La mejora ética y funcional de las democracias presenta como mínimo tres dimensiones en el ámbito de los derechos, las instituciones y los procedimientos: más liberalismo político y social, más democracia y más internacionalización.
Más liberalismo político y social, por un lado, en la regulación de los derechos cívicos, políticos y socioeconómicos que permita ampliar la esfera de las libertades y al mismo tiempo luchar contra la pobreza, las desigualdades y la exclusión social (redistribución y bienestar) y , por otro, en la regulación de los derechos colectivos de las sociedades nacionalmente diferenciadas (reconocimiento y autogobierno). Más socialdemocracia y más pluralismo.
Más democracia, tanto en relación al aumento del grado de participación de los ciudadanos en procesos de decisión que les afectan, como en relación al control político y legal de los poderes fácticos económicos, políticos y sociales.
Más internacionalización. Las democracias modernas se han construido y se han pensado desde los estados. Sin embargo, el mundo se está globalizando en muchos terrenos (económicos, financieros, tecnológicos, culturales, ecológicos, de seguridad, etc.). Las instituciones y los procedimientos de las democracias son actualmente muy insuficientes para sacar adelante los valores y los objetivos asociados tanto al liberalismo político y la equidad social como a la democracia. La Unión Europea está en buena parte por construir, pero ya resulta pequeña en ámbitos que requerirían regulaciones más globales.
Sabemos que las dimensiones liberal y democrática de las democracias modernas muestran tanto aspectos complementarios como contradictorios entre sí, pero que ambas resultan imprescindibles en cualquier proyecto emancipador. También sabemos que tanto el liberalismo político sin democracia como las democracias sin liberalismo político han mostrado rostros autoritarios. Este es un tema clásico de la teoría política contemporánea. Pero actualmente hay que añadir la dimensión de la internacionalización.
Se suele decir que las crisis presentan un lado positivo: significan una ventana de oportunidad para mejorar aspectos que quedan marginados en tiempos de bonanza. Sin embargo, la crisis financiera y económica que estalló en 2008 no ha supuesto por el momento ningún avance significativo en la mejora de las democracias. La ventana sigue cerrada. De hecho, ni siquiera hay garantía de que una crisis como ésta no se repita en el futuro y con la misma intensidad.
A escala europea, las clases medias y populares se han empobrecido, las desigualdades y los niveles de desempleo -especialmente en los estados del sur- han aumentado, la deuda pública supone una losa, un avanzar permanente con el freno de mano puesto, mientras que el pequeño grupo de los ciudadanos superricos va aumentando su patrimonio y su influencia. La economía financiera, que causó la crisis, sigue dominando mucho más allá del peso de la economía productiva (se calcula que la importancia relativa entre los dos tipos de economía en los países desarrollados es de tres a uno). La conclusión es que la combinación entre el rescate de los bancos privados, el empobrecimiento de la mayoría de la población (clases medias y populares) y las prácticas de corrupción pública y privada no combatidas con eficacia desde las instituciones y las leyes están suponiendo una inmensa tomadura de pelo para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Se trata de una, digamos, tomadura de pelo sistémica.
La energía de protesta ha cristalizado en movimientos sociales de extrema derecha xenófoba y antieuropea en algunos estados del centro y del norte del continente y en una izquierda más o menos populista y más o menos conceptualmente banal en países del sur. Esto añade incertidumbres adicionales a la ecuación.
Sin embargo, a nivel estatal no hay alternativas plausibles en un mundo global. La socialdemocracia en un solo país está casi muerta y las políticas conservadoras de austeridad han fracasado como dirección genérica de futuro. Mientras no haya regulaciones internacionales efectivas (instituciones de gobierno con separación de poderes, fiscalidad, tribunales internacionales, etc.), los mercados financieros seguirán imponiendo su lógica por encima de los gobiernos elegidos en las democracias. El fraude fiscal o la corrupción no se pueden combatir eficazmente sin la existencia de medidas internacionales (las cifras de España son de escándalo). Habría que establecer tasas globales a los grandes patrimonios. Unas tasas que sólo pueden ser eficaces con regulaciones internacionales. Sin internacionalización política el peso y la calidad de las democracias se irán degradando.
Sabemos que en el desarrollo de los estados de derecho prevaleció primero la lógica del liberalismo político, durante un siglo. Posteriormente esta lógica se fue democratizando con la incorporación de derechos antes inexistentes (asociación, huelga, sufragio universal masculino y femenino, etc.). Fueron derechos que costó mucho arrancar a las Constituciones del primer liberalismo. El motor de este cambio fueron básicamente la industrialización y las luchas de las clases trabajadoras. En la actualidad no existe una colectividad política, unas instituciones paralelas a lo que significaron los estados liberales de derecho después de las revoluciones inglesa, americana y francesa de la modernidad. Hay que construir estas instituciones. Un ejemplo, aunque muy precario, es el Tribunal Penal Internacional, cuya autoridad no es reconocida por buena parte de estados decisivos.
Sin embargo, en el futuro inmediato no se prevé ninguna internacionalización política general solvente. Los estados seguirán siendo actores políticos importantes. La UE seguirá siendo un club de estados. A pesar de que estén arruinados o prácticamente en quiebra (Grecia), los estados son y seguirán siendo actores en el tablero de juego internacional. Las medidas hacia una colectividad política internacional de derecho, si se hace, se hará desde los estados. En la actualidad si no tienes un estado propio, prácticamente no existes. Para Cataluña un futuro mejor significa, a la vez, tener Estado propio y más internacionalización política. Dos componentes para la calidad democrática futura del país.
ARA
