Será Catalunya quien ponga a prueba a la UE. en Escocia, las encuestas no dan un triunfo del sí y su proceso es negociado. en Catalunya, las encuestas dicen que hay un sí en aumento y de momento hay una imposibilidad de acuerdo pactado con el Estado
EL pasado 1 de julio, un nuevo Estado se incorporó a la Unión Europea: Croacia. Con ella ya son 7 los estados miembros que no existían antes de 1990. Exactamente una cuarta parte de ellos. ¿Sorprendente? No tanto. De hecho, se podría afirmar que la UE es corresponsable de la aparición de esos estados. Incluso del incremento de algunas demandas independentistas, muy particularmente en el caso catalán.
Como la ciencia política ha mostrado, el escenario ideal para el surgimiento de nuevos estados se produce en el marco de una fuerte globalización económica y de una estabilidad política y defensiva. Cuando el mercado interior de los estados existentes ya no es el entorno ideal para desarrollar la economía y no existen grandes amenazas militares, los estados de dimensiones reducidas pueden resultar muy competitivos, sobre todo, si pueden ubicarse bajo el paraguas de una organización supraestatal que garantiza esas dos condiciones: globalización económica y protección exterior. La UE ha contribuido a esa ventana de oportunidades, simplemente por su mera existencia.
Desde el punto de vista de las reivindicaciones independentistas actuales, su -podríamos decir- contribución es de otra índole. Desde el Tratado de Lisboa ha quedado meridianamente claro que en la Unión solo cuentan los estados, no las regiones. No hay mecanismos efectivos para participar de la toma de decisiones sin Estado. Esta constatación ha tenido un especial impacto en el movimiento soberanista catalán. Durante décadas, la porción mayoritaria del catalanismo apostó por la reforma federal de España y una Europa de las regiones. El fracaso de esta doble apuesta, simbolizado en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut (2010) y el Tratado de Lisboa (2007), ha contribuido de forma destacada al aumento del independentismo.
Aunque los opositores a una Catalunya independiente se esfuerzan en presentar una Unión Europea contraria a la creación de nuevos estados, lo cierto es que la legalidad europea sobre la cuestión se puede resumir en una sola palabra: nada. No hay ningún tratado, ni directiva, ni texto con fuerza legal alguno que emane de la Unión que impida el surgimiento de nuevos estados en su territorio, como han manifestado diversos de sus responsables con naturalidad, antes de ser presionados por la diplomacia española. El ejemplo paradigmático en este sentido son las declaraciones (30-09-12) de la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding, matizadas días después, España mediante.
Lo cierto es que la UE (y sus predecesoras CECA y CEE) siempre ha actuado con flexibilidad y pragmatismo cuando ha tenido que lidiar con problemas de fronteras internas. Lo hizo en el caso del Sarre, que pasó en 1957 de Francia a Alemania Occidental sin que supusiera ninguna renegociación de tratados; lo hizo cuando Argelia se independizó de Francia (1962); o cuando Groenlandia votó salirse de la Unión, sin que eso implicase que Dinamarca lo hiciese (1985); o cuando las dos Alemanias se reunificaron alterando espectacularmente los límites y condiciones de un estado miembro, sin que eso implicara ninguna modificación legal de su estatus, o nada fundamental que renegociar. Se podría decir que el sentido común ha llevado a seguir, de manera implícita, la orientación de los acuerdos del Convenio de Viena sobre sucesión de estados en materia de tratados (1978), que establece que los nuevos estados no coloniales siguen sujetos a las obligaciones de los convenios firmados por el estado del que se separan.
De todos modos, lo que está claro es que las relaciones internacionales se sustentan en lo que ha venido a llamarse realpolitik: intereses y poderes por encima de principios. Es con estos criterios que, de entrada, se resolverá cualquier nueva modificación fronteriza interna en el seno de la Unión. Y, en este sentido, el candidato principal a poner a prueba a la UE es Catalunya. En el caso escocés, por el momento, las encuestas no parecen reflejar el triunfo del sí. Por otra parte, su proceso es negociado con el Estado y, por si fuera poco, se trata del territorio más europeísta del poco europeísta Reino Unido. No problem para la UE. El caso de Catalunya es del todo diferente. Encuestas que reflejan un triunfo del sí y que van en aumento e imposibilidad, por el momento, de acuerdo pactado con el Estado. Más aún, el canciller español ya ha afirmado en más de una ocasión que España vetaría la integración de una hipotética Catalunya independiente. En lo que sí nos parecemos a Escocia es en el europeísmo de la sociedad catalana. El reto a la Unión lo plantea, pues, el caso catalán. ¿Qué es lo que más le conviene a la UE en este asunto?
En un curso de la presente edición de la Escuela de Verano de la UPV/EHU tuve ocasión de exponer doce posibles escenarios desde el punto de vista de la UE. No es este el lugar para resumirlos pero sí para recordar que en este asunto la UE va a tratar como un único problema la eventual independencia de Catalunya y el nacimiento de una nueva España sin Catalunya. Y si analizamos la estructura productiva, la deuda pública y las necesidades de reforma del Estado español, posiblemente podamos concluir que en ese escenario, desde el punto de vista de la UE, el problema no es Catalunya, el problema es España. De nuevo en este punto el reto lo plantea Catalunya mucho más que Euskadi que, en caso de independizarse, afectaría mucho menos al Estado español resultante (por dimensiones, por balanzas fiscales).
Fuera de Europa hace mucho frío, se repite desde círculos unionistas. Más allá de que la Unión acabará haciendo lo que más le convenga, esta amenaza es poco convincente. Quizás alguien pueda defender que el acuerdo unánime para la integración de un nuevo Estado automáticamente sería de aplicación en caso de fronteras interiores y no solo de nuevos miembros (lo podemos discutir), pero lo que es indiscutible es que Catalunya podría seguir con el euro sin formar parte de la zona euro. De hecho, actualmente, Andorra, Mónaco, San Marino, Ciudad del Vaticano y Kosovo lo tienen como moneda sin ni siquiera formar parte de la UE. Tampoco es posible el veto de España en la Asociación Europea de Libre Comercio o incluso en acuerdos bilaterales sobre competencias exclusivas de la UE donde solo se requiere una mayoría cualificada.
Lo cierto es que una solución no negociada que implicase dejar fuera de la Unión a Catalunya sería, con mucho, la solución más costosa para la propia UE. Pero, sobre todo, lo que está en juego es su propia definición. Ya sabemos que la UE no es un espacio de regiones, pero está por ver si la UE está formada por ciudadanos europeos o por estados europeos. Porque lo cierto es que los catalanes ya somos ciudadanos europeos, con derechos y obligaciones que seguiremos cumpliendo. ¿Quién nos la va impedir?
Jaume López, * Profesor de Ciencia Política de la Universidad Pompeu I Fabra
http://www.deia.com/2013/08/06/opinion/tribuna-abierta/nuevos-estados-y-ue-el-desafio-catalan
