Otra estrategia para replicar a las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, según el cual «una Cataluña independiente vagaría por el espacio sin reconocimiento internacional», consistiría en remarcar el carácter positivo de este escenario. En los momentos de transición posterior a la declaración de independencia incluso sería conveniente la desvinculación catalana de las estructuras internacionales: esto querría decir que somos efectivamente soberanos y que podríamos empezar a hacer política. ¿O es que la independencia no significa la capacidad de aquella comunidad de decidir libremente con qué otros estados se relaciona y en qué organizaciones se integra, comenzando por la Unión Europea? Con un territorio como una Cataluña independiente, que genera un PIB cercano a los 200.000 millones de euros anuales en el corazón de la Europa occidental, la negativa de reconocimiento también tiene consecuencias perturbadoras para los estados de la misma región geográfica. ¿Estaría dispuesta la señora Merkel o el señor Hollande a asumir un foco de inestabilidad política y económica del que puedan beneficiarse potencias no europeas? Permitirían la canciller alemana y el presidente de la República Francesa que los miles de empresas de sus respectivos países que operan en Cataluña encontraran bloqueadas sus capitales como consecuencia de la expulsión del nuevo Estado catalán del mercado interior europeo?
Y no hace falta decir que para quien en primer término sería catastrófico el no reconocimiento sería para España. Si el informe de García-Margallo anuncia, de forma algo impropia al tratarse de un texto de carácter oficial, que operaría el boicot social a los productos catalanes y que esto perjudicaría gravemente a la economía del Principado, ¿se pueden imaginar qué repercusiones tendría para la economía española que sus mercancías estuvieran sujetas a arancel en su paso por Cataluña (tanto si se consumen aquí como si atraviesan el país con destino a Europa)? ¿O que los capitales de entidades tales como el Banco de Santander y el BBVA se encontraran enterrados en nuestro territorio «por los siglos de los siglos»? Sin acuerdos de inversión ni participación en los procedimientos de resolución de litigios los activos de personas físicas y jurídicas extranjeras depositados en Cataluña siempre podrían ser sujetos de expropiación. Esto dejando de lado la repercusión que tendría para la Hacienda española la pérdida de la recaudación que genera lo que hasta ahora ha sido casi el veinte por ciento de su PIB. En este sentido, ¿se puede también arriesgar la señora Merkel a que, al no ser reconocida, Cataluña no asuma una parte de la actual deuda española y que el cuadro macroeconómico que quede de este Estado exprese una irreversible quiebra?
Cabe decir que todas estas consideraciones se formulan sin terminar de calibrar una paradoja primigenia: mientras España no reconozca a Cataluña, ésta continúa formando parte de la UE y, por tanto, sigue operando el mismo régimen de libertades de circulación de personas, mercancías y de capitales. Si España no la reconoce, todo sigue igual a efectos de aplicación del derecho de la UE en territorio catalán y, si la reconoce, está forzada a negociar con las autoridades catalanas y abre la puerta a la adhesión del Estado catalán en los tratados constitutivos si así lo aceptan los otros 27 estados miembros. El arranque del proceso sufrió, en mi opinión, una seria carencia a la hora de presentar el gesto independentista como una continuidad del régimen de relaciones exteriores que tiene España (especialmente en referencia a la UE) cuando representa una oportunidad de revisar todo. Pero para ello es necesario que los sectores que lideran el proyecto empiecen a hacer política de Estado, y me temo que, sea porque hace trescientos años que estamos borrados de la dinámica de las relaciones internacionales o sea que en el fondo nuestros dirigentes no confían en una ruptura con todas las consecuencias, que este capítulo aún se encuentra muy poco maduro.
EL PUNT – AVUI
