La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales es la empresa pública más importante que ha habido nunca al servicio de la lengua y la cultura catalanas. Y es evidente para los expertos, y hay que decirlo con contundencia, que TV3 y Catalunya Radio constituyen el mejor ejemplo de radio y televisión públicas de calidad del sur de Europa y de toda el área mediterránea. Con una plantilla profesional y unos costes absolutos y relativos en la banda más baja de las corporaciones públicas audiovisuales europeas. No hay en Europa una oferta audiovisual comparable por debajo de los 40 euros por habitante y año. No es mérito exclusivo de nadie. Costó mucho poner la Corporación y sus medios en marcha. Muchos esfuerzos de mucha gente. Y ha sido necesaria la labor continuada de directivos y profesionales durante todo el trayecto seguido. Con errores y aciertos. Ahora, cuando todavía más del 80% de la oferta televisiva que recibimos emite desde Madrid, todo esto podría estar en peligro.
Las condiciones del ecosistema catalán de comunicación y cultura han cambiado sustancialmente desde 1983, en buena parte por la acción de los mismos medios y trabajadores de la Corporación. La dureza y la duración de la crisis, la existencia de un sector industrial todavía demasiado dependiente, la escasez de los recursos públicos disponibles, el cambio tecnológico y las nuevas posibilidades de organización interna, la caída de los ingresos publicitarios, el protagonismo de las redes, la rigidez -tantas veces esgrimida- de un convenio que dificulta emprender iniciativas sin recurrir a nuevas contrataciones… Como todas las empresas, la Corporación y sus medios también necesitan reajustes periódicos, intervenciones que permitan la adaptación a las circunstancias cambiantes y responder adecuadamente a los retos del servicio público. ¿Que a la Corporación le conviene una reestructuración? De acuerdo. Pero el camino emprendido es completamente equivocado. Y puede verter los medios públicos de la Generalitat a una grave desestructuración. Justo ahora, cuando el país los necesita más que nunca, y cuando exigimos toda la democracia que necesitamos.
Los objetivos del consejo de la Corporación los marca el Mandato marco del sistema público audiovisual, aprobado por el Parlamento en 2010. El consejo de la CCMA no es una delegación del Gobierno en el interior de la empresa para dirigirla a conveniencia. Se debe al Parlamento, al servicio público y al interés general. Sus miembros son los trabajadores de la empresa responsables de la gestión, y los primeros obligados a procurar los recursos y las condiciones laborales óptimas para realizar su misión. Por eso, en vez de avalar la reducción de la subvención pública y de la plantilla, la buena política del consejo debería consistir en asegurar los recursos para los años inmediatos. Con la estabilidad asegurada, deberían poder corregir con transparencia los principales desequilibrios internos. Y plantear una reestructuración del grupo, en un horizonte de 10 o 15 años, que permitiera actualizar el modelo y desplegar la correspondiente política de recursos humanos. Este plan y esta política deberían poder ser acordados con los trabajadores. El capital más importante de la mayoría de empresas son sus trabajadores. Si hablamos de información, de comunicación y de creación de contenidos audiovisuales, esto es indiscutible. No tiene ningún sentido, pues, poner en riesgo este capital para satisfacer requerimientos contables, formulados sin tener en consideración sus efectos en el pluralismo político y la calidad democrática.
En referencia al primer gobierno Mas, Josep Gifreu (El factor audiovisual, ARA, 07/12/2012) advertía que las políticas de comunicación de CiU habían significado «una regresión considerable» y que, con la excusa de las medidas de austeridad , «el gobierno de CiU emprendió una auténtica contrarreforma del sistema audiovisual catalán a través de la llamada ley ómnibus». Y concluía: «Vista la ausencia en el programa de CiU de cualquier propuesta articulada en defensa del sector audiovisual catalán y del espacio catalán de comunicación, la vía de un posible acuerdo de estabilidad entre CiU y ERC pasa por aceptar grandes rasgos las propuestas formuladas en el programa de Esquerra».
De momento, las cosas no han ido en la dirección apuntada por Gifreu. Todo lo contrario. La continua rebaja de la aportación pública y el empeño en ejecutar un ERE siguen la línea de los viejos pactos CiU/PP del 2011. Difícilmente compatibles con las propuestas y el apoyo de ERC. La voluntad política y la lealtad a los procesos no se declara, se practica.
