Parece conveniente introducir racionalidad en el debate político. Establecer por qué y bajo que exigencias una acción política debe ser descalificada o alabada. Los ciudadanos debemos compartir criterios claros y distintos a la hora juzgar la acción política y, en consecuencia, los políticos no deberían manipular o tergiversar esos criterios. Empecemos con la democracia. Generaría confusión y reforzamiento del pasotismo, si un político acusase a otro de antidemócrata por el hecho de tener una relación con su mujer. Todos estaríamos de acuerdo en que semejante conducta nada tiene que ver con la democracia y rogaríamos al político que, por favor, no siga diciendo majaderías. Sistemáticamente, los políticos usan el calificativo ‘democrático’ para denostar o ensalzar conductas relacionadas con la política que, sin embargo, nada tiene que ver con la democracia. Así se asigna la calificación de no democráticas a decisiones o conductas con cuyo contenido no se está de acuerdo. Como al político no le gusta el contenido de una concreta ley, dice que no es democrática. O como no le gusta la consigna de una determinada manifestación dice que ésta no es democrática. Objetivamente son, como en el caso de la infidelidad conyugal, dos descalificaciones estúpidas, pero, a diferencia de la anterior, causan muy escaso rechazo o risa. La mayoría de la población quizás no tenga claro las conexiones entre contenidos, conductas y democracia; pero le parece normal este tipo de uso descalificatorio. Aquí está la gravedad del asunto. La pérdida de sentido, la banalización de la democracia y sus exigencias. Hay que desmontar el uso discursivo que se hace sobre la democracia; establecer qué es -y que no es- lo que tiene que ver con la democracia.
La democracia es algo bastante sencillo de definir y al tiempo de proponer. Por un lado, desde la perspectiva normativa básica, existe democracia cuando las decisiones políticas son tomadas por la mayoría de los representantes de los ciudadanos, libre, competitiva y limpiamente elegidos por esos mismos ciudadanos. Y existe democracia cuando todos los ciudadanos pueden ejercer en libertad un conjunto de derechos entre los cuales se hallan, precisamente, los dirigidos a hacer más libre y más cercana la elección de los representantes y su relación con los mismos; así, por ejemplo, la libertad de formar partidos políticos, de exigir pública y colectivamente el cambio (o mantenimiento) de determinadas políticas, etc.
Por otro lado, también debemos introducir algunas exigencias que hacen referencia a la calidad democrática. Sobre todo a prácticas sociales que acercan la voluntad de los ciudadanos a las decisiones de los políticos. Hablamos ahora de una sociedad viva, una sociedad civil activa en la que sus ciudadanos se movilizan en la calle, participan en espacios públicos decisorios, manifiestan su opinión a través de los medios, etc. Cuantos más ciudadanos con más frecuencia utilicen esos u otros cauces en los que se expresen sus deseos, sus intereses, sus identidades, más probabilidades hay de que las concretas decisiones de los políticos asuman las demandas de los ciudadanos. Tendremos así un democracia de más densidad, más democrática, en cuanto que existirá más coincidencia entre lo que los ciudadanos quieren que se haga y lo que los políticos hacen. En todo caso, una sociedad civil pasiva, débil, no hace desaparecer la democracia. La hace de peor calidad. Mientras persista el proceso electoral libre y los derechos cívicos, la democracia en sentido estricto seguirá existiendo.
Operando con esta descripción -definición- diríamos que una gran mayoría de los casos en los que aparece una descalificación por supuesta antidemocracia, nada tienen que ver con la democracia. Y también al revés. Decisiones políticas en las que, dada su supuesta razonabilidad, se supone que tienen que ser democráticas, de hecho son antidemocráticas.
Un ejemplo. La manifestación sobre los presos del pasado día 7. Antes de su celebración escuchamos por la radio a un político del PP (¿o era del PSE?) explicar que es lo que tenía que hacerse -más exactamente, no hacerse- respecto a los presos. Después afirmó que ese no hacer era la política de los demócratas. Y finaliza añadiendo que al otro lado, es decir, implícita pero claramente, en el lado de los no demócratas, están los que organizan manifestaciones en favor de los presos. Apliquemos los criterios antes definidos sobre la democracia. Lo que por el momento parece pensar hacer -insistimos, no hacer- el PP respecto a los presos, nada tiene que ver con la democracia y sí mucho con la justicia, mejor dicho con la injusticia. Y desde el otro lado, convocar una manifestación pidiendo una determinada acción política no solo y por supuesto, es un acto de ejercicio democrático básico. Como vimos, es además un acto más democrático que el no hacerlo. Incrementa la calidad democrática. O sea que el tertuliano en cuestión era, como es habitual, un ignorante sobre la democracia. Y también, un manipulador más. La próxima vez que se abstenga de hablar de democracia.
El juez Grande Marlaska prohibió que la manifestación demandase determinadas políticas, tales como la amnistía. Eso sí que es una decisión antidemocrática de manual. Se impide que unos ciudadanos manifiesten su opinión sobre lo que deben decidir y hacer sus gobernantes y representantes. Hacerlo, se pida lo que se pida, es algo consustancial a la democracia. Es como si se disolviese una manifestación en la que se pide el encarcelamiento de las mujeres que han abortado, con el argumento de que no se puede pedir algo que está en contra de la ley. Probablemente la disolución sería deseable pero también antidemocrática. Que el ejercicio de nobles deseos o raras manías de la autoridad sean respetables, en modo alguno quiere decir que sean democráticas. Ni por asomo.
* Firman también este artículo Xabier Ezeizabarrena, José Manuel Castells y Jon Gurutz Olaskoaga, profesores de la UPV.
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