El Ayuntamiento de Pamplona ha denegado in extremis el uso de la Sala de Armas a la iniciativa ciudadana Aranzadi. En el rifirafe sobre esto se puede echar tanta tinta de calamar que no nos deje ver lo importante. Porque a las gentes que resisten para sobrevivir en un mundo de pesadilla, a las personas que no tienen presente ni futuro, un debate sobre si el artículo 5.3 de la Norma numero 1 de tasas fiscales prohíbe o no los actos de contenido político, les tiene que resultar muy ajeno.
En 2011 y 2012, al comienzo de las PAH en Navarra, la pelea por el derecho a una vivienda y a una vida sin deuda se encasquillaba desde el principio en anécdotas como que el director de la oficina bancaria no quería recibir un escrito. Se peleaba por algo muy importante y te quedabas atascado en una minucia. Pero la gente lo entendía: entendía que recuperar su derecho a la vida empezaba por reafirmar su derecho a ser escuchado, a ser tratado como ciudadano, como persona portadora de derechos y no reducido a una condición de deudor, abocado a una de hecho esclavitud por deudas.
El Ayuntamiento es como esa oficina bancaria, el ámbito institucional más cercano donde tenemos que hacernos valer. El Ayuntamiento ha prohibido unas jornadas municipalistas en la Sala de Armas porque las consideraba fuera de «eventos del ámbito de la actividad de congresos, reuniones profesionales, convenciones, incentivos u otros eventos particulares.» Y lo ha hecho después de haber recibido entre el 16 y el 28 de enero hasta cuatro escritos que hablaban de «jornadas municipalistas», y de talleres para tratar no solo de Medio Ambiente, Participación o Políticas Sociales, sino de Candidatura y Confluencia Postelectoral. ¿Por qué se cae del guindo de que era una iniciativa política al día siguiente de la rueda de prensa? Los funcionarios que recogen y tramitan la documentación en ningún momento lo consideraron incompatible, pero sí sus jefes políticos, a los que les alertó y disgustó la presentación pública de unas jornadas que no trataban sobre el municipalismo del siglo XIX o en Latinoamérica. Trataban del Ayuntamiento de Pamplona, aquí y ahora. Y de eso, para eso, no quieren que se hable en los edificios públicos de una institución que tratan como su cortijo privado.
El Ayuntamiento es de todos, empezando por las reglas de que se dota. En democracia solo hay algo peor que unas leyes injustas: unas leyes que el poder que las ha emitido interpreta a su capricho. En el caso de Aranzadi, el Ayuntamiento ha mostrado un nivel de arbitrariedad restrictiva que contrasta con el trato complaciente a instituciones como la Guardia Civil, la Policía Nacional o el Ejército, a los que se cede el uso de la Sala de Armas por acuerdos tomados in extremis el mismo día de su uso, sin fianza ni seguro de responsabilidad, cediéndoles de gratis otros medios municipales como el mobiliario, que el resto de iniciativas nos vemos obligados a alquilar a empresas privadas.
Las normas son iguales para todos y, además, deben ser justas. La exclusión de las actividades de contenido político de los espacios municipales escolares empezó en 2011, con esta Corporación. ¿Qué tiene de infeccioso para los niños que la ciudadanía se reúna y hable de los asuntos comunes después de que ellos han dejado las aulas? Es curioso que se habilite una excepción para el colegio Elorri, en Mendillorri, pero se mantengan cerradas a cal y canto las Escuelas de San Francisco, que es el lugar que por su centralidad y por sus dimensiones todos pedimos. La norma parece poco sensata, pero no, está cargada de intención. Pretende y consigue empujar fuera de lo público, al espacio privado de pago, a los colectivos populares que no tienen la «financiación» que tienen UPN y PSN.
No hay democracia cuando la ciudadanía no puede utilizar los espacios públicos. Para utilizar la calle, nos obligan a pasar, so pena de multas, por el humillante trámite de solicitar permiso con diez días de antelación, ¡permiso para ejercer un derecho constitucional! Para utilizar los locales públicos nos imponen unas normas irracionalmente restrictivas que, además, son interpretadas en el sentido de «las normas dicen lo que yo entiendo que quieren decir en cada momento». No hay que enredarse con tinta de calamar, es una arbitrariedad más entre muchísimas que evidencian lo que decíamos hace cuatro años: lo llaman democracia y no lo es. Y no nos representan. Nadie nos puede representar. La democracia no consiste en votar cada cuatro años a nuestros representantes. Cuando es así, y solo eso, los representantes devienen en suplantadores. Para que podamos decir de nuestras instituciones que mandan obedeciendo al pueblo, debemos participar cotidianamente en lo común, en lo público. Participar, por ejemplo, en las jornadas municipalistas que convoca Aranzadi, sea cuál sea nuestro color político. Porque la iniciativa es copy-left, es una iniciativa ciudadana, y nada nos gustaría más que el que el producto de estas jornadas fuera lo suficientemente valioso para que otros y otras iniciativas lo utilizaran.
Las jornadas no se celebrarán entre los muros de la Ciudadela, símbolo actualizado de un poder al que todavía se le padece y se le obedece, qué remedio. Las jornadas se celebrarán en el Planetario este viernes, sábado y domingo (aranzadi2015.info).
* PAZ FRANCÉS, FELIPE MARTÍN Y LIBERTAD FRANCÉS, MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE LOGÍSTICA Y LEGAL DE ARANZADI –
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