio al cuartel para interesarse por mi estado, así como a todo un grupo del MCE que además de nombrar y financiar a mi abogado me apoyó en todo momento. Los doctores Franco y Márquez, entre otros, también ofrecieron su apoyo con su mejor hacer como testigos o peritos de cargo.
No tengo constancia del cumplimiento o no de las condenas impuestas por el juez Belloch en su día y tampoco, desde luego, de la petición de perdón de los autores a la víctima
A pesar de que entonces, y después, se atribuye la detención a mi pertenencia a alguna familia concreta, la Guardia Civil o quienes mandasen en este cuerpo supieron elegir a la víctima. Mi nombre aparecía en los archivos policiales desde que el lejano 1966 me llevaron al cuartel de Mungia por romper a pedradas una placa conmemorativa “Bajo el signo de Franco…” en una fuente pública del pueblo de Arrieta. O, pocos meses más tarde, al cuartel de Amorebieta por desplegar una ikurriña en la cima del Bizkargi, un primer domingo de mayo de 1967, y otra vez al de Mungia por otra exhibición de los colores (no bandera) de la ikurriña en el grupo de danzas vascas que dirigía; o en sendas comisarías de Iruñea o Gasteiz, en otros tantos Aberri Eguna. Detenciones o información que trascendió para complicar mi servicio militar poco después. El papel lo guarda todo y tanto en la movida estudiantil a favor de Laminación de Bandas (1966) o en la del 3 de marzo de Gasteiz fui pillado in fraganti y el capitán Hidalgo también me invitó un par de ceces a La Salve por “asociación ilícita”. Pero nunca pudieron encontrar un solo detalle de relación con banda armada.
También podía resultarles conocido por una amplia participación en la Asociación cultural Aresti Taldea, que en la segunda mitad de la década de 1970 desplegó gran actividad y en la que aparecí en muchas ocasiones como presentador en festivales de bertsolaris o encuentros culturales de todo tipo, como en la que me encontraba en el momento de la detención, la creación de la cooperativa de horticultores de Bizkaia. Tirando de ironía, actividades, todas ellas, con una carga de “implicación armada” digna de encomio. Digo esto porque se me acusaba de la inducción y participación directa en la muerte de seis guardias civiles en una carretera de Ispaster, aunque a la hora de la detención habían comprobado (confesado por ellos, después) que a la hora del atentado de Ispaster estaba dejando a mis hijos en la Ikastola Karmelo de Santutxu. Para acabar con esta relación, los últimos dos años previos a aquella detención realicé una visita mensual a mi hermano preso en las cárceles de Carabanchel y Soria.
Niego y reniego, por tanto, categóricamente que aquella retención se debiese a mi condición de hermano de un preso. No conozco en estos 50 años un ensañamiento de ese nivel en ningún hermano de etarra que no tuviese implicación activa. Convenía utilizar esa razón para no tener que explicar todo el odio de algunos sectores sobre todo lo que se movía en torno a la cultura euskaldun. No recuerdo mención alguna a ese hermano en los seis días de retención.
Recorriendo ese dossier de más 60 folios, se recorre también el periplo del expediente de la denuncia contra la Guardia Civil, desde su inicio en febrero de 1980. En octubre de ese año, se lleva el caso a la Capitanía de Burgos porque los “hechos” se habían realizado en espacio militar, sobreseyendo el caso. En enero de 1981, Jose Esteban, ante la imposibilidad de ver esa documentación, presenta una querella criminal; un año más tarde se reclama la competencia civil y dos meses después se produce la reclamación militar. En marzo de 1983, por fin, el Tribunal Supremo falla en su sentencia a favor de la jurisdicción ordinaria.
Cuatro años después del episodio de torturas, 3 de marzo de 1984, se presenta la querella criminal contra los tres guardias civiles para iniciar una odisea de reconocimientos, gestiones y desagradables careos hasta la culminación del juicio el 30 de junio de 1987, con sentencia condenatoria contra el teniente del Servicio de Información de la Guardia Civil, José Braulio Velasco Ciudad; el sargento José Vázquez Domínguez y el guardia segundo Lucio de Sosa Robledo. El teniente Velasco había sido condenado -y absuelto- por torturas a unos pescadores de Gerona en 1984. No tengo constancia del cumplimiento o no de las condenas impuestas por el juez Belloch en su día y tampoco, desde luego, de la petición de perdón de los autores a la víctima. Victima que, por otra parte, preferiría que la petición de perdón proviniese de las autoridades políticas que ordenaron esas actuaciones.
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