Los hechos marcan la marcha hacia la independencia. Primer hecho incontrovertible: con 9 puntos más de participación los electores han reforzado los partidos que firmaron el pacto para la consulta del 9-N, que doblan en votos a los partidos constitucionalistas. Segundo hecho: el caso catalán ha entrado en la agenda europea como se evidenció en el debate entre los cinco candidatos a presidir la Comisión Europea; sin embargo los candidatos de las dos grandes fuerzas de la Unión, populares y socialistas, se mostraron muy reticentes a la ampliación interior.
Tercer hecho relevante: el no del Congreso a la consulta deja claro que el proceso será conflictivo, que el Reino de España no seguirá el ejemplo del Reino Unido; a pesar de los resultados electorales lo más probable es que el Estado español impugne la ley de consultas y prohíba la convocatoria del 9 de noviembre. Cuarto hecho: los dos principales partidos españoles han perdido cinco millones de votos y todo hace prever la desaparición de la mayoría absoluta del PP y una gran fragmentación en la legislatura que se iniciará dentro de un año y medio. Estos cuatro hechos evidencian que no afrontamos una guerra relámpago, sino que nos encontramos ante un conflicto largo.
El dilema más crítico es la respuesta catalana a la previsible negativa del Estado español a la consulta. La convocatoria de nuevas elecciones al Parlamento es la propuesta más repetida hasta ahora. Se califica estas elecciones de plebiscitarias sin entrar en su procedimiento y contenido. ¿Se plantearía una candidatura unitaria o un pacto común entre listas separadas?
¿El objetivo compartido sería la celebración de una consulta o la declaración unilateral de independencia? Las posibilidades de una candidatura unitaria es mínima como lo demuestra que no ha sido posible hacerla en unas elecciones en que están en juego menos de 10 eurodiputados. En cuanto al contenido, ponerse de acuerdo sobre el derecho a decidir es inútil, cuando la mayoría social ya se ha demostrado en dos elecciones seguidas. Unas elecciones plebiscitarias sólo tendrían sentido si el compromiso fuera la Declaración Unilateral de Independencia.
Pero en otoño no habrá las condiciones internas e internacionales imprescindibles para la proclamación de la República Catalana. Unió Democrática rompería la coalición con Convergencia e Iniciativa no se sumaría al pacto. Tampoco habrá ninguna garantía del reconocimiento internacional de la Declaración de Independencia y este hecho condicionará el voto de los ciudadanos. Porque incrementa significativamente las posibilidades de un retroceso electoral grave porque una parte de los votantes percibirían la DUI como una aventura. La DUI sólo se puede plantear cuando el reconocimiento internacional tenga más posibilidades que ahora, porque es la garantía de la implicación de la Unión Europea que es el única que puede forzar al endeudado Estado español a una separación civilizada.
La prohibición de la consulta del 9-N no puede quedar sin respuesta, pero esta debe enmarcarse dentro del ciclo electoral, que continuará con las elecciones municipales de mayo del próximo año y las elecciones españolas de finales de 2015. En esta tanda electoral hay que preservar la unidad política, siempre frágil, que hemos mantenido hasta ahora alrededor de la consulta. Es esencial impedir lo que más desean los poderes fácticos españoles: la repetición en nuestro país de la defenestración del lendakari Ibarretxe. La respuesta pasa por las grandes movilizaciones del pueblo catalán que han puesto a Cataluña en la agenda política europea y mundial.
La Asamblea Nacional Catalana ya aprobó su hoja de ruta, la primera meta es la gran manifestación con V de victoria el próximo 11 de septiembre. La prohibición de la consulta debe conllevar el salto a la desobediencia civil: la organización de una macroconsulta popular, con las dos preguntas acordadas, con el objetivo de igualar los 2.300.000 votantes del referéndum del Estatuto de 2006. Un acto de resistencia pasiva de estas dimensiones volvería a demostrar la determinación pacífica del pueblo catalán de decidir su futuro. El favor más grande que podría hacer el gobierno español sería confiscar las urnas por la fuerza; las imágenes de estos actos llenarían los medios de comunicación internacionales.
El objetivo de la independencia no se habrá alcanzado y habrá que continuar con la combinación de presión popular y política. Josep Andreu, antiguo alcalde de Montblanc, propuso en la última Asamblea de la ANC convertir las municipales de mayo del próximo año en un nuevo 14 de Abril, que también fue precedido de una convocatoria a alcaldes y concejales. Las fuerzas de la consulta del 9N deberían firmar un pacto sobre el derecho a decidir y la ANC debería convocar al pueblo a salir a la calle como hizo el pueblo catalán en 1931. Los partidos del derecho a decidir deberían pactar la constitución de una magna Asamblea de cargos electos para reclamar, nuevamente, el referéndum de autodeterminación.
Medio año más tarde habría que multiplicar la presión popular para exigir una candidatura unitaria en las elecciones al Congreso y al Senado españoles. Por lo menos con un programa común en defensa del derecho a decidir y una candidatura al Senado que repitiera la ‘Entesa dels Catalans’ de 1977. La debilidad del Estado español en la próxima legislatura será mucho más fuerte que en la actualidad. Ante la nueva Cámara, sin mayorías absolutas, los representantes catalanes deberán pedir, nuevamente, la autorización para celebrar una consulta vinculante de autodeterminación.
Si nuevamente esta autorización es denegada habrá llegado el momento de disolver el Parlamento de Cataluña. Las nuevas elecciones deberían convertirse cláramente en plebiscitarias con un programa conjunto de Declaración Unilateral de Independencia. Los dos años de negativas del Estado Español, las repetidas mayorías electorales en todo tipo de convocatorias y las grandes movilizaciones del pueblo catalán demostrarán al mundo la imposibilidad de Cataluña de seguir formando parte del Reino de España. Entonces el reconocimiento internacional será seguro, porque será la única manera de garantizar el mantenimiento de la seguridad jurídica de los intereses europeos en nuestra casa.
TRIBUNA CATALANA
