Un descarado conflicto de intereses

Frank Wisner, el enviado a El Cairo del presidente Barack Obama que enfureció a la Casa Blanca este fin de semana por el impulso que le ofreció a Hosni Mubarak para que continúe en el cargo, trabaja para una firma de abogados de Nueva York y Washington que asesora al propio gobierno del dictador egipcio.

Los asombrosos comentarios de Wisner —“La continuidad de Mubarak en el liderazgo político de Egipto es fundamental: es la oportunidad con la que cuenta para escribir su propio legado”— sorprendió a la oposición democrática de Egipto y puso bajo cuestionamiento la postura de Obama, así como también la de la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton.

Recién ahora, el Departamento de Estado del país norteamericano y el propio Wisner proclamaron que esos comentarios fueron realizados a “título personal”. Pero no hay nada “personal” en las conexiones que Wisner tiene con la compañía de litigios Patton Boggs, que alardea abiertamente de su patrocinio a “las Fuerzas Armadas egipcias, a la Agencia Egipcia de Desarrollo Económico” y del manejo que realizó de “arbitrajes y litigios en defensa del gobierno (de Mubarak) en Europa y Estados Unidos”.

Es extraño, pero ni un solo periodista rescató esta extraordinaria conexión con el gobierno estadounidense, menos aún el descarado conflicto de intereses que parece representar tal vínculo.

Wisner es un diplomático retirado que cuenta con 36 años de carrera en el Departamento de Estado. En otras palabras, el hombre no es un enviado político. Pero es inconcebible que Hillary Clinton no haya sabido de su empleo en una compañía que trabaja para el mismísimo dictador que ahora defiende en la cara de una masiva oposición democrática en Egipto. Entonces, ¿por qué lo envió a hablar con Mubarak, quien es en efecto un cliente de los empleadores de Wisner?

Patton Boggs sostiene que sus abogados “representan a algunas de las familias más poderosas del mercado comercial egipcio y a sus compañías” y que “han estado involucrados en proyectos de infraestructura en las áreas petroleras, gasíferas y de las telecomunicaciones. Uno de los socios de ese buffet de abogados ofició de director de la Cámara de Comercio Egipcio-estadounidense. La compañía también intervino en las disputas por los contratos de presupuesto de las Fuerzas Militares, en cuyos acuerdos logró que Washington financiara al ejército egipcio con alrededor de 1,3 mil millones de dólares.

Wisner se sumó a Patton Boggs hace más o menos dos años, tiempo más que suficiente para que tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado del país norteamericano supieran de las conexiones íntimas entre la empresa y el régimen de Mubarak. El investigador político estadounidense, Nicholas Noe, ahora instalado en Beirut, ha pasado semanas investigando los puntos de unión entre Wisner y Patton Boggs, y preguntándose las implicaciones de sus descubrimientos.

En ese sentido, apuntó: “La clave de la cuestión del envío de Wisner a El Cairo a instancias de Hillary es el conflicto de intereses que se abre entonces. Y, más que eso todavía, la idea de que Estados Unidos está ahora subcontratando o “privatizando” sus intervenciones en las crisis políticas de otros países. ¿Es que está escaso de diplomáticos?”.

“Aun en tiempos muy antiguos hubo presidentes que enviaron a alguien ‘respetado’ o ‘cercano’ a un líder extranjero como para aceitar una salida a tales crisis, pero entonces nunca el enviado en cuestión recibía un sueldo de parte del líder a quien supuestamente tenía que ‘correr del medio”, se explayó Noe.

Patton Boggs mantiene un “vínculo de afiliación” con Zaki Hashem, una de las firmas legales más prominentes de Egipto. El propio Zaki Hashem en persona fue ministro del gabinete del predecesor de Mubarak, el ex presidente Anwar Sadat, y luego se convirtió en la cabeza de la Sociedad Internacional de la Ley egipcia. Irónicamente, uno de los asesores de Zaki Hashem fue Nabil El Araby, una de las 25 personalidades que los manifestantes de la plaza Tahrir eligieron para exigir el derrocamiento de Mubarak.

Nabil El Araby, un ex miembro de la Comisión Internacional de la Ley de las Naciones Unidas, me dijo ayer que no hace más de tres años que no tiene relación con Zaki Hashem y que no tenía “ni idea” del porqué Wisner salió a apoyar la continuidad de Mubarak en el poder. El, de todas maneras, creía que era esencial que Mubarak realizara una digna e inmediata retirada.

Cuando Frank Wisner se sumó a Patton Boggs, en marzo de 2009, la compañía lo describió como “uno de los diplomáticos más respetados de la nación”, que aportaba “una estrategia global en el patrocinio de clientes que solicitan asesoramiento en el mundo de los negocios, la política y las leyes internacionales”. La firma sostuvo específicamente que “el embajador Wisner cuenta con su experiencia en Medio Oriente y en la India a la hora de asistir a sus clientes estadounidenses y del resto del mundo”.

Todavía no sabemos qué clase de experiencia le confirió al tratamiento de las relaciones internacionales con el dictador de Egipto. Pero sus declaraciones durante el fin de semana no dejan lugar a dudas sobre el consejo que le propinó al viejo caballero: que se aferrase al poder por algunos meses más. La vasta red de compañías de familia relacionadas con el régimen de Mubarak es el blanco de los manifestantes pro-democracia en Egipto.

Un vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos deslizó que “presumía” que Clinton sabía del empleo de Wisner en Patton Boggs y de los vínculos de la firma con el gobierno de Mubarak, pero se rehusó a emitir comentarios sobre posibles conflictos de intereses en el trabajo del “enviado”. Nadie de Patton Boggs que esté condiciones de hacer declaraciones quiso hacerlas.

 

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.