Se ha dicho muy a menudo que nuestra cultura política tiene muy poco «sentido institucional». Es cierto. Nos cuesta mucho entender cuál es el valor de una ceremonia oficial, saber cuál es el papel de los símbolos en un ritual político o aprender a cómo hay que escuchar el himno nacional. Pero esta ineptitud no es específica de la cultura política. A mi juicio, tenemos un talante entre poco amante de los formulismos y abiertamente irreverente ante cualquier orden jerárquico, y esta disposición se hace extensiva a todos los ámbitos de la vida social. Entre los catalanes predomina una concepción rousseauniana muy simple de la condición humana, que favorece una sistemática desconfianza hacia la organización social, que siempre encontramos culpable de la pérdida de una inocencia y una bondad originales.
Mientras que en otros países podemos descubrir una actitud de respeto hacia sus instituciones más allá de las personas concretas que ocupan la representación, en nuestro país hacemos al revés. Aquí, cualquier persona, por respetable que sea, en cuanto asume una representación institucional ya se le considera sospechosa de querer tocar poder más que de querer servir. Aquí somos expertos en querer ser católicos «sin Iglesia», a definir las estrategias del combate político desde organizaciones civiles de naturaleza asamblearia, a gestionar la producción del conocimiento con el concurso determinante del personal de administración, o a convertir al maestro en un colega del alumno y a los padres en unos amigos de los hijos. Aquí, lejos de ver a la persona que dirige una escuela pública o un departamento universitario como representante de la política del departamento de Enseñanza o de la misma universidad, le exigimos que haga de mero portavoz de los intereses de la base, y pobre de ella si quiere asumir responsabilidades de gestión porque durará cuatro días en el cargo. Sentimos aversión a mandar y los que mandan.
Esto no ocurre en todas partes. Tomemos el caso de los británicos, que sienten un reverencial respeto por la monarquía, con independencia de si son críticos con el comportamiento de las personas que la representan. Un rey sinvergüenza, allí, no haría entrar en crisis la institución. O el de los franceses, que entienden perfectamente que la defensa de la calidad en el uso de la lengua es la expresión de la estima por la nación. En el Palais Bourbon sería inimaginable que alguien aplastara el francés como se aplasta el catalán en el Parque de la Ciutadella. O los de los estadounidenses, que a pesar de la bajísima aprobación popular que puede tener un presidente de Estados Unidos a causa de sus decisiones políticas, nunca se les ocurrirá despreciar la institución que representa y, por tanto, nadie le hará ningún feo. En septiembre de 2009, mientras Obama intervenía en el Congreso, un diputado republicano gritó: «¡Mientes!» Joe Wilson no sólo pidió disculpas públicas, sino que el Congreso votó una resolución de desaprobación hacia Wilson. Y, en Estados Unidos, ningún congresista, del partido que sea, duda en ponerse de pie y aplaudir al presidente al terminar el discurso del Estado de la Unión. En nuestro Parlamento, en cambio, es conocida la disposición general de los diputados de la oposición, no ya ante los discursos sobre política general, sino en el más institucional discurso del pleno de investidura.
Las razones deben ser muchas y complejas. No tener desde hace siglos unas estructuras de Estado clásicas y tener que hacer país desde el voluntarismo no debe ayudar mucho a socializarse en las formas institucionales de los estados de verdad. Quién sabe si esto también tiene alguna vinculación con la mala relación que tenemos con toda expresión de poder y de autoridad, que sólo un psicoanalista podría descifrar. Sea como sea, el caso es que nuestra aversión institucional se traduce en una enorme dificultad para representar el interés general a través de grandes símbolos nacionales. Y la cuestión es: ¿ese carácter irreverente es poco o muy útil ante los desafíos que tenemos delante? Particularmente, pienso que la irreverencia nos ha ayudado mucho a sobrevivir en un clima político adverso. Pero para la actual fase de combate y para la fase constructiva que la seguirá, el tradicional poco sentido institucional de los catalanes nos puede debilitar mucho, y en el extremo, incluso nos podría hacer perder la batalla.
Desde mi punto de vista, pues, la fortaleza que necesitamos no debe venir tanto de una unidad política que sería impropia de una sociedad como la nuestra, sino que debería llegar del desarrollo acelerado de un alto sentido institucional. Es decir, de saber convertir nuestras instituciones en la representación del interés nacional por el que estamos luchando.
