LAS razones de los catalanes a decidir su futuro son históricas, jurídicas, culturales, políticas, económicas, europeas y, sobre todo y fundamentalmente, sociales.
Cataluña es un territorio histórico formado a partir de los condados de la Marca Hispánica. Tras la unión dinástica del condado de Barcelona y el reino de Aragón en el siglo XII, los territorios catalanes se constituyeron en parte integrante de la Corona de Aragón, alcanzando una notable preponderancia marítima y comercial a finales del período medieval.
La muerte sin descendencia del rey Martín I en 1410 abrió una grave crisis sucesoria que se solucionó introduciendo a la dinastía castellana de los Trastámara con Fernando de Antequera, quien tras el Compromiso de Caspe de 1412 fue nombrado monarca de la Corona de Aragón. Fue el primer vicio de origen político que llevaría a la sumisión catalana a Castilla.
El matrimonio de Fernando II de Aragón con Isabel la Católica en 1469 condujo a la Corona de Aragón a una unión dinástica con Castilla, aunque ambos reinos conservaron sus instituciones políticas, las Cortes, las leyes, las administraciones públicas y moneda propias. Pero la unión con la Corona de Castilla fue el segundo vicio de origen político de los catalanes porque se unieron dos sistemas jurídicos contradictorios, por lo que pronto se impuso el centralismo castellano.
Las discrepancias políticas tomaron protagonismo con el proyecto de unificación de España de Felipe IV y del conde duque de Olivares. A este intento siguió la revuelta de los catalanes, o Guerra dels Segadors, que afectó a gran parte de Cataluña entre los años 1640 y 1652 sin que lograra su independencia como hizo en ese mismo momento Portugal.
Aunque en Cataluña se aceptó inicialmente a Felipe V, y este había jurado y prometido guardar sus fueros, las clases dirigentes catalanas fueron desconfiando por lo que percibían como formas absolutistas y centralistas del nuevo monarca, así como por la política económica pro-francesa. Ello derivó en una etapa de hostilidad y oposición al monarca que culminó con el ingreso del Principado (pacto de Génova) y de toda la Corona de Aragón en la Alianza de La Haya. Así, el archiduque Carlos, instalado en Barcelona, fue reconocido como rey con el nombre de Carlos III. Los tratados de Utrecht (1713) y de Rastatt (1714) dejaron a la Corona de Aragón internacionalmente desamparada frente al poderoso ejército franco-castellano de Felipe V. A pesar de la resistencia a ultranza, como ocurrió con Aragón y Valencia (1707), todo el territorio catalán fue invadido y Barcelona finalmente capituló el 11 de septiembre de 1714. Con los Decretos de Nueva Planta, se extendieron a los diversos territorios de la Corona de Aragón buena parte de las instituciones castellanas. Sin embargo, se conservó el Derecho Civil catalán, al igual que el aragonés arraigados en el uso y costumbre.
Castilla primero y luego España se han fundamentado en una tradición jurídica mesetaria desde las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio hasta la Constitución de 1978. Tradición que ha llevado a subsumir a los pueblos primeramente incorporados como Galicia, Asturias, León y luego a otros reinos como Granada y últimamente Navarra en su propio sistema jurídico, anulando los originales propios de esos territorios.
Por el contrario, los catalanes nacieron y conservan un sistema jurídico pirenaico en el que además del propio derecho privado, principalmente de sucesiones, trasciende en el derecho público el fundamento jurídico del uso y de la costumbre como norma primera del derecho y no la ley promulgada. En el sistema pirenaico el uso y la costumbre derogan aún la ley promulgada. Así como en derecho castellano y mesetario deriva el que solo puede modificar la ley, el pueblo español. Sin embargo, del ámbito pirenaico se deriva el que las normas de convivencia antigua y de los ciudadanos se originan del uso y de la costumbre y consiguientemente hoy en día de la consulta popular que llamamos democrática.
Sobre una base rica de literatura y cultura propias, durante el siglo XIX fue tomando cuerpo el catalanismo político como culminación de un proceso de afirmación de la conciencia nacional catalana. En 1901 se formó la Liga Regionalista de Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó, que impulsó la Solidaritat Catalana. Ello condujo a que en las primeras décadas del siglo XX se distinguieran dos grandes líneas de fuerza, el catalanismo y el obrerismo. El primero, bajo el liderazgo de Prat de la Riba, consiguió una primera plataforma de autogobierno desde 1716: la Mancomunidad de Cataluña (1913-1923), presidida primero por este, y más tarde por Josep Puig i Cadafalch. La Guerra Civil desbarató todos los proyectos culturales catalanes.
La legalidad española no es un referente jurídicamente válido porque esta legalidad no ha sido gestionada democráticamente. Se ha partido de un supuesto erróneo como es que el pueblo español es el único sujeto de la decisión constitucional, cuando esta premisa fue totalmente antidemocrática y vino impuesta contra la historia de los pueblos de España desde el tardo franquismo.
Ahora no se trata tanto de una ruptura con España, cuando de la propia subsistencia porque la construcción de la Corona de España nació viciada desde el principio por la imposición de unos grupos fácticos. Por lo tanto, todas las interrogaciones sobre la constitucionalidad o no de la pregunta de los referéndum son preguntas bizantinas porque parten de un supuesto como es la indefectible unidad (unicidad) de la Corona española.
Desde los decretos de Nueva Planta de Felipe V, Cataluña ha sido castigada en sus instituciones económicas centralizadas en la Corte de Madrid. Y llegando al siglo XX, la misma Constitución que ampara la singularidad económica de Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y Navarra no se sintió concernida por otros territorios. En efecto, la Constitución de 1978 en su artículo 169, afirma que «la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales». Sin embargo, no se ha tenido en cuenta que Cataluña es un territorio foral. Y como territorio foral le corresponde, entre otros derechos históricos, el tener un régimen propio económico. Pudieron los catalanes seguir el ejemplo de las provincias vascas y de Navarra, el que, como efecto de la confirmación de los fueros tras las guerras carlistas, se formuló en los repetidos Conciertos y Convenios económicos hasta nuestros días. No fue suficiente el aldabonazo del 90% del Parlamento catalán de 2005 que pedía un nuevo Estatuto blindado ante las injerencias del poder central. Por lo que los catalanes reclaman ahora una concreción económica y política al menos acorde con los derechos históricos de su territorio foral.
Los catalanes son ciudadanos europeos y como tales ciudadanos serán protegidos por la UE, la cual ha acogido y protegido a ciudadanos de este continente europeo que estaban menos arraigados en la cultura europea. Por lo tanto, no hay duda alguna de que Cataluña será integrada en la Unión Europea por su protagonismo geográfico, histórico y cultural, que no podrá ser olvidado a la hora de que la Unión Europea pretenda arribar en la conformación de sus instituciones a la mayoría de edad democrática a la que todavía no ha llegado.
Cataluña no es Escocia porque España no es Inglaterra. La diferencia entre Cataluña y Escocia estriba en el contraste entre la democracia y la legalidad. La consulta que se hará en Escocia en 2014 es legal mientras que la ilegalidad de la consulta catalana se fundamenta en que los referendos en España no son legales. Y no lo son porque se parte de un pecado original que constituye ontológicamente qué es ser español y pueblo español.
Cataluña tiene y ha tenido en sus más de ocho siglos de historia una voluntad de ser dueña de su futuro. Tanto en su historia medieval, moderna como contemporánea, Cataluña ha pretendido abrirse camino siempre contra las presiones exteriores de ocupación y contra los intereses mesetarios de incorporación a proyectos extraños. La diferencia sustancial entre los pueblos español y catalán estriba en que el español es sustancialmente centralista, interior, no marítimo, mientras que el catalán ha sido en toda su historia marítimo y concretamente mediterráneo. Los catalanes se asientan en Europa con una vocación mediterránea. Y ahora, cuando tras las revueltas árabes el Mediterráneo se ha transformado radicalmente con la diversificación de sus sistemas políticos, la emergencia de sociedades multipolares y el interés internacional de estar presente en este ámbito deteriorado, los catalanes reclaman el liderazgo europeo en el Mediterráneo para la construcción de democracias profundas, para el desarrollo sostenible y para el aumento del comercio y de la movilidad. Los catalanes no se equivocan al pensar que Europa apoyaría semejante liderazgo. Los catalanes buscan un futuro en un camino tranquilo, basado más que en reivindicaciones históricas en una diferencia de modelos de política social, más en valores sociales que en identidades, sin rupturas ni con el euro y ni con la UE.
Como don Manuel Azaña Díaz en su discurso del 27 de marzo de 1930, habría que decir que ha llegado el momento de establecer «una unión libre de iguales con el mismo rango, para así servir en paz dentro del mundo hispánico que nos es común. Porque muy lejos de ser inconciliables, la libertad de Cataluña y la de España son la misma cosa. Yo creo que esta liberación conjunta no romperá los lazos comunes entre Cataluña y lo que seguirá siendo el resto de España. Creo que entre el pueblo vuestro y el mío hay demasiados lazos espirituales, históricos y económicos, para que un día, enfadándonos todos, nos volviésemos las espaldas como si jamás nos hubiéramos conocido. Yo concibo, pues, a España con una Cataluña gobernada por las instituciones que quiera darse mediante la manifestación libre de su propia voluntad. Y he de deciros también que si algún día dominara en Cataluña otra voluntad y resolviera ella remar sola en su navío, sería justo el permitirlo y nuestro deber consistiría en dejaros en paz, con el menor prejuicio posible para unos y otros, y desearos buena suerte, hasta que cicatrizada la herida pudiésemos establecer al menos relaciones de buenos vecinos».
La postura política de Azaña es mucho más democrática que la del actual manifiesto de los intelectuales y profesionales firmantes en pro del federalismo y el consenso, y que tildan a los catalanes de «nacionalismo exacerbado». La referencia final de Azaña es la justicia y el derecho, mientras que la del manifiesto de los intelectuales es la originalmente viciada Constitución de 1978. Según Azaña, «ha de restablecerse el orden en la Península. ¿Qué orden? El de la justicia y del derecho, violados no solo por la dictadura, sino también por el Estado español moderno cuando más parecía estar dentro de las normas constitucionales».
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2012/11/10/opinion/tribuna-abierta/las-razones-de-los-catalanes
